Ese día en que se lanzó el ambicioso, pero sobre todo, urgente y necesario programa, el expresidente Iván Duque se había terciado un sombrero wayuu, como queriendo mostrar que se identificaba con la sed de los habitantes de La Guajira. 

Con el proyecto “Guajira Azul” Duque pretendía además, darle cumplimiento a la sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, que ordenaba, entre otras cosas, darle solución permanente al suministro de agua potable para evitar la muerte de niños por desnutrición.  

Y haciendo eco de esa humana necesidad, el entonces ministro de Vivienda Jonathan Malagón, cuota guajira del gabinete, expresaba: «Es uno de los grandes sueños de mi vida como guajiro. Le quiero dar las gracias Presidente por ayudarnos a hacerlo realidad. No hay un solo municipio del departamento de La Guajira que vaya a quedar por fuera». 

Fue así como Guajira Azul prometió construir en los cuatro años de Duque diecinueve complejos denominados Pilas Públicas, pequeñas plantas de tratamiento con un megarrecipiente artesanal de almacenamiento, que se conectarían con puntos de entrega para aumentar la cobertura. 

La meta era incrementar del 4 al 70 por ciento la cobertura de agua en la zona rural. 

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Sin embargo, cuatro años después, de las 19 solo se han construido 5 y benefician a escasas treinta mil personas de las quinientas tres mil residentes en la zona rural. Es decir que solo el 22 por ciento de las personas de la zona rural tiene acceso al servicio de agua, según las propias cifras del Ministerio de Vivienda. O quizás menos. 

Es decir que en la mayoría de las poblaciones que iban a ser beneficadas, las comunidades indígenas siguen abasteciendose con el agua que cae del cielo y es almacenada en jagüeyes, que son depresiones de tierra que permiten almacenar agua para ser recogida hasta que se acabe. 

Adicionalmente, hay comunidades que están a escasos kilómetros de las pilas que no logran beneficiarse. Por ejemplo los habitantes de la comunidad Warasschein en Manaure, que está a ocho kilómetros de la pila de Casa Azul prefieren sacar agua del molino que trasladarse a una de las pilas de Casa Azul, porque el agua que de ahí sale no alcanza para la cantidad de gente que la utiliza. 

Para algunos investigadores del tema, la sostenibilidad de estas pilas públicas es un problema si el presupuesto tiene que salir de los mismos resguardos o alcaldías.  

Incluso, alcaldes de la región afirman que el proyecto ha sido un completo fracaso

De hecho la Contraloría General de la República en un informe de auditoría , concluyó que «la planeación, implementación y ejecución del Programa Guajira Azul y del Plan Departamental de Agua (PDA), durante las vigencias 2018, 2019 y 2020, no es eficaz, por las debilidades encontradas en los contratos de la muestra evaluados, así como, en el seguimiento y control del área presupuestal y de los recursos administrados y asignados para el desarrollo de los proyectos(sic)». 

En términos generales se identificaron 22 hallazgos administrativos con presunta incidencia disciplinaria, 6 hallazgos con incidencia fiscal por más de 2 mil millones de pesos, y ante la gravedad de los hechos se solicitaron 2 indagaciones preliminares

Según la Contraloría existen deficiencias en el control y seguimiento al manejo de los recursos administrados por la ATSAPSB, además:

  • no se registran los rendimientos financieros;
  • la conciliación de la información financiera no es oportuna;
  • existen debilidades de control interno del proceso financiero y del registro, así como en el seguimiento a la ejecución presupuestal en las dependencias financieras gubernamentales: Gestor del Plan Departamental de Agua, ATSAPSB y Secretaria de Hacienda de la Gobernación. 

Y lo más grave es que el organismo de control advierte que no existe adecuada supervisión y seguimiento de los contratos de consultoría, además de que no hacen seguimiento administrativo, financiero y presupuestal a la ejecución de los contratos e inversión de los recursos. 

«La mayoría de los contratos de obra no cumplen con el principio de planeación, existen obras ejecutadas y canceladas que ya se encuentran en estado de deterioro; algunas actividades contractuales no cumplen con el objeto para las cuales fueron contratadas», señala la Contraloría. 

Así como que se evidencian retrasos considerables y suspensiones reiteradas en la ejecución de los contratos por falta de interventoría. 

Contradiciendo no solo el informe de la Contraloría, y todos los informes y los testimonios de las mismas comunidades indígenas, según Duque, en el marco del Programa Guajira Azul, a principios del 2021 ya habían concluido 15 obras en los municipios de Albania, Distracción, Maicao, Riohacha, Villanueva, Manaure y San Juan del Cesar. Suman que habían demandado $92.575 millones  

Y que para esa época se ejecutaban 14 obras más en El Molino, Maicao, Riohacha, Villanueva, San Juan del Cesar, Dibulla, Distracción y Fonseca con recursos por el orden de $84.285 millones. 

Entre los numerosos fracasos está que el programa pretendía, solo en zonas urbanas, aumentar la continuidad del servicio de acueducto de 9 a 16 horas, pero esto no ha ocurrido, porque el Ministerio de Vivienda indicó que ese aumento solo ha sido a 12 horas.

La Empresa de Servicios Públicos de La Guajira, confirmó que solo dos proyectos de construcción u optimización de acueductos y de plantas de tratamientos (En El Molino y San Juan del Cesar) fueron iniciados y terminados por el Gobierno de Iván Duque. 

Otros ocho proyectos de optimización o construcción iniciaron en administraciones anteriores, y fueron terminados por Duque. Cinco de ellos entre octubre y noviembre de 2018, cuando llevaba pocos meses de mandato. 

La tercera meta de “Guajira Azul” tampoco se cumplió. El objetivo era aumentar la población con acceso a agua apta para el consumo humano del 26 al 86 por ciento, pero a la fecha están en 43 por ciento. Es decir, menos de un tercio.  

Y en cuanto a aumentar la población cubierta con tratamiento de aguas residuales del 24 al 68 por ciento. Sin embargo, en este objetivo no se avanzó en nada, según reconocieron en el Ministerio de Vivienda. 

Lo cierto es que las obras apenas iniciaron a principios de este año y los proyectos tienen un plazo de ejecución de 12 meses.  

En resumen, nuevamente la sed y la desnutrición de los wayuu sirvió de excusa para que los corruptos raponearan o malversaran unos $179 mil millones de pesos, que como casi siempre ocurre, beneficiaron a los de siempre, pero menos a los guajiros. 

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