La «Creatividad» Financiera de una EPS que guardó 14 millones de facturas en el cajón mientras los pacientes morían esperando
Mientras usted lee este titular, probablemente alguien en Colombia fue a una cita médica que le negaron, o a una farmacia donde le dijeron que «su EPS no ha pagado«. Lo que no sabía es que detrás de esa negación hay un sistema tan perversamente diseñado que convierte el sufrimiento en números, y los números en utilidades falsas. Bienvenido al teatro financiero de la Nueva EPS, donde 14 millones de facturas se guardaron en el cajón mientras la obra continuaba.
La Fiscalía acaba de levantar el telón de una de las representaciones más macabras del sistema de salud colombiano: José Fernando Cardona Uribe y tres de sus cómplices enfrentan juicio por lo que podríamos llamar «el arte de hacer desaparecer $70.500 millones sin que nadie se diera cuenta«. O mejor dicho, sin que la Superintendencia Nacional de Salud quisiera darse cuenta.
Se trata de José Fernando Cardona Uribe, que lideró la Nueva EPS desde 2009 hasta principios de 2024; Juan Carlos Isaza Correa, exvicepresidente financiero; Edgar Pedraza Castellanos, exgerente de contabilidad; y Fabio Antonio Peralta Núñez, exgerente de cuentas médicas.
El Manual del Perfecto Estafador de la Salud
¿Cómo se roba en el sector salud sin que te pillen? Según el expediente de la Fiscalía, es sorprendentemente simple. Tomas las facturas que te llegan de hospitales y clínicas, las metes en una «política fraudulenta» —así la llamaron ellos mismos, con la desfachatez de ponerle nombre—, y decides cuántas vas a procesar según te convenga. Las que no te convienen, simplemente no existen.
Entre 2019 y 2023, mientras los colombianos hacían filas interminables para citas médicas y se endeudaban comprando medicamentos que debían ser gratuitos, Cardona Uribe y su equipo de contadores creativos decidieron que 14 millones de facturas eran «demasiadas« para su flujo de caja. La solución fue digna de un genio de las finanzas: crear un documento llamado CXP que proyectaba «lo que técnicamente podía procesar la EPS«, estableciendo un «monto límite» para las cuentas médicas.
Traducido al lenguaje de la calle: decidieron cuánto iban a pagar a los hospitales sin importar cuánto debían realmente. Lo demás era problema de los enfermos.
La Superintendencia: El público más complaciente del teatro
Pero aquí viene la parte más indignante de esta historia. La Superintendencia Nacional de Salud, ese organismo que supuestamente vigila que las EPS cumplan con su obligación de cuidar nuestra salud, se conformó con aplaudir una función completamente falsa.
Los estados financieros que presentaba la Nueva EPS eran pura ficción: utilidades que no existían, activos inflados, pasivos escondidos. Todo un montaje digno de Hollywood, pero con consecuencias reales en las vidas de 44 millones de colombianos que dependían de este sistema.
Y aquí es donde la historia de la Nueva EPS se conecta con el diagnóstico devastador que acaba de publicar la Contraloría General de la República: 23 de las 29 EPS del país operan sin el respaldo financiero que la ley exige. No es que Nueva EPS fuera la excepción corrupta; era simplemente la más descarada en un sistema diseñado para el fraude.
El costo real de la «Creatividad» contable
Mientras Cardona Uribe y sus socios jugaban con los números, los pacientes pagaban las consecuencias. La Contraloría documenta que las EPS acumulan una deuda de $32.9 billones con hospitales y clínicas. ¿La consecuencia? Cuando una EPS no paga, los hospitales se protegen negando servicios.
Los datos son despiadados: 292.074 quejas por negación de citas, 262.725 por falta de oportunidad, 277.912 problemas con medicamentos. Cada número es una persona enferma, una familia desesperada, una vida en riesgo mientras los «genios financieros» de las EPS maquillan balances.
La judicialización de la salud no es casualidad: es el resultado directo de que las EPS prefieran gastar en abogados para negar servicios que en médicos para prestarlos. 59.756 tutelas para obtener procedimientos médicos oportunos, 48.650 para conseguir medicamentos. Cada tutela es una confesión de culpabilidad del sistema.
El mito de la insuficiencia: Cuando la mentira se vuelve política pública
Durante años, las EPS han vendido la misma historia: «No nos dan suficiente dinero«. Es la excusa perfecta para justificar la negligencia, la corrupción y la muerte por negación de servicios. Pero los datos oficiales destrozan esta narrativa con la contundencia de un veredicto judicial.
La UPC aumentó 12% en 2024, llegando a $87.8 billones. Más dinero, mismos problemas. ¿Por qué? Porque el problema no es cuánto entra, sino qué hacen con lo que entra. Y lo que hacen es sistemáticamente violatorio de la ley.
22 de 29 EPS no cumplen con la obligación de invertir sus reservas técnicas en activos líquidos y seguros. Esto no es incompetencia; es apropiación indebida con título profesional. Reciben dinero específicamente para garantizar servicios futuros y lo usan para otros fines, creando el «hueco patrimonial» que ningún aumento de presupuesto puede subsanar.
La Impunidad Como Política de Estado
Lo más revelador del caso Nueva EPS no son los crímenes cometidos, sino cuánto tardó el sistema en actuar. Cardona Uribe lideró la entidad desde 2009 hasta 2024. Quince años de señales de alerta que la Superintendencia prefirió ignorar.
Como señaló el presidente Petro, desde los inicios de la Nueva EPS se detectaron irregularidades. Pero el sistema de salud colombiano funciona con una lógica perversa: mientras las EPS mantengan la ficción de los números, pueden matar pacientes con total tranquilidad.
La intervención llegó demasiado tarde, cuando ya era imposible ocultar el desastre. Y aún así, los responsables siguieron en sus puestos, cobrando sueldos millonarios mientras los hospitales quebraban esperando que les pagaran.
El Sistema que premia la corrupción
Nueva EPS no es una manzana podrida; es el producto lógico de un sistema diseñado para fracasar. Cuando las EPS pueden recibir dinero por adelantado pero pagar a los hospitales 90-180 días después, cuando pueden liberar reservas técnicas de años anteriores para maquillar sus números, cuando pueden operar sin respaldo financiero durante años sin consecuencias reales, la corrupción no es una desviación del sistema: es el sistema.
El «flotador de tesorería» que genera esta ventaja temporal debería ser suficiente para mantener cualquier EPS en números negros. Que 16 EPS presenten indicadores de liquidez insatisfactorios pese a recibir dinero por adelantado es la prueba más contundente de que el dinero está siendo desviado sistemáticamente.
La responsabilidad de la complicidad
Pero señalar solo a los directivos de las EPS sería quedarse en la superficie del problema. La crisis de la salud en Colombia es resultado de un sistema de complicidades que incluye a reguladores que no regulan, auditores que no auditan, y una sociedad que ha normalizado que la salud sea un privilegio y no un derecho.
La Superintendencia Nacional de Salud tenía toda la información necesaria para intervenir la Nueva EPS años antes. Los indicadores financieros, las quejas de los usuarios, los reportes de los hospitales. Pero prefirió mantener la ficción de que todo funcionaba bien.
Y nosotros, los ciudadanos, hemos aceptado con resignación que conseguir una cita médica sea una odisea, que comprar medicamentos requiera endeudarse, que un procedimiento de urgencia necesite una tutela. Hemos normalizado la barbarie.
La Hora de la Verdad
Los cargos contra Cardona Uribe y sus cómplices —falsedad en documento privado, fraude procesal, omisión de control y peculado— son solo la punta del iceberg. Detrás de cada imputación hay miles de vidas afectadas, familias quebradas, tratamientos negados, muertes evitables.
Pero el juicio contra estos cuatro personajes será irrelevante si no se acompaña de una transformación estructural del sistema. Mientras las EPS puedan seguir operando sin respaldo financiero real, mientras los reguladores sigan conformándose con papeles bonitos en lugar de supervisión efectiva, mientras sigamos creyendo que el problema es la «falta de recursos» y no la malversación sistemática, seguiremos enterrando víctimas de la codicia institucionalizada.
La Nueva EPS nos ha regalado una radiografía perfecta de cómo funciona realmente el sistema de salud colombiano. No es negligencia; es diseño. No son errores; son características del sistema. Y mientras no entendamos que la crisis de las EPS es una crisis de corrupción estructural, no de financiación, seguiremos pagando con nuestras vidas la complacencia de quienes prefieren las utilidades falsas a la salud real.
La pregunta no es si Cardona Uribe y sus socios irán a la cárcel. La pregunta es si vamos a seguir permitiendo que el sistema que los creó siga operando con total impunidad. Porque cada día que pasa sin reformas estructurales es un día más en el que alguien morirá esperando un servicio que ya está pagado, pero que nunca llegará.
El teatro de los $70.500 millones ha terminado. Ahora falta decidir si queremos seguir siendo el público complaciente de esta tragedia, o si finalmente vamos a exigir que la salud deje de ser ficción y se convierta en realidad.
