Mediante el decreto 1586 de 1989, el Gobierno colombiano decidió liquidar la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Posteriormente, en 1997 a través del decreto 1689 se formalizó la liquidación de la Empresa Puertos de Colombia, así como su Fondo de Pasivo Social, entidades que ya habían sido desmanteladas en 1991. 

De este par de determinaciones han pasado 32 y 24 años, respectivamente. 

Sin embargo, aún el Estado colombiano carga con el lastre, al igual que el de otras entidades que han sido liquidadas los últimos 30 años, de unas obligaciones pensionales que de acuerdo al presupuesto general de la Nación, le representan medio billón de pesos, sólo por el par de empresas mencionadas

Conforme se lee en la sección 1914 de la Ley 2063 del 28 de noviembre del 2020 por la cual se adoptó el Presupuesto para el 2021, los recursos que destina el Gobierno para el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia es de $590.170’016.327 y solo para su funcionamiento se le asignan $587.732’323.000. 

Dicho Fondo cuenta con 70 empleados, todos nombrados, en cabeza de su director Jhon Mauricio Marín Barbosa y la nómina mensual alcanza los $1.097 millones de acuerdo a los balances entregados a la Contaduría General de la Nación. 

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Y la mayor parte de estos recursos se utilizan para pagar las prestaciones sociales, de pensión y de salud de un total de 39.597 afiliados (todos ya pensionados o sus sucesores) con que cuenta el Fondo en todo el país, siendo la regional Magdalena la que más tiene, 16.848.  

Pero no es el único Fondo que maneja recursos del Estado para pagar mesadas pensionales de entidades que se supone hace décadas dejaron de existir. 

En la página de la Unidad de Gestión de Pensión y Parafiscales (UGPP), entidad adscrita el Ministerio de Hacienda se detallan todas las administradoras de recursos creadas o encargadas del pago de prestaciones sociales a ex trabajadores de entidades que fueron liquidadas, donde figuran además, Caprecom, Inravisión, Inat, Minercol, Instituto de Seguros Sociales, Ministerio de Obras Públicas, Intra y Corelca, entre otras. 

Para el año 2013, se contabilizaban 40 entidades del orden nacional liquidadas o en proceso de liquidación, con 341.026 pensionados a lo largo del país. 

El gasto en transferencias con cargo a la Nación para el pago de pensiones públicas, incluyendo los regímenes especiales del Magisterio, universidades, Congreso de la República, Fuerza Pública, el Fondo de pensiones del orden territorial Fonpet y el Fondo nacional Fopep, fue de $1.185.640, es decir el 3,4% del PIB y el pasivo pensional fue cercano al 130% del PIB en el año 2017 y se ha mantenido con mínimas variaciones a la fecha. 

Sin embargo, lo que salta a la vista es que la forma equívoca en que se realizaron las liquidaciones de entidades estatales para entregarlas en concesión a privados como es el caso de Telecom o los puertos marítimos, o la transformación de entidades públicas; tienen hoy contra la pared al sistema de pensiones del país

Durante los gobiernos en que se dieron estas liquidaciones y transformaciones (Virgilio Barco, César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez), pudieron pasar varias cosas:

  • 1.- Los directivos sindicales lograron timar al Estado para pensionar trabajadores que ni siquiera cumplían una edad mínima para hacerlo, contando con la complicidad de los gobiernos de turno que no querían exponer su “capital político”;
  • 2.- El Estado, de manera irresponsable, adelantó tales procesos sin contar con los recursos para indemnizar al personal retirado, que era tal vez la salida más consecuente y legal.
  • 3.- Las malas negociaciones las hizo el Estado al no conseguir que las firmas, nacionales o extranjeras que se quedaron con las empresas, asumieran al personal que prestaba sus servicios y así mantener la tasa de ocupación. 

Hoy, pasados dos y hasta tres décadas de estas nefastas decisiones, el actual Gobierno de Iván Duque, pretende, como lo han hecho otros, poner a consideración del Congreso de la República una nueva reforma pensional, incluida en la reforma tributaria, donde las consecuencias de estas pésimas negociaciones terminen pagándolas todos los colombianos. 

El mejor ejemplo de la ligereza, los errores y la corrupción que acompañó a la liquidación de varias de estas empresas estatales es Colpuertos. Entre 1992 y el 8 de diciembre de 1993, la empresa liquidó a 6.609 funcionarios, con un costo de $55.300 millones de pesos. No obstante, once meses después, contra la entidad cursaban 6.915 demandas, mediante las cuales los trabajadores reclamaban $22.600 millones de pesos. 

El escándalo de Colpuertos dejó en evidencia cualquier cantidad de prácticas corruptas mediante las cuales miles de trabajadores lograron hacerse a una pensión prácticamente vitalicia que aún hoy algunos siguen disfrutando. 

Investigaciones de la Fiscalía de aquella época, aseguraron que “Una sociedad criminal entre abogados y funcionarios que laboraban en Foncolpuertos en Bogotá y que, de mutuo acuerdo y a través de las resoluciones gemelas, consiguió dobles pagos en favor de personas que ya habían sido liquidadas y pensionadas; o aumentar arbitrariamente los montos de liquidaciones y pensiones que Colpuertos terminó pagando dos o más veces a los mismos beneficiarios”. 

Y Colpuertos fue la que estuvo en el ojo del huracán, pero estas prácticas se dieron en otras entidades liquidadas en aquella época. 

El sistema actual 

Según un estudio de la Cepal el sistema de pensiones colombiano se estableció en 1993, con dos regímenes paralelos: Prima Media (RPM) y Ahorro Individual (RAIS). Los trabajadores afiliados al RPM pueden obtener la pensión a los 57 años (mujeres) y 62 (hombres), siempre y cuando hayan cotizado durante 1.300 semanas. En el RAIS los aportes, así como los rendimientos obtenidos, alimentan una cuenta individual. El monto ahorrado determina la pensión. Además, existe un sistema de pensiones no contributivo, Colombia Mayor. El RPM es administrado principalmente por Colpensiones. 

Uno de los principales problemas es el de la cobertura pensional, pues según el Dane, entre enero y octubre de 2020, el 48,6% de los colombianos ganaba menos de un salario mínimo, por lo que están excluidos por la ley del sistema pensional. Y la informalidad de los trabajadores colombianos ascendió a 48,1% en las 23 ciudades y áreas metropolitanas, es decir, no cotizan para pensión, pues a duras penas sobreviven.  

En el marco de la reforma que propone Fedesarrollo, está la de acabar con el Régimen de Prima Media (RPM) y establecer un sistema de protección a la vejez de tres pilares:

  • a.) un primer pilar que entregaría $412.000 mensual a todo adulto mayor de 65 años.
  • b.) un segundo pilar de ahorro individual en programas que serían producto de negociaciones colectivas sindicales y
  • c.) un ahorro voluntario individual como el que ya existe. 

Contrario a lo propuesto por Fedesarrollo expertos en el tema coinciden en que el tema no se resolverá con solo modificar el sistema pensional, si no se promueve el empleo formal y se eliminan las prebendas y demás privilegios que a lo largo de los años se les han concedido a un número reducido de población (ex trabajadores de empresas liquidadas, fuerza pública, altos ex funcionarios del Gobierno y ex congresistas). 

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