Gabriel García Morales - Otto Nicolás Bula Bula - Bernardo Miguel Elías Vidal - Roberto Prieto Uribe - Enrique Ghisays Manzur
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La hora cero para el proceso contra el empresario José Elías Melo, quien fue hallado culpable de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, llegará hoy: el juez 14 penal municipal de conocimiento de Bogotá dirá la pena que deberá pagar por sus delitos.

El pasado 1 de abril, la justicia determinó que Melo, como presidente de Corficolombiana, tuvo conocimiento del pago de 6,5 millones de dólares en sobornos que se giraron para la adjudicación del segundo tramo de la Ruta del Sol. Este hecho sucedió en mayo de 2009, es decir, un año después de que Melo asumió como presidente de la empresa.

Tras ser hallado culpable, el empresario insistió en negar su participación en la red de corrupción de Odebrecht y aseguró que sus acciones como funcionario fueron correctas, motivo por el que su abogado afirmó que seguirá “acudiendo ante la justicia por los canales apropiados para que se reverse la decisión” y que apelará la sentencia.

Melo se convierte en el ejecutivo de más alto cargo que ha sido condenado hasta ahora por el entramado ilícito de la multinacional brasileña, pero no es el único.

En medio de cuestionamientos por el ya demostrado conflicto de interés que inhabilitaba al fiscal Néstor Humberto Martínez para estar al frente de las investigaciones, la Fiscalía General de la Nación logró algunos avances: cinco grandes rostros de los negocios y la política en Colombia han sido capturados y hallados culpables.

Para subsanar la polémica, en diciembre del año pasado la Corte Suprema de Justicia designó como fiscal ad hoc a l abogado Leonardo Espinosa, hoy encargado de mostrar nuevos resultados. Conozca los procesos que más han avanzado .

Monumentos de la corrupción
En 2009, durante su gestión como director del Instituto Nacional de Concesiones (Inco) —hoy Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)—, Gabriel García Morales fue quien adjudicó a la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., consorcio en que participaba la constructora multinacional brasileña Odebrecht, el contrato del tramo II de la Ruta del Sol. La justicia logró determinar que el alto funcionario, quien después fue viceministro de Transporte del gobierno de Álvaro Uribe, recibió un soborno de 6,5 millones de dólares por la adjudicación y el 12 de diciembre de 2017, el Juzgado 31 de conocimiento de Bogotá lo condenó a 62 meses de prisión por los delitos de celebración indebida de contratos y cohecho, cargos que había aceptado previamente, y le impuso una multa de 89 salarios mínimos. Desde entonces, Morales colabora con la Fiscalía y ha sido uno de los principales “ventiladores” del caso.

De otro lado, el exviceministro es la primera persona natural en ser mencionada en un histórico fallo de 336 páginas, en el que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió a favor de una demanda presentada por la Procuraduría General de la Nación contra la adjudicación del tramo II de la Ruta del Sol. El documento judicial, emitido el 6 de diciembre de 2018, declaró responsable a García Morales de “actos de corrupción que vulneraron la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, el acceso a los servicios públicos y la libre competencia económica”; lo inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos y lo declaró responsable solidario de una deuda de 800.156 millones de pesos por perjuicios causados al Estado.

Desde 2017, García Morales permanece recluído en la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá.

El exsenador es señalado de cohecho y enriquecimiento ilícito, pues recibió sobornos de 4,6 millones de dólares para que promoviera la firma de diversos contratos para la vía Ocaña-Gamarra, en el tramo II de la Ruta del Sol. Según su testimonio, Bula habría contactado al también excongresista Bernardo Miguel “ñoño” Elías, para proponerle impulsar la adición de dicho tramo al contrato, a cambio de recibir un porcentaje de su valor. Según la Fiscalía General de la Nación, habría sido tan determinante la participación de Bula en el entramado de Odebrecht, que el 5 de agosto de 2013 firmó con la multinacional un contrato de prestación de servicios para conseguir la adición del tramo Ocaña-Gamarra sin que se hiciera proceso de licitación. En otro proceso, junto con el exviceministro de Transporte Gabriel García MoralesOtto Bula también fue declarado responsable de actos de corrupción por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en fallo del 6 de diciembre de 2018. La decisión judicial lo inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos y lo declaró deudor de 800.156 millones de pesos por perjuicios al Estado. Asimismo, Bula fue condenado el 24 de septiembre de 2018 a una pena de 24 meses de prisión como responsable del delito de cohecho por dar u ofrecer. Aunque desde su reclusión en La Picota ha venido colaborando con la justicia, la información contenida en el celular del excongresista sería prueba clave en contra de otros corporados que también habrían recibido sobornos de Odebrecht. En marzo de este año, el fiscal ad hoc para el caso, Leonardo Espinosa,pidió a la Corte Suprema aclarar qué había ocurrido con dichos datos, pues un perito no pudo acceder a ellos. No obstante, la Fiscalía aseguró que cuenta con copia de toda la información.
Mientras se desempeñó como congresista, Elías sirvió de lobbista de la multinacional brasileña Odebrecht, para lograr la adjudicación irregular de contratos de infraestructura, tarea por la que la constructora le pagó coimas y comisiones, por el 2 % del valor total del contrato de la Ruta del Sol II. Tras aceptar los cargos de cohecho y tráfico de influencias, el 28 de febrero de 2018 el exsenador fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 6 años y 8 meses de prisión. Elías continúa siendo testigo clave en la línea de investigación que la Fiscalía ad hoc para el caso Odebrecht adelanta contra el denominado grupo “Bulldozer”, definido por la Fiscalía como “un nutrido equipo de empresarios y congresistas que ejercían presión a través de la reforma tributaria, abriedo camino” para que la multinacional brasileña se quedara con varios contratos de infraestructura en el país. El grupo habría sido liderado por el también excongresista Otto Bula, con la ayuda de Elías. El 23 de abril de este año, la Fiscalía ad hoc presentó en audiencia el escrito de acusación contra cuatro de los presuntos integrantes de los “Bulldozer”: Gustavo Torres, expresidente de la compañía Profesionales de Bolsa; Gabriel Dumar, ex representante legal del Consorcio Sion y accionista de L y L Constructores S.A.S.; Federico Gaviria, exasesor de Odebrecht; y Eduardo José Zambrano, quien sostenía vínculos de amistad con altos directivos de Odebrecht y sus asesores. A la fecha, contra Elías continúa abierto un proceso por lavado de activos. Está por establecer si el excongresista habría sido intermediario en los presuntos aportes de Odebrecht a la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos.
El economista caldense gerenció la campaña de Juan Manuel Santos a la reelección presidencial y fue vinculado al caso Odebrecht en 2017, luego de ser acusado por el excongresista Otto Bula de haber recibido cerca de 1 millón de dolares de la multinacional. Al menos 350 llamadas telefónicas interceptadas en el celular de Prieto hicieron parte del material probatorio que investigó la Fiscalía General de la Nación. En una de las primeras grabaciones, que data del 10 de marzo de 2017, cuando el escándalo estaba en ebullición, el entonces presidente Santos llamó a Prieto para pedirle explicaciones del dinero que habría sido dirigido a unos afiches de su campaña. El exgerente le respondió que existió una reunión en abril entre el equipo financiero de la campaña, en el que se nombra a Orlando Sari, Juan Claudio Morales y Consuelo Caldas, con Luiz Bueno, exdirector de Odebrecht y Eduardo Zambrano, quien según el ente acusador, sería el enlace de los brasileños para conducir los sobornos a políticos y funcionarios. Según mencionó Prieto en el audio, los brasileños se ofrecieron a aportar a la campaña de Santos, pero sabiendo que es ilegal la entrada de dinero de privados extranjeros, no se aceptó el aporte y no se incluyó el dinero en las cuentas oficiales.

Sin embargo, a medida que avanzaron las investigaciones, el exgerente buscó lograr un preacuerdo con la Fiscalía para reconocer su responsabilidad en la recepción del dinero. El 29 de mayo de 2018, un juez con funciones de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en su contra y fue enviado a la cárcel Modelo de Bogotá. Luego de la designación de Leonardo Espinosa como fiscal ad hoc para el caso Odebrecht, la solicitud de preacuerdo, que le implicaría a Prieto una condena de 5 años de prisión, debe volver a ser revisada por ese despacho.

 

El empresario fue vinculado al proceso de sobornos que se enmarca en el caso Odebrecht por haber prestado sus cuentas bancarias para ingresar a Colombia 6,5 millones de dólares que le habrían sido entregados en 2009 al ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales, de quien afirmó ser amigo personal. En marzo de 2017, durante la audiencia de imputación de cargos, aceptó su participación en los delitos y el 31 de julio de ese año, un juez penal especializado lo encontró culpable de haber contribuido a dar apariencia de legalidada ese dinero y lo condenó a 7 años de prisión por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La investigación de la Fiscalía sostiene que los 6,5 millones de dólares fueron repartidos entre varios funcionarios, contratistas, dirigentes políticos y particulares para modificar el pliego de condiciones en el proceso licitatorio adelantado en el Inco -hoy ANI-. Además, el 6 de marzo del año pasado, la Fiscalía logró determinar que Ghisays Manzur y su hermano Eduardo recibieron como comisión 700 mil dólares para la creación, en 2010, de la sociedad panameña denominada Lurion Trading Inc., en la que se depositó el dinero de Odebrecht a través de una cuenta abierta en la Banca Privada de Andorra. Por esos hechos, el Tribunal Superior de Bogotá aumentó su condena a 10 años de prisión y le impuso una multa de cerca de 27.000 millones de pesos. Para el aumento de la pena, el juez tuvo en consideración que el empresario “administró el dinero a su voluntad” y pudo suministrar soportes de su destinación final.

Por su parte, Eduardo Ghisays, hermano de Enrique, fue condenado el 24 de agosto de 2017 a 37 meses de prisión domiciliaria, pues un juez especializado lo encontró culpable de haber participado en la operación de lavado de activos.

TOMADO DE EL COLOMBIANO

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