Coopercom CTA, la Cooperativa de Trabajo Asociado de Comunicadores Sociales de la Costa Atlántica CTA, está hoy bajo la lupa de agencias del Estado, periodistas, líderes sociales y dirigentes gremiales, por reiteradas denuncias de corrupción administrativa y ekl continuo despojo de decenas de miles de millones de pesos a los asociados.
Esta cooperativa, fundada en Barranquilla el 25 de abril de 1997 por un grupo de periodistas bajo la premisa de agremiar y crear alternativas de profesionalización y empleo en la ciudad y el departamento, ha establecido -desde entonces- contratos de asesorías en diferentes áreas de las comunicaciones con el distrito de Barranquilla, la Gobernación del Atlántico, y otras oficinas gubernamentales, por un monto que supera los $200 mil millones de pesos, los cuales no se han irrigado en su totalidad en los bolsillos de los afiliados, según las denuncias.
El inconformismo de periodistas y veedores por el saqueo ideológico, institucional y económico de Coopercom se reitera en denuncias ante las autoridades y por redes sociales, pero ninguna de estas ha progresado hasta altas instancias. Existen voces que denuncian que el, distrito de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico -principales contratistas de Coopercom desde su creación- crean las agendas de los periodistas en Barranquilla, perfilan y amarran a los medios afiliados, con contratos pagados con dineros públicos. Eso convierte a los reporteros y sus medios en cajas de resonancia o simples refractores de las “buenas noticias” de esas instituciones.
Desde entonces, los periodistas de Barranquilla y algunos municipios del departamento, sobreviven de la “pauta pública”.
Saqueo Ideológico
Desde que el distrito de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico inundaron a Coopercom con dineros públicos, el espíritu inquisitivo de los periodistas afiliados, desapareció.
–Periodista que se muestre decidido a ejercer su trabajo de manera critica e imparcial, o se atreva a hacer preguntas “incomodas” al alcalde o al gobernador de inmediato es borrado de la “nómina”. No se le abren nuevos contratos y es expulsado del “comité de aplausos”. Incluso, sus propios compañeros lo tratan con desdén–, dijo un experimentado reportero, que sugirió anonimato para evitar represalias.
–Es doloroso observar a sumisos reporteros siguiendo los pasos del alcalde y el gobernador, impedidos a hacer una sola pregunta comprometedora. Aún en tiempos de escándalos que son cubiertos por la prensa del interior del país. Simplemente el tema del escándalo lo olvidan. Lo sacan de la agenda y–, agregó otro reportero.
La Fundación para la Libertad de Prensa Flip, -que califica la relación entre la prensa y los gobernantes del Atlántico como tóxica- puso la lupa sobre el ejercicio de Coopercom en Barranquilla y el departamento del Atlántico y lidera una campaña para proteger los presupuestos públicos y evitar que sigan siendo desviados a programas de construcción de imagen de los gobernantes.
«La Flip ya había alertado la influencia de los gobiernos de turno en las agendas periodísticas antes que los Char llegaran al poder. Por eso viene pidiendo desde hace años que haya unos criterios claros de asignación de esos recursos -no solo en esta capital sino en todo el país- pues son dineros legítimos con los que los gobiernos cuentan para comunicar sus iniciativas, pero la mayoría de las veces terminan usándolos para autopromocionarse y censurar» dice un texto.
El saqueo Institucional
Esta escandalosa estrategia publicitaria convirtió a personajes designados para el manejo de las oficinas de comunicaciones y, a algunos periodistas de Barranquilla en verdaderos “capos” del gremio, y a otros, a quienes “no metieron a la nómina”, los empobrecieron y erradicaron del esquema.
Según las denuncias de los periodistas de Barranquilla, el manto de impunidad que convirtió en intocables a algunos miembros de la oficina de comunicaciones de la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación –entre los que citan a Ricardo Villa– se extiende hasta los miembros del actual consejo directivo de Coopercom CTA, en donde asumió el poder un consejo administrativo autócrata, que hace festín con miles de millones de pesos en contratos, sin que nadie pueda evitarlo.
Aunque históricamente se habían presentado quejas contra las administraciones de Coopercom CTA, el actual consejo directivo enfrenta las más serias acusaciones por un concurso de abusos que incluye cambios a conveniencia en el organigrama interno de trabajo, todo ejecutado para permitir a la directiva el saqueo de las arcas a placer. Las normas del trabajo asociado, y el beneficio igualitario de dividendos en Coopercom, ahora son historia.
Desde su fundación Coopercom siempre eligió consejos directivos integrados por periodistas reconocidos y de probada solvencia profesional. Al redactar los estatutos dejaron claro que la junta directiva debía ser elegida en asamblea general cada dos años.
El 11 de julio de 2019 hubo cambios en el consejo directivo. No hubo interés de algunos periodistas asociados en entrar a ser parte de ese grupo de manejo y se eligió en asamblea al joven Aldair Molina Mendoza, en el cargo de gerente. Aldair había llegado a la cooperativa como estudiante en práctica enviado por la Universidad Autónoma del Caribe. Para entonces, del entusiasta grupo de fundadores de Coopercom en 1992, solo quedaban un socio fundador de la cooperativa. Todos habían salido de la cooperativa presionado por los choques entre socios.
Y estalló la pugna interna. Existen denuncias en estrados judiciales que hablan de persecución, acoso administrativo, pagos para obligar directivos a renunciar, presiones y despidos sin causas reconocidas en los estatutos. Todo, bajo una espada de Damocles; ser parte o no, de los contratos de la Alcaldía y la Gobernación.
Del consejo de administración que en 2019 tenía como directivos a Vera Judith Diazgramados, Gustavo Bossio Jiménez, Jorge Martínez Movilla, Luis Emilio Rada Conrado, Jorge Montaño Acosta, el mismo Aldair y Mabel Rada, solo quedan un miembro. Se cito a una asamblea general y se cambiaron los estatutos. Una socia fundadora se la cooperativa, fue presionada, perseguida y despedida por oponerse a cambios en los estatutos.
Con esa depuración, y con unos afiliados manejados desde los intereses económicos, según las denuncias, se llegó a un nuevo consejo de administración. El 27 de marzo del 2021 se realizó una asamblea de asociados y se integró un nuevo consejo de administración que son -hoy- el centro de denuncias y procesos de investigación. Lo integran solo cuatro miembros, Ricardo Ordoñez Simonds, Andrés Guzmán De la Cruz, Sebastián Lizcano Carrascal y Nayib Lewis Delgado. Solo hay dos revisores fiscales, Javier Romero Pereira y Omar Saavedra. En los papeles, los despidos de personal y cambios en el consejo de administración, parecen ajustados a la ley.
El primer “golpe de conveniencia” de este consejo de administración se dio dentro del cambio de los estatutos internos. En el artículo 49 de las funciones administrativas se dispone:
«Funciones del gerente y representante legal. Art 7 celebrar contratos de todo tipo dentro del giro ordinario de las actividades de Coopercom CTA, y cuya cuantía legal no exceda el equivalente a 1000 salarios mínimos, legales mensuales vigentes». (ver documento)
Y luego saquean el bolsillo de los afiliados, con un nuevo régimen de compensación.
”Por estatutos teníamos la facultad de buscar clientes en lo privado y lo público, para trabajar en asesorías de comunicaciones con ellos. Eso se denomina gestorías. De cada contrato nosotros nos beneficiábamos con el 10 por ciento del costo del contrato. Cada directivo tenía su propia empresa de gestorías. Eso hizo crecer la cooperativa y la nueva directiva acabó con eso por una decisión del gerente. En adelante, la gerencia maneja todo”, reconoció una afiliada que fue despedida y hoy demanda ante la ley su caso.
«Marzo 15-2023. Circular interna: La presente tiene como finalidad informar que todos los procesos de gestoría finalizaron el 31 de diciembre del 2022, al igual que las contrataciones. Por lo anterior, y de acuerdo con los numerales 5,6 y 13 del artículo 49 de las funciones del gerente y representante legal a lo que se refiere con la dirección general de las relaciones de trabajo, se les informa que, según las necesidades del servicio en adelante, para el 2023, las gestorías se irán asignando por la gerencia en cada negociación contractual» (ver documento)
“Es la más fuerte ofensa a las normas del cooperativismo. Solo el gerente -o quien él designe, que es solo el- puede trabajar para ganar dinero extra. Esto es un abuso”, concluyó la ex directiva de la cooperativa.
Coopercom violenta escandalosamente las normas del cooperativismo al contratar por doble vía con Alcaldía y Gobernación:
“Por un lado, suscriben decenas de contratos para administrar los fondos públicos de comunicaciones. Y por el otro, vuelven a contratar «esa misma publicidad que ellos ejecutan» con el portal noticioso, la emisora y todos los medios que ellos administran. Entre a esos medios y verá las publicidades. De donde yo vengo, eso se llama corrupción”, se quejó un periodista a quien le niegan reiteradamente una publicidad.
“Esto esta siendo investigado. En el consejo administrativo es una orgia. Todos luchan por sus propios intereses, contratan a familiares, amantes, amigos, y se redujeron hasta quedar una banda de saqueadores”, comentó una contratista a quien reemplazaron sin previo aviso.
Saqueo económico
El saqueo económico alcanza dimensiones escandalosas.
La Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico se habituaron a negar información oficial a los medios. Solo suministran datos del manejo de estos dineros públicos presionados por la ley.
La Contratopedia Caribe publicó el 12 de febrero de 2022 un informe y analiza uno de estos contratos. Allí se dimensiona el impresionante derrame de dineros de los contribuyentes en las oficinas de comunicaciones:
«Ambas instituciones (gobernación y alcaldía) han entregado 138.938 millones de pesos. Un monto similar al invertido por la Alcaldía de Barranquilla en 2016 para la canalización de peligrosos e históricos arroyos como el de la 21 (124.700 millones) o el de Felicidad (123.004 millones)».
Esta agencia de investigaciones publicó hace dos años una denuncia, con datos suministrados por periodistas. Las oficinas de Comunicaciones de ambas entidades públicas, nunca desmintieron esa información:
“Un total de 86 contratos suscribió Coopercom CTA, desde el 14 de enero de 2016 hasta el 26 de diciembre de 2016, donde se destacan contratos como el firmado el 20 de diciembre de 2012, por la suma de $1.287 millones de pesos, cuyo objeto es la prestación de servicios en la producción y montaje de piezas.
También se destaca otro cuyo monto es de $1.856 millones, firmado el 30 de diciembre de 2015, el objeto, planificación y diseño de plan de medios orientados a la publicación de campañas estratégicas, del 20 de mayo al 28 de septiembre.
Hay otro por $1.237 millones de pesos, para el apoyo a la gestión en planificación y desarrollo de medios, orientados a la publicación de campañas publicitarias, firmado el 21 de enero de 2016.
Como estos hay 83 contratos más que ascienden a la suma de $18.567.494,771 pesos”.
Se estima -de acuerdo con las denuncias- que, de estos contratos, menos del 50 por ciento de los dineros invertidos se utilizaron para pagar el trabajo de los periodistas asociados.
El periodista barranquillero Roberto Escorcia Bolaños, tomó solo uno de esos contratos. Tiene un monto de $2.800 millones de pesos que se aprobó el 24 de marzo del 2023 y venció el 23 de agosto de ese mismo año. Para entonces los periodistas asociados se quejaban por la falta de pagos por parte de Coopercom. Ricardo Villa, como encargado de la oficina de comunicaciones de la Alcaldía de Barranquilla, “toreaba” a los periodistas con la frase: “Ya yo pagué”. Y la cooperativa argumentaba que la Alcaldía no pagaba.
Entonces Escorcia Bolaños acudió a instancias de ley y exigió -mediante acción de tutela- que se le informara:
«¿Se pagó el contrato? Y de haberse pagado parcialmente ¿Qué tanto de ese contrato se había ejecutado por parte de la Alcaldía?»
El resultado es escandaloso. El entonces director de comunicaciones Miguel Lozano Ariza, informó que del contrato CD-2023-1822 se habían girado solamente $956.040.527.49 millones de pesos.
El plazo se venció y la alcaldía -aparentemente- no pagó. Los periodistas asociados a Coopercom dejaron de recibir $1.843.959.472.49 de pesos. Mucho menos del 50 por ciento del monto del contrato.
¿Ese dinero dónde está?
En otro derecho de petición gestionado a través del Juzgado Séptimo Penal del Circuito el mismo periodista inquiere a la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Barranquilla:
«Sírvase certificar qué porcentaje de ejecución lleva hasta el momento el contrato CD07-2023-1822 por valor de $4.000 millones de pesos»
Y el escandalo se hace mayor. La alcaldía, ante la presión de la ley, responde:
«Se han ejecutado pagos por valor de $2.674.540.527.49. Es de anotar que el plazo para ejecutar los pagos de este contrato en específico -igual que en el caso anterior- venció el 11 de diciembre del 2023».
¿Dónde está ese dinero?
Espere segunda entrega
PDTA
Un grupo de periodistas, encabezados por Roberto Escorcia Bolaños y Javier Manjarrez, lograron el reconocimiento oficial para trabajar como veeduría en temas de contratos con dineros oficiales. Se trata de Veeper (Veeduría de Periodistas) y espera la vinculación de muchos de los integrantes del medio interesados en combatir la corrupción administrativa en Barranquilla y el departamento del Atlántico.
