No obstante haber renunciado esta semana a su curul en el Senado de la República, la Corte Suprema de Justicia continuará con los procesos de investigación por corrupción que se le siguen al excandidato presidencial Rodolfo Hernández

Es decir que Hernández no podrá hacer la “carambola” que ya han hecho otros en el pasado de renunciar a sus curules en el Congreso para evitar que los casos sigan siendo investigados por el alto tribunal de lo penal, y sean trasladados a la Fiscalía General de la Nación.

Los delitos e irregularidades por los que se investiga al supuesto abanderado de la lucha contra la corrupción, se habrían cometido durante el paso de Hernández por la Alcaldía de Bucaramanga. 

El ex senador, no asistió a la citación a versión libre que estaba prevista para el pasado 27 de septiembre por la Corte Suprema, en el marco del proceso que se le sigue por el supuesto nombramiento sin el lleno de requisitos de Lida Marcela Salazar, exsecretaria administrativa de la Alcaldía de Bucaramanga. 

En la Corte, Hernández iba a ser indagado por el nombramiento de Salazar Sanabria, quien antes de su llegada a la Alcaldía trabajó seis años en HG constructora, su empresa familiar.  

Durante el desempeño de su cargo, Salazar tuvo varios señalamientos por presuntos casos de acoso laboral, e incluso en 2018 la Contraloría de Bucaramanga le embargó el sueldo por $800 millones de pesos, por aparentes irregularidades en la entrega de un bono navideño a empleados y contratistas de la Alcaldía en 2016. 

Y al parecer, su nombramiento se habría hecho sin que se cumplieran los requisitos exigidos para el cargo. Pero el senador de la Liga de Gobernantes Anticorrupción no asistió, según su abogado, porque se encuentra fuera del país. 

Tras esta inasistencia, la Corte citó nuevamente para el próximo 9 de noviembre a Hernández, pero por el caso de Vitalogic. 

Cabe recordar que el ex senador, quien pretendía anrbolar las banderas anticorrupción, es acusado de haber celebrado contratos de manera indebida siendo alcalde de Bucaramanga. 

Según las investigaciones en reuniones que se realizaron en el 2016 en su penthouse, en el barrio Cabecera de Bucaramanga, habrían hecho las negociaciones para que el entonces gerente de la EMAB (Empresa de Aseo de Bucaramanga), José Manuel Barrera, entregara un contrato de consultoría, que ascendía a los 344 millones de pesos, al ingeniero químico, Jorge Hernán Alarcón. 

Lo que buscaba Hernández, dice el ente acusador, era iniciar la construcción de una planta en la que se transformarían los residuos sólidos en energía, esto, sin importar que en Bucaramanga no existiera un espacio adecuado para ello. Hernández aseguraba que, con esto, convertiría a ese territorio en el primero de Latinoamérica en hacer eso. 

El excandidato a la presidencia, que perdió la posibilidad de llegar a la jefatura del Estado en segunda vuelta, contra Gustavo Petro, habría intentado favorecer, con el contrato irregular, a Luis Carlos Hernández Oliveros, uno de sus hijos. Hacia el año 2017, en diciembre, luego de que el caso pasara al radar de la Procuraduría, se conoció la existencia de un documento en el que se probaba que el hijo del ingeniero, Rodolfo Hernández, solicitaba una millonaria comisión por direccionar el contrato a Vitalogic. 

«Se evidenció que Hernández Oliveros, junto con Luis Andelfo Trujillo y Carlos Gutiérrez, suscribieron un documento de corretaje que les permitía cobrar una comisión si la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB S.A. E.S.P.) celebraba un negocio jurídico con quienes promovían la tecnología», puntualizó la Procuraduría al respecto. 

El Ministerio Público aportó varias pruebas dentro de las que se incluyeron conversaciones de WhatsApp entre las personas que suscribieron el contrato «y en las cuales Hernández Oliveros refiere que comentaba con su padre aspectos de la licitación que luego eran informados a los participantes y sobre las reuniones del alcalde sostenidas con los representantes de WastAway en Colombia, José Manuel Hormaza, Florin Volcinschi y Héctor Hernando Baquero» el 22 de abril y 24 de julio de 2016. 

Hernández, en repetidas ocasiones, ha negado tener participación en estos hechos. Incluso, aseguró que su hijo se dejó engañar, y que esa es la razón por la cual su nombre aparece en los documentos que, ahora se usan como prueba en su contra. «Yo no tengo una investigación, les están diciendo mentiras. El objetivo concreto era sacarme de la Alcaldía porque les quité la chequera, no les dejé robar», dijo. 

Otro caso por el que deberá responder ante el alto tribunal es por el delito de violación de los derechos de reunión y asociación sindical cuando se desempeñaba como alcalde de Bucaramanga, en el año 2016.

En el documento de 34 páginas de la Corte Suprema, con ponencia del magistrado Jorge Caldas, se resuelve mantener la investigación contra el excandidato presidencial por hechos sucedidos en el periodo de 2012 a 2015, cuando era alcalde y expidió del decreto 0055, por el cual reclasificó unos empleos y suprimió 27 cargos; así mismo, en 2016 incorporó a estos 27 trabajadores como empleados públicos en provisionalidad. No obstante, ocho de estos trabajadores tenían fuero sindical.

«La condición de estos trabajadores en el sector público, además de su vinculación al sindicato, les proveía beneficios de mejor connotación, movilidad y prestación laboral, diversos derechos que presuntamente se violaron con los actos administrativos sin aprobación del consejo municipal», fijaba el falló. 

Además de los ocho trabajadores con fuero que hacían parte de la junta directiva de Sintraobras, también sacó a un empleado, Juan de la Cruz Villalba, quien estaba en incapacidad por la pérdida del 69 por ciento de su capacidad laboral y quien también gozaba de fuero sindical. 

Los actos administrativos expedidos por Hernández habrían violado sus derechos de asociación sindical, con el agravante de que fueron expedidos sin la aprobación del Concejo de Bucaramanga. 

El caso ya estaba en etapa de juicio en el Juzgado Séptimo Penal de Bucaramanga, pero con la llegada de Hernández al Senado, luego de haber obtenido la segunda votación más alta en las elecciones presidenciales, todos sus casos penales pasaron al conocimiento de la Corte Suprema de Justicia por su condición de aforado. 

La celeridad de la Corte Suprema contrasta con la lentitud de los juzgados de Bucaramanga, en donde los procesos en contra de uno de los hombres más poderosos de Santander se movían muy poco. 

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