Prácticamente no hay donde colocar el alumbrado navideño

Numerosas voces de rechazo se han dejado escuchar contra el gobernador (e) de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Alen Leonardo Jay Stephens, por la contratación que hizo por $1.550 millones de pesos del alumbrado navideño, en medio de la emergencia que viven los isleños tras el paso del huracán Iota. 

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El contrato CO1.PCCTR.2037986 se suscribió entre la Gobernación y la Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta ESP, empresa de ese municipio antioqueño, el pasado 3 de diciembre e irá hasta el 31 del mismo mes. 

Las críticas al mandatario no se hicieron esperar pues la isla enfrenta, desde el pasado 16 noviembre tras el paso del huracán Iota que dejó a miles de damnificados, una crisis humanitaria, pues un mes después del suceso, siguen esperando las ayudas del Gobierno y confiando en poder reconstruir sus vidas. 

El contrato en cuestión tiene por objeto la “prestación de servicios de arrendamiento, transporte, instalación, operación, montaje y desmonte del alumbrado navideño en la isla de San Andrés para el año 2020” y vale recalcar que no aparece publicado en el Secop, a pesar de la normatividad que obliga a todas las entidades oficiales publicar en esta plataforma todas sus contrataciones. 

Contrato-SanAndrés

Lo más llamativo de lo hecho por el mandatario, es que mientras firmó un contrato de $1.550 millones de pesos para un alumbrado navideño, el 27 de noviembre, 10 días después del paso del fenómeno climático, expidió la resolución 04898, que crea una caja menor para atender la emergencia por el huracán para la que dispuso la pírrica suma de $200 millones de pesos. 

La resolución dice: “Por medio de la cual constituyó provisionalmente una caja menor de gastos generales, logísticos y de funcionamiento de la Secretaría de Gobierno Departamental en ejecución del Plan de Acción Específico (PAE) para la atención y mitigación de las afectaciones ocasionadas por la temporada de huracanes en el Caribe”. 

Con 200 millones la Gobernación pretende “atender gastos que por su naturaleza tengan el carácter de imprevistos, urgentes, inaplazables e imprescindibles, necesarios para garantizar la correcta y eficaz atención en el marco de la ejecución del plan de acción para la reconstrucción del Departamento”. 

Es decir, para atender las necesidades catastróficas de miles de personas en su departamento, el gobernador encargado de San Andrés, destinó de su presupuesto de recursos propios, tan solo un 13% de lo que en cambio aprobó para instalar un alumbrado navideño en la Isla. 

En su defensa, el mandatario isleño ha dicho que “la pandemia del COVID-19, sumado al paso de los huracanes Eta e Iota, ha generado un desaceleramiento económico y turístico en las islas, por lo cual, es menester del departamento archipiélago lidere programas sociales y comunitarios en busca de la reactivación económica y del turismo, la integración de la población de las islas, la competitividad y el reconocimiento regional como polo de desarrollo turístico”. 

Por ahora los isleños siguen esperando las ayudas anunciadas y un real y efectivo acompañamiento de los gobiernos nacional y local para superar la situación de emergencia que les dejó el paso de Iota, mientras se preguntan cuál es el interés del gobernador Jay Stephens, por hacer dicha contratación.

Vale recordar que Alan Jay fue nombrado gobernador encargado el pasado 8 de octubre por la Presidencia de la República, luego de que el titular Everth Hawkins Sjogreen, fuera capturado el 15 de septiembre por orden de la Fiscalía que lo investiga por presuntas irregularidades en los contratos para mitigar la emergencia provocada por el coronavirus. 

En un contrato de publicidad, se estableció que el Gobernador del archipiélago, sin justificación alguna, acudió a la declaratoria de urgencia manifiesta para evadir el proceso de selección de oferentes y contratar directamente. 

Adicionalmente, el titular del caso estableció que la empresa Noel Fotos SAS, luego de suscribir el contrato por $500 millones de pesos, el 18 de marzo de 2020, pasó cuentas de cobro por cantidades mayores de materiales y valores superiores a los del promedio del mercado, por cuantía de $86’800.000. Dicha suma fue pagada por el departamento. 

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