Excongresista condenado por parapolítica busca redención judicial señalando a las mismas figuras con las que pactó durante años. ¿Justicia o estrategia de supervivencia?
Hay algo profundamente obsceno en ver a un corrupto convertirse en fiscal de sus propios cómplices. Álvaro Ashton Giraldo, el excongresista liberal que durante más de una década tejió alianzas con paramilitares, repartió contratos del Estado como quien reparte naipes, y convirtió el presupuesto nacional en la caja menor de las AUC, ahora se presenta ante la Jurisdicción Especial para la Paz como un colaborador de la verdad.
¿La verdad? Claro. La misma verdad que calló durante años mientras se embolsillaba millones. La misma que ocultó cuando consolidaba su poder regional. La verdad que ahora suelta, no por decencia, sino porque su libertad depende de ella. Porque en Colombia, el corrupto que confiesa a tiempo puede convertir su impunidad en «aporte a la verdad». Y así, Ashton entrega una lista de 30 nombres que suena más a venganza entre mafiosos que a ejercicio de justicia transicional.
El Mecanismo Perfecto: Cuando el sistema premia al delator
Álvaro Ashton no es un arrepentido. Es un estratega de la supervivencia judicial. Su comparecencia ante la JEP en 2018 fue criticada inicialmente por entregar «información insuficiente«. Traducción: no estaba dispuesto a quemar puentes mientras aún tenía algo que perder. Pero ahora, con procesos en su contra por concierto para delinquir agravado, menciones en el «cartel de la toga» y una sentencia de la Corte Suprema que lo señala por intentar sobornar a un magistrado, el excongresista decidió abrir su archivo personal de complicidades.
Y menuda lista entregó. Efraín Cepeda Sarabia, actual precandidato presidencial conservador. David Char Navas, exsenador del emporio empresarial más poderoso del Atlántico. Armando Benedetti, hoy ministro del Interior de Gustavo Petro. Guillermo Hoenigsberg, exalcalde de Barranquilla. José David Name, senador de la U. Julio Gerlein Echeverría, procesado por la fuga de Aída Merlano. Empresarios, contratistas, funcionarios, alcaldes. Todos, según Ashton, parte del engranaje que permitió que el Bloque Norte de las AUC controlara la política del Caribe colombiano durante años.
Pero aquí está el truco: Ashton los conoce tan bien porque él mismo firmó esas alianzas. Él mismo, por sus propias palabras, «apoyaba y ayudaba a que del presupuesto nacional sacaran las partidas para financiar esos proyectos» del Frente José Pablo Díaz. Él mismo admite haber puesto el poder legislativo al servicio de las Autodefensas. Él mismo fue uno de los arquitectos de la reforma política de 2003 que fragmentó los partidos y permitió el fortalecimiento paramilitar.
Entonces, ¿qué hace ahora? ¿Busca justicia? No. Busca un trato. Y el sistema colombiano, en su infinita generosidad con los poderosos, se lo concede.
La Red Subterránea que Ashton ahora expone (Porque ya no tiene alternativa)
Durante más de 15 años, Álvaro Ashton fue una pieza clave de la maquinaria corrupta del Caribe. No un eslabón menor. No un peón sacrificable. Fue senador tres veces. Representante a la Cámara. Uno de los caciques políticos más influyentes del Atlántico. Su poder no era accidental: era el resultado directo de pactos con el Bloque Norte, de reuniones en logias masónicas de Barranquilla donde empresarios, políticos y emisarios de Jorge 40 diseñaban el control territorial, de acuerdos electorales donde los votos se redistribuían como mercancía entre Barranquilla y Soledad.
Ashton sabía. Ashton participaba. Ashton se beneficiaba.
Y no solo él. La lista que entrega ante la JEP es el mapa de una red de complicidades que operó durante años bajo la mirada cómplice de instituciones que debieron proteger a la ciudadanía. La Universidad del Atlántico, infiltrada. El Hospital Materno Infantil de Soledad, usado para control político. La empresa Triple A, convertida en botín de contratos. El Gaula Militar, con funcionarios señalados por Ashton de colaborar con paramilitares. Cormagdalena, con «asesores ambientales» de las AUC.
Pero lo más grotesco no es que esto haya pasado. Es que Ashton lo cuenta ahora, décadas después, cuando ya no tiene nada que perder y mucho que ganar. Su testimonio no es un acto de justicia. Es un seguro de vida judicial.
Los Actores: Una Galería de Impunidad con credencial de poder
Efraín Cepeda Sarabia, precandidato presidencial, señalado por Ashton de mantener «acercamientos y acuerdos electorales indirectos con sectores apoyados por paramilitares«. ¿Consecuencias? Ninguna. Sigue en campaña.
Armando Benedetti, ministro del Interior, acusado de promover artículos de la Ley de Justicia y Paz que beneficiaban a las AUC, incluidos los de sedición y alternatividad penal. ¿Consecuencias? Es ministro del gobierno progresista de Gustavo Petro.
David Char Navas, de la familia empresarial más poderosa del Atlántico, señalado por Ashton de haber obtenido «apoyo en actividades económicas y políticas por parte de estructuras paramilitares«. ¿Consecuencias? Su apellido sigue siendo sinónimo de poder en Barranquilla.
Y así, uno por uno, los nombres que Ashton menciona son figuras que hoy gozan de libertad, influencia y, en muchos casos, cargos públicos. Porque en Colombia, ser señalado por parapolítica no es un obstáculo para la carrera política. Es casi un requisito de experiencia.
Ashton lo sabe mejor que nadie. Él mismo estuvo preso en la Escuela de Carabineros de Bogotá, pero nunca en una cárcel común. Él mismo enfrentó procesos, pero nunca una sentencia que lo dejara sin opciones. Y ahora, en su papel de «compareciente colaborador», entrega una lista de cómplices que, casualmente, coincide con el momento en que necesita demostrar su utilidad ante la JEP.
El Impacto Real: Mientras ellos negociaban, el Caribe sangraba
Cada contrato que Ashton y sus aliados desviaron hacia proyectos del Bloque Norte era un hospital que no se construyó. Cada partida presupuestal que financió al Frente José Pablo Díaz era una escuela que nunca abrió sus puertas. Cada acuerdo electoral que consolidó el poder paramilitar en Barranquilla, Soledad, Magdalena y Cesar fue una comunidad entera entregada al terror.
Porque mientras Ashton firmaba alianzas, mientras Benedetti apelaba artículos en el Congreso, mientras los empresarios financiaban campañas y los políticos redistribuían votos, el Caribe colombiano vivía bajo el control de Jorge 40. Masacres. Desplazamientos. Desapariciones. Extorsiones. El paramilitarismo no fue un fenómeno ajeno a la política. Fue su socio más cercano.
Y la Universidad del Atlántico, como señala Ashton con una rara claridad autocrítica, hoy padece «las consecuencias gravísimas que generó la complicidad que tuvimos con esas organizaciones al margen de la ley». Esa complicidad tiene nombre y apellido. Tiene cuentas bancarias. Tiene cargos públicos. Y, en muchos casos, tiene inmunidad judicial.
El Sistema que lo permite: Justicia transicional o impunidad disfrazada
La Jurisdicción Especial para la Paz fue diseñada para esclarecer la verdad del conflicto armado colombiano. Para dar voz a las víctimas. Para desmantelar las estructuras de poder que perpetuaron la violencia. Pero en la práctica, se ha convertido en un mecanismo de negociación donde los perpetradores dosifican la verdad según su conveniencia judicial.
Ashton lo entendió perfectamente. Primero entregó migajas. Luego, cuando la presión aumentó, decidió abrir el archivo completo. Pero no por generosidad. Por necesidad. Porque en Colombia, el que habla primero puede escribir su propia versión de la historia. Y el que entrega nombres puede cambiar su condena por un estatus de «colaborador eficaz».
La JEP ahora le pide a la Fiscalía General y a la Corte Suprema que determine si hay lugar a investigaciones penales contra los señalados. ¿Alguien realmente cree que pasará algo? Efraín Cepeda seguirá en campaña. Benedetti seguirá en el gobierno. Los Char seguirán dominando el Atlántico. Y Ashton, probablemente, logrará un trato que le permita esquivar las consecuencias de décadas de complicidad criminal.
Porque aquí está la verdad que nadie quiere admitir: la justicia transicional colombiana premia al corrupto que delata, pero rara vez castiga al corrupto señalado. Y mientras tanto, las víctimas siguen esperando.
La pregunta incómoda: ¿Cuántos Ashton más hay guardando sus listas?
Si algo demuestra el caso de Álvaro Ashton es que la parapolítica en Colombia no fue un fenómeno de unos pocos «congresistas corruptos». Fue un sistema. Una estructura de poder que operó con la complicidad de empresarios, funcionarios, militares, jueces y, claro, políticos de todos los partidos y colores.
Ashton conoce a 30. ¿Cuántos más hay? ¿Cuántos alcaldes, gobernadores, senadores, representantes, contratistas y empresarios siguen operando hoy con el mismo modelo de alianzas oscuras, solo que sin el componente paramilitar visible? Porque la corrupción no desapareció cuando se desmovilizaron las AUC. Simplemente se adaptó.
Y mientras la sociedad colombiana celebra cada nueva «revelación» ante la JEP como un avance de la verdad, la realidad es que estamos viendo a corruptos negociar su libertad entregando a otros corruptos que, en la mayoría de los casos, nunca pagarán por lo que hicieron.
Ashton no es un héroe de la verdad. Es un miembro de la galería de corruptos colombianos que entendió que la mejor estrategia de supervivencia es convertirse en testigo estrella. Y el sistema, en su generosidad infinita con los poderosos, le abre las puertas.
Cierre: La Corrupción no confiesa, negocia
El caso de Álvaro Ashton es la prueba perfecta de que en Colombia la corrupción no se combate, se administra. Los corruptos no van a la cárcel, van a la JEP. No pagan con su libertad, pagan con nombres. Y esos nombres, en la mayoría de los casos, nunca enfrentan consecuencias reales.
Ashton firmó alianzas con paramilitares. Desvió recursos públicos. Puso el Congreso al servicio de las AUC. Intentó sobornar magistrados. Y ahora, décadas después, cuando ya no tiene poder ni influencia que perder, entrega su lista de cómplices como quien entrega su boleto de salida.
¿Es esto justicia? No. Es estrategia. Y mientras sigamos aplaudiendo cada «aporte a la verdad» sin exigir consecuencias reales, el sistema seguirá premiando a los corruptos que hablan y protegiendo a los que callan.
La pregunta no es si Ashton dice la verdad. La pregunta es si estamos dispuestos a hacer algo con esa verdad. Porque de lo contrario, esto no es más que un espectáculo donde el corrupto cambia de papel pero nunca de escenario.
Y el Caribe colombiano, mientras tanto, sigue pagando las consecuencias de las complicidades que ellos construyeron.
¿Crees que la JEP logrará que los señalados por Ashton enfrenten justicia real? ¿O seguiremos viendo cómo los corruptos negocian su libertad entregando nombres sin consecuencias? Déjanos tu opinión. Porque la verdad no solo se lee, se exige.
