TOMADO DE EL ESPECTADOR (Ver original aquí)
Por: Luz Carime Hurtado González /@luzcarimeHG
El principio de oportunidad que ya avaló un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá para el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons,en el que la Fiscalía se comprometió a no investigarlo por dos delitos a cambio de devolver $4.000 millones y colaborar con la justicia, revive un viejo adagio: la justicia es para los de ruana. Lyons viajó a Miami el pasado abril para evitar una imputación de 20 cargos por un millonario desfalco y logró que le imputaran sólo tres: peculado por apropiación, celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales y concierto para delinquir. (Le puede interesar:Los secretos del pacto de Alejandro Lyons con la justicia).
A pesar de que la Fiscalía documentó que se habría apropiado de $8.700 millones de Córdoba, con el principio de oportunidad tendrá que devolver menos de la mitad de lo que se robó. Si la Corte Suprema avala el preacuerdo que trabaja con la Fiscalía, el delito de concierto para delinquir lo compensará con una condena de cinco años en prisión, que podrá reducir con estudio y trabajo. Él fue quien abrió la caja de Pandora del cartel de la toga, pero en su calidad de informante y protegido de la DEA, hoy continúa libre en Estados Unidos, viviendo cómodamente.
Lyons llegó a la Gobernación de Córdoba en 2012 con más de 341.000 votos, representando al Partido de la U. Terminó su mandato en 2015, cuando las denuncias por actos corruptos hacían sombra a su gestión.Lo que las autoridades indagan son los multimillonarios convenios con regalías de Córdoba que Lyons asignó a través del Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología, pero que nunca se ejecutaron y cuyos recursos terminaron en bolsillos particulares. El Espectador conoció los detalles de esos contratos que hoy revisan la Fiscalía y la Contraloría. (Le puede interesar: El “dossier” del político que hundió al fiscal anticorrupción).
Para empezar, uno de los convenios se firmó con dos personas acusadas por el homicidio del exdirector de regalías de Córdoba, Jairo Zapa: los contratistas Jesús Henao Sarmiento y Maximiliano García Bazanta. Zapa desapareció en Montería el 27 de marzo de 2014 y, durante cinco meses, su suerte fue un misterio. Hasta que su cadáver apareció en una fosa, a las afueras de una finca del padre del gobernador Lyons. Noticias Caracol reveló que un testigo que luego fue asesinado, afirmó que Lyons prestó su carro para mover el cadáver de Zapa.
El convenio en cuestión fue para la “investigación sobre el Corredor Agroecológico Caribeño Córdoba-La Guajira, en la cuenca del río Sinú”, aprobado en julio de 2013 por un monto de $50.548 millones. La Contraloría advirtió que se alcanzaron a desembolsar más de $29.000 millones, que la asignación del contrato se hizo de forma directa -sin licitación pública- y que se perdió la inversión al realizar subcontratos. “(Ese convenio) pone en duda la capacidad y la idoneidad de las corporaciones y pone al descubierto el costo de la intermediación”, señala la Contraloría General.
De acuerdo con el informe, uno de los subcontratos se firmó en marzo de 2014 con el Centro de Investigación y Enseñanza Agroecológica, entidad que para esa época dirigía Jesús Henao Sarmiento, quien al parecer trata de buscar un arreglo con la Fiscalía para evitar una larga condena. El monto de esta subcontratación fue de $25 mil millones. El otro contrato se firmó por un monto de $539 millones con la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal (Conif), dirigida por Maximiliano García Bazanta. Lyons no está siendo investigado en relación con el crimen de Jairo Zapa.
La Contraloría llamó la atención sobre tres contratos más que quedaron en manos de Mara Bechara, entonces rectora de la Universidad del Sinú. Ella fue arrestada en mayo de este año junto a su hermana María Fátima, por posibles irregularidades en proyectos de regalías firmados con el exgobernador Lyons. Es además la suegra del actual gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, a su vez hermano del senador por el Partido de la U, Musa Besaile, quien está detenido por el escándalo del cartel de la toga, que salió a flote por las delaciones de Lyons. Según la Fiscalía, ese cartel era “una organización criminal” de magistrados y abogados que pedían pagos astronómicos para incidir en decisiones judiciales.
Uno de esos convenios se llamó “Investigación en recursos hidrobiológicos del Caribe colombiano” para mejorar el proceso de adaptabilidad de los cultivos de peces en la región. Se firmó el 19 de julio de 2013 con la Fundación George Dahl, de la cual es representante legal Mara Bechara. Según la Contraloría, al proyecto se le destinaron $13.860 millones, pero su avance llegó a ser apenas del 45 % y su avance financiero fue del 86 %. Hoy, el proyecto está frenado porque no cuenta con permiso de pesca investigativa. En pocas palabras, los peces no existen.
El segundo convenio se denominó “Desarrollo e investigación aplicada al modelo experimental, sostenible e innovador de la cadena productiva de artesanías, derivadas de la llamada caña flecha”. Se firmó el 20 de diciembre de 2012 con la Universidad del Sinú, de la cual la familia Bechara es propietaria. El monto fue de $3.000 millones y el avance físico fue del 30,5 %, a pesar de que se giró el 95 % del presupuesto. Aquí aparece el acusado por el crimen de Jairo Zapa y Maximiliano García. Él fue formulador del proyecto, indica un documento de Planeación Nacional.
El tercer contrato se llamó “Investigación y desarrollo aplicado de un modelo experimental para el manejo productivo y sostenible de los sistemas agroforestales en Córdoba”. Fue firmado con la Universidad del Sinú y la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Forestal (CDF) por $7.659 millones. Se detectó que se aprobaron pagos por el 91 % del valor del proyecto, aunque sólo había avanzado el 42 %. De ese proyecto, señaló el Departamento de Planeación, el formulador fue Jairo Zapa, en su calidad de director de regalías de Córdoba.
Otro proyecto en el que el pago de los recursos supera ampliamente lo ejecutado, es el denominado “Aplicación de ciencia, tecnología e innovación en carneros para mitigar efectos del TLC en Córdoba”. En este caso, el hallazgo fue más grave aún, pues la Contraloría General detectó que los recursos fueron girados a una cuenta que no tenía relación con el convenio. “No hay certeza de a dónde fueron a parar los recursos y no se ha podido establecer cuántos campesinos recibieron carneros, porque los soportes documentales y financieros no aparecen”.
A pesar de la gravedad de los hechos, delatar al exfiscal Luis Gustavo Moreno, quien llegó a pedirle más de $500 millones para hundir las investigaciones en su contra, fue la tabla de salvación del exgobernador Lyons. La Fiscalía documentó su presunta responsabilidad en el llamado “cartel de la hemofilia”, en el que se pagaron $44.000 millones en tratamientos para más de 100 pacientes de alto costo, que en realidad no existían. De igual forma, fue mencionado en el cartel de la educación, que despilfarró $32.000 millones del Fondo de Pensiones del Magisterio.
La Fiscalía pactó con él que dará testimonio sobre hechos de corrupción para involucrar al congresista Musa Besaile y a su hermano, sucesor de Lyons, Edwin Besaile. También a Camilo Tarquino, expresidente de la Corte Suprema, quien le habría pedido a Lyons $20.000 millones para “ayudarlo” a que sus problemas legales “desaparecieran”, al exfiscal Moreno y su socio Leonardo Pinilla, a los expresidentes de la Corte José Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, y a Guillermo Pérez, quien también estaría vinculado al cartel de la hemofilia.
Sus acuerdos con la justicia dependen de que no surjan nuevos elementos en su contra, pues podrían alterar lo pactado. Algo que, según los últimos avances del tema, ya puede dar un giro en su caso. Esta semana la Fiscalía incautó cuatro fincas en Sahagún (Córdoba), “cuyo verdadero propietario sería Alejandro Lyons Muskus”, señaló el organismo. Él habría ocultado propiedades avaluadas en $4.100 millones a través de testaferros. Las negociaciones no las habría realizado él, sino allegados y, tanto precios como comisiones, se habrían pagado en efectivo.
La Fiscalía aseguró que los acuerdos con Lyons no incluyen la extinción de dominio contra sus inmuebles, pero fuentes del organismo manifestaron que haber ocultado esas fincas podría afectar los beneficios que él persigue con su cooperación. El fiscal Jaime Camacho viajó a Estados Unidos la semana pasada para ultimar detalles de la negociación con Lyons. Hasta ahora no se suscribe el preacuerdo que será entregado a la Corte Suprema. Si es avalado, Lyons habrá concretado el mejor negocio de su vida. ( Lea: Ocupan bienes del exgoberador de Córdoba, Alejandro Lyons, por $4.100 millones).
