Adlai Stevenson Samper
En las últimas semanas han arreciado las críticas y el desespero ante las continuas fallas del servicio de la empresa de energía A-ire en los departamento del Caribe colombiano donde reemplazó a la empresa Electricaribe.
A lo anterior se suman las galopantes alzas en las tarifas que tienen, por ejemplo, a los barranquilleros; otra vez, desde el alcalde hasta cualquier insigne ciudadano, pidiendo la intervención de la ineficiente Superintendencia de Servicios Públicos y de la CREG, (Comisión de regulación de energía y gas) para soliviantar una explosiva situación socio económica que aumenta diariamente con las más variadas excusas por parte de la empresa a la cual se le cataloga como peor que su antecesora, Electricaribe.
El 18 de mayo estaban sin energía sectores como La Cumbre, El Tabor, Ciudad Jardín, Los Nogales, Campo Alegre según reportes en Twitter del radio periódico de Victor López. El periodista Jorge Cura, en la misma red preguntó: «Otra vez hubo problemas con la subestación Las Flores. A barrios del norte, empresas de la vía 40, ¿Salgar y Puerto Colombia les quitaron el servicio desde las 11 de la noche hasta la 1:30 a.m. Señores de A-ire energía nos pueden decir qué está pasando?».
El excontralor y abogado Carlos Casas se queja que su programa dominical musical de radio lleva dos semanas sin difundirlo pues justo a la hora en que se emite se queda sin el soporte de la energía. Se fue también el servicio por Villa Estadio y La Luz. La periodista y funcionaria de la Contraloría Soraya Linero se quejó que «Sin luz desde las once de la noche. Con este calor tocó dormir en el suelo en el balcón».
Un trino advierte a los conductores y transeúntes que utilizan la denominada trocha de Salgar que se abstengan de usarla ya que en ese momento (18 de mayo en horas de la mañana) un grupo de manifestantes protestaban por el mal servicio con fallas frecuentes y que a partir de ese hecho se producen atracos entre las sombras y oscuridad.
Mientras tanto los incrementos en las tarifas no cesan. Una autentica escalada que produjo una airada reacción contra Air-e de Anuar Saad, profesor y periodista, al llegar duplicado su consumo mensual de $330.000 a $660.000. Los vehículos de la empresa Air-e llevan una serie de leyendas, no sobre el buen uso del servicio y su responsabilidad en prestarlo, sino en convertir al ciudadano en “sapo” a favor de sus intereses denunciando fraudes a la empresa.
Ese es el panorama actual que además era absolutamente previsible dadas las condiciones y circunstancias en como el gobierno de Iván Duque y Superservicios entregó a sus nuevos operadores la infraestructura de explotación que tenía la empresa Electricaribe de capital español.
La historia es menester recontarla y perfilar sobre la trayectoria empresarial de Alberto Ríos Velilla, amo y señor de la empresa con un recuento de las sociedades en donde ha participado en calidad de socio. Solo así es posible develar el trasfondo del mal servicio que presta la etérea Air-e en una parte de la región caribe.
Partir en dos la antigua Electricaribe
Cuando la Ministra de Minas y Energía María Fernanda Suárez llegó a su cargo en el 2016 tenía el reto de encontrar una solución -si es que la había- para la infraestructura de Electricaribe intervenida ese mismo año por la Superintendencia ante los fallos reiterados en sus compromisos y las constantes quejas que muchas veces finiquitaron en mítines, revueltas y quemas de la sede de la empresa.
La primera de las soluciones fue dividirla en dos bloques y colocarlas bajo el mecanismo de subasta. Así salieron a la venta Caribe Sol y Caribe Mar, adquiridos, respectivamente, una parte por el Consorcio Energía de la Costa (conformado por Latin American Corp y la Empresa de Energía de Pereira) y mal otra por el Grupo EPM. Estas empresas se convertirían en la marca Air-e para Atlántico, Magdalena y Guajira: y Afinia para Córdoba, Bolívar, Sucre y Cesar.
Antes que llegaran estos dos nuevos operadores el gobierno decidió “sanear” las deudas de Electricaribe para que los nuevos inversionistas no tuviesen que arrostrar problemas de pasivos. Según la superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, el Gobierno tuvo que asumir las deudas ‘post toma‘, incluyendo $1,6 billones de pasivo pensional, $400.000 millones causados para garantizar el servicio y $860.000 millones del plan de inversión en 2020, recursos que quedarán contratados y en ejecución.
Al mando del Consorcio Energía del Caribe, convertido después en la marca Air-e, se encuentra el empresario antioqueño Alberto Ríos Velilla con un palmarés impresionante en materia de control en empresas de servicios públicos –energía, acueducto, alumbrado público y aseo–, y propietario, ya veremos cómo, de la Empresa de Energía de Pereira.
Con el nuevo control en la segmentada región Caribe -ah, aquellos tiempos de integración regional y autosuficiencia de Corelca- sumadas al área de Pereira y parte del Valle del Cauca, Ríos Velilla llegó a 1,5 millones de usuarios concentrando el 14% de distribución de energía en el país.
El plan propuesto de inversión por el inversionista fue de $4,4 billones durante los próximos década para mantener, renovar y expandir la obsoleta infraestructura. Por lo menos eso dijeron públicamente y firmaron en los respectivos compromisos -los visibles, pues otros quedaron ocultos con diferentes pretextos- con el gobierno.
Un regalo secreto del gobierno
La intervención de Superservicios en el control y administración de la intervenida Electricaribe fue un desastre administrativo y técnico. Todo siguió igual y en diversos aspectos -renovación técnica- empeoraron.
Cuando se “vendió” Electricaribe en una supuesta subasta que fue más teatro que otra cosa, empezaron las suspicacias sobre el precio pagado por los compradores. Los congresistas del Comisión Quinta del Senado, durante un debate de control político, inquirieron a la Ministra Suárez sobre estos aspectos y las respuestas fueron difusas y nada transparentes en materia de contratos estatales en donde se encontraba de vendedor el gobierno colombiano.
El senador José David Name, del Partido de La U dijo entonces «si el valor que pagó el Consorcio Energía de la Costa (Ríos Velilla) fue de $285.000 millones, como ellos lo expresaron en un comunicado que después borraron, quiero saber, ¿qué vamos hacer con el faltante de los recursos? ¿Cómo vamos a recuperar el dinero que hemos invertido los colombianos en Electricaribe? Si ese era el valor de venta, el Gobierno regaló la empresa y el Consorcio obtuvo un negocio redondo».
Ante la acusación que no hubo venta sino un regalo políticamente calculado, la Ministra Suárez respondió que «hemos explicado en el cuestionario que esta no es una enajenación de un activo propiedad de la Nación. Es una empresa intervenida por la Superservicios y pasa por un proceso de definir cómo se liquida o cómo se maneja».
La tesis de la ministra se cae por su peso debido a las cuantiosas inversiones entregadas a Electricaribe y sus administradores para normalizar y mejorar el servicio de los cuales no se comprobó su utilización y que fue uno de los fundamentos de la intervención. Además, la Ministra obvió la teleología del artículo 365 de la Constitución Política: «Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional».
Aquí se inicia el renovado calvario de los usuarios de Air-e al reconocer la Ministra Suárez que «la Nación no es parte en la transacción. La venta está sujeta al derecho privado. Esos procesos están sujetos a reserva». No dio cifras de venta basada en esas premisas de derecho privado, eludiendo el rol protagónico del estado -al que ella, en su ignorancia teórica llama abstractamente “nación”- para luego amparar las cifras del negocio en la confidencialidad.
Se negó por todos los medios a divulgar las cuentas promoviendo las iniciales sospechas respecto a Ríos Velilla y su empresa Air-e: lo que mal empieza, mal termina.
El senador Jorge Robledo, en ese momento miembro del Polo Democrático indicó que cree en la cifra de venta de $285.000 millones: “la asumo como cierta, salvo que usted, Ministra, me diga que es mentira. Esa información puede ser pública. Lo que no quiere que se sepa es que activos que valen $2,76 billones los van a comprar por el 10% de lo que valen”. Para Robledo se trata de una venta ‘sastre’ iniciada con el hecho financiero que el Estado asume “las deudas de Electricaribe por $5,89 billones. Asumió el pasivo pensional, lo cual está bien. Las deudas del Fondo Empresarial por $2,2 billones las paga el Estado. Y asumió créditos por otros $2 billones y está apalancado este negocio con subsidios anteriores del Estado por $14 billones”. Fue, desde un análisis comparativo de costos, un esplendido regalo secreto del gobierno Duque a Ríos Velilla que seguramente tuvo contraprestaciones entre los involucrados. Ni que estuviéramos en un país de ángeles más allá del bien y el mal.
¿Quién es Alberto Ríos Velilla, propietario de Air-e?
A partir del primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez surgen un grupo de nuevos empresarios vinculados a concesiones de vías, constructoras, empresas de servicios públicos y grandes contratistas del estado. Con Uribe lo une su nacimiento en Medellín y la militancia ideológica en la derecha capitalista salvaje aunque con militancia en dos partidos diferentes: Uribe en La U en ese momento y Ríos Velilla en Cambio Radical de Germán Vargas Lleras cuyo hermano se encuentra en las juntas directivas de algunas empresas de Ríos Velilla.
Es dueño de las compañías de basuras Servigenerales y Aseo Capital (cuyas acciones vendió en 2012 pero recompró en 2014) y de parte de las empresas de energía Enerpereira y Enertolima. En esta última fue socio de una empresa controlada por los primos Nule, quienes luego fueron condenados penalmente por delitos cometidos en otros negocios.
Servigenerales además es socio de Empresas Públicas de Armenia, EPA y en la empresa Aquaseo, que es el operador del acueducto de Magangué y Tumaco.
Estuvo en la operación del aseo en una parte de Bogotá con la empresa Aseo Capital hasta comienzos de 2018, cuando la alcaldía de Enrique Peñalosa adjudicó una nueva licitación para la prestación del servicio en la que la firma de Ríos no ganó. Pero antes Ríos estuvo de protagonista entre sombras pues su empresa Cupic era, hasta la alcaldía de Gustavo Petro, la encargada de facturar el servicio de aseo y parte integral de los consorcios que controlaban el negocio del aseo que en Bogotá asciende anualmente a $2,5 billones de pesos.
El contrato se inició en el año 2002 bajo el esquema de empresarios privados recogiendo los desechos en las seis zonas en que se dividió la capital y que marchaba en apariencias sin contratiempos ni problemas para las ganancias de los operadores hasta que Gustavo Petro asumió la alcaldía en el 2012 decidiendo cambiar el modelo incluyendo a recicladores contratados y operados directamente por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).
La operación denominada Basura Cero desató una dura disputa en varios terrenos -políticos, administrativos, sociales y judiciales- de los operadores privados con la alcaldía de Petro entre los cuales uno de los más beligerantes fue Alberto Ríos Velilla.
Las represalias abruptas fue que los operadores privados retiraron el parque automotor del servicio lo que produjo en consecuencia que los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2012 Bogotá estaba literalmente repleta de basuras mientras el nuevo operador la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) asumía sin mayor experiencia sus nuevas responsabilidades ocasionando una crisis ambiental.
El problema era sobre la propiedad de los equipos recolectores pues Ríos Velilla, uno de los empresarios beligerantes prestadores del servicio de aseo, se negó a entregar sus camiones, mientras Petro sostenía que eran parte integral, un bien mueble por destinación cuya propiedad era pública.
A la postre, Petro importó equipos usados para superar el problema y después compraría nuevos mientras los operadores privados acudían a un Tribunal de Arbitramento que les daría legalidad a sus pretensiones que fueron refrendadas por el Consejo de Estado.
Esta controversia sobre la prestación del servicio de aseo en Bogotá a Petro le significó un juicio disciplinario por parte del Procurador Alejandro Ordoñez que casi un año después lo destituyó, sin éxito, pues gracias a medidas cautelares y disciplinarias pudo seguir en el cargo.
Posteriormente Petro ganaría en todas las instancias jurídicas tanto nacionales como internacionales. Puede apreciarse el peso de Ríos Velilla y sus colegas prestadores del servicio de aseo en la definición de sanciones hacia quién no le camina en su dirección.
Si bien el triunfo de Petro ante la sanción del Procurador Ordoñez afianzó su prestigio político, cuando llega a la alcaldía su sucesor Enrique Peñaloza inicia la reversa del modelo entregándole nuevamente la concesión del servicio de aseo a operadores privados, basado entre otras razones por sentencia de la Corte Constitucional sobre la libertad de competencia.
Sigamos con la familia Ríos Velilla, también socia en Transmilenio y en el SITP mientras sus hermanos son accionistas del sistema de transporte masivo de Santiago de Chile. Precisamente sus hermanos Carlos Mario y Francisco Ríos Velilla se encuentran en un reciente proceso judicial ante la fiscal delegada ante los jueces del circuito de Bogotá Angelica Monsalve al imputarle cargos a tres miembros de la familia, incluido Felipe Ríos, hijo de Alberto Ríos, concejal de Bogotá.
El negocio cuestionado por la fiscal Monsalve es que Carlos y Francisco Ríos Velilla son los verdaderos propietarios de la empresa que se quedó con la concesión de recaudo de Transmilenio con multimillonarios ingresos anuales en una licitación adelantada mientras el hijo de Alberto Ríos Velilla, Felipe Ríos Londoño era concejal de Bogotá, conducta delictiva tipificada en el Código Penal.
Por este proceso la fiscal fue presionada por personas cercanas a los Ríos, incluido el rector Rodrigo Noguera de la universidad Sergio Arboleda. Una de las consecuencias derivadas de este proceso fue que el fiscal General de la Nación Francisco Barboza, egresado al igual que el presidente Duque esa universidad, decidió trasladar al Putumayo a la fiscal Monsalve. De contera, la pareja de Alberto Ríos, la periodista Darcy Quin también egresó de la Sergio Arboleda.
Las movidas empresariales de Alberto Ríos Velilla y sus socios: Nule & compañía
Para entender el proceso de “adquisición” de los activos parciales e infraestructura de Electricaribe es preciso remontarse en donde se inicia la consolidación en empresas de servicios públicos de Alberto Ríos Velilla, un avezado -sin dudas- jugador del ramo que a la generosa sombra de clanes de políticos ha logrado un posicionamiento de alta respetabilidad, hecho palpable en el caso de la trasladada fiscal Monsalve.
- La empresa propietaria Enerpereira
En papeles la empresa controlante de Air-e es Enerpereira. La historia de esta empresa es similar a otras de servicios públicos en el país. Tras la crisis y disolución de las Empresas Públicas de Pereira, el Concejo Municipal a través del acuerdo 30 del 10 de mayo de 1996 autorizó al alcalde para transformar el establecimiento público anterior en una nueva sociedad por acciones para efectos de prestar el servicio público domiciliario de energía. La nueva denominación fue Empresa de Energía de Pereira S.A ESP, una entidad descentralizada de servicios del orden territorial. Así quedó estipulada en la escritura pública No. 1327 del 16 de mayo de 1997.
- La envoltura jurídica del Consorcio General de la Costa
La empresa que resultó ganadora en la licitación del segmento Caribe Sol (Atlántico, Magdalena y Guajira) promovida por el gobierno y Superservicios fue el Consorcio General de la Costa, controlado por el fondo de inversiones Latin American Capital y Enerpereira, ambos de Alberto Ríos Velilla.
El 12 de agosto de 2003 ocurre otra aparatosa liquidación, esta vez de la Electrificadora del Tolima S.A. ESP, tras una intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos con las resoluciones 001398 del 16 de enero de 2002 y liquidada con la 003848 del 12 de agosto de 2003.
Había incumplido, según expresa en su parte motiva la Superintendencia, de «manera reiterada en el pago de sus obligaciones mercantiles y puso en riesgo la prestación del servicio al haber sido objeto de la medida de limitación del suministro de energía eléctrica con suspensión efectiva del servicio en el Departamento del Tolima, afectando aproximadamente a 299 mil usuarios». El 30 de mayo se liquida y de allí surge en el 2003 la Compañía Energética del Tolima.
- El grupo Nule en Compañía Energética del Tolima
En la Compañía Energética del Tolima el grupo Nule participó a través de su holding Kapital Energy con la propiedad del 50% de las acciones e igualmente en el Consorcio Empresa de Energía del Combeima que después cambiaría su nombre a Empresa Capitalizadora del Tolima. El empresario Alberto Ríos Velilla poseía el restante 50% de las acciones.
Los recursos para estos negocios energéticos del grupo Nule, según la prensa de la época (2006) salieron de $50.000 millones en bonos de anticipos sobre futuros ingresos en la cuestionada vía Bogotá-Girardot donde los Nule participaban a través de sus empresas accionistas del consorcio, a los que se sumaría un controvertido préstamo por $25.000 millones otorgado por la Dirección Nacional de Estupefacientes.
En otras palabras, el grupo Nule logró la mitad del control en participación accionaria en Enertolima sin invertir un solo centavo. Con el beneficio adicional de que este activo logró en un corto lapso de tiempo una sorprendente valorización, pues rápidamente llevó el patrimonio de los Nule de 50 millones de dólares a 160 millones de dólares, tal como lo confirmaría ufano y engreído Miguel Nule en una entrevista de la revista Semana. Además, le pasaron la deuda del adelanto de los bonos en la vía Bogotá-Girardot a la recién comprada empresa Enertolima por $30.000 millones.
- Ampliación del portafolio de negocios energéticos del grupo Nule y Alberto Ríos Velilla
En su edición del 5 de mayo de 2006 la revista económica Portafolio tituló una noticia: “Antioqueños compraron la electrificadora del Tolima”, refiriéndose a la operación de venta de los activos de la liquidada Electrificadora del Tolima, ahora con el nombre Enertolima.
Los activos fueron negociados en audiencia pública con el sistema de subasta en rápida operación y adjudicados al consorcio Empresa de Energía del Combeima. El precio base fijado fue de $205.000 millones, ofreciendo la empresa ganadora su oferta de $251.613 quedando con el 99,9%, frente a la propuesta de Distolima de $223.220 millones de pesos.
El consorcio ganador estaba integrado por las empresas Kapital Energy, Empresa de Energía de Pereira, Servicios Integrales del Valle y Enelar Pereira. Kapital Energy es del grupo Nule en un 67% y 33% restante de uno de sus socios en diversos negocios, la empresa de ingeniería Vergel y Castellanos. Servicios Integrales del Valle, Empresa de Energía de Pereira y Enelar (alumbrado público de Pereira) con la participación accionaria de Alberto Ríos Velilla.
- Alberto Ríos Velilla y la Empresa de Energía de Pereira
Según el medio digital Eje 21, del 6 de octubre de 2011 el empresario Luis Alberto Ríos debía devolver $781.789.388 la Empresa de Energía de Pereira. (http://www.eje21.com.co/2011/10/luis-alberto-ros-debe-devolver-781789399-a-empresa-de-energa-de-pereira/). La noticia indica que el 10 de agosto de 2006 la Empresa de Energía de Pereira suscribió un convenio con Ríos a quien le prestó $3.687.605 millones. Según el medio de comunicación:
Estos recursos fueron utilizados por el mismo Ríos Velilla para el pago del capital que la empresa pereirana debía cubrir para su participación en la Empresa Capitalizadora del Tolima quien adquirió el 49,99% de Enertolima. Para esta transacción Ríos Velilla realizó un aporte de capital del orden de los 500 millones de pesos y la suma antes mencionada que debía asumir la empresa pereirana por su participación en la Empresa Capitalizadora del Tolima, la que más adelante, mediante un proceso público de vinculación de capital adquiriría el 49% de la Empresa de Energía de Pereira.
El 10 de agosto de 2006 la Empresa de Energía de Pereira se convierte en accionista de la Empresa Capitalizadora del Tolima con un aporte de capital de 500 millones, con una participación del 10%.
Indica Eje 21:
En esta transacción Enertolima queda en poder de la Empresa Capitalizadora del Tolima con un porcentaje de 49,95% para Kapital Energy, en donde se encuentra el grupo Nule (Gas Kpital, MVN) con un 67% y Vergel y Castellanos con un 33%, que giraría los recursos del capital de $36.876 millones. En ese orden de ideas, la Empresa de Energía de Pereira pasa a ser accionista de lo que más adelante compraría, o sea que se estaría autocomprando.
En una carta de rectificación a propósito de un reportaje en la revista Semana que narra la estrepitosa caída del llamado Grupo Nule, el empresario Alberto Ríos aclara, sin negar, que “los “auto-préstamos” sólo se configuran en el sector financiero y en no en ese especifico caso.
En lo referente al préstamo la Procuraduría II Judicial Administrativa interpuso una Acción Popular en contra de Ríos Velilla y la Empresa de Energía de Pereira. El 18 de diciembre de 2007 esta empresa solicitó a la Procuraduría la celebración de una audiencia prejudicial para cancelarle los $3.187.600 millones mediante la cesión del crédito que tiene a cargo la Capitalizadora del Tolima por el mismo valor. La audiencia sucedió el 25 de marzo de 2008 pero la empresa y Ríos desistieron. El 10 de mayo de 2010 se declaró fallida una nueva audiencia.
El portal Eje 21 señala que “durante el proceso se concluye que el convenio suscrito entre la Empresa de Energía de Pereira y Luis Alberto Ríos Velilla estaba viciado de nulidad absoluta, porque su objeto resultaba ilícito, como quiera que si lo que necesitaba era obtener recursos, de conformidad con las normas, debía acudir a la figura del empréstito, lo que no se hizo, y en su lugar se suscribió el convenio”.
- Se consolida el negocio de control de Enerpereira
La empresa Enertolima termina de pagar el 49% de las acciones de la Empresa de Energía de Pereira según un acuerdo realizado en una puja del 25 de junio de 2008. El total del pago fue de $181.000 millones, a los que se sumaron $21.500 millones entregados como prima de control, para un gran total del pago por $202.500 millones asumiendo Enertolima la administración y control de Empresa de Energía de Pereira.
Con esa metodología el grupo Nule incursionó en el negocio de las electrificadoras regionales, con socios como Vergel y Castellanos y Alberto Ríos Velilla; a través de diversas de sus empresas (Gas Kpital, Kapital Energy, MVN) algunas de ellas de papel, lo que no constituye ilegalidad según concepto de Supersociedades.
Sobre los nexos del grupo Nule con Alberto Ríos Velilla, el 30 de octubre de 2019 la revista Semana puntualiza que “con un esquema similar al usado en la compra de Enertolima, nuevamente la dupla Nule—Ríos le apuntó, en 2008, a otro de sus grandes negocios: la Empresa de Energía de Pereira, una compra por $202.000 millones de pesos”.
Veamos la forma en que los analistas de la revista Semana expusieron los procesos de la compra de Enerpereira. Dicen que “cuando se hicieron al control de la compañía, estos empresarios compraron de forma anticipada $107.000 millones de pesos en energía a Enertolima. También sacaron $38.000 millones de pesos de la caja de la empresa de Pereira y constituyeron un fondo de capital privado que prestó la plata a diversas empresas de Nule y Ríos”.
Eso dice la revista Semana. Pero Alberto Ríos Velilla les envió una carta el 9 de noviembre de 2010 en donde rectifica. Es importante esta carta porque presentan nexos públicos reconocidos entre Alberto Ríos Velilla, el grupo Nule y Alex Char. Esto dice Ríos sobre lo que publicó Semana y rectifica:
- Alberto Ríos había logrado quedarse con la primera opción de compra y tenía que pagar $254.000 millones de pesos, de los cuales 180.000 millones estaban cubiertos por un préstamo que la FEN le hacía a la electrificadora. Pero Ríos no tenía cómo cubrir el saldo y fue cuando acudió a los Nule y a su primo Álex Char, que en muy poco tiempo solventaron los $74.000 millones de pesos faltantes, y pese a no tener ninguna experiencia en este sector, se quedaron con el 49,99% de la empresa.
Primero: la empresa Kapital Energy, de la cual son socios “los Nule”, no puso los $74 mil millones de equity como afirman en el artículo, sino $37 mil millones que correspondían al 50% del equity necesario.
Segundo: Capitalizadora del Tolima, Empresa totalmente independiente al grupo Nule, pagó el 50% del equity con fondos totalmente independientes de recursos propios y del sector financiero colombiano, producto de una estructuración que realizó la compañía de banca de inversión VALOR & ESTRATEGIA S.A,
Tercero: “los Nule” en ningún momento fueron dueños indirectos de más del 34% de Enertolima, pues la empresa Kapital Energy cuenta con la presencia de otros socios.
En resumen la carta de Ríos a Semana se limitaba a señalar que las cantidades difieren, pero coincide que hubo inversiones del grupo Nule en la compras de las empresas de energía y en lo que al él respecta, cuando la revista indica que el dinero entregado para el negocio por parte de los Nule ($34.000 millones según su rectificación y no los $74.000 mencionados en la revista) eran un mal uso de los adelantos de la doble calzada Bogotá—Girardot se limita a defender su responsabilidad individual señalando que no es cierto que la totalidad de la electrificadora fue comprada “con anticipos de otros negocios que ellos tenían en ese momento. Esta es una afirmación temeraria que atenta contra mí reputación y desconoce la inversión que Capitalizadora del Tolima hizo con un capital totalmente independiente”.
- La empresa de energía de Pereira y los fondos de inversión
Con los recursos producto de los excedentes de la liquidez de la capitalización la Empresa de Energía de Pereira (es decir, su Junta Directiva) busca un fondo de inversión en donde colocar $36.200 millones. La entidad escogida es la comisionista de bolsa Proyectar Valores S.A. constituida con escritura pública 2151 del 1 de mayo de 1953, a través del Fondo de capital privado FCP Proyectar Private Equity 2 años, constituido el 3 de marzo de 2009 y autorizado por la Superintendencia Financiera.
La operación fue irregular habida cuenta que la Empresa de Energía de Pereira estaba inhabilitada legalmente para participar en tal tipo de negocios tal como lo indica un concepto de Jannette Forigua, Superintendente delegada para emisores, portafolios de inversión y otros agentes de la Superintendencia Financiera de Colombia:
La sociedad administradora del FCP no tuvo en cuenta al vincular al inversionista Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP, su naturaleza jurídica y por ende al régimen de inversión aplicable a sus excesos de liquidez. La identificación del inversionista, el sector al que pertenece y el marco legal aplicable a su régimen de inversiones, es el análisis de prudencia y diligencia que no se observó en la operación.
Aparte del concepto anterior, existía un perfil de riesgo en algunas de las empresas que “solicitaron” préstamos al fondo, las que por supuesto pertenecían a los mismos accionistas privados de la Empresa de Energía de Pereira, valga decir al grupo empresarial Ríos y Nule. Posteriormente entraron en cesación de pagos dos empresas de los Nule: Ponce de León ingenieros y Bitácora Soluciones incumpliendo sus obligaciones con el fondo y después entraron en dificultades que culminaron con su liquidación las empresas Gas Kapital y Aguas Kapital.
Los préstamos de $36.200 millones del FCP Proyectar Private Equity 2 años fueron a Aseo Kapital por $2.881 millones, Enelar S.A. $2.805, Gas Kapital $11.520, Servigenerales $3.957, Bitácora Soluciones $8.050 y Ponce de León Ingenieros $9.537. Lo curioso del caso es que la Empresa de Energía de Pereira –controlada por los grupos Nule y Ríos-, “ceden” su participación en el fondo a Eninsa S.A propietario del 49% de la empresa pereirana y cuyos propietarios son los mismos grupos Nule, Ríos y otros con menor participación como Vergel y Castellanos. Fue pase de un bolsillo al otro.
- Control definitivo de la Empresa de Energía de Pereira
El 15 de septiembre de 2010 se elige la nueva Junta Directiva de la Empresa de energía de Pereira de acuerdo con la composición accionaria con tres miembros de Eninsa S.A. y dos del municipio de Pereira. En los miembros principales estaban Manuel Francisco Nule Velilla, Alberto Ríos Velilla, John Jairo Toro, Israel Alberto Londoño y Gabriel Viveros.
Los miembros principales de Enisa son Alberto Ríos Velilla, de la Empresa Capitalizadora del Tolima (antes del Combeima), Miguel Nule Velilla, de MNV S.A grupo Nule y John Jairo Toro Ríos. Quórum suficiente para tomar cualquier tipo de decisiones relacionadas con la Empresa de Energía de Pereira.
La composición de esta Junta obedece a dos factores: el porcentaje accionario de Eninsa S.A. del 49% y la prima pagada de control que transforma las acciones y porcentajes quedando el sector público (municipio de Pereira) con 43,98% y Eninsa con 56,02%. Según documento de la Contraloría General de la Nación “mediante la reforma de los estatutos de la EEP un porcentaje de acciones de la promotora (públicas) fue convertido de ordinarias a preferenciales sin derecho a voto. Ello implica un cambio en la participación del estado en el control de la empresa”. Muy parecido al truco usado por Inassa con la Triple A para quedarse con la mayoría accionaria en desmedro de la capacidad accionaria del Distrito de Barranquilla.
La operación significó el control por parte de Eninsa. S.A de la Empresa de Energía de Pereira. La composición accionaria de Eninsa S.A. esta conformado por Enertolima con 99,94%; Servigenerales S.A, ESP 0,024%, Empresa Capitalizadora del Tolima 0,003%, MNV S.A. 0,014%, Kapital Energy 0,03%, Gas Kapital GR 0,008%, Sintes S.A. 0,001%, Ponce de León Ingenieros 0,004% y Elec S.A. 0,001%.
En suma; Eninsa S.A. constituyen los mismos socios de Enertolima.
- Una dupleta ganadora: Nule-Ríos
Con el control total de Enertolima y Energía de Pereira, la dupleta ganadora Ríos—Nule se dedicó a celebrar en el marco de la política de relaciones públicas una fastuosa fiesta en Ibagué con el ánimo de calmar las rabias de pereiranos y tolimenses que observaban atónitos como estas empresas pasaban no tan mansamente a nuevos propietarios.
Uno de esos momentos apoteósicos en las fiestas de Ríos y los Nule era el torneo de golf anual Enertolima celebrado con bombos y platillos tal como lo presentó la revista Dinero el 27 de marzo del 2011: “Enertolima, la empresa de servicios públicos de la cual eran dueños en más del 50%, junto con su socio, Alberto Ríos, conocido como uno de los zares de los servicios públicos. En vuelos privados, los Nule transportaban hasta Ibagué a ilustres colombianos, a quienes atendían a cuerpo de rey en medio de estrafalarios gastos”. La revista Dinero acota que “aquella era la época de auge de Enertolima, controlada por los Nule y por su socio Alberto Ríos, y de las demás empresas en las que participaban los jóvenes empresarios costeños. No eran públicas en ese entonces las evidencias del descalabro financiero que se estaba cocinando”.
- Las empresas de cascarrón del grupo Nule
Cuando era evidente la crisis del grupo Nule en todos sus frentes operativos y las críticas desde medios de comunicación y analistas económicos crecían ante la indiferencia y laxitud de los organismos de control competentes del estado colombiano, la Superintendencia de Sociedades produce el oficio No. 220—049223 cuyo asunto u objeto central lleva por título La ausencia de activos en una sociedad no constituye, per se, en factor de sospecha del ánimo de delinquir. En otras palabras, a la citada entidad no le parece irregular que existan sociedades de papel cuya única función sea el servir de soporte para realizar todo tipo de negocios y que su existencia no presume que existan conductas delictivas.
Por supuesto que es una tesis discutible la existencia de una sociedad sin activos y cuya aparente función de puente en negocios tenga similar ‘legalidad’ que una con infraestructura de edificios, maquinarias, trabajadores y producción reconocida. En ese sentido equivale a reconocer que las sociedades Offshore constituidas en jurisdicciones foráneas conocidas como paraísos fiscales sin actividades económicas reconocidas, tenga actividades comerciales en el mismo nivel que las empresas que trabajan bajo la tributación colombiana; o que las empresas o sociedades de fachada o papel, con estructura simulada a una legítimamente constituida, puedan tener visos de legalidad absoluta. Para eso es precisamente la Supersociedades en su competencia de control de las sociedades comerciales colocadas bajo su inspección y vigilancia evitando, para alentar la buena fe pública, cualquier tipo de conducta tipificada en la codificación penal, proceso que no sucedió en las empresas del grupo Nule.
La Contraloría General de la Republica remitió una copia a la Superintendencia radicada con el número 2010—01—144925, para que se pronunciara sobre una consulta formulada en donde se indicaba, en el numeral 1° los siguientes cuestionamientos:
1. Existiendo Superintendencias, Cámaras de Comercio y Junta Central de Contadores, ¿Por qué se permite y certifica el carrusel de firmas de papel, en el caso concreto del grupo Nule por ejemplo, socios de 50 empresas según publicaciones de prensa, con millonarios contratos en todo el país y según declaraciones suyas a Caracol, sin activos registrados sobre los cuales pudieran practicarse embargos?.
Ya mencionamos la posición ambigua de la Superintendencia de Sociedades, respondiendo presta en ese oficio que “en el caso de las sociedades que hacen parte del comúnmente denominado Grupo Nule (KPITAL ENERGY S.A., COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA S.A., E.S.P., ENERTOLIMA INVERSIONES S.A., E.S.P., EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A., E.S.P., CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ GIRARDOT S.A., AGUAS KPITAL BOGOTA S.A., E.S.P., AGUAS KPITAL MACONDO S.A., E.S.P., AGUAS DEL ALTO MAGDALENA S.A., E.S.P., AGUAS KPITAL CÚCUTA S.A., E.S.P., AGUAS DE LOS PATIOS S.A., E.S.P., TRANSLOGISTIC S.A., MNV S.A., BITÁCORA SOLUCIONES LIMITADA, GAS KPITAL GR.S.A., Y PONCE DE LEÓN Y ASOCIADOS S.A. INGENIEROS CONSULTORES), y particularmente de aquellas sobre las cuales se ejerce supervisión han sido objeto de medidas tales como tomas de información, declaración de existencia de grupo empresarial, etc., incluso, como resulta de público conocimiento, algunas de éstas han solicitado la admisión a un proceso de reorganización en los términos de la Ley 1116 de 2006, solicitud que les ha sido rechazada por asuntos formales.
Puede apreciarse que algunas de estas sociedades del grupo Nule eran accionistas de la empresa matriz Enertolima y Enerpereira antes de la disolución formal de este holding por sus actuaciones delictivas en diversos frentes que culminó con la condena penal a sus socios. Enerpereira es la empresa soporte de Alberto Ríos Velilla en el segmento Caribe Sol, denominado con la marca A-ire.
- El grupo Nule denuncia compra irregular de los activos de su holding
Detrás de la historia de la “adquisición” de A-ire se encuentra el antecedente del llamado Carrusel de la Contratación administrativa en la gestión en la alcaldía de Bogotá de Samuel Moreno Rojas que fue condenado junto a su hermano y parte del staff administrativo como es el caso del Contralor Miguel Ángel Morales Russi que llegó a preacuerdo con la fiscalía aceptando una condena de 36 meses de prisión y la devolución de $800 millones al Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU).
Otro de los implicados en este engranaje fue el abogado Emilio José Tapias, implicado en el contrato de suministro de redes de internet con la empresa Centros Poblados en el Ministerio de Tecnologías de la Información (MINTIC) por $70.000 millones en la gestión de Karen Abudinem. Tapias fue condenado por la Juez 41 Penal del Circuito de Bogotá en mayo 6 de 2015 a tres años y 6 días de prisión, conminándolo a cancelar un total de 20 salarios mínimos. La juez señaló en su fallo “que en ningún momento su decisión afecta la privación de la libertad que tiene en la actualidad Tapia Aldana, ya que la medida de aseguramiento obedece a otro proceso”. Posteriormente la juez anunció sentencia condenatoria contra Tapias Aldana luego que este aceptara cargos por el delito de concierto para delinquir. Su vinculación a este complejo entramado de contratos de obras públicas y sociedades se debió a la participación en los contratos 071 y 072 de malla Vial de la capital del país, al igual que en 7 contratos de valorización de obras que debían adelantarse en la fase 3 de Transmilenio.
Regresemos al Carrusel de la Contratación, llamado de esta rocambolesca manera por su estrategia de usar anticipos de obras para objetos diferentes a los pactados en el contrato -por ejemplo, comprar activos de empresas de servicios públicos en diversas áreas del país-, incumpliendo por falta de liquidez en el cronograma de las obras que se reanudaban cuando recibían otro anticipo de una obra diferente y así sucesivamente. De allí su nombre.
La iliquidez del esquema aparece cuando caen los flujos de capitales -anticipos- para las obras apareciendo en escena los acreedores del grupo Nule acompañados de firmas de abogado cobrando su porción con los activos sobrevivientes del descalabro general del holding.
El 1 de abril de 2011 El Heraldo informa sobre una denuncia interpuesta por los Nule ante la Fiscalía General de la Nación por hurto agravado en concurso heterogéneo con estafa demandando a:
Compradores y a sus abogados porque, a pesar de que se habrían comprometido a pagarle a los acreedores, supuestamente nunca lo hicieron y porque, además, aparentemente se habrían quedado con las empresas de mayor valor del conglomerado. Los demandados son: Alberto Hernández, Juan Carlos Paredes, Juan Carlos Bowe, Javier Guerra, Hansa Holding, Arco Capital y Quantek Master Fund spc, Brigard y Urrutia Abogados.
El objetivo de estos abogados y compradores de buena y mala fe era “para despojar a las empresas de sus activos más valiosos (EnerTolima, Kpital Energy, y EnerPereira), y se hizo con los antiguos socios de las empresas, Javier Castellanos y Alfonso Vergel Hernández”. (El Heraldo, 1 de abril 2011).
Es importante enfocar a Javier Castellanos y Alfonso Vergel, dos empresarios de Cúcuta, socios de los Nule en la Concesión doble Calzada Bogotá— Girardot con un 25%, y en Kpital Energy con un 33%, empresa que a su vez era dueña del 50% de acciones de Enertolima y Ener Pereira, de donde reiteramos, surge el embrión de compra de Electricaribe y su conversión en A-ire.
Los ingenieros Vergel & Castellanos eran socios con los Nule en Aguas Kpital Cúcuta y fue precisamente en un pleito con esta empresa, cuando “desaparecieron” misteriosamente los activos energéticos del grupo Nule. Ya ampliaremos como fue este pleito, real o fingido, entre Vergel y Castellanos con el grupo Nule.
- Los cambios en la junta directiva de Enertolima
Enertolima jugó un papel fundamental en la posterior compra de Enerpereira en el 2011. En Ibagué empezarón las suspicacias en torno a este negocio de la empresa de energía. Según Hugo Neira, en el medio digital Ecos, de Ibagué (http://www.ecosdelcombeima.com/ibague/nota—34270—de—quien—realmente—enertolima) , la empresa de energía de Pereira se compró fiada con un préstamo de la FEN (Financiera Eléctrica Nacional), destinado a infraestructura, pagado por Enertolima, lo que daría soporte a las voces que indican que esta entidad fue comprada presentando papeles sin nada a cambio. Un regalazo usando fondos gubernamentales para otra destinación especifica para beneficio de los accionistas de Enertolima. Dice Neira:
Según informe financiero de 2011, el pago a la deuda a la FEN fue de $24.480 millones plata que se pierde para la infraestructura, pero sí la capitalizan los socios de EnerTolima, como se ve en el informe financiero de 2011, la inversión en infraestructura es una ‘bicoca’ con lo que recaudan, pero cada vez que hacen una ‘obra’ sacan ‘pecho’, realmente encontraron a los tolimenses prestos a oír mentiras. Los ingresos operacionales de EnerTolima en el año 2011 sumaron $463.017.459.320 y su inversión en infraestructura fue de $25.144 millones, casi igual a lo pagado a la FEN”.
La Junta Directiva de Enertolima en 2011 estaba conformada, en calidad de principales por Alfonso Vergel, José Javier Castellanos (los ingenieros socios de los Nule en varias de sus empresas), José Hernández, Enrique Vargas Lleras, Natalia Ríos Londoño (hija de Alberto Ríos Velilla) y Juan Fernando Munera.
Según indica Hugo Neira en su escrito De quién es realmente Enertolima que “rumores y la vox populi han conocido que la participación de Germán Vargas Lleras en este negocio fue fundamental, que es muy amigo de Ríos como él reconoció y que se montó en un avión de los Nule en una de las francachelas que hacía EnerTolima para halagar políticos, amigos, funcionarios públicos que los vigilaban etc., en Ibagué, con campeonatos de Golf y otras fiestas, además reconoció que Ríos era un aportante importante a Cambio Radical”.
Puede apreciarse que en la Junta Directiva 2011 de Enertolima aparecen Vergel, Castellanos, los Ríos y Enrique Vargas Lleras. Los Nule, tras su escandalo y detención, no aparecen en los papeles como accionistas y menos tienen representación en la junta directiva.
Conclusión
Tras la intervención de Electricaribe y su subasta, Enepereira, de propiedad de Alberto Ríos Velilla, quedó como la controladora de este segmento regional del mercado de energía. Fue un largo proceso para que este empresario antioqueño logrará el control de este tipo de servicio público en donde tuvo relaciones y apalancamiento del grupo Nule, Alex Char, Vergel y Castellanos produciendo un capital invertido, por parte del grupo Nule con los adelantos de las obras de la malla víal de Bogotá y Transmilenio por la 26 en Bogotá y por otro usando mecanismos de intercambio de acciones, auto prestamos, financiación de compra por empresas controladas por los mismos accionistas y un largo listado de estrategias de afianzamiento en el mercado energético nacional que culminó con el regalo “confidencial” que hizo el gobierno Duque de los restos de Electricaribe.
Con ello Enerpereira -y Ríos Velilla, su dueño- lograron consolidarse como la cuarta empresa en su sector en el país con un 14% del mercado.
En ese proceso tortuoso, nada transparente, de traspasos y cambios societarios en las empresas de energía hay que buscar el actual esquema de “servicio” de A-ire del cual no se puede esperar nada en absoluto pues el objetivo no es mejorar el servicio y cobrar tarifas razonables sino una especie de captura de un mercado que al paso que van los sucesos de quejas puede terminar en un perfecto estallido social por el atentado económico a los bolsillos de los consumidores y la competividad de Barranquilla, el Atlántico, Magdalena y la Guajira. El camino parece un calco repetido al que hicieron los españoles en Electricaribe: explotar inmisericordemente a los usuarios con altas tarifas y mal servicio para efectos de un lucro extraordinario en determinado lapso de tiempo cuando el gobierno de turno; otra vez!, los saque de escena.
