Un oficial de la Policía convertido en gestor inmobiliario de la red criminal de Mario Castaño revela cómo las instituciones del Estado se doblegan ante los corruptos
Mientras Colombia celebraba la extinción de dominio como arma contra el crimen organizado, un coronel de la Policía Nacional transformaba la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en el departamento de propiedades de la red criminal más sofisticada que haya operado desde el Congreso de la República. Alexander Castillo Marín no solo traicionó su uniforme: convirtió haciendas y predios que el Estado le arrebató a narcotraficantes en el premio gordo para Mario Castaño y su banda de «Marionetas«. Este no es un caso aislado de un funcionario corrupto. Es la radiografía perfecta de cómo el sistema permite, facilita y premia la podredumbre institucional. Hoy, Castillo Marín es negociador del gobierno Petro con las bandas criminales de Quibdó.
Cuando la Ley protege a los ladrones
La historia comienza con una pregunta obscena: ¿Para qué le sirve al Estado quitarle bienes a los narcos si después se los entrega a los políticos corruptos? Entre agosto de 2019 y julio de 2021, el coronel Castillo no fue simplemente el «enlace» de la Policía en la SAE. Fue el gestor inmobiliario personal de Las Marionetas, una red que no solo robaba: industrializaba el saqueo del erario con la eficiencia de una corporación multinacional.
El modus operandi era de una simplicidad brutal. Nova Lorena Cañón, la relacionista pública del exsenador Castaño —esa figura que toda estructura criminal necesita para darle barniz de legitimidad a la mugre— visitó cinco veces la oficina del coronel entre abril y junio de 2021. No fueron visitas sociales. Fueron reuniones de negocios donde se negociaban fincas que antes pertenecían a capos del narcotráfico.
La SAE, creada para administrar los activos provenientes de actividades ilícitas y convertirlos en recursos para el Estado, se transformó en una inmobiliaria clandestina. El coronel Castillo no solo entregaba información privilegiada: preparaba listados personalizados, facilitaba citas con depositarios y hasta «quedó de ayudar» con predios específicos, según las interceptaciones de la Fiscalía. Como si fuera un agente inmobiliario respondiendo a clientes VIP.
Tres propiedades brillan en este catálogo de la infamia: la hacienda El Vergel (750 hectáreas que querían arrendar por 15 años a $4 millones de pesos mensuales para después comprarla), la finca El Placer cerca de La Dorada en Caldas, y Rancho Hermosillo en Puerto Salgar, Cundinamarca. El plan era tan descarado que la propia Cañón advirtió que ella no podía aparecer en los contratos. Hasta los criminales saben cuándo algo huele demasiado mal.
El Catálogo de la Complicidad
El coronel Castillo no actuaba solo. Operaba dentro de un ecosistema corrupto donde cada actor cumplía su función con la precisión de un reloj suizo.
El Facilitador Uniformado: Alexander Castillo Marín entregaba formatos, preparaba listados de propiedades y coordinaba reuniones. En una llamada, Wilmar Herrera —exalcalde de Norcasia y primera marioneta capturada— le confirma a Cañón que Castillo «le envió los formatos» y que les había dado información de primera mano sobre cesión de contratos de arrendamiento.
El Intermediario Regional: Julián Alberto López Marín, gerente regional occidente de la SAE en Caldas, completaba la cadena de corrupción. Para septiembre de 2021, ya enviaba información de inmuebles directamente a Juan Carlos Martínez, la mano derecha de Mario Castaño y hoy prófugo de la justicia.
La Relacionista del Horror: Nova Lorena Cañón no solo conectaba políticos con criminales. Cobraba «comisiones o coimas por esta labor«, según los investigadores. Su agenda era una guía turística de la corrupción nacional: Cali, Ibagué, Mariquita, Risaralda, Chinchiná, Cartago, Alcalá, Armero-Guayabal. En cada ciudad, un alcalde esperando su pedazo del pastel podrido.
Los Alcaldes Solicitantes: Jorge Iván Ospina (Cali), Andrés Hurtado (Ibagué), Juan Carlos Castaño (Mariquita), Medardo Ortega (Armero-Guayabal), Eduardo Andrés Grisales (Chinchiná), Juan Carlos Cortés (Risaralda), Víctor Alfonso Alvarez (Cartago), Gloria Estella Raigoza (Alcalá). El coronel Castillo generosamente preparó listados personalizados con las propiedades «que necesita el alcalde de Cali» y otros mandatarios. Como si la SAE fuera un catálogo de Ikea para políticos con apetitos voraces.
El Gobernador Conectado: Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena, también aparece en las coordinaciones. Su enlace era Rafael Alejandro Martínez, exalcalde de Santa Marta, quien preguntó por la administración de inmuebles de la SAE y pidió ayuda con otros. Cañón dijo estar «en la tarea«. La tarea de qué, exactamente, es lo que todos sabemos.
Cuando las víctimas son invisibles
Cada finca, cada predio, cada vehículo que se «gestionaba» representaba recursos que jamás llegarían a las víctimas del conflicto armado, al sistema de salud colapsado o a las escuelas que se caen a pedazos. La SAE administra bienes incautados a criminales precisamente para que esos recursos se conviertan en reparación, en inversión social, en justicia tangible.
Pero cuando un coronel de la Policía Nacional se convierte en el corredor de finca raíz de una banda criminal que robó $112.000 millones de pesos, lo que ocurre es un fraude en segunda instancia. Primero, los narcos desangran al país. Después, los políticos y sus cómplices uniformados se quedan con lo poco que el Estado logró recuperar.
El daño no es solo económico. Es existencial. Cada vez que un funcionario como Castillo traiciona su cargo, cada vez que un alcalde como los mencionados extiende la mano para recibir su comisión, cada vez que un corrupto gana y la sociedad se encoge de hombros, estamos eligiendo vivir en un país donde la impunidad es la norma y la decencia la excepción.
La Arquitectura de la Impunidad
Lo más aterrador de este caso no es la corrupción en sí misma. Es la facilidad con la que opera. El coronel Castillo trabajaba desde su oficina en la SAE, recibía visitas documentadas en los registros de ingreso, coordinaba por teléfono interceptado y preparaba listados que enviaba por canales oficiales. No se escondía. No necesitaba hacerlo.
¿Por qué? Porque el sistema está diseñado para proteger a los corruptos, no para perseguirlos.
El aforamiento permite que los alcaldes y congresistas involucrados dilaten indefinidamente sus procesos. Mientras tanto, siguen gestionando contratos, moviendo influencias y tejiendo nuevas redes.
La lentitud judicial garantiza que para cuando llegue una sentencia —si es que llega— el dinero ya esté lavado, los bienes transferidos y los cómplices protegidos.
La complicidad institucional hace posible que un coronel de la Policía Nacional, encargado de combatir el crimen, se convierta en facilitador del mismo sin que nadie dentro de la institución levante una alarma.
La impunidad selectiva asegura que mientras 39 personas han sido judicializadas en el caso de Las Marionetas, cientos de alcaldes, funcionarios y cómplices menores sigan operando con total normalidad. El coronel Castillo niega conocer a Mario Castaño y rechaza haber hecho gestiones para los alcaldes. Claro. Y las 25 llamadas interceptadas fueron conversaciones sobre el clima.
El Ecosistema Corrupto
La investigación sobre el coronel Castillo y la SAE revela conexiones que se extienden como metástasis por el cuerpo enfermo del Estado colombiano:
Jorge Iván Ospina: El alcalde de Cali no solo aparece en las conversaciones de Las Marionetas. Acumula 26 investigaciones por corrupción, incluyendo imputaciones por contratación irregular del alumbrado navideño (más de 10.000 millones de pesos) y contratos de la Feria de Cali. Su historial incluye megaobras inconclusas de su anterior administración (2008-2011) donde 21 proyectos de valorización por más de 110.000 millones de pesos se esfumaron sin resultados. Que este personaje recibiera listados personalizados de propiedades de la SAE no es casualidad: es coherencia criminal.
La Estructura Familiar de Castaño: Claudia Marcela Castaño Morales, hermana del fallecido exsenador, fue condenada a 8 años y 9 meses de prisión por concierto para delinquir y peculado. Administraba dinero ilícito a través de Top Ingeniería S.A.S., manejada por otro hermano, Santiago Castaño. La empresa servía para triangular sobornos de contratos adjudicados irregularmente. Manuel Felipe Castaño Betancourt, hijo del exsenador, representaba INGROUP S.A.S., otra empresa usada para desviar recursos públicos hacia proyectos personales de la familia.
Los Ministerios Capturados: La red de Las Marionetas no se limitó a la SAE. Según la sentencia de la Corte Suprema, el alcance corrupto llegó a los ministerios de Cultura ($2.000 millones de pesos por una «escuela taller» fantasma), Deporte ($2.112 millones para el corregimiento San Diego), Hacienda, Interior y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) con más de $1.500 millones en contratos ficticios.
El Silencio Cómplice: Ninguno de los alcaldes mencionados —Jorge Iván Ospina, Andrés Hurtado, Juan Carlos Castaño, Medardo Ortega, Eduardo Andrés Grisales, Juan Carlos Cortés, Víctor Alfonso Alvarez, Gloria Estella Raigoza— respondió a las preguntas de CasaMacondo. El silencio no es cobardía: es estrategia. Hablar es admitir. Callar es esperar que el escándalo pase y la impunidad prevalezca.
César Gaviria Trujillo: El expresidente y jefe del Partido Liberal guardó silencio sepulcral mientras su «discípulo» Mario Castaño construía este imperio criminal. Incluso después de la captura, Castaño fue reelegido senador con 68.351 votos en marzo de 2022. El mensaje era claro: la corrupción paga, y el partido que supuestamente representa «valores liberales» la protege.
CIERRE
El coronel Alexander Castillo Marín es el símbolo perfecto de Colombia: un país donde la ley existe solo para los débiles, donde las instituciones diseñadas para proteger a la ciudadanía se convierten en instrumentos de saqueo, donde un oficial de la Policía puede convertir los bienes del narcotráfico en el catálogo inmobiliario de políticos corruptos sin que pase absolutamente nada.
Mario Castaño murió en noviembre de 2023 en la cárcel La Picota, librándose de rendir cuentas completas. Su hermana está condenada. Su mano derecha sigue prófuga. Decenas de alcaldes y funcionarios continúan en sus cargos o gozan de libertad mientras los procesos se arrastran con la velocidad de una tortuga moribunda.
¿Y el coronel Castillo? Niega todo. Como si 25 llamadas interceptadas, 5 visitas documentadas y listados personalizados fueran alucinaciones colectivas.
La pregunta no es si hubo corrupción. La pregunta es si vamos a seguir permitiendo que los uniformados traicionen su deber, que los alcaldes gestionen propiedades para enriquecerse, que las instituciones del Estado se vendan al mejor postor.
La pregunta es si Colombia seguirá siendo el país donde los corruptos ganan porque la ciudadanía ya aprendió a mirar hacia otro lado.
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