En Medellín, la sombra de la impunidad y la corrupción se cierne sobre la ciudadanía. La investigación en torno a Construcciones Cóndor y su presunta complicidad en desapariciones forzadas en La Escombrera revela una red de connivencia entre contratistas y gobernantes que, a través de acuerdos ilícitos y negligencia en la investigación, permite violar la ley y perpetuar crímenes atroces.
Radiografía de un sistema corrupto
El caso, que se remonta a la Operación Orión en la Comuna 13, expone cómo la complicidad entre actores estatales y privados ha facilitado la entrada y permanencia de grupos paramilitares en zonas vulnerables. Testimonios y evidencias recogidas por la Justicia Especial para la Paz (JEP) apuntan a que en La Escombrera se utilizaban infraestructuras controladas por Construcciones Cóndor y Agregados San Javier para transportar y ocultar a personas que luego desaparecían. Este escenario, que se desarrolla en una zona estratégica de Medellín, evidencia el mecanismo invisible de la corrupción: mientras el aparato estatal otorga contratos millonarios a empresas implicadas en prácticas ilícitas, las víctimas y sus familias quedan atrapadas en un sistema que les niega justicia.
La alianza entre poder y negocio
La historia no es aislada. Desde hace décadas, contrapartes empresariales han sido favorecidas por gobiernos sucesivos, quienes, en lugar de ejercer una función de control y sanción, actúan como cómplices al ignorar o incluso proteger estos vínculos oscuros. En el caso de Construcciones Cóndor, se destaca cómo su estrecha relación con altos funcionarios –entre ellos, directivos con antecedentes en importantes entidades estatales– ha permitido que continúe siendo “consentida” a pesar de las graves acusaciones que la vinculan con desapariciones y con la instalación de bases paramilitares.
Un sistema silencioso y corrosivo
La falta de acción por parte de la Fiscalía y la omisión de los organismos de control han contribuido a que la justicia se vea socavada. Durante años, defensores de derechos humanos han denunciado que la inacción del Estado ante las pruebas presentadas es parte de un ciclo secreto en el que la corrupción se perpetúa. El hecho de que, a pesar de contar con testimonios contundentes y evidencias documentales, las solicitudes para investigar a Construcciones Cóndor hayan sido desestimadas, pone en evidencia la complicidad sistemática entre el sector público y el privado.
Hacia una verdad sin máscaras
La lucha contra la impunidad requiere que la ciudadanía se informe y exija transparencia. Es imperativo que se realice una reforma profunda en los mecanismos de control y que se tomen medidas ejemplares contra aquellos que, al unir fuerzas en aras del beneficio propio, atentan contra los derechos fundamentales de la población. La verdad no solo se lee en los titulares, se siente en el dolor de las víctimas y en la frustración de quienes buscan justicia. Este análisis busca empoderar a la sociedad para enfrentar un entramado de corrupción que, a la larga, debilita la democracia y la confianza en el Estado.
Construcciones Cóndor y su presunta complicidad en desapariciones en La Escombrera en Medellín
En septiembre del 2013 la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ordenó investigar a una decena de ex funcionarios y ex militares de alto nivel por la posible comisión de diversos delitos relacionados con el paramilitarismo. La sala también pidió a la Cámara de Representantes investigar al ex presidente Álvaro Uribe Vélez, lo cual fue ratificado luego en el 2015. Las acusaciones tenían que ver con el desarrollo de la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín.
La magistratura ordenó investigar también a la ex fiscal Viviane Morales Hoyos, al Fiscal Quinto Delegado ante la Corte Suprema de Justicia Eberto Rodríguez Hernández, al Fiscal 28 de la Unidad Delegada de Fiscalía contra el Terrorismo de la época (2009 – 2011) y al Fiscal 7 Delegado ante la Corte, “por el posible delito de prevaricato por omisión, por su omisión en la investigación y juicio de los generales Mario Montoya Uribe y Leonardo Gallego Castrillón y de los demás generales y altos oficiales de las Fuerzas Armadas comprometidos en graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario”.
Los diversos testimonios y versiones, entre ellas la confesión de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, llevaron a la Sala a establecer que existieron sospechas suficientes de que en esa acción militar, los miembros del Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) pudieron haber participado de manera concertada con los altos oficiales.
Once años después, la Justicia Especial para la Paz (JEP), termina dando la razón a las madres de desaparecidos no solo durante la Operación Orión que ejecutó el ejército colombiano por órdenes de Álvaro Uribe en la zona de La Escombrebra, sino desde antes, pues según los testimonios a esta zona eran llevadas personas que presuntamente eran ejecutadas por los grupos ilegales asentados en la Comuna.
Defensores de Derechos humanos empezaron a recibir información desde el año 2001, sobre lo que estaba pasando en los enfrentamientos entre milicias urbanas y grupos paramilitares en esa zona de Medellín.
En marzo de 2002, solicitaron ante la CIDH una audiencia de carácter temático para informarle sobre la situación de derechos humanos en general en Antioquia, en Medellín, y en particular en Comuna 13.
Lo curioso es que justo el día en que se convocó esa audiencia ante la Corte Internacional, es decir dos meses después de solicitada, el Gobierno de Alvaro Uribe decidió realizar la Operación Orión.
Durante las audiencias que sobre el tema ha realizado la JEP se volvió a mencionar a la empresa Construcciones El Cóndor, por lo que muchos consideran tiene una responsabilidad inmensa en lo que pasó en la desaparición forzada en la Comuna 13.
Varias versiones de defensores de Derechos Humano apuntan a que eran los de que les abrían la puerta a las camionetas que llegaban con personas desaparecidas, acompañadas de paramilitares, de la policía o de soldados.
María Victoria Fallon, del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH), ha sido una de las personas que más ha insistido en la corrupción e ilegalidad en que ha actuado el Estado Colombiano en complicidad con grupos paramilitares e incluso empresarios, contra población civil.
Para la defensora de Derechos Humanos, es claro que el propósito de la Operación Orión no era otro que crear las condiciones para que el Bloque Cacique Nutibara (BCN) se asentara en la Comuna 13. En 2004, sería el laboratorio de los paramilitares desmovilizados. “En la Comuna 13 tuvo la casa principal la Corporación Democracia, la fachada legal de la desmovilización del BCN, cuyos integrantes terminaron caídos en enfrentamientos, en problemas con otros grupos o en la cárcel. Se sacaron las milicias, pero se instaló el BCN a controlarlo todo: las relaciones sociales, el microtráfico, la entrada y salida de personas, las construcciones de vivienda. Entraron a manejar la Comuna 13”, anotó.
De acuerdo con los datos de la JEP, son 435 víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13 entre los años 1978 y 2016; entre ellas, 126 habrían sido desaparecidas en el segundo semestre del año 2002 y el primero de 2003, épocas de las operaciones militares urbanas.
Construcciones El Cóndor: ¿cómplices?
“La Comuna 13 queda en una montaña, aún hoy la parte alta tiene mucha zona rural. En el año 2002, esa zona rural era muchísimo más amplia, pero a la vez estaba a continuación de donde habían llegado las construcciones de las personas. Era relativamente fácil acceder a esa zona rural. En la parte alta, funcionaban desde esa época dos empresas: una arenera que es una concesión minera para la extracción y explotación de arena y de otros materiales pétreos para la construcción, una mina a cielo abierto, con todo lo que implica eso para el medio ambiente. Además de la arenera, una escombrera tiene por propósito recibir los residuos sólidos sobrantes de las actividades de construcción. Normalmente están reguladas por los municipios, las escombreras no son botaderos libres. Como funcionan con regulación, tienen unos controles de acceso tanto para las personas como para los vehículos. En La Escombrera subían y bajaban permanentemente volquetas, bajaban con los materiales de extracción de la mina de arena, y subían con escombros de las construcciones. Pasaban por una portería, estamos hablando de setenta a ochenta hectáreas en una montaña. En esa zona, los paramilitares instalaron un campamento, pero la forma de acceder no era otra que el ingreso de La Arenera que, en ese momento, pertenecía a Construcciones El Cóndor, y La Escombrera, de Agregados San Javier”, relató Fallón en una entrevista para la revista Cambio en el 2023.
Hoy la JEP mantiene como vinculados al llamado caso de La Escombrera a Construcciones el Cóndor.
“Desde el inicio, las organizaciones de derechos humanos solicitamos dentro de los procesos de investigación en la Fiscalía que se vinculara a Construcciones El Cóndor, porque si no había prueba de su participación directa, estaba claro que estos carros que llevaban a las personas retenidas, que iban a ser asesinadas y desaparecidas, tenían necesariamente que pasar por esa portería. Sin embargo, es una solicitud que nunca ha sido tomada en cuenta. Han pasado veintiún años, pero tiene que haber algún tipo de responsabilidad en relación con Construcciones El Cóndor: eso pone en la mesa una discusión muy interesante acerca de la responsabilidad de los terceros particulares en la protección de los derechos humanos”, sostuvo.
Y recalcó que “Si la Fiscalía hubiese hecho las investigaciones que correspondían en relación con Construcciones El Cóndor, si hubiese determinado su responsabilidad por permitir el ingreso y del establecimiento de una base paramilitar en sus terrenos, ahí no más ya habría una causal de dar por terminada esa concesión. Las concesiones mineras son competencia de las gobernaciones y del Ministerio de Minas; pero en las escombreras sí regulan las alcaldías. Es decir, desde el año 2002, las alcaldías sucesivas que han pasado por Medellín tenían competencia para haber buscado una manera de haber cerrado las escombreras”.
Hay pruebas de que la empresa Agregados San Javier absorbida por la constructora Cóndor SA es la que arrojó escombros a los desaparecidos en la Escombrera en la Comuna 13. Ahora Cóndor explota la Escombrera, con un capital de 35 mil millones.
Aún así desde hace al menos tres décadas, Construcciones El Condor es una de las que más contrata con el estado, principalmente la construcción de grandes vías. Algunos de sus proyectos son: La finalización de la Unidad Funcional 5 de la Concesión Pacífico 3; el avance en el proyecto Antioquia-Bolívar; la variante San Francisco-Mocoa en Putumayo; la Ruta Al Sur S.A.S Santana-Mocoa-Neiva, y el Túnel del Toyo, entre otras.
En Odinsa Construcciones el Cóndor tiene el 16% de acciones. El presidente de su Junta directiva es Juan Felipe Gaviria –ex rector de EAFIT y ex gerente de EPM-, y estuvo en la junta directiva del IDEA por el ex gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo. Otro de los miembros de la Junta directiva es José Jairo Correa Gómez, quien también fue fundador de Odinsa.
Es decir, su vínculo o sospechas de complicidad con actividades paramilitares nunca han sido tenidos en cuenta por el Estado colombiano a la hora de entregarle billonarios contratos. Todo lo contrario, sigue siendo una de las firmas más “consentidas” por los gobiernos para confiarles grandes obras.
Mientras que las familias de las víctimas de la Escombrera han visto por años frustradas sus peticiones de medidas cautelares para que las actividades de extracción o disposición de materiales en la zona, fuera suspendido para poder encontrar los restos de sus seres queridos.
Para la defensora de Derechos Humanos, es claro que el propósito de la Operación Orión no era otro que crear las condiciones para que el Bloque Cacique Nutibara (BCN) se asentara en la Comuna 13. En 2004, sería el laboratorio de los paramilitares desmovilizados. “En la Comuna 13 tuvo la casa principal la Corporación Democracia, la fachada legal de la desmovilización del BCN, cuyos integrantes terminaron caídos en enfrentamientos, en problemas con otros grupos o en la cárcel. Se sacaron las milicias, pero se instaló el BCN a controlarlo todo: las relaciones sociales, el microtráfico, la entrada y salida de personas, las construcciones de vivienda. Entraron a manejar la Comuna 13”, anotó.
De acuerdo con los datos de la JEP, son 435 víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13 entre los años 1978 y 2016; entre ellas, 126 habrían sido desaparecidas en el segundo semestre del año 2002 y el primero de 2003, épocas de las operaciones militares urbanas.
