Todos tenemos derecho a expresarnos libremente sobre un hecho tan importante para la vida jurídica de nuestro país, como es el nombramiento del Fiscal General de la nación. Obviamente, siempre bajo los parámetros que permiten la Ley y las normas.

Nunca antes la ciudadanía colombiana había estado tan preocupada por este hecho desde que la Constitución del 91 le dio vida a la Fiscalía General de la Nación. A nuestro parecer, varios aspectos de la vida nacional han incidido en la formación de esta ola que arrastra multitudes.

El primero de ellos es el fracaso rotundo de todos los fiscales generales que han pasado con cada presidente, ninguno ha sido un verdadero líder que entregue su vida para mejorar los índices de impunidad y las pésimas prácticas judiciales.

Segundo: Ninguno de ellos ha logrado cautivar el 100% de la confianza de la ciudadanía, o por lo menos un porcentaje digno.

Tercero: Ninguno de ellos puede mostrar grandes conquistas en la lucha contra la corrupción, han sido totalmente negligentes para establecer programas efectivos anticorrupción dentro de la administración de justicia a su cargo.

Cuarto: Sin excepción, todos han administrado y dirigidos esta importante entidad con marcadas tendencias políticas, defendiendo intereses poderosos y sumando apoyos para aspiraciones futuras.

Y seguramente hay muchos aspectos más que han exasperado la paciencia de los colombianos, pues no se necesita ser «petrista» para querer cambiar con urgencia la dirección de la Fiscalía General de la Nación. A la mayoría de la población le molesta tanta inoperancia, tanta injusticia, tanta mediocridad, tanta impunidad, tanta politización, tanta corrupción, tanta narco-afiliación, etc.

Por ello, nuestro llamado a los honorable magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que atiendan el llamado del pueblo colombiano, bueno, gran parte del pueblo colombiano, y cumplan con el mandato constitucional. No es el presidente Petro el que quiere un cambio urgente en la Fiscalía, es el pueblo colombiano que está cansado de una Justicia fracasada.

Un nuevo fracaso

Tras la larga espera para conocer el nombre el nuevo fiscal general de Colombia, la Corte Suprema de Justicia, tampoco llegó este jueves a un consenso para elegir el reemplazo del ahora ya ex fiscal, Francisco Barbosa.

Los 23 magistrados del alto tribunal no lograron la mayoría de 15 para escoger entre las tres penalistas propuestas hace cuatro meses por el presidente Gustavo Petro: Ángela María Buitrago, Amelia Pérez y Luz Adriana Camargo.

En cambio, con la salida de Barbosa, La Fiscalía quedará, de manera transitoria, en manos de la cuestionada y ahora denunciada vicefiscal Martha Mancera a partir del próximo lunes.

Prefirieron los ‘ilustres’ togados no dar el voto de confianza a una de las tres abogadas reputadas, que no enfrentan cuestionamientos y conocen bien el funcionamiento de la Fiscalía, con lo que, no se sabe si con o sin alguna intención, le allanaron el camino a Mancera, para ocupar uno de los cargos más importantes del país.

Es la tercera ocasión que la Corte aplaza la elección de la fiscal, desde que el presidente Petro presentó la terna definitiva e25 de septiembre del año pasado.

La demora en la elección le da la posibilidad a Mancera de llegar al cargo, muy a pesar de que muchos otros sectores de la justicia, no creen que sea idónea, pues son varios, y no de poca monta los escándalos de corrupción en los que se ha visto envuelta.

Además de ser la mano derecha del saliente fiscal Francisco Barbosa durante sus cuatro años en el cargo, y de seguir con su línea de oposición férrea al Gobierno de Petro, Mancera ha sido acusada de encubrir y proteger durante varios años a Francisco Javier Martínez, exdirector del CTI de la Fiscalía en Buenaventura y quien ha sido vinculado con organizaciones de narcotráfico y tráfico de armas.

Son varias las investigaciones periodísticas de medios nacionales que han revelado que Mancera, abogada de la Universidad Libre de Bogotá, le ha mentido a la opinión pública al decir que no había ningún documento oficial en el que se denunciaran los nexos de Martínez, alias Pacho o Pacho malo, con el tráfico de cocaína.

Hace apenas una semana, la revista digital Raya  publicó un informe que según Mancera no existía. Lo que demostraría que la vicefiscal, sí está y estaba al tnato de las denuncias contra su subalterno.

El informe titulado ‘Vicefiscal Marta Mancera sí encubre a directivo del CTI señalado de narco y estas son las pruebas’ revela que dos días antes de su asesinato, Mario Fernando Herrera Aparicio elaboró un informe detallado para la Fiscalía General de la Nación sobre su última misión como agente encubierto.

Según el documento, que revela la Revista RAYA, el director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Buenaventura, Francisco Javier Martínez Ardila, es alias “Pacho” o “Pacho Malo” era el encargado de liderar la contaminación de los buques en el puerto del Pacífico para llevar cocaína a Centroamérica, Guatemala y México, y a Europa,  España y Francia. «El precio de cada kilo de cocaína oscila entre 8 y 9 millones de pesos la montada en los containers y se trabaja con un mínimo de 40 kilos y hasta 300 kilos aproximadamente”, dice el informe que comentó “Pacho Malo” en un encuentro con un narcotraficante. 

Esta información fue entregada al fiscal 51 de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, Jaime Hernán Ocampo López, el 25 de marzo de 2021, un día antes del asesinato del agente Herrera.

Raya señala: Este documento contradice la versión de la vicefiscal general Marta Janeth Mancera quien ha afirmado que los investigadores, incluido Mario, nunca informaron sobre el hallazgo de un narcotraficante dentro de la Fiscalía: “Hombre, vámonos a la carpeta que me intentan hacer con el caso concreto de dos agentes encubiertos que tuvieron la orden de un fiscal para que penetraran varias organizaciones criminales. Esos agentes no dicen nada en sus informes ante el fiscal de que hay un supuesto servidor público en Buenaventura que está realizando actividades (de narcotráfico), que conocieron de ese hecho como agentes encubiertos, pero nunca se lo dijeron al país, al fiscal que tenía el caso”, dijo Mancera en entrevista con la revista Semana el 20 de noviembre del año pasado. 

Hoy Mancera, funcionaria impresentable, por cuenta de las dilataciones de la Corte Suprema es la nueva fiscal General de la Nación encargada.

Y en cambio sigue siendo un misterio la muerte del investigador Mario Herrera, asesinado durante la operación encubierta, mientras iba tras los líderes de las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc que operan en el norte del Cauca y son proveedores de la marihuana y la cocaína para organizaciones criminales como “La Cordillera” y otras de orden nacional y trasnacional que trafican por Buenaventura. Su asesinato ocurrió, como ya se indicó, justo dos días después de que escribiera este informe sobre alias “Pacho Malo”. 

Revista Raya afirma que lo denunciado por el agente encubierto consta en un informe de seis páginas, del 25 de marzo de 2021, en el que describe el poder que tenía alias “Pacho Malo” en el puerto de Buenaventura.

Además de con un rastreo y contrastación en bases de datos comerciales que alias “Wito” es José Oliverio Rivas Caicedo, un caleño propietario de una empresa textil que vive en un sector de clase media al sur de la ciudad y quien empezó a figurar como empresario apenas en 2018, cuando fue representante legal de la Comercializadora de víveres Narváez de Occidente, fundada en 2014. Luego, en 2019 “Wito” se convirtió en el dueño de la empresa y le cambió la razón social a Industrias Textiles del Valle S.A.S.

Incluso, señala la investigación de la revista Raya que en el mencionado documento, el investigador del CTI, incluyó por primera vez la fotografía de alias “Pacho”, director del CTI de Buenaventura, y lo ubicó en el centro del organigrama criminal.

También el periodista Daniel Coronell en su columna de la revista Cambio, denunció el pasado domingo que la Fiscalía nunca hizo nada contra Pacho. “Por el contrario, Víctor Forero, directivo del CTI y quien ha sido compañero sentimental de la mano derecha de la vicefiscal, Luisa Obando, fue a visitar a los denunciantes a Manizales para presionarlos para que alteraran su testimonio y sacaran el nombre de alias Pacho de la declaración que le dieron a la Fiscalía”, escribe Coronell.

El periodista relata que “la vicefiscal Mancera lo dejó seguir dos años más en el poderoso puesto de Buenaventura, donde según el informe de los agentes encubiertos era el tercero al mando de la organización criminal. En cambio, los denunciantes fueron inicialmente trasladados, luego judicializados y posteriormente encarcelados”.

Mancera está en la Fiscalía desde que la institución fue creada por la Constitución de 1991. Hizo carrera en el Valle del Cauca y fue directora por varios años de la seccional de Buga, la misma a la que perteneció Martínez (Pacho). Las investigaciones de Raya y de Coronell coinciden en que los agentes investigadores le mostraron a Mancera fotografías de Martínez (Pacho) en sus pesquisas sobre narcotráfico, y le explicaron su modus operandi.

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Así mismo, el abogado caleño, Elmer Montaña, vocero del colectivo Control Ciudadano Colombia, ha presentado esta semana una denuncia penal ante la Fiscalía, señalando a la vicefiscal Martha Mancera por su presunto silencio en relación con el director de CTI de Buenaventura, Francisco Javier Martínez Ardila, conocido como ‘Pacho Malo’. La acusación incluye posibles vínculos de ‘Pacho Malo’ con una banda de narcotraficantes.

En respuesta a la denuncia, la vicefiscal Martha Mancera ha negado haber recibido el reporte mencionado y ha asegurado que no ha protegido a criminales. Sin embargo, el abogado Montaña busca que se realice una investigación exhaustiva no solo sobre Mancera, sino también sobre otras personas mencionadas en los informes de prensa.

Además Bejarano, Mancera y Jaimes revelan tener una militancia política que, ejercida con el código penal y contra sus enemigos, dice, es muy grave y destruye la democracia. “Queremos una Fiscalía imparcial, eficiente y transparente. Porque una que no reúna esos requisitos termina persiguiendo a los críticos y exonerando a los amigos- Eso rompe el equilibrio y afecta el estado de derecho”, afirmó.-

Para colmo de males, los mismos funcionarios de la Fiscalía que son sus subalternos terminaron exonerándola de los posibles delitos. Eso no tiene presentación. Ella ha debido enviar las investigaciones a la comisión de acusaciones o esperar a que se cambiara la Fiscalía para que las investigaciones fuesen independientes”, concluyó.

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