La Sombra de la Corrupción
El miércoles 7 de agosto, mientras el presidente Gustavo Petro celebraba su segundo año de gobierno en el histórico Puente de Boyacá, un oscuro capítulo se desvelaba en los juzgados de Paloquemao, Bogotá. La Fiscalía General de la Nación apuntaba con firmeza hacia César Manrique Soacha, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, señalándolo como una pieza clave en la red de corrupción que envuelve a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Un Desfalco de 228.000 Millones de Pesos
Pruebas presentadas en la audiencia de Paloquemao revelan la magnitud de los contratos irregulares financiados con recursos públicos.
Durante la audiencia de medida de aseguramiento contra Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD, y Luis Eduardo López, un contratista conocido como “El Pastuso”, la Fiscalía presentó pruebas contundentes que vinculan a Manrique en un esquema de desfalco que asciende a cifras astronómicas. Manrique, quien asumió la dirección de Función Pública el 24 de agosto de 2022, habría solicitado el traslado de $100.000 millones de pesos desde la Agencia Nacional de Tierras (ANT) hacia la UNGRD, una maniobra que, según los testimonios de los involucrados, tenía como fin direccionar contratos a cambio de jugosas coimas del 7% por cada acuerdo firmado.
Los Jugosos Contratos y Sobornos
Detalles de los contratos multimillonarios adjudicados por César Manrique y sus cómplices, y cómo el dinero fue desviado para intereses corruptos.
La Fiscalía, representada por la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, detalló cómo Manrique, en complicidad con Luis Carlos Barreto, exsubdirector de Conocimiento del Riesgo de la UNGRD, utilizó estos fondos para financiar 21 órdenes de proveeduría que suman más de $228.000 millones de pesos. De este monto, $96.347 millones provinieron directamente de los recursos transferidos desde la ANT, con los cuales se firmaron contratos plagados de irregularidades.
Entre los contratos más escandalosos destaca uno de $42.426 millones de pesos con el Consorcio Plantas Desalinizadoras Uribia 2023 para la adquisición de plantas desalinizadoras con energía solar. Otro, por $29.000 millones, se adjudicó a la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Yapurutú, destinado a la compra de 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira, una región que históricamente ha sufrido por la falta de este recurso vital. Sin embargo, este contrato resultó ser solo la punta del iceberg, ya que otro acuerdo similar, también para la compra de carrotanques, reveló sobrecostos multimillonarios, el detonante que sacó a la luz pública el escándalo.
La Fiscalía reveló más contratos sospechosos, como uno de $11.199 millones con ACF Ingeniería SAS para la puesta en marcha y mantenimiento de aerodesalinizadores, y otro de $6.555 millones con la Unión Temporal Bases de La Guajira, para construir bases de concreto reforzado destinadas a instalar tanques de agua en tres municipios. Estas operaciones, sumadas a otras de menor cuantía, pintan un panorama desolador de corrupción y malversación de fondos.
Empresas Privilegiadas y Amistades Peligrosas
Empresas ligadas a allegados de Sneyder Pinilla, beneficiadas con contratos irregulares en el marco del desfalco a la UNGRD.
Pero el alcance del escándalo no se detiene ahí. La Fiscalía también desenterró contratos por más de $24.000 millones de pesos que beneficiaron a las empresas Maquisabana Rentall SAS y Proyecta Ing SAS, compañías ligadas a Sneyder Pinilla, quien las favoreció con millonarios convenios en días cercanos a su renuncia como subdirector para el Manejo de Desastres.
Este entramado de corrupción es un reflejo sombrío de la podredumbre que corroe las instituciones encargadas de proteger a los más vulnerables en momentos de crisis. La implicación de César Manrique, un alto funcionario del gobierno de Gustavo Petro, no solo sacude los cimientos de la Función Pública, sino que plantea serios cuestionamientos sobre la integridad de los procesos administrativos y la lucha contra la corrupción en Colombia. Mientras el caso avanza en los tribunales, la nación entera observa con indignación y exige justicia ante un nuevo capítulo de saqueo al patrimonio público.