Después de décadas de silencio ante el saqueo sistemático, el ente de control encuentra su voz para perseguir un contrato estatal. ¿Casualidad o estrategia política?
Por: Equipo Investigativo | Octubre 17, 2025
La Procuraduría General de la Nación acaba de presentar una demanda de nulidad absoluta contra el convenio de pasaportes firmado entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal por 1.3 billones de pesos. El argumento: irregularidades, falta de planeación, vulneración de principios de transparencia y economía. Todo suena riguroso, técnico, impecable. Pero hay algo que huele peor que los argumentos jurídicos de la demanda: el silencio atronador de esta misma Procuraduría durante décadas de corrupción sistémica que ha carcomido cada rincón de la contratación pública colombiana. ¿Dónde estaba este celo fiscalizador cuando el 90% de los procesos contractuales del país se ejecutaban entre sombras, comisiones ilegales y complicidades empresariales?
El sistema que despierta cuando le conviene
Colombia lleva décadas sangrando por la herida de la corrupción estructural. Desde los mega contratos de infraestructura hasta las licitaciones amañadas de salud, pasando por los subsidios fantasma y las obras inexistentes que nunca dejaron de facturarse, el país ha visto cómo los recursos públicos se evaporan en un sistema diseñado para proteger a los corruptos. Y la Procuraduría, ese guardián constitucional de la legalidad y la moralidad pública, ha sido testigo silencioso y, en muchos casos, cómplice por omisión de este desgobierno sistemático.
Alejandro Nieto, en su devastador análisis sobre el desgobierno de lo público, describe con precisión quirúrgica cómo las instituciones de control han sido capturadas por la misma clase política que deberían vigilar. El Estado colombiano, señala Nieto, no está gobernado para el ciudadano sino secuestrado por una casta parasitaria que actúa con total impunidad. La Procuraduría forma parte de este entramado, actuando con severidad selectiva: dura con quien le incomoda al poder, ciega ante quienes lo perpetúan.
Los números que nadie quiere ver
Mientras la Procuraduría destina recursos y energía institucional para demandar un convenio con Portugal que busca, irónicamente, recuperar la soberanía sobre documentos de identidad nacional, ignora deliberadamente el 90% de la contratación pública colombiana que opera bajo esquemas de corrupción normalizada. No hablamos de cifras menores: billoness de millones de pesos desviados cada año en contratos donde la libre competencia es una ficción, donde los estudios previos se fabrican a la medida del contratista preferido, donde las vigencias futuras se aprueban sin análisis técnicos y donde la transparencia es apenas un requisito formal que nadie cumple.
¿La Casa de la Moneda de Portugal aportó solo el 21% en lugar del 50% requerido por ley? Grave. ¿Pero qué pasa con los miles de contratos donde el aporte privado es cero porque todo sale del erario público para beneficiar a empresas fantasma? Silencio. ¿Hubo irregularidades en la sesión de junta directiva de la Imprenta Nacional? Inaceptable. ¿Y qué hay de las juntas directivas de hospitales, universidades y entidades territoriales donde se aprueban contratos millonarios sin estudios, sin presupuesto, sin nada más que la voluntad del político de turno? Indiferencia institucional.
La corrupción que sí molesta
El caso de los pasaportes revela algo más profundo que simples irregularidades contractuales: revela las prioridades del sistema de control colombiano. Cuando un gobierno busca romper un monopolio privado de 17 años en la producción de pasaportes, cuando intenta que la información sensible de los ciudadanos no quede en manos comerciales privadas, cuando propone que el Estado recupere capacidades técnicas propias, ahí sí aparece la Procuraduría con todo el rigor de la ley.
Pero cuando empresas privadas se enriquecen durante décadas con contratos direccionados, cuando los sobrecostos son la norma y no la excepción, cuando funcionarios públicos rotan entre cargos públicos y juntas directivas de contratistas, cuando el clientelismo y el nepotismo definen quién gana las licitaciones, la Procuraduría practica el arte del silencio cómplice.
El círculo vicioso de la impunidad selectiva
Esta selectividad en la persecución de irregularidades no es accidental. Es parte del mecanismo invisible que sostiene la corrupción estructural. Como bien señalan los documentos sobre corrupción sistemática: el problema no son casos aislados sino prácticas integradas en el funcionamiento del Estado. La Procuraduría no es ajena a este sistema; es parte de él.
Los gobernantes corruptos saben que pueden actuar con tranquilidad mientras mantengan las formas y no amenacen los intereses consolidados. Pueden desfalcar hospitales, desviar recursos de educación, inflar costos de obras públicas, repartir contratos entre familiares y amigos políticos. Todo eso es tolerado, normalizado, invisibilizado. Pero si alguien intenta cambiar las reglas del juego, si alguien cuestiona los monopolios establecidos, si alguien propone que el Estado recupere funciones que fueron privatizadas, ahí sí se activan los mecanismos de control.
La pregunta incómoda
¿Por qué la Procuraduría General de la Nación, que ha sido testigo mudo de décadas de corrupción masiva en todos los niveles del Estado, decide concentrar sus recursos en perseguir este convenio específico? ¿Por qué no dedica la misma energía a demandar los miles de contratos viciados que cada año sangran las arcas públicas en municipios, gobernaciones y ministerios?
La respuesta es clara para quien quiera verla: porque este caso no amenaza la corrupción estructural. La amenaza. Un Estado con capacidades técnicas propias, con control sobre documentos de identidad, con empresas públicas fortalecidas, es un Estado que no necesita intermediarios privados, que no genera comisiones ilegales, que no alimenta las redes de corrupción que sostienen el sistema político tradicional.
El costo de la selectividad
Cada peso público robado es una escuela que no se construye, un hospital que no se equipa, una carretera que no se repara. Pero el costo va más allá de lo material. La selectividad en la persecución de la corrupción destruye la confianza ciudadana en las instituciones, perpetúa la impunidad de los poderosos y castiga cualquier intento de innovación o cambio en la gestión pública.
Cuando la ciudadanía ve que la Procuraduría actúa con severidad en unos casos y con indulgencia en otros, cuando observa que ciertos políticos y empresarios operan con total libertad mientras otros son perseguidos sin tregua, el mensaje es devastador: el sistema no busca justicia, busca control. No persigue la corrupción, la administra.
La red subterránea que nadie toca
Mientras la Procuraduría se concentra en el convenio con Portugal, miles de contratos se suscriben diariamente en Colombia bajo esquemas que harían ver las supuestas irregularidades de este caso como simples formalidades administrativas. Contratos donde no hay estudios previos, donde los pliegos se diseñan para un solo oferente, donde las adiciones superan el 100% del valor inicial, donde los anticipos se entregan sin garantías y nunca se recuperan, donde las obras se suspenden indefinidamente sin sanciones.
La corrupción en la contratación pública colombiana no es un problema de procedimientos mal diseñados. Es un sistema deliberadamente construido para permitir el saqueo sistemático de los recursos públicos. Y la Procuraduría lo sabe. Lo ha visto. Lo ha documentado en infinidad de casos que terminan archivados, prescritos, olvidados.
El silencio ante lo evidente
¿Cuántos procesos disciplinarios ha iniciado la Procuraduría contra funcionarios que aprobaron contratos con sobrecostos del 300%? ¿Cuántos procuradores han sido sancionados por permitir que empresas fantasma ganen licitaciones millonarias? ¿Cuántos políticos han sido inhabilitados por repartir contratos entre familiares?
Las cifras son elocuentes por su ausencia. Porque el sistema de control en Colombia no está diseñado para controlar, está diseñado para legitimar. Investiga lo suficiente para mostrar que existe, sanciona lo justo para aparentar independencia, pero nunca toca las estructuras profundas de poder que sostienen la corrupción endémica.
La propuesta que nunca llegará
Si la Procuraduría realmente quisiera combatir la corrupción en la contratación pública, debería empezar por aplicar los mismos criterios de rigor que usa contra el convenio de pasaportes a todos los procesos contractuales del país. Debería demandar miles de contratos, inhabilitar cientos de funcionarios, perseguir decenas de empresas contratistas. Debería exigir la eliminación del aforamiento, el fortalecimiento de auditorías independientes, la transparencia radical en el uso de recursos públicos.
Pero eso no va a pasar. Porque tocaría los intereses de quienes realmente manejan el país. Porque desmantelaría el sistema de prebendas que alimenta a partidos, políticos, empresarios y, sí, también a instituciones de control que prefieren la comodidad de la selectividad a la incomodidad de la justicia real.
El corrupto sigue ganando
Como bien señala el análisis sobre la persistencia de la corrupción: el corrupto no gana porque sea más inteligente ni porque el sistema lo proteja exclusivamente. Gana porque la sociedad se acostumbró a perder. Gana porque instituciones como la Procuraduría actúan solo cuando les conviene políticamente. Gana porque el control se ejerce de manera selectiva, persiguiendo con saña a unos mientras cierra los ojos ante otros.
Y mientras tanto, el 90% de los contratos públicos en Colombia seguirán ejecutándose bajo esquemas de corrupción normalizada. Seguirán los sobrecostos, las comisiones ilegales, los contratos direccionados, el nepotismo, el clientelismo. Todo eso seguirá porque no amenaza el sistema. Solo amenaza a los ciudadanos que pagan impuestos y no reciben servicios públicos dignos a cambio.
La pregunta que exige respuesta
Si la Procuraduría tiene capacidad técnica, recursos y voluntad institucional para demandar un convenio de 1.3 billones de pesos, ¿por qué no los usa para perseguir los billones que se roban cada año en contratación corrupta? ¿Por qué este celo repentino? ¿Por qué esta selectividad tan conveniente?
La respuesta la tiene cada colombiano que ha visto cómo la corrupción devora su futuro mientras las instituciones de control miran hacia otro lado. La respuesta la tienen los médicos que trabajan en hospitales sin equipos porque los contratos de dotación se los robaron. La tienen los estudiantes en escuelas que se caen porque el dinero de las obras se desvió. La tienen las familias que pagan peajes eternos en vías que nunca se terminan de reparar.
El cambio que no llegará desde arriba
Mientras la ciudadanía no exija que la Procuraduría aplique los mismos criterios de rigor a todos los procesos contractuales, sin distinciones políticas ni ideológicas, la corrupción seguirá campando. Mientras aceptemos que el control sea selectivo, que la justicia sea conveniente, que la transparencia sea opcional, el sistema seguirá protegiéndose a sí mismo.
La demanda contra el convenio de pasaportes no es una muestra de independencia institucional. Es una muestra de selectividad política. Es el sistema defendiéndose de cualquier intento de cambio, usando las mismas herramientas que debería usar para combatir la corrupción real, la estructural, la que nos sangra todos los días.
¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo que las instituciones de control actúen solo cuando les conviene? ¿Hasta cuándo aceptaremos que persigan casos específicos mientras ignoran la corrupción sistemática? ¿Hasta cuándo?
La verdad no está solo en los titulares. Está en lo que callan, en lo que ignoran, en lo que dejan pasar. Y esa verdad es más corrupta que cualquier contrato irregular.
