Por: Mauricio Torrenegra

La primera impresión que se lleva un visitante a la clínica del CARI, es que parece de todo menos un centro hospitalario. La reja de entrada oxidada, las paredes con una inmensa costra de mugre, losas cuarteadas, humedad, hongos, pintura descascarada, tres pisos clausurados, quirófano cerrado por malas condiciones, vehículos abandonados en el parqueadero; en fin, un panorama anti higiénico y nada alentador para presumir que nos encontramos en una institución sanitaria de alta complejidad. Por el contrario, lo que se percibe es la certeza de su mínima complejidad.

La gerente del Cari mantiene desde hace meses una enconada lucha defendiendo, no al Cari –que es indefendible en el actual estado en que se encuentra- sino su puesto, situación de encono que la ha llevado a enfrentarse con el Gobernador –su antiguo aliado- con la Superintendencia de Salud, con la Junta Directiva y con el Contralor Departamental.

Rocío Gamarra, Gerente del Cari

Rocío Gamarra, la gerente, envió a los guardias de seguridad del centro asistencial un informativo: prohibido el acceso de periodistas lo que equivale –y en eso se parece a otros funcionarios de la administración de Eduardo Verano- a que es ama y señora feudal de su puesto con toda la disposición de ánimo para cerrar las vías de información y fiscalización de sus actuaciones. Y no se crea que Rocío Gamarra es una ingenua médica cirujana que no sabe de tejemanejes políticos: no señor. Por el contrario, conoce perfectamente en qué consiste el manejo del sector salud ya que fue Secretaría de Salud en la primera administración de Eduardo Verano entre 2008 y 2011, de lo que se conoce, vía informativo de la Procuraduría, que se le elevó pliego de cargos por autorizar el pago, sin mayores verificaciones sobre su contenido —otra característica del Verano “style” de administración pública— del contrato denominado “Realización de taller de capacitación dirigidos a campesinos, pescadores y desplazados del departamento en temas de salud ocupacional”, lindo y escenográfico nombre, con un costo de $42 millones. No obstante este detalle, en abril del 2012 el Gobernador del Cesar, Luis Monsalvo, la nombra en la Secretaría de Salud del departamento.

Una “llavería” en crisis

Revienta la crisis

Si bien el Cari venía con problemas derivados de que se le quitaron importantes recursos, había sido recuperado durante la administración del gobernador Carlos Rodado Noriega, lo cual equivale a señalar que su actual y paupérrima condición lleva un periplo que parte desde la primera gestión de Eduardo Verano, Segebre y la segunda de Verano.

El 9 de abril de 2018 el Secretario de Salud Departamental del Atlántico, Armando de la Hoz, anuncia que la gerente del Cari no presentó a tiempo el plan de gestión de 2017, pues de acuerdo al artículo 74 de la ley 1438 de 2011, los gerentes tienen plazo de estos informes hasta el primero de abril. Allí es donde llega la competencia de la Superintendecia de Salud, según la misma ley en su inciso 6, debe producir una evaluación de la funcionaria de no satisfactoria para acto, que a nivel laboral es causal de retiro.

La funcionaria Gamarra, que se las sabe todas en estas lides, dijo que no era cierto. El 5 de mayo de 2018 entutela a la Junta Directiva del Cari y de Supersalud. Días después, el 26 de mayo, recusa al Contralor departamental Carlos Rodríguez —hola Carlos, ¿existes?— declarando de facto una guerra que se consolida plenamente cuando el 24 de junio de 2018 la cita a una de sus sesiones la Asamblea Departamental, pero la funcionaria decide no asistir. Grave situación jurídica que una funcionaria entre en renuencia de cuentas con sus superiores en control, acentuado con una posición débil y huidiza del gobernador Verano, quien, ante todo este desafuero institucional —mientras el remedo de clínica naufraga— no toma ninguna decisión contra la gerente Gamarra y solo espera que la Superintendencia de Salud tome las respectivas determinaciones de fondo. Entre esas gestiones se reúne el 18 de agosto con el Ministro de Salud Juan Pablo Uribe para decidir la continuidad en el cargo de la gerente del Cari.

Raro que Verano recurra a estas instancias para solicitar el retiro de su antigua funcionaria —algunas personas señalan que tienen lazos amistosos— esquivando una decisión que corresponde a su competencia administrativa. ¿O será que Gamarra conoce intríngulis y vericuetos y ante esos hechos es preferible evitar una confrontación directa esperando que sea otra competencia del sistema de salud quien se aboque a señalarle la puerta del retiro?

Es una simple hipótesis, pero es raro que el gobernador actue timorato frente a la desidia –evidente en las instalaciones físicas y de prestación de servicios del Cari- de la gerente Gamarra, mientras el cascarrón hospitalario cada vez más se deteriora. Pero la fantástica historia de este atentado contra lo que queda en pie de la antigua ciudadela de la salud no cesa. Pese a encontrarse en franca controversia con la actual directora, la Junta Directiva del Cari el 9 de agosto de 2018 aprueba una solicitud de la gerente de adicionar al presupuesto de gastos del mes de agosto $1124 millones. En ese momento la gerente dijo a la prensa que su superior jerárquico el gobernador Verano le tenía aguantados $3400 millones por concepto de estampilla, $325 por atención a pacientes de la Secretaría de Salud y $246 millones por una cesión de la Nueva EPS dando un total de $3971 millones. Esos mismos días, el Cómite Intergremial poco dado a opinar sobre estos asuntos, en una comunicación pidió el retiro de la gerente.

Mientras tanto, el edificio y sus servicios, luce como un viejo barco abandonado, encallado, ante el asedio urbano, pues en sus alrededores se han construido conjuntos residenciales y hay un proyecto en el viejo edificio del ISS de un centro comercial que colinda con un extenso lote en donde funciona el Cari  mental y al que algunos le han puesto el ojo en el sentido de venderlo como parte de la solución financiera de la precaria institución sanitaria.