En un informe que dio a conocer en primicia la revista Cambio, la Contraloría General de la República ratificó lo que desde hace tiempo es un secreto a voces, en cuanto al manejo irregular que las Empresas Promotoras de Salud (EPS) han dado a los recursos del sistema de salud.
Con corte a octubre del 2023, las deudas de las EPS llegan a $25 billones de pesos. La mayoría de estas se deben a IPS y proveedores, además de lo correspondiente a reservas técnicas y pasivos administrativos.
Según la Contraloría, del total, 10 de las entidades analizadas tienen indicadores de liquidez y de margen de solvencia satisfactorios, mientras que las otras 16 (el 61,5%), cuentan con indicadores de margen de solvencia no satisfactorios y, lo más grave, no cumplen con la provisión ni con el Régimen de Inversión de las Reservas Técnicas, incumpliendo así los tres Requisitos para Operar. Solo Salud Total EPS, Comfachocó, Capresoca, EPM Salud y EPS Sura cumplen con los activos de inversión.
Para 21 EPS se encontró que de un pasivo de Reservas Técnicas de $13,7 billones, solo $1.3 billones están respaldados por inversiones, como bonos de deuda pública y títulos de alta liquidez. Esto deja un déficit de $12.4 billones, incumpliendo el Régimen de Inversiones de Reservas Técnicas que requiere invertir el 100% de los recursos, según el Decreto 780 de 2016.
Estas 21 EPS, las cuales equivalen al 80.7%, como tal no cumplen con la provisión ni con la inversión de sus reservas técnicas. Esto demuestra una falla grave contra la norma y un riesgo inminente para el sistema por cuanto, al no constituir las reservas, no apalancan sus obligaciones para atender los gastos en salud.
El organismo de control encontró que de los $25 billones, las EPS tienen deudas por $11,3 billones con IPS y proveedores de medicamentos y tecnologías de salud.
Solo 10 EPS, equivalentes al 38,4 %, tienen sus indicadores de liquidez y de margen de solvencia satisfactorios, lo que permite concluir que su situación financiera es satisfactoria y les posibilita garantizar la prestación de servicios de salud a sus afiliados.
Además, el 51% del total de la cartera corriente de las EPS se concentra en tres empresas: Famisanar, Sanitas y Emssanar, con un monto de $5.4 billones.
Las otras 16 EPS tienen su indicador de liquidez menor a 1, es decir que se encuentran en desequilibrio financiero. Se trata de: EPS Sura, EPS Familiar, Sanitas EPS, EPM Salud, Compensar, Comfenalco Valle, Dusakawi, Ecoopsos, Comfachocó, Capresoca EPS, Asmet Salud EPS, Emssanar, Famisanar, EPS SOS S.A., EPS Mallamás y Pijaos Salud EPSI.
En cuanto a las EPS que cumplen con indicador de margen de solvencia, figuran 11: Salud Bolívar, Fundación Salud Mía, EPM Salud, Coosalud, Aliansalud, Ferrocarriles Nacionales, Capital Salud, Mutual Ser, Anas Wayuu EPSI, Salud Total EPS y Nueva EPS. Son las mismas aseguradoras que presentan indicador de liquidez satisfactorio, lo que permite concluir que su situación financiera es satisfactoria y pueden garantizar la prestación del servicio de salud a sus afiliados.
Mientras que las 15 EPS que presentan indicadores de margen de solvencia no satisfactorio, se encuentran: EPS Sura, Sanitas EPS, Compensar, Capresoca, EPS Familiar, Comfachocó, Comfenalco Valle, Dusakawi, Famisanar, Ecoopsos, EPS SOS S.A., Asmet Salud, Emssanar, EPSI Mallamás y Pijaos Salud EPSI.
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Este informe de la Contraloría es una alerta sobre el impacto de la situación financiera y la cartera hospitalaria de las EPS hacia las IPS respecto a los servicios de atención en salud. Se destaca el aumento de las PQRS de afiliados desde 2018 y la frecuente necesidad de recurrir a la tutela para acceder a servicios de salud efectivos y oportunos, indicando un deterioro en su calidad con el tiempo.
El contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga Pardo, señala que, aunque el Gobierno Nacional está al día con los recursos de la UPC, se reconoce una deuda de $3 billones de pesos a las EPS por servicios y tecnologías en salud no financiados. Se espera que el Ministerio de Salud proceda con el saneamiento de estas deudas, según lo ordenado en el Auto 2881 de 2023 de la Corte Constitucional, mientras la CGR realizará el seguimiento correspondiente.
