Gustavo Petro llegó al poder con la promesa de combatir la corrupción, un mal que corroe el alma de Colombia desde hace décadas. Sin embargo, a medida que avanza su gobierno, queda cada vez más claro que las promesas de cambio no han sido más que eso: promesas. La administración de Petro, el primer gobierno de izquierda en la historia reciente del país, ha fracasado estrepitosamente al no implementar programas y estrategias efectivas para reducir la corrupción, dejando al país estancado en un ciclo de injusticia y desconfianza.
Un gobierno que prometió cambio, pero entregó más de lo mismo
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2024, publicado por Transparencia Internacional, ubica a Colombia en la posición 92 entre 180 países evaluados, con una calificación de 39 puntos sobre 100. Este resultado, que representa una caída de un punto respecto a 2023, es un reflejo del estancamiento en la lucha contra la corrupción. Según Transparencia por Colombia, esta calificación «refuerza una tendencia preocupante», ya que cualquier puntuación por debajo de 50 indica problemas graves de corrupción.
El informe de Transparencia Internacional también señala que la lucha contra la corrupción en el sector público se mantiene en niveles «extremadamente elevados», mientras que los esfuerzos por mitigarla «claudican» con consecuencias incluso en la lucha contra el cambio climático. En un mundo donde la crisis climática y la corrupción están intrínsecamente ligadas, Colombia parece estar perdiendo la batalla en ambos frentes.
Un presidente que no cumple lo que predica
Gustavo Petro, quien llegó al poder con un discurso de cambio y justicia social, ha sido incapaz de implementar reformas significativas para combatir la corrupción. Su gobierno ha sido marcado por escándalos que han generado indignación nacional e internacional, como el desvío de recursos de la UNGRD, la presunta financiación irregular de su campaña presidencial y acciones cuestionables en entidades como Ecopetrol.
Estos escándalos no solo han generado titulares, sino que también han erosionado la confianza de los colombianos en sus instituciones. Según una encuesta reciente de la revista de derecha Semana, y ferreao opositora del gobierno Petro, el 78% de los colombianos cree que la corrupción ha empeorado durante el gobierno de Petro. Esta matriz ha sido apliamente divulgada hasta convertirse en un golpe devastador para un presidente que prometió erradicar este mal.
La corrupción como el cáncer de Colombia
La corrupción en Colombia no es un fenómeno aislado; es un sistema que permea todas las instituciones y niveles de la sociedad. Desde la política hasta la justicia, pasando por la educación y la salud, la corrupción ha carcomido las estructuras del Estado, dejando un vacío de confianza y legitimidad.
El caso de la UNGRD es solo la punta del iceberg. La presunta financiación irregular de la campaña de Petro y las acciones cuestionables en Ecopetrol son ejemplos claros de cómo la corrupción opera en Colombia: de manera sigilosa, pero con consecuencias devastadoras. Estos escándalos no solo afectan la percepción pública, sino que también tienen un impacto directo en la vida cotidiana de los colombianos, perpetuando la desigualdad y la injusticia.
Un gobierno que no actúa, un país que sufre
La inacción del gobierno de Petro frente a la corrupción es un fracaso que tiene consecuencias reales y tangibles. Mientras el presidente y su gabinete se enfrascan en discursos y promesas vacías, los colombianos sufren las consecuencias de un sistema corrupto que no parece tener solución. La desconfianza en las instituciones es generalizada, y la sensación de que «nada cambia» es cada vez más palpable.
Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, lo resume de manera contundente: «El 2025 será un año crucial para determinar si las instituciones y la sociedad civil están preparados para lograr y exigir un cambio real«. Pero, ¿qué cambio real se puede esperar de un gobierno que ha demostrado ser incapaz de actuar?
Una llamada a la acción ciudadana
El fracaso del gobierno de Petro en la lucha contra la corrupción no es solo un problema de política; es una crisis que afecta a todos los colombianos. Es hora de que la sociedad civil tome las riendas y exija un cambio real. La corrupción no es un problema insuperable, pero requiere de la participación activa de todos para ser erradicada.
¿Estamos listos para enfrentar esta verdad y exigir el cambio que Colombia necesita? La respuesta está en nuestras manos.
La corrupción se apodera del mundo
Según el mismo informe, la lucha contra la corrupción en el sector público se mantuvo en 2024 a nivel mundial en niveles «extremadamente elevados«, al tiempo que los esfuerzos por mitigarlos «claudican» con consecuencias incluso en la lucha contra el cambio climático, señala Transparencia Internacional.
Según el documento elaborado por la organización con sede en Berlín, el promedio global del IPC -que clasifica las percepciones sobre el nivel de corrupción- continuó sin cambios en 43 puntos sobre 100 (ninguna corrupción percibida), un valor que se repite por decimotercer año consecutivo.
En un contexto de fenómenos climáticos extremos, calentamiento global sin precedentes, erosión de la democracia y un declive en el liderazgo mundial en materia climática, «el mundo está contra las cuerdas en la lucha contra la crisis climática» y «la corrupción entorpece aún más esta lucha», insiste la organización.
La mayoría de los países que son sumamente vulnerables al cambio climático tienen una puntuación inferior a 50 en el IPC, según TI, que destaca los miles de millones de dólares de los fondos climáticos que corren el riesgo de ser saqueados o mal utilizados.
«Debemos erradicar la corrupción de inmediato antes de que termine entorpeciendo las acciones climáticas significativas. Los gobiernos y las organizaciones multilaterales deben integrar medidas contra la corrupción en las iniciativas climáticas para salvaguardar las finanzas, restablecer la confianza y maximizar el impacto», recalcó Maíra Martini, directora ejecutiva de TI.
«Las tendencias peligrosas que se relevaron en el Índice de Percepción de la Corrupción de este año destacan la necesidad de responder con medidas concretas ahora a fin de abordar la corrupción global«, recalcó por su parte el presidente de TI, François Valérian.
Al igual que en años anteriores, más de dos tercios de los países obtuvieron una puntuación inferior a 50 sobre 100, según recoge el IPC.
Mejora en 32 países
En el IPC de 2024, Dinamarca aparece por séptimo año consecutivo como el país con la menor percepción de corrupción al lograr una puntuación de 90, por delante de Finlandia (88) y Singapur (85).
En el extremo opuesto, las tres naciones con peor puntuación fueron Sudán del Sur (8), Somalia (9) y Venezuela (10), países que empeoraron sus resultados en 2024 respecto a 2023 a la cola del IPC, en el que el país latinoamericano registró 13 puntos, los mismos que Sudán del Sur, y sólo dos unidades más que Somalia.
Del total de 180 países incluidos en el índice sobre corrupción de TI, en 101 naciones el nivel de percepción sobre este problema se mantuvo sin cambios entre 2012 y 2024, en 47 empeoró y sólo en 32 mejoró.
En el grupo de siete países que han mejorado notablemente su puntuación en el IPC en los últimos cinco años figura la República Dominicana (36), al igual que Costa de Marfil (45), Kosovo (44), Maldivas (38), Moldavia (43) y Zambia (39), según figura en el índice, en el que trece países han caído ostensiblemente.
Entre ellos se encuentran, además de Venezuela, Rusia (22) o Bielorrusia (33), naciones europeas situadas por encima del promedio global como Reino Unido (71), Bélgica (69), Austria (67) o Francia (67) y países hispanoamericanos situados por debajo de la media como El Salvador (30) o Nicaragua (14).
Europa, ‘fracasando’ ante la corrupción
España, con 56 puntos, ha perdido cuatro unidades en el IPC de 2024 respecto al de 2023, en una Unión Europea (UE) y Europa Occidental donde «está fracasando la lucha contra la corrupción» y donde TI señala un «debilitamiento del Estado de Derecho» y una «sobrecarga de los servicios públicos«.
La UE suma una puntuación de 62, por encima del promedio global (43), con Dinamarca, Finlandia y Luxemburgo (81) a la cabeza, mientras que figuran por debajo de esa media el este de Europa y Asia Central (35), el África Subsahariana (33), el Norte de África y Oriente Medio (39) y el continente americano (42).
También supera por la mínima la media global del IPC la región Asia Pacífico (44).
El IPC atribuye a las 24 «democracias plenas» del mundo una media de 73, un promedio que supera claramente al atribuido a las 50 «democracias deficientes» (47) y a los 95 «regímenes no democráticos» (33) que analiza Transparencia Internacional.
