El monopolio que nadie quiere nombrar ya tiene rostro y nombre propio
La Verdad que no quisieron que vieras
Desde octubre de 2024, cuando encendías Canal 1 esperando encontrar programación nacional, lo que recibías era la retransmisión de emisoras españolas. Sin aviso, sin autorización, sin que nadie te preguntara si querías que un canal público colombiano se convirtiera en la sucursal de Grupo Prisa.
Pero esto no fue casualidad ni una «alianza estratégica«. Fue el resultado de una tramoya perfectamente orquestada que ahora, meses después, las autoridades confirman como lo que siempre fue: una operación ilegal de concentración mediática.
La Superintendencia de Sociedades ya confirmó la sanción a Phoenix Media S.A.S. por $40 millones de pesos -una cifra ridícula comparada con el botín obtenido- por ocultar deliberadamente la estructura de control sobre Canal 1. Paralelamente, la Superintendencia de Industria y Comercio elevó pliego de cargos contra Caracol Radio y Plural Comunicaciones por violaciones al régimen de libre competencia.
¿El problema? Que entre agosto de 2024 y febrero de 2025, estas empresas ejecutaron contratos que nunca reportaron a tiempo, transfiriendo a Caracol Radio el control efectivo sobre contenidos y pauta publicitaria de Canal 1. Desde octubre, entre el 70% y 90% de la programación diaria del canal público -16 horas diarias- se llenó de contenido de Caracol Radio.
El Sistema que permite el saqueo
Aquí es donde la historia se vuelve obscena. Ramiro Avendaño, el mismo que en 2023 se quejaba amargamente de las «prácticas de discriminación» de Caracol y RCN, que denunciaba sus «cláusulas de exclusión» con anunciantes, que clamaba por más «ofertas de periodismo, entretenimiento y formación«, terminó entregándole en bandeja de plata el canal a esos mismos competidores que tanto criticaba.
¿Dónde quedó su noble defensa del pluralismo mediático? ¿Qué pasó con su lucha contra el monopolio? Simple: se evaporó cuando vio la oportunidad de salvar su negocio quebrado.
Porque la realidad es que Plural Comunicaciones estaba en números rojos. En 2023 facturó $45.698 millones, una caída del 12,65% respecto al año anterior, con pérdidas de $14.423 millones. La empresa que Avendaño había tomado tras el management buyout de 2023 -después de que Hemisphere Media se retirara tras invertir más de US$400 millones- simplemente no era sostenible.
Pero aquí viene lo verdaderamente perverso del asunto. En lugar de devolver la concesión al Estado o buscar una salida transparente, Avendaño decidió hacer lo que mejor saben hacer los empresarios cuando el negocio no funciona: burlar la ley.
La maniobra maestra del engaño
La operación fue tan burda como efectiva. Primero, ocultaron la verdadera estructura de control de Phoenix Media sobre Canal 1, violando el principio básico de transparencia societaria. Después, ejecutaron contratos de integración con Caracol sin reportarlos previamente a la SIC, como exige la ley.
Cuando finalmente reportaron en febrero de 2025, ya era tarde: la integración llevaba meses funcionando. Para entonces, Canal 1 había eliminado completamente su programación original. Adiós a Sin Carreta nocturno, adiós a Lo Sé Todo, adiós al noticiero CM& con 32 años de historia. El canal más longevo del país se convirtió en una repetidora de W Radio, Los 40 y Caracol Radio.
Y lo más cínico de todo: directivos de ambas empresas celebraban públicamente diciendo «vamos a ser uno solo«, mientras en los escritorios de las superintendencias fingían que esto era solo una «alianza comercial«.
El regalo envenenado de Duque
Pero la historia tiene un capítulo aún más sórdido. La concesión original de Canal 1, otorgada en 2017 por 10 años a cambio de $107.500 millones, fue «generosamente» ampliada hasta 2037 gracias a la Ley 1978 de 2019, aprobada durante el gobierno de Iván Duque.
¿Coincidencia? En Colombia no existen las coincidencias cuando se trata de favorecer a empresarios bien conectados.
Esa ley permitió que una concesión que debería haber terminado en 2027 se extendiera automáticamente hasta 2037, siempre y cuando se pagara el precio correspondiente. El problema es que ahora nadie sabe cuánto debería ser ese precio, ni si Phoenix Media -que nunca cumplió los requisitos originales de solvencia, experiencia y cupo de crédito de $45.000 millones– tiene derecho a esa prórroga.
Porque aquí está el meollo del asunto: Phoenix Media nunca debió tener esa concesión en primer lugar. El contrato 001 de 2017 exigía requisitos específicos que la empresa no cumplía. Solo pudo acceder gracias a que Hemisphere Media le cedió el 100% de las acciones, en una operación que violó los pliegos de licitación sin autorización previa.
La complicidad del silencio
Mientras todo esto ocurría, el Ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, jugaba a hacerse el desentendido. Cuando estalló el escándalo en octubre, Lizcano defendió la «legalidad» del acuerdo y aseguró que no implicaba cambios en la composición accionaria de Plural Comunicaciones.
¿En serio? Un canal que pasa del 100% de programación nacional al 90% de contenido extranjero no representa un «cambio en la operación«? ¿16 horas diarias de radio española en un canal de televisión público colombiano es «solo un acuerdo comercial«?
La respuesta es obvia: Lizcano o estaba mintiendo conscientemente o su incompetencia alcanza niveles épicos. En cualquier caso, su gestión facilitó una de las operaciones de concentración mediática más descaradas de la historia reciente del país.
Las consecuencias que nunca llegan
Las multas anunciadas por la SIC suenan intimidantes: hasta 100.000 salarios mínimos para las empresas ($142.350 millones de pesos) y hasta 2.000 salarios mínimos para personas naturales ($2.847 millones). Pero la experiencia colombiana con la impunidad empresarial nos enseña que estas sanciones, si finalmente se aplican, serán apeladas, reducidas y pagadas como «costo de hacer negocios«.
Mientras tanto, el daño ya está hecho. Canal 1, que debería ser un espacio de pluralismo y diversidad mediática, se convirtió en una extensión más del imperio de Grupo Prisa. Los trabajadores que perdieron sus empleos cuando cerraron los programas nacionales no van a recuperar sus puestos. Los televidentes que perdieron contenido local y relevante no van a recuperar esa programación.
Y lo más grave: el precedente está sentado. Si Caracol y Grupo Prisa pueden tomarse un canal público burlando las leyes y pagando multas ridículas, ¿qué impide que otros grupos hagan lo mismo?
El patrón que se repite
Esta historia no es única. Es el mismo patrón que hemos visto una y otra vez en Colombia: empresarios que se aprovechan de contratos públicos que no pueden cumplir, que burlan las reglas cuando les conviene, que se victimizan cuando los señalan, y que siempre encuentran funcionarios dispuestos a mirar hacia otro lado.
Avendaño ahora habla de «persecución«, cuando la realidad es que disfrutó durante años de una concesión para la que nunca cumplió los requisitos. Phoenix Media capitalizó acreencias, transfirió el canal a control extranjero, y luego lo entregó a una empresa de papel, violando en cada paso las normas que regulan las concesiones públicas.
¿Y cuál es la consecuencia real? Una multa de $40 millones de pesos para Phoenix Media. Cuarenta millones. Es decir, menos del 0,04% de lo que pagaron originalmente por la concesión.
La pregunta que nadie quiere hacer
Tres días atrás, el presidente Gustavo Petro escribió en X: «Llegó el final del contrato de Canal 1, hay que proceder con la licitación, es la ley«. Palabras correctas, pero tardías.
La pregunta real es: ¿por qué esperamos hasta que el saqueo estuviera consumado para actuar? ¿Por qué el Ministerio de las TIC no intervino cuando era evidente que se estaba violando la concesión? ¿Por qué las superintendencias tardaron meses en reaccionar ante una operación que se ejecutaba a la vista de todos?
La respuesta es incómoda pero necesaria: porque el sistema está diseñado para proteger a quienes tienen los recursos para burlarlo. Porque en Colombia, cuando tienes dinero y conexiones, las leyes son sugerencias negociables.
Más Allá de Canal 1: El Futuro de los Medios
Esta historia trasciende a Canal 1. Es un síntoma de algo más profundo: la captura sistemática del espacio público por intereses privados. Cuando un canal que debería servir al interés general se convierte en el botín de un grupo económico extranjero, estamos perdiendo algo más que diversidad mediática. Estamos perdiendo soberanía.
Grupo Prisa, el gigante español que controla W Radio, Caracol Radio, Los 40 y El País América, ahora también controla de facto Canal 1. ¿Qué sigue? ¿Cuántos medios más van a concentrarse en las mismas manos? ¿Cuándo vamos a despertar y darnos cuenta de que la diversidad de voces es fundamental para la democracia?
El problema no es solo Caracol o Grupo Prisa. El problema es un sistema que permite que esto ocurra, que castiga débilmente cuando ocurre, y que crea incentivos para que vuelva a ocurrir.
La complicidad ciudadana
Pero seamos honestos: parte de la responsabilidad también es nuestra. Como sociedad, hemos normalizado la corrupción, nos hemos acostumbrado a que los poderosos burlen las reglas, hemos aceptado que «todos roban» y «todos hacen lo mismo«.
Cuando un funcionario público defiende lo indefendible, cuando un empresario se victimiza mientras viola las leyes, cuando los medios de comunicación minimizan escándalos evidentes, ¿dónde está la indignación ciudadana? ¿Dónde están las marchas exigiendo transparencia? ¿Dónde está la presión social para que las autoridades actúen con firmeza?
La respuesta es dolorosa: estamos viendo Netflix mientras nos roban el país. Preferimos la comodidad del entretenimiento a la incomodidad de la participación política. Y así, mientras nosotros nos distraemos, ellos se reparten los medios, los contratos, las concesiones.
Lo que realmente está en juego
Esta no es solo una historia sobre un canal de televisión. Es una historia sobre cómo se captura un país. Paso a paso, contrato a contrato, concesión a concesión. Es una historia sobre cómo los poderosos escriben las reglas para beneficiarse, las quebrantan cuando les conviene, y pagan multas irrisorias cuando los descubren.
Es una historia sobre cómo hemos normalizado la impunidad hasta el punto en que ya ni siquiera nos sorprende. Es una historia sobre cómo, mientras discutimos sobre fútbol y celebridades, quienes realmente manejan el poder van consolidando su control sobre los recursos, los medios, las narrativas.
Y es una historia sobre nosotros: sobre nuestra capacidad de indignarnos, de exigir, de no resignarnos. Porque al final, los corruptos ganan no porque sean más inteligentes o más fuertes, sino porque el resto de nosotros decidimos mirar hacia otro lado.
La tramoya de Caracol para quedarse con Canal 1 ya fue descubierta. Las autoridades han confirmado las violaciones. Las multas han sido anunciadas. Ahora falta la parte más importante: que decidamos si vamos a permitir que esto vuelva a pasar.
Porque mientras sigamos aplaudiendo al corrupto que «al menos hace algo», mientras sigamos justificando las violaciones con «todos son iguales», mientras sigamos eligiendo la comodidad del silencio sobre la incomodidad de la acción, seguiremos mereciendo exactamente el país que tenemos.
La pregunta no es si hubo corrupción en el caso Canal 1. La pregunta es si vamos a seguir permitiéndola.
