El pasado 7 de mayo llegaron a la Corte Constitucional las objeciones que el presidente de la República, Iván Duque, hizo a seis artículos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. El expediente llegó al alto tribunal en un momento tenso: en medio de un nuevo escándalo de interceptaciones ilegales a los magistrados y sospechas de que a dos de sus integrantes, Antonio José Lizarazo y Diana Fajardo, Estados Unidos les habría retirado su visa. Este viernes, fuentes consultadas por El Espectador confirmaron dos cosas: primero, que el magistrado Lizarazo, hoy día, tiene su visa. Y que la magistrada Fajardo acudirá el lunes a la embajada a verificar su caso.
El asunto es tal magnitud en la Corte Constitucional, que la presidenta del alto tribunal, magistrada Gloria Ortíz, acudió a Palacio de Nariño. Fuentes explicaron a este diario que la reunión con el presidente Duque se habló sobre el asunto y se le solicitó que interviniera “en averiguaciones” para determinar qué estaba pasando con las visas. ¿La razón? Que para la mayoría de los juristas, esta situación es una presión en su contra. Este viernes, la revista Semana publicó que en esa reunión, el presidente Duque habría llamado directamente al embajador Kevin Whitaker, gestión que habría resultado en el retorno de la visa del magistrado Lizarazo.
Sobre esa reunión, fuentes de la Corte Constitucional aseguraron que no se amenazó con frenar todos los expedientes que lleva el alto tribunal, como se ha asegurado en algunos sectores. En todo caso, para magistrados consultados por este diario, las presiones que rodean a la Corte son amenazas a la independencia judicial. ¿A qué se refieren? Primero, a que el magistrado Alberto Rojas Ríos recibió dos amenazas, antes y después de que ese alto tribunal realizara la audiencia pública sobre el futuro del uso del glifosato para combatir los cultivos ilícitos. La situación ameritó que Rojas acudiera a la Unidad Nacional de Protecciónpara que se le reforzara la seguridad, lo cual, ya sucedió.
La otra situación que preocupa a los magistrados es la interceptación de sus comunicaciones, lo cual fue confirmado por el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y asunto que motivó ya una reunión con el fiscal Fabio Espitia, delegado para tratar el tema. En los pasillos de la Corte se preguntan si se trata de hechos aislados los que está atravesando el alto tribunal o no, ante la polarización que ha suscitado temas como las objeciones de la JEP. Ese expediente está en manos del magistrado Lizarazo, quien deberá en próximos días, exponer ante sus compañeros de la Corte la ruta a seguir para revisar el trámite que realizó el Congreso sobre las objeciones.
En ese escenario, el análisis que iniciará la Sala Plena sobre estas objeciones presidenciales no tiene antecedente alguno. Lo que sí está claro es que la Corte Constitucional entrará a definir si el presidente podía hacer las objeciones o no sobre el contenido de estas. Es decir, si las seis objeciones, en el fondo, si eran o no por inconveniencia o por inconstitucionalidad. Y si la votación que se realizó en el Senado (en dónde hubo 47 votos en contra de las objeciones) fue o no suficiente para hundirlas, entre otros temas. En caso de que los artículos objetados se hayan hundido, la Corte tendrá que determinar cómo quedaría la Ley Estatutaria que debería sancionar el presidente, entre otros asuntos
