Mediante unos videos que fueron suministrados por un anónimo a la Contraloría del departamento del Casanare, quedó al descubierto el entramado de corrupción que se armó con el contrato del servicio de la empresa de agua y alcantarillado de Yopal, por parte del alcalde de esa población, Luis Eduardo Castro.
En las imágenes se aprecia al gerente de la empresa Ingenicontec, Nelson Suescún, exponiendo que el contrato de manejo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales que asciende a 85 mil millones de pesos, contemplaría coimas para el alcalde Castro, el gerente de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado, y Aseo de Yopal, Jairo Bossue Pérez, el ex asesor jurídico de la EAAAY, Manolo Pérez y el representante a la Cámara de Casanare Hugo Archila, entre otros.
El video está circulando en las redes, y uno de quienes lo puso a rodar fue el ex congresista Gustavo Bolívar. En él se aprecia al contratista Nelson Javier Suescún exponiendo la consecución de los recursos por $85 mil millones de pesos, con un fondo suizo, dinero dentro del que se contempló la repartición de las coimas, cuya explicación de los porcentajes para cada uno, la hace en un tablero señalando que serían distribuidas así:
| DESTINATARIO DE LA COIMA | PORCENTAJE | VALOR EN DOLARES | VALOR EN PESOS |
| Alcalde Luis Eduardo Castro | 5% del valor del contrato | US 3.5 millones | $20 mil millones de pesos |
| Representante Hugo Alfonso Archila | 1.5% | US 2.0 millones | $9 mil 700 millones de pesos |
| Gerente de la EAAAY, Jairo Bossuet Pérez | 1.5% | US 2.0 millones | $9 mil 700 millones de pesos |
| Ex jurídico de la EAAAY Manolo Pérez | 1.5% | US 2.0 millones | $9 mil 700 millones de pesos |
Y otro tanto para futuras comisiones que se requieran dentro del proyecto.
El origen es un contrato de la empresa de acueducto y alcantarillado de Yopal celebrado para “la colaboración empresarial en alianza estratégica número 00148.22, cuyo objeto es la transferencia tecnológica de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales existente con tecnología KWI que brindaría una eficiencia del 90% y lodos tratados y la construcción de una nueva PTAR para el tratamiento de 1500 litros por segundo, así como el diseño del plan maestro de acueducto y alcantarillado del casco urbano del municipio de Yopal”.
contrato-1Pero el hecho irregular, no se limita solo al tema de las coimas, sino que en los videos, Nelson Suescún también reveló detalles relacionadas con el costo de la planta de tratamiento contratada con la firma KWI, que supuestamente es de $4 millones de dólares, y resulta que en la minuta del informe podría estar sustentada en $19 millones de dólares, es decir un sobrecosto de casi cinco veces más de lo real.
Además, el terreno donde supuestamente se construiría la PTAR, según las primeras indagaciones de la Contraloría, habrían beneficiado al gerente de la EAAAY. Encima se ve a Suescún admitiendo que el contrato no pagó estampillas de legalización y por eso fue presentado como un contrato de consultoría, además no contempla interventoría y las pólizas están discriminadas por componentes.
Por ahora, el contralor departamental de Casanare, Cipriano Castro Medina, quien cursó copias a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, Contraloría General de la República y la Corte Suprema de Justicia, ha dicho que detrimento patrimonial, no ha habido porque efectivamente no se han desembolsado recursos de ninguna índole, pero advirtió que los protagonistas de este nuevo escándalo de corrupción, estarían incurriendo en delitos como el cohecho, peculado por apropiación, celebración indebida de contratos, concierto para delinquir y lavado de activos.
Oscuros antecedentes
En cuanto al terreno donde se construirá la nueva planta de tratamiento, se trata del predio conocido como finca Morelia, objeto de un proceso de extinción de dominio por parte del Estado al exgobernador del Casanare William Pérez Espinel, y ahora bajo custodia de la Sociedad de Activos Especiales SAE.
Pero ¿por qué, según algunos denunciantes de estos hechos de corrupción, existe un interés sobre este terreno? La respuesta está en los vínculos que desde hace bastantes años mantuvieron en la vida pública, Pérez Espinel, con el actual gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado.
Los hechos se remontan a la década de 1990. En 1996 fueron investigados por los organismos de control, cientos de contratos que de manera irregular se celebraron durante la gobernación de Emiro Sossa Pacheco. En enero de ese año estuvo como gobernador encargado William Pérez Espinel y el entonces secretario privado, Jairo Bousset Pérez Barrera.
Ambos resultaron salpicados en una auditoría que adelantó la Contraloría Departamental de Casanare, pero, como era obvio, nada pasó.
Para la época de los hechos, la Contraloría develó millonarias contrataciones que adelantó el entonces gobernador encargado, William Pérez Espinel, al igual que durante los tres períodos que fungió también como gobernador encargado, Jairo Bossuet Pérez Barrera, siendo gobernador en propiedad, Emiro Sossa Pacheco. Valga decir que por casualidad, o por algún parentesco, Jairo y William son oriundos de la zona de Sogamozo en Boyacá.
Años después, en el 2009, William Pérez Espinel, quien se desempeñó como gobernador del Casanare entre el 2001 y 2002, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros en concurso homogéneo y concusión. Mientras que la Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado por promocionar y financiar grupos armados ilegales (paramilitarismo), y contrato sin cumplimiento de requisitos en concurso homogéneo.
Por su parte, Bossuet Pérez Barrera enfrentó un proceso de responsabilidad fiscal cuando era secretario general de la Gobernación de Casanare en 2009. El actual gerente de la EAAAY, involucrado en este escándalo de corrupción, es abogado egresado de la Universidad Libre de Colombia, y ha ocupado diversos cargos públicos como Juez de la República, Personero del Municipio de Yopal, Secretario de Gobierno Municipal, Secretario de Despacho Departamental, Alcalde encargado de Yopal y Gobernador encargado de Casanare.
El tema que ahora los vuelve a relacionar es que el predio donde se pretende construir la Planta de Tratamiento de Aguas residuales de Yopal, es la finca Morelia, sector de Quebradaseca, zona rural de Yopal, la cual le fue confiscada a Pérez Espinel, por la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes, cuando se le investigó por narcotráfico y creación y financiación de grupos paramilitares.
Otras versiones señalan que el predio donde se piensa construir la planta de tratamiento es de propiedad del gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado.
Falsedad en documento
Pero adicional a estos hechos, desde octubre del año pasado se ha venido denunciando en el concejo de Yopal, que la firma austríaca KWI International, que supuestamente iba a proveer la tecnología para la planta de tratamiento residual, nunca cotizó presupuesto alguno ni para la alcaldía de Yopal ni para la empresa de acueducto.
El concejal Felipe Becerra Vargas, afirmó en un debate de control político en octubre del año pasado que el contrato 148 de 13 de septiembre de 2022 firmado por Jairo Bossue Pérez, gerente de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal con Nelson Javier Suescún de la firma por $70 millones de dólares, para el tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Yopal es una posible estafa, pues los representantes de la firma KWI afirmaron no haber presentado ninguna propuesta para Yopal.
Becerra denunció que Nelson Javier Suescún, gerente de la firma Ingenicontec SAS, en su propuesta, utilizó los logos y la imagen corporativa de la empresa austriaca KWI y que además figura como representante legal en Colombia para dicha empresa, sin embargo, pero que presuntamente dicha documentación sería falsa.
Para sustentar su denuncia, el cabildante aseguró que tras contactar un correo electrónico a Raúl Pulacio Berteli, CO para Colombia y América Latina de KWI, éste le confirmó que nunca han participado de manera alguna en el proyecto, ni cotizado, o presentado alguna propuesta para algún proyecto en Yopal.
“Lo que sí vemos es que han utilizado un refrito de folletos nuestros mezclados con referencias nuestras y una carta de representación caducada, no exclusiva para municipios elaborada en el 2017”, dice la comunicación.
Agrega el correo que “para colmo de males, vemos en información adjunta que los datos para la construcción de la piscina para tratar los 500 litros por segundos son totalmente erróneos, como el tren de tratamiento en el que no tenemos participación y no tenemos conocimiento”.
Pero, justo unos días después de esta denuncia, la misma empresa de acueducto y alcantarillado, dio a conocer otro documento en el que el mismo señor Pulacio Bertelli, afirma que Nelson Suescún, sí tiene una representación de KWI para Colombia, la cual –vaya sorpresa- “se reanudó el 13 de octubre del 2022”, preciso después del debate del concejal Becerra.
Por ahora, la investigación pasó a manos de la Fiscalía General de la Nación, que tendrá que investigar las conductas punibles de todos los implicados, mientras que la Contraloría ha aclarado que aún no se ha presentado detrimento patrimonial, por cuanto no se ha hecho ningún desembolso al contratista.
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