Astrid Eliana Cáceres Cárdenas, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), presentó parte de la radiografía del cáncer agresivo que había invadido de corrupción a esta entidad. Recordemos que el ICBF es una de las entidades del Estado colombiano más afectadas por esta aberración sostenida por funcionarios y contratistas.

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Estamos hablando de un presupuesto de más de $9 billones de pesos, donde, sin lugar a dudas, los corruptos se roban alrededor de $2 billones de pesos. Es decir que el negocio de la corrupción den el ICBF es más lucrativo que el narcotráfico.

Son verdaderas mafias enquistadas en todos los niveles de la organización administrativa de los recursos para la infancia de Colombia.

En un hilo que compartió en su cuenta X (Twitter), Astrid Eliana Cáceres Cárdenas afirmó que se encontraron 220 contratos de vigencias de años anteriores, en cabeza de 59 operadores con el mismo representante legal, dirección de domicilio, fecha y características de constitución, y errores en el objeto y alcance.

También reveló que se encontró que varias nóminas del instituto reportaban un valor mucho más alto al que se le había pagado a los colaboradores; tales irregularidades salieron a la luz tras un trabajo mancomunado entre la dirección del ICBF y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.

Un ejemplo de lo hallado es el millonario contrato firmado entre la regional Nariño del ICBF y la Unión Temporal Mi Familia UT, compuesta por IPS Afrosalud Colombia y la Corporación Colombia en Paz y Social, Corposocial.

Según informó el pasado mes de enero, la revista Cambio la mencionada unión temporal habría presentado documentación falsa sobre las familias atendidas entre 2021 y 2022, además, la investigación de la Fiscalía General de la Nación, reveló que el político Haiden Otoniel Vergara Quiñones estaría detrás de estas irregularidades.

Cambio da cuenta de una posible falsificación de registros de atención a familias beneficiarias del programa ‘Mi Familia en el departamento. A pesar de que el contrato, firmado en agosto de 2021 por $8.399 millones, pretendía beneficiar a 3.930 familias en 16 municipios por 1 año, pero más del 50% de los contactos resultaron ser inexistentes o incorrectos. Por esta razón la Fiscalía, tras denuncia que interpuso el propio Bienestar Familiar, inició una investigación por falsificación de documentos y adulteración de extractos bancarios para legalizar los fondos entregados por el ICBF.

Tras el descubrimiento de estas presuntas irregularidades en la Unión Temporal, la atención se centra en Geraldine Estefania Vergara Tenorio, que firmó el acuerdo como representante legal y quien es hija de Haiden Otoniel Vergara Quiñones, un ex concejal del partido Cambio Radical, sobre quien pesan acusaciones por corrupción, incluidos casos relacionados con el Programa de Alimentación Escolar en Neiva.

Interpretación gráfica en AI de Haiden Otoniel Vergara Quiñones.

Vergara conocido como la cabeza de tres fundaciones que obtuvieron contratos de alimentación en Neiva, tendría una estrecha relación con altos funcionarios del ICBF. Esta conexión habría favorecido la obtención de millonarios recursos destinados al cuidado de la infancia en Nariño.

En cuanto a la IPS Afrosalud, había sido descartada como proponente para otros contratos, en el 2019, por falta de soportes financieros, pero aún así, en el 2021 este contratista logró aliarse y conformar la UT.

En este punto, las investigaciones se enfocan en una posible relación entre Haiden Vergara y Martha Isabel Tovar, asesora de alta jerarquía en el ICBF.

Unos audios revelados por Cambio, dan cuenta de conversaciones que sostuvieron Tovar, quien ahora es asesora del ICBF, tras dejar el cargo de directora regional Nariño, con el político, en las que le explica qué hacer para salir airosos con el contrato.

Por eso, la ahora directora nacional de la entidad, Cáceres Cárdenas, ratificó tales denuncias, señalando que, en muchas otras contrataciones de años anteriores, tampoco se cumplió con los objetos pues, el número de niños atendidos, según los cupos otorgados y pagados, no encajan.

Sin contar que algunos proyectos se ejecutaron en menor tiempo para ahorrarse el pago a sus proveedores, pero esa suma igualmente se cobraba al Instituto como si se hubiera hecho en el plazo establecido.

Cáceres también afirmó que los contratos de operadores son los que han tenido mayores muertes de niñas y niños por desnutrición. “Con estas instituciones, el ICBF ha dejado de contratar, promoviendo el control a la veeduría ciudadana”, continuó, afirmando que, en ocasiones, organizaciones o fundaciones que han contratado con la entidad tenían relación directa con clanes políticos. “En revisión de los documentos que reposan en las carpetas de contratación del ICBF, se pudo encontrar presunta documentación falsificada para soportar experiencia de los operadores que atienden a la primera infancia”, dijo la directora.

Por ahora, Cáceres afirmó que los casos se pusieron a disposición de las autoridades para llevar a cabo las sanciones que correspondan.

¿Ahora la Contraloría sí hace control preventivo?

Estas explicaciones de la directora del ICBF se dan, luego de que la Contraloría General de la República emitiera una alerta temprana sobre la situación de más de 780 mil niños y niñas menores de cinco años, quienes llevan más de un mes (desde enero) sin la protección de Bienestar Familiar.

Esta situación obedece a las demoras que se han registrado en los procesos de contratación de nuevos operadores para atender a esta población.

El 28 de diciembre de 2023 se publicó el inicio del proceso para la adjudicación de contratos de aportes para los Centros de Desarrollo Infantil, los Hogares Infantiles (HI), Desarrollo Infantil en Medio Familiar (DIMF), Educación Inicial Rural (EIR), con un presupuesto de 3 billones 33 mil millones de pesos, para atender a 785 mil menores, durante 330 días.

Señaló la Contraloría que en una primera fase se presentaron 1.417 ofertas. Sin embargo, desde el 17 de febrero de 2024, se han publicado una serie de reclamaciones, denuncias, (algunas con connotación penal por presunta falsificación de documentos), recursos, subsanaciones, derechos de petición, observaciones o aclaraciones. En total fueron 690, que han retrasado el avance de este proceso.

Ahora, según el organismo de control fiscal, entre la demora por los procesos de postulación y selección, las empresas terminarían contratando un servicio por 306 días, es decir, 24 días menos que lo estipulado.

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Pero, ¿por qué se han presentado estos atrasos?

Resulta que en octubre del año pasado el presidente Gustavo Petro, dio la orden de priorizar la contratación del ICBF con organizaciones sin ánimo de lucro y Juntas de Acción Comunal, en vez de los tradicionales operadores privados, que por cuenta la corrupción, han dejado a miles de niños sin cuidado en el país. 

Sin embargo, algunos consideran que tal timonazo, aunque necesario, se dio tarde, porque fueron escasamente dos meses los que tuvo la dirección del ICBF para organizar todos los procesos de prepliegos, condiciones y demás.

Y da la impresión de que lo que está ocurriendo en el ICBF, resulta muy parecido a lo sucedido en la Cancillería con la contratación de las libretas de pasaportes. Es decir, el Gobierno de Petro quiere arrebatar de las manos de los corruptos millonarios recursos del Estado, pero las actuaciones para hacer efectivas sus pretensiones o son tardías, o lentas o torpedeadas por opositores, políticos interesados que esto no se dé, o, funcionarios corruptos al interior de las entidades, que retrasan o entorpecen los procesos.

En el caso del ICBF, la cosa empeoró, teniendo en cuenta que solo solo el 7 de diciembre del 2023 fue que la subdirección general de la Primera Infancia emitió el respectivo memorando para materializar la orden dada por Petro de «priorizar la contratación con las asociaciones de padres y madres usuarios del servicio y de padres usuarios o madres comunitarias y con las organizaciones sociales, civiles y comunitarios de acción comunal».

Para esto, el Bienestar tuvo que hacer cambios al manual de contratación, adelantar procesos de invitación cerrada a este tipo de organizaciones: «del cual se extrae que se podrá invitar a una o varias personas con las debidas justificaciones por parte de la Dirección Regional», afirma el memorando. 

En la práctica, esta solicitud le quitó espacio a los operadores que tienen múltiples contratos y participan en procesos de selección abierta, muchos de los cuales han tenido líos de corrupción y conexiones con políticos locales.

Y si bien en algunas zonas del país han logrado ya culminar las contrataciones, las quejas se siguen presentando en varias regionales, donde ha habido protestas porque permanecen cerrados los centros infantiles (conocidos como CDIs en el argot del gremio).

En una información publicada por el portal La Silla Vacía, el pasado 19 de febrero, Leydi Adriana Flórez Fajardo, presidenta nacional Sintrainfaicbf, uno de los sindicatos de trabajadores y cuidadoras, afirmaba desde Bucaramanga que los contratos debieron estar terminados a finales de diciembre de 2023. Sin embargo, se acabó el año, llegó el 2024 y todavía hay cientos de zonas no adjudicadas en todo el país. “Dicen que quieren hacer las cosas bien, pero son excusas. Si eso fuera verdad, debieron iniciar la selección de operadores, por lo menos, tres meses antes”, afirmó.

Por ahora habrá que ver si la Fiscalía avanzará en las investigaciones de la contratación de años anteriores, y si la alerta de la Contraloría, busca realmente que se le de pronta solución a la contratación de este año en el Bienestar, o solo generar más ruido alrededor del actual Gobierno.

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