En septiembre del año pasado, un juez condenó a Javier Angulo Romero, ganador de las elecciones para la Alcaldía de El Guamo (Bolívar) en las pasadas elecciones del 29 de octubre, a siete años de prisión, por falsificar documentos para apropiarse ilegalmente de dos lotes en Cartagena. 

Javier Angulo Romero

Según la Fiscalía en el año 2009, cuando ejercía de abogado, el elegido alcalde pagó $2 millones a un funcionario de una notaría para alterar la fecha de una escritura pública: “y permitir así que en dicho documento se incorporaran firmas y huellas digitales de dos abogados. Tramite éste que además se cumplió fuera del término legal establecido”. 

Esta falsificación permitió la venta de los terrenos propiedad de la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica -Corelca-, con los que se pretendía cumplir una orden judicial de indemnización a 63 familias que por varios años habían cedido sus tierras a la instalación de torres de energía y otras servidumbres a la entidad. 

No obstante, este protuberante detalle, no fue visto por el Consejo Nacional Electoral, que en las pasadas elecciones fue muy acucioso a la hora de emitir fallos rechazando inscripciones de candidatos por ejemplo por inhabilidades relacionadas con parentescos, pero muy poco puso la lupa en candidatos con amplios y duros cuestionamientos por corrupción.  

Llama la atención que el alcalde elegido, Angulo Romero, se presentó por el Partido Liberal avalado por el senador Lidio García, barón electoral en Bolívar. Y además ya había sido alcalde entre el 2012 y 2015, con el aval de Cambio Radical que dirigía la senadora de entonces Daira Galvis Méndez.  

Valga recordar que tampoco el CNE rechazó la candidatura del candidato a la alcaldía de Cartagena Dumek Turbay, sobre quien también pesan sendas investigaciones por corrupción. 

De la mano de Lidio García, quien es su amigo personal, Javier Angulo ganó la alcaldía con 3.612 sufragios en las pasadas elecciones. 

Volviendo a Javier Angulo, en el 2022 fue condenado por los delitos de cohecho y falsedad ideológica y condenado a 7 años de prisión. Además afronta una suspensión vigente de la Contraloría General del Departamento al hallarlo responsable solidariamente de un detrimento patrimonial al municipio por la suma de $1.727 millones 542.096 pesos, cuando fue alcalde y cuyos recursos fueron dejado de invertir en la construcción del sistema de acueducto del corregimiento San José de Lata

El recién electo alcalde fue detenido en enero de 2017 junto a otras 10 personas por irregularidades en el manejo del lote Mamonal en Cartagena.  

En esa redada fueron capturados Saúl Mondol González, secretario de un Juzgado del Circuito, a quien se le imputó como coautor impropio los delitos de prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación en favor de terceros; Elith Isabel Zúñiga Pérez, notaria Quinta de Cartagena, y Emerson Torres Bolaño, empleado de la misma Notaría, a quienes se les imputaron los delitos de falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción y cohecho propio; Carmen Violeta López Cárdenas, registradora de Instrumentos Públicos de San Andrés, a quien se le imputó el punible de prevaricato por acción y fraude a resolución judicial; Néstor Raúl Yepes, empleado de la oficina de reparto de los juzgados civiles, laborales y de familia de Bogotá, quien en dos oportunidades habría recibido dinero para alterar el proceso de reparto de una acción de tutela y direccionarlo a dos jueces específicos; Carlos Alberto Parra SatizábalGerardo Mauricio Cortés PomarJavier Alexander Colmenares Ardila, exempleados de la Fiduprevisora, encargados de la liquidación de Corelca, a quienes se les imputaron los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, fraude a resolución judicial y coautores impropios de prevaricato por acción; Rubén Darío Ceballos Mendoza, abogado litigante, a quien se le imputaron los delitos de peculado por apropiación y coautor impropio de falsedad material en documento público, en concurso homogéneo y sucesivo y Arnulfo Molina Polo, quien se identificaba como ‘veedor ciudadano’ y director de la veeduría ‘No a la Corrupción’,  y se le imputaron los delitos de concusión y coautoría del punible de prevaricato por acción y peculado por apropiación. 

La información que en su momento dio a conocer la Fiscalía decía que los detenidos incurrieron en la comisión de varios delitos cuando Corelca en el año 1998 amplió sus redes eléctricas en zona rural de Mompox y otros municipios de Bolívar, sobre predios cuya propiedad, posesión o tenencia estaba a nombre de particulares. 

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«En su momento, Corelca no acudió a los procesos judiciales necesarios para legalizar la extensión de sus redes y tampoco indemnizó a los dueños, poseedores o tenedores de los predios. A raíz de lo anterior, en al año 2000 un total de 63 familias afectadas demandaron civilmente a Corelca. 13 de estas lograron que la empresa fuera condenada. Mediante procesos ejecutivos contra Corelca, la empresa fue obligada en 2009 a pagar indemnizaciones por catorce mil millones de pesos ($14.000.000.000,00)

Ante esa condena, la electrificadora ofreció dar en pago el terreno denominado Mamonal, que acababa de ser embargado y que está ubicado en el sector Cospique de Cartagena, cuyo valor catastral para el 2009 era de dieciocho mil millones de pesos ($18.000.000.000)», dice el boletín de la Fiscalía de la fecha.

Y aunque se supone que estaba ya lista la indemnización, «después, el abogado de los demandantes sustituyó el poder a dos personas que no son abogados, quienes recibieron el predio, lo hipotecaron, lo dividieron y lo vendieron a la firma Conequipos Ltda., cuyo gerente para la época era Luis Orlando Barragán Gómez, por $7.000.000.000, es decir, a un precio bastante inferior».  

De ese valor se pagaron más de $1.000 millones de pesos en impuestos, suma que debió haber cubierto Corelca.  

Esta venta ilegal se hizo, según investigaciones La Fiscalía, con la complicidad del Juez de Mompox (Bolívar), el abogado demandante, el notario 10 de Barranquilla, el gerente de Corelca, personas particulares, un veedor ciudadano, la Registradora de Instrumentos Públicos de Cartagena, el gerente de Conequipos y su abogado asesor Naryan Fernando Alonso Bejarano.  

Según la Fiscalía, esas personas cometieron prevaricatos, falsedades, fraudes y cohecho por dar u ofrecer, y engañaron a los campesinos beneficiarios de las condenas a Corelca. Dentro de los procesos ejecutivos que se iniciaron en Mompox contra Corelca se embargaron 10 predios en la Isla de San Andrés.  

Pero, encima, luego de iniciadas las investigaciones y de que Corelca en liquidación se constituyera en víctima en los procesos penales, la empresa solicitó y logró de forma irregular el desembargo de estos bienes para anexarlos al trámite liquidatorio. 

En total, entre los años 2012 y 2017 se dieron 33 capturas en cuatro fases. 

Ahora, más de 3 mil guamaleros, volvieron a poner en la Alcaldía a Angulo, sin el mayor asomo de vergüenza y de coherencia, olvidándose de su corrupto pasado; y que probablemente serán los mismos que ‘en menos de lo que canta un gallo’ estarán quejándose de que las “malas administraciones” tienen sumidas en el abandono a sus comunidades.

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