Por: Jan Slodvak

Más tarde que temprano la Fiscalía General de la Nación ha emprendido las primeras acciones en torno al mayor robo que se recuerde en la historia de Barranquilla. Una empresa criminal en donde han actuado a sus anchas políticos barranquilleros y españoles, capitanes de empresa, avivatos de todas las pelambres y señores perfumados de cuello blanco e impoluta historia. Unos primeros resultados de la Fiscalía curiosos: a los vinculados a la investigación, con suficiente acervo probatorio y reconocida peligrosidad social los deja mansamente en libertad mientras apunta, por otro lado, a sustraerles las acciones encomendándolas a un organismo de reconocida ineficiencia y corrupción a nivel nacional: la Sociedad de Activos Especiales, adscrita al Ministerio de Hacienda al frente de cuyo despacho se encuentra el célebre Alberto Carrasquilla, objeto de acusaciones por su plan de banquero inversor y propulsor de la legislación de los llamados Bonos de Agua o Carrasquilla. En letra sencilla: el cuestionado Ministro Carrasquilla será ahora el manejador de la Triple A por intermedio de la SAE, sociedad de economía mixta sometida al régimen del derecho privado cuyo objeto esencial es la administración de bienes especiales que se encuentren en proceso de extinción o se les haya decretado extinción de dominio según el código respectivo en la ley 1708 de 2014. Curiosidades cuando se analiza la lista de los implicados y no aparece ningún político local. Ajenos, según esta fase de la investigación de la Fiscalía de las tropelías ilegales para elegantemente regalar la empresa a sociedades de papel y luego venderla en el extranjero. Ningún Alcalde de Barranquilla, por citar con nombre propio ni menos los concejales, personeros y contralores distritales. Todos ajenos a sospechas en un gigantesco negocio en donde han corrido, y perdonen la acuática metáfora, cataratas de dinero. Que perdone el Sr. Fiscal Martínez Neira, pero no ha descubierto nada en absoluto. La historia de la asesoría técnica fue emprendida y paralizada por el Procurador Carrillo que le lleva, sin ninguna duda, ventaja y agenda en este tema. Y más que Carrillo por los impulsaron una Acción Popular contra Triple A desde 2010 sin respuesta judicial conocida que fueron los que alertaron, mediante una queja, al procurador Carrillo. Es España, donde merced a coyunturas políticas se destapo el problema, hay casi 300 investigados y una buena parte de ellos ha pagado fianza o se encuentran en detención. Bastantes, como se ve. Desde los ex consejeros madrileños Pedro Calvo y Juan Bravo, de Alberto Ruiz-Gallardón al igual que una veintena de antiguos dirigentes en altos cargos de Canal Isabel II, con sus gerentes Arturo Canalda, investigados por la compra en 2001 de Inassa. El meollo de la acusación es que pagaron por ella, junto a la Sociedad Valenciana Tecvasa –incluida como socia al lado de Francisco Olmos en la recién licitada por la Gobernación del Atlántico Acueductos del Sur- 73 millones dólares pagando de más 66 en una extraña operación que dilucidaremos en una próxima crónica. Así las cosas, lo próximo será una reunión de la nueva junta directiva de la Triple A en donde se elegirán las nuevas dignidades corporativas, empezando por la gerencia y donde el Ministerio de Hacienda y la SAE tendrán la sartén por el mango para imponer sus candidatos, como si el Ministro Carrasquilla, conocido por sus volteretas en torno al agua, aflojara semejante oportunidad en donde seguramente aparecerán los nuevos candidatos a quedarse con la vieja joya de la corona americana de Canal Isabel: la Triple A de Barranquilla. Mientras tanto el Alcalde Char emite comunicados reiterando –cada vez que sucede algo con esta empresa de servicios públicos dice lo mismo- que se “garantizará la norma prestación de los servicios de agua, aseo y acueducto y que no se afectará la situación laboral de los trabajadores”. Muy rápido para semejante declaración y más bien es menester la espera en los nombramientos en la próxima junta directiva de la Triple A para vislumbrar hacia donde marcha, en todos los sentidos, esta empresa con tantos pretendientes en su cortejo. Después de allí se verá si de verdad hay tranquilidad o por el contrario, aparecerá terrible la intranquilidad pertubadora con los procesos de prestación de estos servicios públicos.



Esto demuestra que nuestras nuestras denuncias e investigaciones sí tienen resultado

Mientras la Acción Popular para restablecer los derechos de la comunidad barranquillera sobre su empresa de servicios públicos domiciliarios duerme el sueño de los justos en los juzgados de la ciudad, el Fiscal General de la Nación, Nestor Humberto Martínez dió a conocer los primeros resultados de la investigación que hemos denominado el robo más grande de la historia de Barranquilla.

El siguiente boletín de la Fiscalía General, lo dice todo sobre estos primeros resultados:

La Fiscalía General de la Nación impuso medida de aseguramiento contra directivos y exdirectivos de la empresa  Inassa y la Empresa de Servicios Públicos Triple A S.A. por un presunto contrato de asistencia técnica. La Fiscalía incautó las acciones de Inassa en la Triple A.

La Fiscalía General de la Nación inició la segunda fase de la operación Acordeón que busca poner al descubierto las redes de corrupción que se habrían apoderado o desviaron recursos destinados exclusivamente para la prestación de los servicios públicos en la Costa Atlántica y el suministro de un bien vital para la comunidad, como es el agua potable.

Contratos ficticios

En atención a las acciones previstas en esta estrategia institucional, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción resolvió la situación jurídica de directivos y exdirectivos de la empresa Inassa que hace parte del grupo empresarial Canal Isabel II y la Empresa de Servicios Públicos Triple A S.A. ESP., investigados por presuntas inconsistencias en el manejo de dineros y un aparente incremento patrimonial injustificado de los socios de las dos multinacionales en Colombia.

De acuerdo con el material probatorio que reposa en el expediente, se relacionan los hechos ocurridos desde el año 2000 hasta el 2017 en el que se detectaron aparentes pagos fraudulentos a través de un “contrato de asistencia técnica”, que habrían causado un detrimento patrimonial del orden de doscientos treinta y seis mil ochocientos cincuenta y tres millones setecientos noventa y seis mil cinco pesos ($236.853.796.005).

Dicho contrato se remonta al 4 de septiembre de 2000, cuando la empresa Inassa y Triple A S.A., acordaron la entrega del 4.5% del recaudo mensual de servicios domiciliarios de alcantarillado, acueducto y aseo, a cambio de una supuesta asistencia en gestión comercial, operativa, administrativa y técnica.

Las investigadores que trabajan en la operación Acordeón calculan que en 17 años de vigencia del mencionado contrato de asesoría se habrían pagado doscientos treinta y seis mil ochocientos cincuenta y tres millones setecientos noventa y seis mil cinco pesos ($236.853`796.005), valor que actualizado con el IPC al cierre de agosto del año 2018 superaría los trescientos veintinueve mil millones de pesos ( $329.000`000.000), una cifra cercana a lo que el distrito de Barranquilla recauda anualmente por el impuesto predial.

Los elementos recaudados indicarían que el objeto del “contrato de asistencia técnica” nunca se cumplió. Hay evidencia que demostraría una supuesta desviación irregular de recursos con el fin de beneficiar a terceros, entre ellos las sociedades Canal Extensia S.A. -empresa del Grupo Español Canal Isabel II- y Slasa (compañía Panameña), que presuntamente recibieron los dineros en giros que llegaron a una cuenta de compensación en Miami (Estados Unidos). Esta maniobra financiera, al parecer, garantizaba que parte de los recursos quedaran entre los socios y un porcentaje fuera destinado para los gastos operacionales de Inassa.

Situación jurídica

En cumplimiento de los parámetros establecidos en la Ley 600 de 2000 (antiguo Sistema Penal), la fiscal de conocimiento resolvió la situación jurídica de los sindicados, imponiendo medida de aseguramiento no restrictiva de la libertad, consistente en la prohibición de salir del país y multas de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes en contra de:

  1. Francisco Olmos Fernández Corugedo, (nacionalidad española) exgerente de Triple A.
  2. Luis Fernando Arboleda González, exgerente de Triple A.
  3. Carlos Alberto Ariza Duque, exgerente de Triple A.
  4. Ramón Navarro Pereira, exgerente de Triple A.
  5. Luis Alberto Nicolella de Caro, exgerente general de Inassa.
  6. Francisco Javier Malia Baro, (nacionalidad española), exgerente general de Inassa.
  7. Germán Sarabia Huyke, gerente de Inassa.
Ramón Navarro, uno de los alfiles del imperio delincuencial español imperante en la Triple A

Así mismo, la fiscal de conocimiento impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad contra otros directivos de nacionalidad española, consistente en caución de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en contra de:

  1. Carlos Roca García, (nacionalidad española) actual gerente Inassa.
  2. Edmundo Rodríguez Sobrino, (nacionalidad española), expresidente de Inassa.
  3. Alberto Muguiro Eulate (nacionalidad española), actual presidente ejecutivo de Inassa.

En la decisión la fiscal del caso se abstuvo de imponer medida de aseguramiento a Ramón Heraclio Hemer Redondo, gerente actual de Triple A.

Los procesados son investigados por los delitos de:

  • Concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito.
  • Enriquecimiento ilícito de particulares.

En el caso de Luis Fernando Arboleda González, ex gerente de Triple A, se ordenó la prescripción del delito de enriquecimiento ilícito de particulares.

Incautación con fines de extinción de dominio

La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio adoptó la medida cautelar de embargo y secuestro con fines de extinción de dominio de las acciones de propiedad de la sociedad Inassa S.A. en la empresa Triple A, S.A, E.S.P, las cuales corresponden al 82% del capital de  esta última. El valor de dichas acciones, según cifras contable de la compañía, ascendería a los doscientos dos mil millones de pesos ($202.000.000.000).

Esta cifra sale del patrimonio reportado en los estados financieros, que fue de doscientos cuarenta y seis mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos treinta y siete mil pesos ($246.764´537.000), a diciembre 31 de 2017.

La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.

La Fiscalía General de la Nación inició la segunda fase de la operación Acordeón que busca poner al descubierto las redes de corrupción que se habrían apoderado o desviaron recursos destinados exclusivamente para la prestación de los servicios públicos en la Costa Atlántica y el suministro de un bien vital para la comunidad, como es el agua potable.

En atención a las acciones previstas en esta estrategia institucional, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción resolvió la situación jurídica de directivos y exdirectivos de la empresa Inassa que hace parte del grupo empresarial Canal Isabel II y la Empresa de Servicios Públicos Triple A S.A. ESP., investigados por presuntas inconsistencias en el manejo de dineros y un aparente incremento patrimonial injustificado de los socios de las dos multinacionales en Colombia.

Contratos ficticios

De acuerdo con el material probatorio que reposa en el expediente, se relacionan los hechos ocurridos desde el año 2000 hasta el 2017 en el que se detectaron aparentes pagos fraudulentos a través de un “contrato de asistencia técnica”, que habrían causado un detrimento patrimonial del orden de doscientos treinta y seis mil ochocientos cincuenta y tres millones setecientos noventa y seis mil cinco pesos ($236.853.796.005).

Dicho contrato se remonta al 4 de septiembre de 2000, cuando la empresa Inassa y Triple A S.A., acordaron la entrega del 4.5% del recaudo mensual de servicios domiciliarios de alcantarillado, acueducto y aseo, a cambio de una supuesta asistencia en gestión comercial, operativa, administrativa y técnica.

Las investigadores que trabajan en la operación Acordeón calculan que en 17 años de vigencia del mencionado contrato de asesoría se habrían pagado doscientos treinta y seis mil ochocientos cincuenta y tres millones setecientos noventa y seis mil cinco pesos ($236.853`796.005), valor que actualizado con el IPC al cierre de agosto del año 2018 superaría los trescientos veintinueve mil millones de pesos ( $329.000`000.000), una cifra cercana a lo que el distrito de Barranquilla recauda anualmente por el impuesto predial.

Los elementos recaudados indicarían que el objeto del “contrato de asistencia técnica” nunca se cumplió. Hay evidencia que demostraría una supuesta desviación irregular de recursos con el fin de beneficiar a terceros, entre ellos las sociedades Canal Extensia S.A. -empresa del Grupo Español Canal Isabel II- y Slasa (compañía Panameña), que presuntamente recibieron los dineros en giros que llegaron a una cuenta de compensación en Miami (Estados Unidos). Esta maniobra financiera, al parecer, garantizaba que parte de los recursos quedaran entre los socios y un porcentaje fuera destinado para los gastos operacionales de Inassa.

Situación jurídica

En cumplimiento de los parámetros establecidos en la Ley 600 de 2000 (antiguo Sistema Penal), la fiscal de conocimiento resolvió la situación jurídica de los sindicados, imponiendo medida de aseguramiento no restrictiva de la libertad, consistente en la prohibición de salir del país y multas de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes en contra de:

  1. Francisco Olmos Fernández Corugedo, (nacionalidad española) exgerente de Triple A.
  2. Luis Fernando Arboleda González, exgerente de Triple A.
  3. Carlos Alberto Ariza Duque, exgerente de Triple A.
  4. Ramón Navarro Pereira, exgerente de Triple A.
  5. Luis Alberto Nicolella de Caro, exgerente general de Inassa.
  6. Francisco Javier Malia Baro, (nacionalidad española), exgerente general de Inassa.
  7. Germán Sarabia Huyke, gerente de Inassa.

Así mismo, la fiscal de conocimiento impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad contra otros directivos de nacionalidad española, consistente en caución de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en contra de:

  1. Carlos Roca García, (nacionalidad española) actual gerente Inassa.
  2. Edmundo Rodríguez Sobrino, (nacionalidad española), expresidente de Inassa.
  3. Alberto Muguiro Eulate (nacionalidad española), actual presidente ejecutivo de Inassa.

En la decisión la fiscal del caso se abstuvo de imponer medida de aseguramiento a Ramón Heraclio Hemer Redondo, gerente actual de Triple A.

Los procesados son investigados por los delitos de:

  • Concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito.
  • Enriquecimiento ilícito de particulares.

En el caso de Luis Fernando Arboleda González, ex gerente de Triple A, se ordenó la prescripción del delito de enriquecimiento ilícito de particulares.

Incautación con fines de extinción de dominio

La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio adoptó la medida cautelar de embargo y secuestro con fines de extinción de dominio de las acciones de propiedad de la sociedad Inassa S.A. en la empresa Triple A, S.A, E.S.P, las cuales corresponden al 82% del capital de  esta última. El valor de dichas acciones, según cifras contable de la compañía, ascendería a los doscientos dos mil millones de pesos ($202.000.000.000).

Esta cifra sale del patrimonio reportado en los estados financieros, que fue de doscientos cuarenta y seis mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos treinta y siete mil pesos ($246.764´537.000), a diciembre 31 de 2017.

La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.



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