Mientras preparaban su «elegante» salida del mercado, la empresa de energía se llevó otros $593.737 millones del Estado sin mover un dedo por cobrarlos
Por: Redacción Corrupción Al Día
Fecha: 2 de julio de 2025
Los colombianos conocimos a Electricaribe por sus apagones interminables, sus facturas abusivas y su desprecio olímpico hacia los usuarios del Caribe. Lo que no sabíamos es que la empresa había perfeccionado un arte aún más refinado: saquear las arcas públicas mientras fingía agonizar.
Un informe demoledor de la Contraloría General acaba de revelar que Electricaribe le debe al Estado la módica suma de $593.737 millones por tres contratos de mutuo que nunca pagó, nunca actualizó y sobre los cuales nunca pagó intereses moratorios. Y lo más indignante: la Superintendencia de Servicios Públicos (Superservicios) sabía perfectamente de esta deuda y no movió un dedo para cobrarla.
La anatomía del último robo
El mecanismo fue tan elegante como cínico. Entre 2019 y 2020, mientras Electricaribe montaba su teatro de «empresa en crisis«, el gobierno de Iván Duque le prestó recursos millonarios a través del Fondo Empresarial de la Superservicios. Los contratos de mutuo números 134, 141 y 146 establecían claramente las condiciones: plazos definidos, actualizaciones con base en el IPC y intereses moratorios en caso de incumplimiento.
¿Qué hizo Electricaribe con esas condiciones? Exactamente lo que había hecho durante décadas con el servicio de energía: ignorarlas completamente.
La empresa no pagó en los plazos pactados, no actualizó las sumas según el IPC y, por supuesto, no reconoció intereses moratorios. Y cuando todo esto pasaba, ¿dónde estaba la Superservicios? Según la Contraloría, «no ejecutó los procedimientos correspondientes ni adoptó medidas para garantizar el recaudo oportuno».
En palabras más simples: se hicieron los locos mientras se esfumaban 593 mil millones de pesos.
El contexto que hace todo más indignante
Estos $593.737 millones de deuda impaga no fueron un «accidente» aislado. Formaron parte de una operación de rescate mucho más amplia que el gobierno Duque implementó para mantener artificialmente viva a Electricaribe antes de entregarla «saneada» a nuevos operadores.
Las cifras son escandalosas:
- Enero 2020: $380.000 millones
- Febrero 2020: $779.207 millones
- Marzo 2020: $422.918 millones
- Los contratos auditados: $593.737 millones
Total: más de $2.1 billones de pesos que el Estado le prestó a una empresa que todos sabían estaba destinada a desaparecer.
Mientras Electricaribe recibía este río de dinero público, seguía cobrando religiosamente las facturas a millones de usuarios caribeños que protestaban diariamente por el pésimo servicio. Era el negocio perfecto: socializar las pérdidas con recursos públicos y privatizar las ganancias con el cobro a usuarios cautivos.
La Superservicios: cómplice o incompetente
El informe de la Contraloría no deja bien parada a la Superintendencia de Servicios Públicos. No solo no cobró las deudas, sino que mostró «deficiencias críticas en los controles contables, contractuales y de seguimiento» del Fondo Empresarial.
La auditoría encontró:
- Fallas en conciliaciones bancarias
- Ausencia de soportes en pagos
- Falta de garantías suficientes para respaldar obligaciones
- Aumento del riesgo de impago
- Debilitamiento estructural del control interno calificado «con deficiencias»
¿Casualidad? Difícilmente. Cuando una superintendencia falla tan sistemáticamente en proteger recursos públicos millonarios, la línea entre incompetencia y complicidad se vuelve muy difusa.
El negocio redondo de la «intervención»
La ironía más cruel de esta historia es que el Fondo Empresarial fue creado precisamente para «salvaguardar la continuidad y viabilidad en la prestación de servicios públicos domiciliarios». En teoría, era el mecanismo que protegería a los usuarios cuando las empresas fallaran.
En la práctica, se convirtió en el vehículo perfecto para el último saqueo de Electricaribe.
El fondo se financia con recursos que, directa o indirectamente, provienen de los usuarios: tarifas, multas, excedentes de entidades regulatorias. Es decir, los mismos ciudadanos que sufrieron el pésimo servicio de Electricaribe terminaron financiando los préstamos millonarios que la empresa nunca pagó.
Mientras tanto, el FONSE (Fondo de Sostenibilidad Financiera del Sector Eléctrico) actuó como la financiera de lujo de esta operación, prestando recursos «para garantizar la continuidad de la prestación de energía en la Costa Caribe». Continuidad que, por cierto, nunca mejoró sustancialmente hasta que llegaron los nuevos operadores.
Las preguntas que nadie quiere responder
¿Por qué la Superservicios no ejecutó los procedimientos de cobro cuando era evidente que Electricaribe no pagaría?
¿Quién autorizó préstamos millonarios a una empresa que todos sabían estaba en liquidación?
¿Dónde están los funcionarios que permitieron que se esfumaran 593 mil millones sin consecuencias?
¿Por qué el Estado sigue prestando dinero a empresas quebradas para luego «regalarlas» saneadas a nuevos operadores privados?
El patrón que se repite
Lo más preocupante de este escándalo no es solo el monto involucrado, sino el patrón que representa. Es la misma lógica que hemos visto en otros sectores: el Estado asume las pérdidas millonarias de empresas privadas inviables, las «sanea» con recursos públicos y luego las entrega a nuevos actores privados que se quedan con las ganancias.
Los usuarios del Caribe lo saben bien. Después de décadas sufriendo con Electricaribe, ahora lidian con Air-e, que según muchos testimonios «ha resultado tan nefasta como Electricaribe«. Cambiaron de empresa, pero el problema estructural persiste: privatizar ganancias, socializar pérdidas.
La factura que todos pagamos
Estos $593.737 millones no son números abstractos en un informe de auditoría. Son recursos que pudieron haberse invertido en hospitales, escuelas, vías, programas sociales o cualquier necesidad real de los colombianos.
Son la factura que todos pagamos por un sistema que permite que empresas irresponsables saqueen el erario público sin consecuencias, mientras los funcionarios encargados de proteger esos recursos se hacen los distraídos.
Son la prueba de que en Colombia privatizar una empresa pública no garantiza eficiencia, solo garantiza que las pérdidas futuras las asumirá el Estado mientras las ganancias se quedan en manos privadas.
El mensaje para el futuro
La historia de Electricaribe debería ser un caso de estudio obligatorio en todas las facultades de administración pública del país. No como ejemplo de cómo privatizar servicios públicos, sino como manual de cómo NO hacerlo.
Porque al final, los 593 mil millones que Electricaribe no pagó son apenas la punta del iceberg de una operación que le costó al Estado más de 2 billones de pesos. Y lo más probable es que nunca recuperemos ni un peso.
Mientras tanto, en algún lugar, los antiguos directivos de Electricaribe seguramente están planeando su próximo negocio. Después de todo, han demostrado que saben muy bien cómo hacer dinero: prestárselo al Estado y nunca devolverlo.
La factura, como siempre, la pagan los ciudadanos.
¿Conoces más casos de empresas que le deben millones al Estado? Escríbenos a [email protected]
