El excontralor general, exauditor general y exdirector de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Felipe Córdoba, quiere a toda costa ser Procurador General de la República, y él sabe muy bien que en este país dominado por la corrupción para una elección como ésta no se necesita ser honesto, culto, preparado, independiente , ni un ser humano con las más altas virtudes. Córdoba conoce muy bien la corrupción en Colombia y sabe a quién necesita para llegar a ese cargo.

Y para ello no solo ha acudido a las ya conocidas componendas políticas necesarias para obtener el mayor número de votos en el Senado de la República, sino que además, como no cumple los requisitos exigidos para el cargo, ha acudido hasta las más altas instancias judiciales para que le faciliten el camino.

Una de esas estratagemas utilizadas por el “impoluto” Córdoba es solicitar al Consejo de Estado que se estudie su caso y se le habilite como elegible.

Carlos Felipe Córdoba

¿Que pasaría?

¿Qué pasaría si un ciudadano de a pie solicitara para su interés al Consejo de Estado el estudio de un caso parecido? ¿Se tomarían gran parte de su valioso tiempo los miembros del Consejo de Estado para debatir algo que ya esta reglamentado y empeorar las reglas de juego para la elección de uno de los cargos más importantes del país?

Tras estudiar y votar la solicitud, no hubo mayoría clara en el Consejo de Estado, lo que llevó a nombrar un conjuez para resolver el tema. Y el escogido fue el abogado rosarista William Zambrano, un exmagistrado de la Corte Constitucional.

Sobre Zambrano esta semana Noticias Uno reveló que ha sido asesor de la Federación Nacional de Departamentos que afirman precisamente es la que le ha servido de plataforma política a Córdoba para sus aspiraciones a la Contraloría General y ahora a Procurador.

Y aunque el exmagistrado Zambrano le dijo a Noticias Uno que su contrato con la Federación ya terminó, este año fue invitado como representante de esa corporación en las audiencias que promueven varios gobernadores en favor del Federalismo.

Habrá que ver si Zambrano se inclina más por lo legal y se acuerda de cuando fue magistrado constitucionalista, que por el amiguismo, pues hace menos de 15 días la propia Corte Constitucional le bloqueó las posibilidades a Carlos Felipe Córdoba para llegar al primer cargo del Ministerio Público.

En efecto la Corte dejó zanjado el tema al declarar la inexequibilidad de una norma que permitía a los candidatos homologar la experiencia obtenida en profesiones distintas al derecho.

Tras un año de deliberaciones, la Corte Constitucional hizo público el documento que declara la constitucionalidad de la Reforma a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia

Previo a esta decisión, la Corte Suprema de Justicia había solicitado al ministro del Interior elevar una consulta al Consejo de Estado para determinar el perfil requerido para el cargo de Procurador General

Esto incluía la posibilidad de que los abogados pudieran acreditar la experiencia adquirida en profesiones relacionadas, lo cual permitiría a Felipe Córdoba sustentar su experiencia de 10 años, necesaria para la postulación, mediante la suma de sus carreras.

En esa sentencia la Corte estudió también los requisitos de unidad de materia y consecutividad. Y consideró que, en términos generales, estos requisitos se habían cumplido. No obstante, encontró que la expresión “Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo y Registrador Nacional del Estado Civil”, contenida en el parágrafo 2° del artículo 67, y los artículos 88, 89, 90 y 91 vulneraron la unidad de materia, porque no guardaban conexidad con la temática de este proyecto de ley. 

La primera de las normas citadas preveía que para acreditar la experiencia profesional que se exige para ocupar los cargos de Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo y Registrador Nacional del Estado Civil, se podía tener en cuenta la experiencia obtenida en ejercicio de una profesión que no fuera el derecho. Sin embargo, la Corte consideró que esta previsión vulneraba la unidad de materia, al no tener relación con la temática de la administración de justicia. Por tal razón, declaró dicha expresión inconstitucional por vicios de procedimiento.

No es la primera vez

Pero seguro que Córdoba insistirá para que le cuenten sus años de experiencia en otras profesiones por los 15 de abogado que exige la Ley, porque esta no es la primera vez que acude a leguleyadas para acceder a importantes cargos públicos.

Ya años atrás, el Ministerio de Educación Nacional se negó a convalidar un título de maestría del entonces vicecontralor Felipe Córdoba Larrarte, con el argumento de que esa maestría no era válida ni siquiera en España. Sin embargo, Córdoba –que tendría interés en aspirar luego a la Fiscalía General de la Nación– demandó dicha resolución y el Consejo de Estado le ordenó a MinEducación convalidar el título.

Resulta que antes de 2007 los títulos propios, es decir, diseñados por las universidades, eran válidos en España, pero a partir de ese año las autoridades de ese país decidieron no volver a convalidarlos, pues más que postgrados eran cursos que no tenían la altura académica e intensidad horaria que suele exigir una maestría.

Por eso, antes de 2007 el Ministerio de Educación de Colombia convalidaba títulos propios, pero después de que el gobierno español tomó la decisión de solo reconocer títulos oficiales, es decir, diseñados por las universidades y avalados por el Estado, en Colombia adoptaron la misma decisión.

En el título de Córdoba Larrarte se lee que se trata de un «Master en ‘Acción política, fortalecimiento institucional y participación ciudadana en el Estado de derecho’ (X Edición), otorgado por la Universidad Francisco de Vitoria, la Universidad Rey Juan Carlos y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid – España, el 25 de mayo de 2009».  

Las maestrías, en su mayoría, tienen dos años de duración, pero la que hizo Córdoba duró seis meses “durante el período comprendido entre el 20 de noviembre de 2008 y el 25 de mayo de 2009”. El Ministerio de Educación le negó a quien era vicecontralor general la convalidación de este título el 6 de octubre y el 10 de noviembre de 2009.

Siendo vicecontralor general en la administración de Sandra Morelli, Córdoba presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado, con el argumento de que si a otros ciudadanos colombianos que hicieron los mismos estudios les convalidaron sus títulos, a él también se lo tenían que convalidar. El Ministerio, sin embargo, alegó que esas convalidaciones fueron posibles porque antes de 2007 esos títulos eran reconocidos por el gobierno de España, pero todo cambió a partir de ese año y Colombia no podía seguir convalidando un título que en el país de origen no era reconocido.

De forma sorpresiva, ¡¿?! el Consejo de Estado le dio la razón a Córdoba: «por tratarse de títulos de educación superior idénticos, otorgados por las mismas instituciones extranjeras y por no haber entre ellos una diferencia superior a los ocho (8) años, debe procederse a la convalidación del título obtenido», aseguró en una decisión del 13 de marzo de 2014.

En aquel entonces los magistrados ignoraron la defensa del Ministerio de Educación para no convalidar el máster e insistió en que reconocer el título de Córdoba era un error académico y legal.

No le gusta estudia pero colecciona títulos

Pero algo parecido y quizás hasta peor hizo para conseguir su título de abogado.

Resulta que una carrera de Derecho consta de diez semestres. Pero hacerla en dos años y medio parece un fraude.

Córdoba consiguió esa ‘hazaña’ cuando siendo Contralor entre 2018 y 2022 firmó un convenio académico  con el Politécnico Grancolombiano, mediante el cual consiguió que esa universidad le homologara muchas materias de su pregrado en Relaciones Internacionales. 

El periodista Juan Pablo Barrientos, contó en el portal Casa Macondo que en las páginas del documento del convenio se lee: «La universidad ofrece la posibilidad a profesionales de cursar y homologar completamente un programa conducente a título profesional en un tiempo máximo de cuatro años mediante la aplicación de cronogramas intensivos y continuos».

Y que en una conversación que sostuvo con el propio Córdoba, le afirmó que “las clases fueron en el Politécnico hasta que llegó la pandemia”.

Lo que según Barrientos no es cierto, a menos de que los dos años y medio que duró su carrera también hayan incluido materias perdidas. Y la verdad es que las clases fueron impartidas en las oficinas de la Contraloría «para economizar tiempos de desplazamiento y costos de transporte. Pero si el estudiante pierde alguna materia deberá asistir a clase al campus del Politécnico Grancolombiano», consta en el texto del convenio.

Además el periodista asegura que Billy Raúl Antonio Escobar Pérez, el secretario general del Politécnico Grancolombiano, quien supervisó en 2019 el convenio académico que le permitió al contralor general ser abogado en tiempo récord, obtuvo después dos contratos en 2020 y 2021 con la Contraloría General. 

Uno el 15 de octubre de 2020, apenas dos semanas después de dejar de trabajar en la universidad a la que estaba vinculado desde 2007. Con una duración de dos meses y un valor de $41.250.000 pesos, el contrato tuvo como objeto la «prestación de servicios profesionales como abogado para brindar apoyo y asesoramiento jurídico en temas laborales a la gerencia de Talento Humano».

Y otro por $171 millones de pesos, lo suscribió el 4 de febrero de 2021. La idea era que Escobar lo ejecutara hasta diciembre, pero el 2 de noviembre, muy generosamente, se lo cedió a la abogada Martha Luz Barros Tovar, su esposa. 

Posteriormente en enero del 2022 Barros Tovar firmó otro contrato hasta septiembre por $112 millones de pesos para asesorar la Dirección de Talento Humano de la Contraloría.

Mientras que su esposo, Escobar Pérez empezó el año en un nuevo cargo, luego de que el 26 de noviembre de 2021, el presidente Iván Duque, aliado político de Felipe Córdoba, lo nombrara como Superintendente de Sociedades. El presidente Gustavo Petro lo ratificó en el cargo.

El Doctorado en Derecho y el plagio en su tesis doctoral

También varios medios de comunicación han develado las dudas alrededor de un doctorado en derecho que supuestamente obtuvo Córdoba de la Universidad de Jaén en España.

Lo curioso es que en el mismo mes noviembre del 2021, el entonces Contralor, haya obtenido el título de pregrado de Derecho y de doctorado en Derecho.

Según Córdoba, sí es posible hacer ambos niveles de estudios al tiempo porque un doctorado solamente requiere escribir una tesis y el tema lo tenía bastante claro: «La buena administración en el control fiscal efectivo, estratégico y gerencial de los recursos públicos».

Sin embargo, luego los medios de comunicación denunciaron que en la tesis doctoral del excontralor, que tiene 364 páginas, tras ser revisada por dos profesoras y una editora, se cometió plagio en al menos quince fragmentos. Entre otras cosas, encontraron párrafos completos copiados de sitios web y documentos académicos disponibles en línea que no están entre comillas o en cita indirecta y tampoco con el crédito debido. También descubrieron párrafos de otros autores que el contralor desarmó y puso en su tesis por partes, pero sin hacer la referencia que exigen las normas académicas. Mejor dicho, en la tesis presentó ideas de otros como si fueran suyas. 

Córdoba en su defensa afirmó que tuvo un equipo de asesores que contrató para que le ayudaran con la investigación para la tesis.

Y caben varias preguntas ¿Cómo terminó un doctorado en Derecho sin haber terminado un pregrado en la misma carrera? ¿Cómo hizo un pregrado y un doctorado mientras se desempeñaba como Contralor general?

No cabe duda que Córdoba cuenta por lo visto con muy buenos padrinos políticos e influyentes amigos en altas esferas de poder que seguro utilizará para lograr a como de lugar, así tenga que acudir a trapisondas para llegar a la Procuraduría.

Lo peor de todo esto es que son los colombianos los que terminamos siendo víctimas de la incompetencia, mediocridad, sinvergüenzura y el talante corrupto de quienes llegan a estos cargos, que se supone deben ocupar personas idóneas, honestas, y con una verdadera vocación de servicio.


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