Cuando gastar millones sin solucionar nada se vuelve el modelo de gestión pública
Más allá de los titulares que hablan de «gestión» y «inversión social», existe una verdad que trasciende las cifras: en Colombia hemos perfeccionado el arte de convertir las tragedias en oportunidades de negocio. El caso de las inundaciones en Santa Marta no es solo una historia de incompetencia; es la radiografía perfecta de cómo funciona una maquinaria diseñada para perpetuar problemas mientras genera ganancias.
El domingo 3 de agosto, cuando más de 2.300 familias samarias vieron sus pocas pertenencias desaparecer bajo el barro y los escombros, no presenciaron una catástrofe natural. Fueron testigos del resultado más exitoso de un sistema que durante décadas ha convertido su sufrimiento en el negocio más rentable del país: la corrupción institucionalizada.
El Mecanismo que nunca falla
Mientras el alcalde Carlos Pinedo se pavoneaba declarando su «compromiso» con los samarios —después de gastar una millonada en celebrar 500 años de una ciudad que se ahoga cada invierno—, la verdadera historia se escribía en los archivos de Corpamag. Allí, entre contratos inflados y promesas incumplidas, se encuentra la prueba de que en Colombia hemos desarrollado la fórmula perfecta: cobrar por solucionar problemas que intencionalmente nunca se solucionan.
El 30 de septiembre de 2022, Carlos Francisco Díaz Granados Martínez, conocido con el remoquete “Maletín travieso”, entonces director de Corpamag y miembro del influyente Clan Díaz Granados, adjudicó al Consorcio Aguas SM un contrato por $53.688 millones para la «canalización» de la Quebrada Japón. Dos años después, los mismos 55 barrios que supuestamente estarían protegidos siguen siendo víctimas de las mismas inundaciones que prometieron erradicar.
¿Coincidencia? En absoluto. Es la manifestación más pura de un mecanismo invisible que ha perfeccionado el arte de la improductividad rentable.
Los artistas del fracaso millonario
El Consorcio Aguas SM no es un grupo de improvisados. Está conformado por Ingecon SA (50%), CM Ingeniería y Construcción SAS (49%) y Carlos Alfonso Cotes Morales (1%), nombres que cualquier samario debería memorizar como los arquitectos de su desgracia institucionalizada.
CM Ingeniería y Construcción SAS, nacida apenas en 2015, ya ostentaba contratos millonarios antes de cumplir una década de existencia. Su representante legal, Carlos Alfonso Cotes Morales, ha convertido el arte de obtener contratos públicos en una ciencia exacta, participando sistemáticamente en licitaciones donde, misteriosamente, la competencia brilla por su ausencia.
Pero aquí viene lo verdaderamente perverso del sistema: estos no son casos aislados de corrupción. Son la evidencia de una red perfectamente articulada donde los mismos actores rotan entre diferentes instituciones, diferentes contratos y diferentes «soluciones» que jamás solucionan nada.
La Ciénaga Grande: El laboratorio del saqueo perfecto
Para entender la magnitud de esta maquinaria, hay que observar el historial de Corpamag con la Ciénaga Grande de Santa Marta. Entre 2006 y 2019, la entidad suscribió 15 contratos de dragado que sumaron $254.890 millones. El resultado: un ecosistema más degradado que nunca y niveles de salinidad que evidencian el fracaso absoluto de estas «inversiones«.
La empresa Servicios de Dragados y Construcciones, propiedad de los hermanos Williams Moreno y socios de Alfonso del Cristo Hilsaca (‘El Turco‘ Hilsaca), se convirtió en el contratista predilecto para estos trabajos. Durante 15 años recibieron contratos millonarios para «recuperar» una ciénaga que hoy está peor que cuando comenzaron sus intervenciones.
¿La fórmula? Simple y genial: firmar contratos de largo plazo (algunos de 15 años) para problemas que requieren mantenimiento perpetuo, garantizando así un flujo constante de recursos sin la molesta exigencia de resultados definitivos.
El Costo Real de la complicidad social
Cada peso desviado hacia estos esquemas representa una oportunidad perdida para las comunidades que sufren las consecuencias. Mientras los contratistas construyen fortunas personales, los samarios que viven en los 55 barrios inundables cargan con el costo real de esta corrupción: viviendas destruidas, negocios arruinados, sueños sepultados bajo el agua.
Pero hay algo más perverso en esta dinámica: la normalización social del fracaso institucional. Cuando las autoridades anuncian estas millonarias inversiones, la ciudadanía aplaude esperanzada. Cuando los resultados no llegan, se resigna con un «todos roban igual«. Esta complicidad involuntaria es el combustible que permite que el mecanismo siga funcionando.
La corrupción no necesita ser violenta ni espectacular. Solo requiere una sociedad que se acostumbre a perder, que aplauda las promesas y olvide los incumplimientos, que confunda la inversión mediática con la inversión real.
El Sistema que se perpetúa
Lo más inquietante de este caso no son las cifras robadas, sino la arquitectura del sistema que las permite. Los mismos nombres aparecen en diferentes contratos, las mismas empresas obtienen licitaciones donde son los únicos oferentes, los mismos funcionarios rotan entre entidades para perpetuar el esquema.
Esta no es corrupción; es una forma sofisticada de extractivismo institucional donde el Estado se convierte en una mina de recursos para una élite que ha perfeccionado el arte de extraer riqueza pública sin generar valor social.
El caso de Corpamag demuestra que en Colombia hemos desarrollado un modelo de gestión pública donde el fracaso es más rentable que el éxito, donde mantener los problemas es más lucrativo que solucionarlos, donde la incompetencia se disfraza de gestión y la corrupción se vende como inversión social.
La pregunta que cambia todo
Frente a este panorama, la pregunta no es si hubo corrupción en los contratos de Corpamag. La pregunta es si como sociedad estamos dispuestos a seguir siendo el combustible de una maquinaria que convierte nuestras tragedias en las fortunas de otros.
Porque mientras sigamos aplaudiendo las promesas y olvidando los resultados, mientras sigamos confundiendo la gestión mediática con la gestión real, seguiremos siendo los financistas involuntarios de un sistema que nos usa como materia prima para generar la riqueza que nunca llegará a nuestras manos.
La verdad sobre Corpamag no se encuentra solo en los contratos firmados o los recursos desviados. Se encuentra en el espejo de una sociedad que ha aprendido a normalizar lo inaceptable y a aplaudir a quienes la saquean con sonrisa y corbata.
El cambio no vendrá de las instituciones que se han corrompido. Vendrá del día en que dejemos de ser espectadores resignados de nuestro propio saqueo y nos convirtamos en los protagonistas de una historia diferente. Porque la corrupción no se elimina con leyes; se elimina cuando una sociedad decide que ya no está dispuesta a ser cómplice de su propia destrucción.
