El alcalde Mamdani disuelve la unidad antiprotestas del NYPD la misma semana en que el presidente De la Espriella insulta a capturados esposados con camuflado, boina y pistola al cinto. Un juez ya pidió investigarlo.

El lunes 16 de noviembre, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, disolvió el Strategic Response Group, la unidad de unos 600 agentes del NYPD entrenada para combatir terroristas y, de paso, para contener ciudadanos con pancartas. Un día antes, en Colombia, un juez pidió investigar al presidente Abelardo de la Espriella porque insulta a capturados esposados frente a sus propias cámaras, con camuflado, boina y pistola al cinto. Más allá de los titulares, las dos noticias responden la misma pregunta con respuestas opuestas: ¿para qué sirve la fuerza del Estado y ante quién se exhibe? Nueva York le quita el disfraz de guerra a su policía. Colombia se lo pone al presidente. Y el dato que nadie en Palacio celebra: según Caracol Radio, el careo presidencial estuvo a punto de tumbar la legalidad de las capturas del 14 de noviembre. El espectáculo casi le regala la libertad al capturado.

El mecanismo neoyorquino tiene una lógica sencilla. El SRG nació en 2015, cuando el comisionado Bill Bratton fusionó ocho fuerzas de tarea, y terminó con dos oficios en un solo uniforme: antiterrorismo y control de protestas. En 2020, en Mott Haven, sus agentes encerraron a manifestantes antes del toque de queda, arrestaron a cientos y dejaron más de 60 heridos. Human Rights Watch habló de violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos. Mamdani resumió su decisión en una idea: quien protesta no merece la respuesta diseñada para un terrorista. El antiterrorismo pasa al buró de inteligencia. La calle queda a cargo de una división de apoyo a patrulla con poder de arresto, un equipo de 30 agentes formados en diálogo y una división civil sin armas, lista dentro de un año como mínimo. Quedan prohibidos el encierro de multitudes, el gas lacrimógeno y las armas largas.

La decisión tiene críticos serios y este portal los escucha. En The Free Press, la exfiscal federal Saritha Komatireddy, quien procesó a combatientes del Estado Islámico en Brooklyn, advierte que una multitud es una oportunidad para quien busca hacer daño. Los sindicatos policiales acusan al alcalde de complacer a su base. La comisionada Jessica Tisch informó que la unidad estuvo disponible en 245 de las 4.255 protestas de 2025, cerca del 6 por ciento, y respaldó la reforma con una condición pública: jamás apoyaría un cambio que debilite la protección de los neoyorquinos. Ese es el punto. En Nueva York, la discusión enfrenta a un alcalde, una comisionada, sindicatos, fiscales y defensores de derechos. La fuerza se debate. Nadie la firma con marcador.

En Colombia la fuerza sí lleva firma. La noche del 9 de noviembre, en Cúcuta, el presidente presentó los resultados de la operación Noah contra el frente 33 de las disidencias: cuatro muertos y seis capturados tras un bombardeo con aviones Super Tucano, el séptimo de su gobierno. Antes, De la Espriella escribió sobre la bomba “Bienvenidos a la patria milagro”, la firmó y la bendijo. Un oficial bautizó la carga, 460 kilos de explosivo, como democracia medida en kilogramos. Después, vestido de camuflado táctico, con boina y arma, el mandatario se paró frente a alias Barba Chivo y le preguntó qué le había parecido la bomba con su autógrafo. El hombre guardó silencio. El presidente lo llamó asustado. Porque claro, encarar a un hombre amarrado suena mucho mejor que explicar cuántos frentes siguen armados en el Catatumbo.

El 14 de noviembre repitió la función en Montería con Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, capturado en zona rural de Briceño. Según AFP, lo llamó “porquería”, “basura” y “miserable asesino”. El Espectador registró otra frase: “Así es que se doma a un bandido”. Todo quedó grabado en el formato de la casa: varias cámaras, subtítulos y música incidental. Los actores de esta obra tienen roles definidos. El presidente hace de soldado. El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, hace de coro y califica la decisión del juez como “el mundo al revés”. Los capturados hacen de utilería. Y el juez, el único que leyó la Constitución esa semana, envió copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara por expresiones despectivas que, a su juicio, afectaron la dignidad de los detenidos, y a la Procuraduría para establecer quién organizó la exhibición.

Conviene decir lo incómodo. A Primo Gay la Presidencia le atribuye la masacre de 13 policías en Amalfi, el secuestro, tortura y asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda y el desplazamiento de más de 2.500 personas en Briceño. Si un juez lo prueba, merece la pena más dura del Código Penal. Precisamente por eso el show resulta imperdonable. El artículo 29 de la Constitución garantiza la presunción de inocencia hasta la condena. El artículo 12 prohíbe los tratos degradantes. Un abogado penalista con dos décadas de litigio conoce ambos de memoria, y conoce el uso que un defensor hábil le da a un video donde el jefe del Estado condena a su cliente antes de la imputación. Cada insulto presidencial es un argumento de nulidad servido en bandeja. Las víctimas de Amalfi y la familia del periodista necesitan una condena en firme. El presidente les entrega un reel.

El costo de oportunidad también se mide. Mientras la cámara enfoca la boina, el antropólogo David Luquetta advierte en La Silla Vacía que el Gobierno desmontó los mecanismos de diálogo y acumula operativos sin una estrategia territorial verificable. En la Sierra Nevada, tras la muerte de un cabecilla, las Autodefensas Conquistadoras conservaron la capacidad de imponer un paro armado. La gente del Catatumbo sigue donde estaba cuando se apagan las luces del set. Los defensores del presidente responden con resultados: capturas de alto perfil, cabecillas neutralizados y una tropa que, según fuentes citadas por El Colombiano, recibió la firma en la bomba como un gesto de respaldo. De la Espriella contestó a sus críticos en Roldanillo: “Soy un soldado de la patria; por eso me visto de soldado”. El sargento retirado Alexander Chala Sáenz opina distinto y lo denunció ante la Comisión de Acusación por uso ilegal de uniformes e insignias, artículo 346 del Código Penal. La Constitución nombra al presidente comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Supremo y civil.

El sistema explica por qué la función continúa. Las dos denuncias llegaron al mismo destino: una comisión de congresistas con un historial de archivo tan largo que el país la bautizó comisión de absoluciones. El presidente lo sabe. Sabe también que el aplauso se cobra rápido y la condena tarda años, y que un video de noventa segundos rinde más en redes que una sentencia de noventa folios. Así opera la lógica del espectáculo: convierte la fuerza pública, pagada con impuestos, en patrimonio de imagen de un solo hombre. Esa apropiación tiene nombre en este portal, aunque no mueva un peso de un contrato. Usar el poder del Estado para beneficio personal es la definición misma de lo que aquí se disecciona.

Nueva York tal vez se equivoque. Si la apuesta de Mamdani falla, lo dirán las cifras, la comisionada, los sindicatos y los votantes, porque allá la fuerza rinde cuentas. Aquí la pregunta es otra. Hace falta poco valor para gritarle a un hombre esposado y rodeado de fusiles. El valor de un presidente se mide en lo aburrido: fiscales con pruebas, jueces con garantías, cárceles sin celulares, territorios con Estado después del operativo. Un criminal humillado frente a una cámara sigue siendo un criminal sin condena. La pregunta no es si esos hombres merecen castigo. Es si vamos a permitir que el castigo lo dicte un presidente disfrazado en lugar de un juez con toga, y qué hará ese mismo presidente el día en que el esposado sea un ciudadano que protesta.

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