La protesta silenciada: el síntoma de un sistema enfermo
En los pasillos del hospital mental Cari de Barranquilla, casi un centenar de trabajadores protestan mientras las puertas administrativas permanecen cerradas. El gerente Pablo De la Cruz Gómez no da la cara. Los trabajadores llevan cuatro meses sin recibir un solo peso, mientras atienden a los más vulnerables del sistema de salud.
«Somos casi 500 trabajadores de las sedes que conforman la Empresa Social del Estado Universitaria del Atlántico. Desde hace cuatro meses no recibimos ni un céntimo de nuestro salario, lo que nos tiene al borde del colapso. No tenemos dinero para pagar un arriendo, una cuota bancaria, no podemos mercar, muchos no hemos matriculado a nuestros hijos ni comprado sus útiles escolares», relata uno de los trabajadores afectados.
Esta escena, que podría parecer aislada, es apenas la manifestación visible de un sistema silencioso que ha estado operando por años en el Atlántico, conectando poder político, recursos públicos y beneficios privados en un ciclo que parece imposible de romper.
Ante mis denuncias sobre Red Hospitalaria Atlántico; Gerente E.S.E UNA me llamo mentirosa, ahora está bajo auditoría de @Supersalud deudas superan $100 mil millones. Seguiré denunciando, Trabajadores de la ESE UNA no están solos. @jorgecura1070 @ExtraNoticiasCo @zonacero pic.twitter.com/IBiRtFneg7
— Alejandra Moreno Astwood💜 (@Diputadamoreno) March 12, 2025
El diagnóstico: 100 mil millones de pesos de déficit
La Empresa Social del Estado Universitaria del Atlántico (ESE UNA), concebida originalmente como la «promesa en salud» para el departamento, enfrenta hoy un diagnóstico terminal: déficit de 100 mil millones de pesos, deuda de 80 mil millones con acreedores, cierre progresivo de especialidades médicas y una maquinaria administrativa paralizada.
Lo que fue presentado como tabla de salvación para el inviable Cari de Alta Complejidad se ha convertido en un paciente crítico. La crisis no llegó por accidente; la radiografía profunda de esta situación revela patrones alarmantes que conectan directamente con la forma en que se administra el poder político en la región.
Los dos modelos de salud: la misma fórmula bajo distintos nombres
Para entender el colapso actual, es necesario examinar los dos modelos de salud pública implementados en el Atlántico y sus inquietantes similitudes:
En Barranquilla: El alcalde Alejandro Char, en su segundo mandato, implementó un modelo de privatización parcial creando MiRed IPS, una empresa mixta donde el distrito mantiene el 65% de las acciones, mientras que los socios privados —los hermanos Bruno y René Pérez Campanella— controlan el 35% restante.
En el departamento: La exgobernadora Elsa Noguera creó la ESE UNA bajo un modelo público que integró seis hospitales y más de 30 puestos de salud en zonas rurales. Su programa «Salud Para la Gente» prometía llevar atención médica a comunidades históricamente desatendidas.
La conexión entre ambos modelos se materializa en una figura clave: Pablo De la Cruz, gerente actual de la ESE UNA, quien llegó directamente desde la Clínica Centro, propiedad de los hermanos Pérez Campanella, socios de Alejandro Char en MiRed IPS.
El mecanismo invisible: pactos políticos y pagarés en blanco
Según fuentes cercanas a la gobernación, el actual gobernador Eduardo Verano de la Rosa —quien llegó al poder por tercera vez con el respaldo de la casa Char— habría firmado documentos que algunos describen como «pagarés en blanco», comprometiéndose a ceder el control administrativo de dos secretarías estratégicas: salud y educación.
Esta práctica, lejos de ser excepcional, revela el mecanismo invisible que permite a ciertos grupos políticos mantener el control real del poder aun cuando no ocupan formalmente todos los cargos. La consecuencia directa: los hermanos Pérez Campanella lograron colocar a Luis Carlos Fajardo, subgerente del componente primario de MiRed IPS, como secretario de salud departamental, y posteriormente a Pablo De la Cruz como gerente de la ESE UNA.
La diputada Lourdes López expuso sin ambages esta realidad: «Me dicen que el gerente Pablo De la Cruz es una isla aparte, que no escucha a nadie. Yo quiero que él responda y que responda al departamento, a la gente del Atlántico qué está pasando con la salud».
Un historial que presagiaba el desastre
La gestión de Pablo De la Cruz ya había encendido alarmas antes de su nombramiento en la ESE UNA. Como gerente de la Clínica Centro, De la Cruz enfrentó medidas cautelares impuestas por la Superintendencia de Salud debido a graves irregularidades:
- Pacientes en urgencias esperando hasta dos horas para ser atendidos
- Falta de garantías en las condiciones de asepsia en áreas críticas como cirugía y esterilización
A pesar de estos antecedentes, fue nombrado al frente de la ESE UNA, donde su gestión ha sido calificada como «inoperante». La diputada López señaló que «es inoperante puesto que cuando es citado a las mesas de trabajo no asiste, como tampoco presenta un informe detallado de Saneamiento que solicitó la Supersalud».
El impacto oculto: trabajadores y pacientes como víctimas colaterales
Mientras se desarrolla esta batalla por el control de los recursos públicos de la salud, los verdaderos afectados permanecen invisible para quienes toman las decisiones:
- Trabajadores: 500 profesionales de la salud sin recibir sus salarios desde hace cuatro meses
- Pacientes: Enfrentando el cierre progresivo de especialidades y la deficiencia en la atención
- Comunidades rurales: Viendo cómo la promesa de una red hospitalaria integrada se desmorona
Un detalle revelador que ilustra las prioridades del sistema: mientras los trabajadores por OPS acumulan meses sin pago, los salarios directivos se han multiplicado exponencialmente. «Hace como 4 o 5 años, los gerentes de cada hospital se ganaban 4 o 5 millones de pesos; cuando se hizo un solo gerente, comenzó a ganarse 15 millones, ahora me imagino que se está ganando entre 20 y 25 millones de pesos», señala López.
La intervención: ¿solución o parte del ciclo?
La crisis ha alcanzado tal magnitud que la Superintendencia de Salud ha enviado «casi un regimiento» para auditar la ESE UNA, lo que podría derivar en una intervención inminente.
«Yo no quiero ser portadora de una mala noticia, pero tengo una primicia», advirtió la diputada López en sesión oficial. «Hoy no solamente vamos a encontrar que se están desviando recursos de la salud, que son de todas las personas del departamento del Atlántico, sino que ya hay detrimento patrimonial.»
Sin embargo, la intervención podría ser simplemente otro episodio del ciclo secreto que caracteriza la gestión pública en Colombia. La pregunta clave es si logrará romper los patrones existentes o simplemente cambiará temporalmente a los actores mientras el sistema continúa intacto.
El ciclo secreto que perpetúa el modelo
Lo que ocurre en la ESE UNA refleja un patrón sistemático en la administración pública colombiana: la transformación de recursos públicos esenciales en negocios privados lucrativos. Este ciclo secreto funciona de manera predecible:
- Fase de promesa: Se anuncia un nuevo modelo público que resolverá problemas históricos (como la ESE UNA)
- Fase de control: Actores políticos aseguran la designación de figuras clave en puestos administrativos
- Fase de deterioro: La gestión deficiente genera crisis operativa y financiera
- Fase de salvación privada: Se proponen soluciones que involucran mayor participación del sector privado
- Fase de transferencia: Los recursos y pacientes son direccionados hacia entidades privadas vinculadas a los mismos actores políticos
Este ciclo explica por qué, según la diputada López, existe preocupación de que «los pacientes sean direccionados a las IPS privadas que conforman este conglomerado de salud, dejando a los hospitales de la red departamental sin posibilidad de facturar y autogestionarse».
La verdad oculta tras las cifras
El compromiso inicial con la ESE UNA establecía metas claras: «En el primer año íbamos a llegar en capacidad al 30%, el tercer año al 90% y el último año, que es 2024, tendríamos que tener la ESE Alta Complejidad funcionando perfectamente», recuerda la diputada López.
Sin embargo, la realidad es otra. El informe del revisor fiscal de 2024 revela que «se dejaron de presentar facturas por 7 mil millones de pesos, facturas que hoy son de difícil recaudo». Esta irregularidad no es un simple error administrativo, sino parte de un patrón que beneficia a ciertos actores mientras debilita el sistema público.
La encrucijada del gobernador Verano
Según fuentes cercanas, el gobernador Eduardo Verano de la Rosa se encuentra en una posición comprometida: «Ha manifestado su descontento con la actitud avasalladora de los hermanos Pérez y teme que, igual como sucede en MiRed, los pacientes sean direccionados a las IPS privadas».
Sin embargo, como señala la diputada López, «Si hay dos temas que uno no puede tocar es la alimentación de los niños y la salud de la gente más necesitada». La pregunta es si el gobernador tendrá la autonomía y voluntad política para romper con los acuerdos que habría firmado.
Conclusión: La puerta transparente hacia un nuevo modelo
La crisis de la ESE UNA es mucho más que un problema financiero o administrativo: es la manifestación de un sistema silencioso que opera consistentemente para transferir recursos públicos a manos privadas, utilizando el control político como herramienta fundamental.
Mientras la Superintendencia de Salud interviene y los trabajadores continúan su lucha, la verdadera solución requiere una puerta transparente que permita a la ciudadanía comprender y desmantelar el ciclo secreto que perpetúa estas dinámicas.
Como señala la diputada López: «Si no hacemos un control político serio, si no hacemos un control político exhaustivo, si no llevamos esto hasta las últimas consecuencias, estamos incurriendo en que por delante de nosotros pase un detrimento patrimonial».
La radiografía profunda de la salud en el Atlántico no solo revela un sistema enfermo, sino también la necesidad urgente de un nuevo diagnóstico y tratamiento que priorice a pacientes y trabajadores sobre intereses políticos y económicos.
