Dinamarca es el país número 1 con el puntaje más bajo de corrupción en el ranking mundial que realiza la World Justice Project y que anualmente publica en su informe Índice Mundial de Estado de Derecho.
Solo 37 países, los más corruptos del planeta, están por debajo de Colombia. El año pasado (2021) estábamos en el puesto 101, bajamos dos escaños más hacia el fondo donde están estados deplorables como Cambodia, Afganistan, Nicaragua, Haití, Camerún, Etiopía, Zimbabwe, etc.
Igualmente en el índice Mundial del Estado de Derecho también descendimos, del puesto 86 entre 139 países en el 2021, al 91 en el 2022. Esto quiere decir que cada año nuestro país pierde a pedazos el título que a muchos enorgullece de que somos un ejemplar Estado de Derecho.
Estima la World Justice Project que el estado de derecho es reconocido internacionalmente como fundamental para la paz, la justicia, el respeto de los derechos humanos, la democracia efectiva y el desarrollo sostenible.
Influye en la vida diaria de cada persona y ayuda a las comunidades a organizarse colectivamente para enfrentar los desafíos y progresar.
Sin embargo, en todo el mundo, el estado de derecho ha seguido desmoronándose. La violencia, la corrupción y la impunidad están afectando a millones de personas en todo el mundo.
Al mismo tiempo, un número creciente de gobiernos está adoptando tendencias autoritarias. Juntas, estas circunstancias reflejan el debilitamiento de los mecanismos institucionales necesarios para defender la rendición de cuentas, garantizar la aplicación justa de las leyes y proteger los derechos humanos.
El índice Mundial del Estado del Derecho que realiza World Justice Project mide ocho factores o problemas que reflejan las perspectivas y experiencias de más de 154 000 personas comunes y 3600 profesionales del derecho y otros expertos en 140 países y jurisdicciones.
Estos ocho factores son: 1. RESTRICCIONES EN LOS PODERES GUBERNAMENTALES; 2. AUSENCIA DE CORRUPCIÓN; 3. GOBIERNO ABIERTO; 4. DERECHOS FUNDAMENTALES; 5. ORDEN Y SEGURIDAD; 6. APLICACIÓN REGULATORIA; 7. JUSTICIA CIVIL; 8. JUSTICIA PENAL.
En algunos de estos factores como Gobierno Abierto habíamos avanzado en el gobierno anterior al del presidente Iván Duque, cuando subimos del puesto 31 al 27 debido a las políticas de transparencia y obligatoriedad en la publicación de procesos contractuales en plataformas abiertas del estado.
Con el gobierno de Duque esas plataformas se volvieron inaccesibles y se cerraron las puertas a la información transparente. Hoy, estamos en el puesto 36 de ese ranking, bajamos cinco puntos.
El reto de Petro
Mejorar todos estos guarismos es un verdadero reto para el gobierno del presidente Gustavo Petro, quien ha declarado que no tolerará actos de corrupción ni violación a los derechos humanos.
A casi 100 días de haber comenzado su mandato, todavía no se conoce ninguna estrategia anticorrupción que mejore aunque sea la percepción de este fenómeno extendido hasta en los más escondidos rincones del país.
Una estrategia anticorrupción que verifique si los funcionarios gubernamentales en el poder ejecutivo utilizan los cargos públicos para beneficio privado, si los funcionarios del gobierno en el poder judicial utilizan la función pública para beneficio privado, si los funcionarios gubernamentales en la policía y las fuerzas armadas utilizan los cargos públicos para beneficio privado, si los funcionarios del gobierno en el poder legislativo utilizan los cargos públicos para beneficio privado.
