Abelardo de la Espriella prometió gobernar sin corrupción desde una tarima en Barranquilla. Antes de jurar el cargo, sus propios contratos con el Estado y los alcaldes que este portal ha calificado uno por uno ya le respondieron esa promesa.
Domingo 21 de junio, Ventana al Mundo, Barranquilla. Abelardo de la Espriella, ganador de la segunda vuelta presidencial más estrecha en la historia de Colombia, le prometió al país algo que ya escuchamos antes, con otras caras y otros apellidos: cero corrupción. La frase cabe en una pancarta, en cuatro segundos de video y en cualquier discurso de toma de posesión desde que existen discursos de toma de posesión en este país. Lo que no cupo en ese mismo discurso fue un mecanismo verificable de cómo se llega ahí.
Aquí no analizamos promesas por su sonido. Las analizamos contra el expediente. Y el expediente, en este caso, arranca con una incomodidad: el hombre que anuncia que dirigirá personalmente la cacería contra los corruptos es el mismo cuya firma de abogados aparece, contrato tras contrato, en el sistema de compras públicas que dice perseguir. Esto es lo que el sistema, no el discurso, dice sobre la probabilidad real de que la promesa se cumpla.
EL MECANISMO EXPUESTO
El plan de gobierno de De la Espriella, bautizado El Milagro de los Nunca, sí tiene una sección anticorrupción. No es publicidad vacía del todo: propone un Bloque de Búsqueda contra la Corrupción con inteligencia financiera, policía judicial y persecución patrimonial, extinción de dominio exprés contra testaferros y beneficiarios reales, y una reforma de la contratación pública con SECOP en blockchain para 2030. Hasta aquí, suena a un esfuerzo serio. El problema no está en lo que propone, está en quién lo dirige y quién lo vigila.
El Bloque de Búsqueda contra la Corrupción queda, según el propio plan, bajo dirección directa del presidente. No de la Fiscalía, no de un ente autónomo con presupuesto y mandato independiente del Ejecutivo: del presidente. Para James Buchanan, premio nobel de economía y padre de la economía constitucional, ese es precisamente el error que condena cualquier promesa de buen gobierno antes de empezar. Las reglas del juego, decía Buchanan, deben pactarse antes de que exista un gobierno, no después de que alguien ya tiene el poder y promete usarlo bien. Confiar la lucha anticorrupción al criterio personal de quien gobierna no es una garantía institucional. Es una apuesta de fe sobre el carácter de una persona, exactamente lo que Buchanan advertía que ninguna sociedad libre debería aceptar como sustituto de reglas constitucionales verificables.
Alejandro Nieto, en El desgobierno de lo público, describe el mecanismo con otro nombre: captura institucional. Cuando el aparato del Estado queda en manos de quien tiene interés directo en cómo se usa, la corrupción no se combate, se administra. Un Bloque de Búsqueda contra la Corrupción que responde solo al presidente puede ser, según quién lo dirija y contra quién apunte, una herramienta de Estado o un arma política. La diferencia entre ambas no la define el nombre del programa. La define quién tiene el poder de encenderlo y apagarlo, y hoy esa llave la tiene una sola persona.
LOS ACTORES Y SUS ROLES
Hablemos del actor central sin eufemismos. Abelardo de la Espriella ha repetido en entrevistas y discursos que nunca contrató con el Estado, que su trayectoria es la de un hombre ajeno a la politiquería y a sus prebendas. Es el eje narrativo completo de su candidatura: «los que nunca nos hemos robado un peso«, «los que nunca hemos hecho politiquería«. El problema es que este portal ya revisó esa historia contrato por contrato, directamente en el SECOP, y los papeles dicen otra cosa.
De la Espriella Lawyers Enterprise S.A.S., la firma del hoy presidente electo, aparece documentada en procesos de contratación con el Fondo Adaptación, el ICBF, el Distrito de Barranquilla y el Departamento del Atlántico entre 2018 y 2026. El monto rastreable en registros públicos supera los tres mil cuatrocientos millones de pesos, repartidos en al menos doce procesos bajo distintos gobiernos. No es una alianza puntual con un funcionario de paso. Es una relación contractual sostenida en el tiempo, con la misma firma, mientras su titular construía en público la imagen exacta contraria.
Qué casualidad que justo el hombre que va a dirigir personalmente la cacería contra quienes se benefician del Estado sea el mismo cuyo historial de beneficio estatal corrupcionaldia.com tuvo que sacar del SECOP porque él no lo mencionó nunca por iniciativa propia. No decimos que esos contratos en sí mismos sean ilegales. Decimos que el relato de independencia absoluta frente al Estado, repetido como bandera de campaña, es una contradicción verificable con los documentos oficiales. Y un presidente que construye su legitimidad anticorrupción sobre un relato que los papeles desmienten no inspira el tipo de confianza institucional que la promesa exige.
EL IMPACTO REAL
La corrupción que de verdad le cuesta plata, agua y luz a la gente no ocurre en una tarima en Barranquilla. Ocurre en la ejecución presupuestal de cada municipio, lejos de las cámaras, donde corrupcionaldia.com lleva meses metiendo la lupa. Cantagallo, Bolívar, es el ejemplo que ya documentamos con cifras de la Contraloría y del propio CHIP. Un municipio PDET, productor de petróleo desde hace décadas, con una tasa de ejecución de recursos de regalías de apenas el 3,3 por ciento y una brecha energética del 81,9 por ciento de los hogares sin acceso adecuado a electricidad. Diez mil cuatrocientos millones de pesos del Sistema General de Regalías prácticamente congelados mientras la gente sigue alumbrándose con lo que puede.
Ningún Bloque de Búsqueda dirigido desde Bogotá llega solo, por decreto, hasta ese nivel de ejecución municipal. La corrupción que empobrece a Cantagallo no se resuelve con una orden presidencial de persecución patrimonial contra testaferros de alto perfil. Se resuelve con vigilancia ciudadana permanente, indicadores públicos y consecuencias que no dependan de la voluntad de quien esté sentado en la Casa de Nariño esa semana. Mientras el discurso nacional habla de cero corrupción, los municipios siguen operando con el mismo ecosistema de incentivos de siempre, y ese ecosistema no cambia porque cambie el inquilino del Palacio.
EL SISTEMA QUE LO PERMITE
Aquí está el patrón que de verdad importa, y que ningún gobierno entrante quiere admitir: la promesa de cero corrupción no es nueva en Colombia, es casi un ritual de posesión. Gobierno tras gobierno la repite, y gobierno tras gobierno la corrupción sigue exactamente donde estaba, porque el problema nunca fue la falta de discursos contra ella. El problema es que el ecosistema de incentivos institucionales que la produce no se toca. Nieto lo dijo sin rodeos: el Estado degenera cuando queda secuestrado por quienes deberían servirlo, y ningún anuncio de «tolerancia cero» revierte esa captura si la arquitectura institucional sigue intacta.
El plan de De la Espriella tiene una pieza punitiva centralizada, reactiva, dirigida por una sola persona. Lo que no tiene es la pieza preventiva, descentralizada y verificada por ciudadanos comunes, no por el gobierno de turno. Eso es exactamente lo que el programa Zonas Libres de Corrupción, desarrollado por esta casa, pone sobre la mesa. Cinco pilares operativos: vigilancia ciudadana tecnológica a través de la aplicación VIGI, formación ética de funcionarios, un comité de veeduría ciudadana independiente, un portal de transparencia municipal y un índice ZLC publicado fuera del control de la entidad auditada. La diferencia con el Bloque de Búsqueda no es de ambición, es de diseño. Uno depende de que el presidente de turno mantenga la voluntad de perseguirse incluso a sí mismo. El otro no depende de la voluntad de nadie en particular, porque la vigilancia queda fuera del alcance del poder que se supone debe vigilar.
Si el nuevo gobierno de verdad quiere convertir «cero corrupción» en algo más que una frase de tarima, ahí está el complemento que su propio plan no contempla: bajar la lucha anticorrupción del discurso presidencial a la ejecución municipal, y sacarla de las manos de quien gobierna para ponerla en las manos de quien vigila.
¿Es probable que Colombia llegue a cero corrupción con este plan, tal como está diseñado hoy? La evidencia documentada dice que no, al menos no así. Un Bloque de Búsqueda sin contrapeso institucional, dirigido por un hombre cuya propia relación con el Estado contradice su relato público, y sin mecanismo que toque la ejecución municipal donde de verdad se roba el presupuesto, es una promesa con buenas intenciones y arquitectura insuficiente. La pregunta que le queda al país no es si De la Espriella quiere combatir la corrupción. Es si está dispuesto a someter ese combate a reglas que no dependan de él mismo. El sistema no se cambia con un discurso. Pero tampoco puede cambiar sin que alguien, desde afuera del poder, se quede mirando.
