La promesa que nunca llegó: Tres años esperando paredes que no existen
En algún lugar de la árida Guajira colombiana, mientras usted lee este artículo, 563 familias continúan mirando al cielo como techo. No por misticismo, sino porque después de tres años y $41 mil millones de pesos aprobados para sus viviendas, el cielo sigue siendo lo único que les cubre.
Las «casas» —si es que podemos llamar así a algo que nunca existió más allá del papel— supuestamente serían construidas en nueve corregimientos de Fonseca. La palabra clave aquí es «supuestamente». Porque la Contraloría acaba de confirmar lo que ya todos sabíamos: que en la Colombia profunda, los ladrillos y el cemento destinados a los pobres tienen la peculiar capacidad de transformarse en vehículos de lujo y mansiones para contratistas y políticos.
¿Sorprendente? Solo para quien prefiera la cómoda ignorancia.
La familia Cayón Medina: arquitectos no de viviendas, sino del saqueo
El Consorcio Fonvivir, encargado de este milagro de la desaparición, está conformado por un enredo empresarial familiar que, para variar, tiene vínculos estrechos con el poder político. Las empresas GCON Construcciones SAS, Promotora Cayón y Medina SAS, y Cayón Medina Construcciones SAS —todas pertenecientes a la misma familia Cayón Medina— forman este consorcio beneficiado con el contrato.
Pero la red no termina ahí. La representante legal de una de estas empresas es la esposa de un íntimo amigo y aportante de campaña del representante Ape Cuello, del Partido Conservador. Y para cerrar el círculo perfecto, este amigo opera un medio de comunicación desde una propiedad del padre del congresista.
Si usted pensaba que las telenovelas colombianas eran enredadas, probablemente deba revisar los contratos del OCAD PAZ.
El mecanismo invisible detrás del despojo legalizado
Lo fascinante del caso es cómo el mismo mecanismo se replica con precisión milimétrica en múltiples municipios. La congresista Katherine Juvinao ya había denunciado este patrón sistemático: proyectos del OCAD PAZ en municipios políticamente alineados con el representante Cuello, que contratan a Comfacesar (reconocido fortín político del congresista), para que esta subcontrate «a dedo» las empresas de la familia Cayón Medina.
Incluso en Fonseca, municipio guajiro, la convocatoria para los subsidios se hizo a través de Comfacesar y no mediante Comfaguajira, que sería la caja de compensación correspondiente al departamento donde se ejecutaría el proyecto. Un detalle aparentemente técnico, pero que revela la astucia del entramado.
Este no es un error administrativo. Es ingeniería de precisión para el saqueo.
Radiografía de un sistema diseñado para robar sin consecuencias
La Contraloría finalmente confirmó lo que los habitantes de Fonseca ya sabían: hay un faltante de 149 casas, con una ejecución financiera del 73%. En otras palabras, se gastaron casi tres cuartas partes del dinero para construir menos de la mitad de las viviendas prometidas. Y aun así, la ejecución total no alcanza ni el 10%.
Pero este hallazgo fiscal por $33 mil millones no es un fenómeno aislado. Es apenas una pieza del engranaje mayor que la Contraloría desentrañó al investigar 106 proyectos financiados con regalías en la Región Caribe, encontrando 52 hallazgos fiscales por un total de $223.988 millones.
La Guajira encabeza esta lista oscura con 9 hallazgos por $69 mil millones, seguida por Sucre, Bolívar, Cesar y Atlántico. El sector más afectado: Transporte ($76 mil millones), seguido por Vivienda y Territorio ($70 mil millones).
El ciclo secreto que todos conocen pero nadie detiene
Analicemos el patrón sistémico:
- La captura política del Estado: Un político con influencia regional logra que sus aliados alcaldes direccionen contratos.
- El intermediario institucional: Una caja de compensación familiar (supuestamente entidad sin ánimo de lucro) sirve como vehículo para legitimar la asignación directa.
- Los ejecutores de confianza: Empresas vinculadas familiarmente reciben los contratos.
- La supervisión cómplice: Los organismos de control locales, también cooptados por las mismas redes de poder, guardan silencio.
- Los beneficiarios manipulados: Familias vulnerables son utilizadas como justificación del proyecto, pero luego abandonadas.
Este no es un esquema improvisado. Es un sistema cuidadosamente diseñado que se alimenta de la desesperación de los más pobres.
Las vidas detrás de los números
Mientras los informes hablan de millones y miles de millones, en los corregimientos de Conejo, El Hatico, El Jawey, El Puy, Hatico Viejo, Los Altos, Los Toquitos, Mamonal y Quebrachal, cientos de familias guajiras continúan esperando.
Para dimensionar la magnitud de esta tragedia: las viviendas prometidas a estas familias, «no eran nada del otro mundo, que quizás no eran más grandes que el tamaño de una habitación de una de las mansiones de sus contratistas constructores«. Es decir, ni siquiera se trataba de viviendas dignas, sino de soluciones mínimas. Y aun así, fueron incapaces de entregarlas.
La impunidad como combustible del sistema
Lo verdaderamente indignante es que, a pesar de las investigaciones y denuncias, el sistema sigue operando con una impunidad casi perfecta. Los hallazgos de la Contraloría rara vez se traducen en consecuencias penales efectivas. Las investigaciones «avanzan» a un ritmo que garantiza su eventual prescripción o dilución.
Mientras tanto, los protagonistas de este entramado posiblemente ya están diseñando el próximo esquema, con ligeras variaciones para adaptarse a las «lecciones aprendidas» de este caso.
No son manzanas podridas: es un huerto diseñado para la putrefacción
Lo que revela este caso, cuando se analiza desde la perspectiva del pensamiento sistémico, es que la corrupción en Colombia no es una anomalía en un sistema sano. Es un sistema en sí mismo, con engranajes perfectamente lubricados:
- La corrupción política (compra de votos, clientelismo) alimenta la corrupción institucional (contratos direccionados, supervisión débil).
- La impunidad refuerza la cultura de resignación ciudadana («todos roban»).
- Esta tolerancia social fortalece a los corruptos, completando un círculo vicioso.
La contratación pública se convierte así en la arteria principal de este sistema corrupto, donde el 70% de la corrupción en Colombia ocurre a través de sobrecostos, contratos sin ejecución y carteles empresariales.
Lo más perverso: los corruptos diseñan leyes y reglamentos para que lo legal parezca ético, aunque no lo sea. La legalidad es instrumentalizada para blindar esquemas criminales, generando una «corrupción legalizada«.
Rompiendo el sistema desde sus cimientos
La lección fundamental que nos deja este caso es que combatir la corrupción exige un enfoque sistémico:
- No basta con denunciar al alcalde o al contratista; hay que documentar y exponer la red completa.
- No es suficiente con investigar un contrato aislado; se debe analizar el patrón que conecta múltiples contratos en diferentes municipios.
- La solución no puede venir únicamente de los organismos de control tradicionales, que frecuentemente forman parte del mismo entramado.
Se necesita control social disruptivo, independiente y apoyado en herramientas tecnológicas que permitan a la ciudadanía vigilar en tiempo real la ejecución de los recursos públicos.
La verdad que transforma
Mientras las investigaciones sobre el robo de los recursos del OCAD-PAZ avanzan a paso de tortuga, las familias en Fonseca continúan esperando por «al menos un techo y cuatro paredes«.
La tragedia no es solamente el dinero robado. Es la esperanza destruida, la confianza quebrantada y las vidas estancadas en la pobreza que este sistema perpetúa.
Solo cuando entendamos la corrupción como un sistema —y no como casos aislados de «manzanas podridas«— podremos empezar a desmantelarla desde sus cimientos. Porque la verdad no solo se lee, se siente. Y cuando se comprende en toda su dimensión, se transforma en la herramienta más poderosa contra un sistema que depende del silencio y la resignación para sobrevivir.
