El departamento de Seguridad de la Triple A investiga a contradictores de la empresa y a un gerente

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Por: Jan Slodvak

Sucedió en el 2005, el mismo año en que la empresa auditora Price Waterhouse filial española, realizó, a pedido de Canal Isabel II, una completa investigación en las finanzas de la empresa Triple A. Allí encontraron, entre otros hallazgos, cómo se financió la expansión vertiginosa de Inassa, el robo de recaudos por miembros de la dirección, el famoso contrato de asistencia técnica y las comisiones que cobraban los gerentes a los proveedores. En total, tomaron declaraciones a 11 directivos de Triple A e Inassa.

En ese mismo año 2005 el abogado Roberto Tapias Ahumada presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, Personería Distrital, el Ministerio del Interior y el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. Allí dice el abogado que desde el año 2003 “viene luchando en contra de las empresas de servicios públicos domiciliario…demandas contra estas entidades prestatarias de servicios públicos por los llamados consumos no medidos o consumos estimados…se rumoraba en la ciudad que me iban a matar” recibiendo amenazas vía telefónicas, en panfletos impresos distribuidos en barrios del sur occidente con el agravante que una noche recibió una llamada de un SAI en donde le advertían que “eso de los panfletos era el primer aviso para que me dejara de estar jodiendo en contra de las empresas de Barranquilla”.

Aquí aparece entonces el Departamento de Seguridad de Triple A; pues señala el abogado Tapias que se le había acercado una persona identificada como Ricardo Cuentas, de profesión abogado, ex trabajador del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) “informándome que había sido contratado por el jefe del Departamento de Seguridad de la Triple A para hacerme seguimientos y me hizo entrega de dos fotocopias de los informes que entregó al Jefe de Seguridad de la Triple A y me aseguró que el gerente general de dicha empresa tenía conocimientos de los seguimientos y justificó su proceder por no haber sido remunerado tal y lo acordado”.

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En otras palabras, el investigador contratado actuó en venganza por el incumplimiento económico del contrato de servicios pactado.

El Informe del investigador

El informe se encuentra fechado en marzo 30 de 2005 dirigido al Departamento de Seguridad de Triple A, encabezado con el titulo Diligencia encomendada: “Realizar la búsqueda de información personal, actividades, seguimientos y otros, con respecto a los sujetos Roberto Tapias Ahumada, Kenneth Durán, de profesión abogados sin más datos, además de obtener la ubicación del señor de nacionalidad española Esteban Palacios Ortega, identificado con la cedula extranjería 278886 de España”.

De Roberto Tapias se menciona su documento de identidad, su dirección en ese momento y que se encontraba denunciado por Giovani Decola de la Registraduría de Malambo por abuso de autoridad en la Fiscalía 26 de Delitos contra la administración pública. Dice también el informe que “se le realizó vigilancia al domicilio durante la semana santa, pero se pudo constatar que se encontraba fuera de la ciudad, según información del portero del edificio de nombre Bladimir, lo que ha imposibilitado hasta la fecha la toma de fotografías. Con respecto al señor Kennet Durán me ha sido imposible la ubicación y la verdadera identificación, pues no tiene antecedentes siendo infructuosa hasta el momento”.

El caso del gerente viajero

Sobre otro de los investigados, Esteban Palacios Ortega, señala escuetamente lo siguiente: “abordó el único servicio de avión de Avianca desde la ciudad de Barranquilla con destino a la ciudad de Miami, el día 21 de marzo del 2005”. Empero, ¿quién era Palacios Ortega, un ciudadano español objeto especial de la investigación? Pues bien, se trataba nada menos que del Gerente de Triple A que se había convertido en sujeto de una investigación de su misma empresa, residenciado en Barranquilla con su familia constituida por 3 hijas, retiradas abruptamente de un colegio del norte de Barranquilla para regresarse a España con su madre, mientras el padre tomaba otro rumbo, según señalaron fuentes que pidieron no revelar su nombre, locamente enamorado de una subalterna suya.

Esas mismas fuentes señalaron que se trató de un calco idéntico en todos sus detalles de un anterior gerente de la Triple A de nacionalidad española, que también había roto relaciones con su familia para enamorarse de una subalterna, saliendo de Barranquilla, de modo misterioso, una noche tras recoger varias cajas en la sede de la Triple A del barrio Recreo, acompañados del jefe de seguridad de la empresa y escoltado por dos motos hasta el aeropuerto de Soledad en donde abordó un vuelo charter.

Pasemos ahora a la figura de Esteban Palacio Ortega, quien desembarca en octubre de 1996 en la camada de españoles encabezados por Francisco Olmos Corrugedo, según información del diario El Tiempo en su edición de 29 de octubre de 1996, procedente de una gestión exitosa en las Islas Canarias. Los otros nombrados en la Junta Directiva de la Triple A en esa sesión fueron Juan Antonio Guijarro, en el cargo de Subgerente General, Julio Ratia y Antonio Navarro en la Gerencia Técnica, Carlos Robles y Esteban Palacios en la Gerencia Comercial –este es el personaje directivo investigado por comisión del departamento de seguridad de la Triple A en el 2005-, Javier Vilaplana, Gerente Financiero y Francisco Cervantes Mendoza, Gerente de Relaciones Industriales.

De los mencionados, miembros de la cúpula gerencial de Triple A en ese momento, se encuentran investigados, según el diario El Confidencial de Madrid en su edición del 27 de diciembre de 2017 : “El juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, que instruye el caso Lezo, ha citado como investigados (la nueva figura jurídica de la imputación) a 24 personas relacionadas con el primer pelotazo del Canal al otro lado del Atlántico, la compra de la filial Inassa en el año 2001”. Después de mencionar una serie de nombres de personajes políticos vinculados a Canal Isabel II y la Comunidad de Madrid dice el citado periódico lo siguiente: “Entre los investigados también figuran Gaspar Cienfuegos-Jovellanos Fernández, consejero de Canal Extensia en el momento de los hechos (esta empresa se creó expresamente para servir de vehículo para comprar Inassa), Pablo López de las Heras (subdirector de Nuevos Negocios del Canal), José Antonio de Cachavera Sánchez (director económico del Canal), Salvador Cardona Aucejo, Javier Vilaplana Oliva, Jesús Sánchez Sánchez, Esteban Palacios Ortega, Santiago García Benavides y Ángel Conde Álvarez. Las declaraciones se producirán entre el 9 y el 15 de enero”. Puede apreciarse que en esta lista de imputados o investigados se encuentran Javier Vilaplana –ex Gerente Financiero de Triple- A y Esteban Palacios –ex Gerente Comercial- el personaje investigado por la Seguridad de la Triple A.

Se explica esta curiosa investigación a Palacios desde la perspectiva que algunos miembros de la Junta Directiva de la Triple A sido alertados de los saqueos al interior de esta empresa por parte de ciudadanos que le seguían en ese momento la pista a los procesos internos de la citada empresa de servicios públicos. Palacios, tras salir de la empresa, según documentos mercantiles españoles, montó en el 2005 una empresa dedicada al procesamiento de aceitunas que seguidamente liquidó para emprender una nueva razón social en Murcia, España: Olímpica Servicios del Agua S.L.

En un comunicado público de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de España, fechada el 22 de diciembre de 2017, ofrecen nombres y hechos relacionados con la constitución de la empresa Interamericana de Aguas y Servicios (INASSA): “…debemos precisar que la sociedad INASSA se constituyó en el año 1996, encontrándose entre sus socios iniciales la sociedad General de Aguas de Barcelona SA -AGBAR- que, en el año 2000, vendió su participación en INASSA a la sociedad panameña SAA, creada unos meses antes de este venta -2 de marzo de 2000- por dos sociedades panameñas, Soluciones Ambientales SA y Fianza Internacional Real SA y una sociedad uruguaya Stanke Investment SA, detrás de las que se encontraban 9 empleados de la sociedad AGBAR, concretamente Francisco Olmos Fernández de Corugedo -investigado ya por estos hechos-, Francisco Javier Vilaplana Oliva, Jesús Sánchez Sánchez, Esteban Palacios Ortega, José Carlos Vicedo Romas -fallecido en fecha 28 de enero de 2009- Ángel Conde Alvárez y Santiago García Benavides. Todas estas personas eran también socios de otra sociedad panameña llamada Soluciones Latinoamericanas del Agua SA -SLASA- propietaria del 25% restante de las acciones de INASSA, y, a su vez, todos ellos eran socios de la empresa española Inversiones Americanas de Agua SA -IAA- que, el 18 de octubre de 2001, antes por tanto de que se aprobase y materializase la adquisición de INASSA por Canal Extensia SA, adquirieron un porcentaje de participación en la sociedad TECVASA”. Hasta aquí la transcripción parcial del comunicado de la Fiscalía española.

Puede apreciarse en el anterior comunicado de la Fiscalía Española contra la Corrupción y el Crimen Organizado varios nombres muy conocidos en Barranquilla por su vinculación a la directiva gerencial de Triple A; entre ellos Francisco Olmos, Javier Vilaplana y el mencionado en varios segmentos de este reportaje Esteban Palacios Ortega, gerente comercial investigado por parte de la propia entidad de servicios públicos e ido, sin mayores rastros para el investigador de las pesquisas, Ricardo Cuentas con cedula de ciudadanía 72.140.535, en un vuelo de Barranquilla a Miami el 21 de marzo del 2005.

Próxima entrega: Las escrituras públicas en la Notaría Tercera de Panamá relacionadas con la disolución de Sociedad de Aguas de América (SAA) y el protocolo de la Sociedad Latinoamericana de Aguas y Servicios (LASSA)

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