El Teatro de las EPS: Cómo el Sistema de Salud se Convirtió en un Negocio de Extorsión Legal
Por una extraña coincidencia que nadie parece querer explicar, justo cuando el gobierno de Gustavo Petro impulsa una reforma a la salud, las EPS descubren que existe una sentencia de 2008 que nunca les importó en 17 años. Como por arte de magia, la atención a los usuarios se deteriora a niveles críticos, mientras la Corte Constitucional exige al gobierno más dinero para estas empresas. ¿Casualidad o estrategia calculada?
El último acto de este teatro absurdo se desarrolló hace pocos días, cuando la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-760 de 2008 dictó un desacato contra el Ministerio de Salud. El pecado del Ministerio: no transferir suficientes recursos a las EPS. La ironía: nadie menciona la responsabilidad de estas empresas en el colapso del sistema.
En concreto, la Corte Constitucional, amparada en una sentencia del año 2008, emitió una decisión sobre el llamado Acuerdo de Punto Final, que fue firmado por el gobierno de Iván Duque, así como declarar la insuficiencia del aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que reciben las EPS. La Sala de seguimiento de la Corte, instó al Ministerio de Salud a desembolsar a las EPS la totalidad de los recursos aprobados con dicho acuerdo, así como a considerar un aumento de la UPC. Este mandato deberá cumplirse en un plazo no mayor a dos meses a partir de la comunicación oficial de la decisión.
A través de su Auto 2882 del 20 de noviembre de 2023, declaró el nivel de cumplimiento bajo de la orden vigesimocuarta de la Sentencia T-760. El objetivo de esta orden es asegurar el flujo de los recursos que el Gobierno nacional debe destinar al pago de ciertos servicios y tecnologías en salud. Estos servicios, específicamente aquellos que deben ser recobrados por las EPS mediante el procedimiento de recobro, no se financian ni con la UPC, ni con los Presupuestos Máximos.
El Acuerdo de Punto Final fue implementado por el Gobierno de Duque con el compromiso de saldar de manera definitiva la deuda acumulada hasta diciembre de 2019, evitando así la acumulación de nuevas obligaciones a favor de las EPS e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). Sin embargo, la Sala identificó el no pago total de la deuda para el año 2023, montos sin cancelar aprobados en el acuerdo, sumas de dinero no negociadas debido a procesos judiciales y la generación de nueva deuda a partir del año 2020, en gran medida relacionada con servicios prestados durante la emergencia por Covid-19.
Adicionalmente, se destacó que, junto con los valores pendientes, los actores del sector salud señalaron una deuda superior a un billón de pesos surgida a partir de 2020 por recobros, relacionada en su mayoría en servicios prestados durante la pandemia.
La reacción del Ministerio
En respuesta el Ministerio señaló que en el fallo detectó contradicciones e incongruencias en la decisión de declarar insuficiente la UPC de 2024, dado que la mayoría de la Sala no aportó el estudio técnico que demostrara la presunta insuficiencia y dejó de valorar el estudio técnico que, elaboró de conformidad con sus competencias legales, el Ministerio de Salud y Protección Social y que demostró objetivamente su suficiencia.
“Tampoco se aportaron, por parte de la mayoría de la Sala, los estudios técnicos que sustenten la existencia de un supuesto rezago en las vigencias 2021-2023. La mayoría de la Sala tampoco especifica si dicho rezago es financiero, operativo o si está relacionado con costos específicos de atención. Además, la cartera observa una aparente contradicción en la orden, dado que se ordena un reajuste para 2021-2023, cuando la insuficiencia se declaró par la vigencia 2024”, agrega la entidad.
Y remató el Ministerio diciendo que tener serias dudas sobre “la competencia de la Sala Especial de Seguimiento para modificar la metodología de cálculo de la UPC, lo que podría entrar en conflicto con normativas vigentes y competencias exclusivas del Ministerio de Salud. La cartera se cuestiona si en este caso se estaría modificando la normativa vigente sin un proceso legislativo y teme que funcionarios del Ministerio puedan ser sancionados disciplinaria o penalmente por aplicar decisiones que contradigan las normas ya establecidas”.
En otras palabras el Minsalud le cuestionó a la Corte Constitucional el estar incurriendo en una posible extralimitación de funciones al emitir este auto.
Tras solicitar tales rectificaciones y aclaraciones, la noche de este lunes, finalmente el El Ministerio de Salud anunció que procederá a cumplir con las órdenes de la Corte Constitucional sobre el pago de los presupuestos máximos y el reajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), luego de recibir las aclaraciones solicitadas al tribunal.
Las decisiones corresponden a los autos 2049 de 2024 y 007 de 2025, que obligaban al Gobierno a garantizar los pagos pendientes. No obstante, el Ministerio argumentó que no podía ejecutar las disposiciones sin una precisión sobre los plazos y procedimientos.
«Dichas solicitudes de aclaración se realizaron habida cuenta que los precitados autos presentaban serios motivos de duda que impedían dar cumplimiento a los mismos por parte de este ministerio«, explicó la cartera.
La Corte aclaró a su vez que el Ministerio tendrá 18 días calendario para cumplir con las órdenes a partir de la notificación oficial. Además, reconoció que el plazo inicial era inaplicable, pues debía contemplar los tiempos administrativos necesarios, como la posibilidad de apelación de las EPS y la auditoría de la Adres.
Respecto al reajuste de la UPC, la Corte enfatizó que si bien el aumento del 5.36% decretado para 2024 es insuficiente, no le corresponde al tribunal definir un nuevo porcentaje.
«Gracias a las aclaraciones de la Corte Constitucional esta cartera ministerial procederá a generar todas las herramientas y métodos tendientes a dar cumplimiento a las órdenes impartidas por la Sala«, puntualizó.
El juego de las Sillas Musicales Financieras
Las cifras son escandalosas. En 2023, las EPS recibieron el mayor aumento de la UPC (Unidad de Pago por Capitación) en la historia: 16.23%. En 2024, otro 12.01%. Este año, «solo» 5.3%. Pero como niños mimados a los que les quitan sus juguetes, las EPS lloran por más.
«Es una extorsión institucionalizada«, señala un experto del sector que prefiere mantener el anonimato. «Las EPS amenazan con el colapso del sistema si no reciben más dinero, mientras los pacientes mueren esperando una cita médica«.
El regalo envenenado de Duque
La historia tiene sus raíces en el gobierno de Iván Duque. Como reveló el médico Oscar Andia, director de Observamed, en 2020, durante ese período se tejió una red normativa que empoderó a las EPS hasta niveles sin precedentes. Un «regalo» que hoy cobra su precio en vidas humanas.
A través de decretos y resoluciones, el gobierno anterior construyó un sistema que prácticamente blindó a las EPS, entregándoles el control total sobre los recursos de la salud. La advertencia de Andia hace cinco años resuena hoy con fuerza profética: «Estamos frente a una profundización 'con dientes' del rol de las EPS, una apuesta radical que pocos vieron venir«.
La Corte Constitucional: ¿Árbitro o cómplice?
Lo más perturbador de esta historia es el papel de la Corte Constitucional. En su último auto, firmado por el magistrado José Fernando Reyes, el tribunal parece más preocupado por el bienestar financiero de las EPS que por la salud de 49 millones de colombianos.
Ni una palabra sobre los escándalos de corrupción. Silencio absoluto sobre el faltante en las reservas técnicas. Nada sobre el saqueo sistemático de recursos. Solo una exigencia: más dinero, más rápido.
La Verdadera Emergencia
Mientras la Corte y las EPS juegan al gato y al ratón con los recursos públicos, los colombianos enfrentan una emergencia real: falta de medicamentos, citas médicas postergadas por meses, tratamientos cancelados. La salud, un derecho fundamental, se ha convertido en una mercancía negociable en el mercado de la extorsión institucional.
¿Es coincidencia que esta crisis se agudice justo cuando se debate una reforma al sistema de salud? Los hechos sugieren una estrategia calculada: presionar al gobierno utilizando el sufrimiento de los pacientes como moneda de cambio.
Como dijo alguna vez Gabriel García Márquez: «La corrupción es el único delito que se castiga con ascenso«. En el caso de las EPS colombianas, el ascenso viene con bonus extra: más dinero público y la bendición de la Corte Constitucional.
