Carlos Prasca, investigado por la Fiscalía Especializada contra la Corrupción
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La escogencia de nuevo Rector para la Universidad del Atlántico enfrenta serios inconvenientes de visibilidad y transparencia no solo por la serie de recusaciones que han impedido decisiones del Consejo Superior en tal sentido.

También se ha contaminado el ambiente por la presencia como candidato del exsecretario de Educación del Atlántico, Carlos Prasca Muñoz, quien además fue objeto de dos sanciones de la Procuraduría General de la Nación (sin que haya aclarado lo que ocurrió con sus descargos o si simplemente prescribieron).

Contra este aspirante se dice que la comunidad estudiantil y administrativa de la Universidad del Atlántico, tiene múltiples prevenciones. Por un lado se dice que obedecen a los indelicados manejos que la Procuraduría le señaló cuando fue rector del entonces Instituto Tecnológico de Soledad, Itsa, y por el otro la saña con la que atacó a su antecesora Lilian Ogliastri Lewis, por una supuesta irregularidad en el pago de una homologación de cargos y salarios en la Secretaría de Educación del Atlántico.

“Nada de eso habla bien de un señor que además tiene una profunda vinculación con la Universidad del Norte, que sabemos tendría interés en que desaparezca la Uniatlántico, y vendría a la rectoría como ficha del partido Cambio Radical o del sector que manejan los Char en el Atlántico”, precisó una fuente de la institución que pidió reserva de su nombre.

SUSPENSIÓN DEL CARGO

El domingo 30 de octubre de 2005, la Procuraduría General de la Nación expidió un comunicado en el que anunciaba que en ejercicio de sus funciones misionales, en fallo de primera instancia suspendió en el ejercicio de su cargo por el término de 90 días al rector del Instituto Tecnológico de Soledad, Itsa, por incumplimiento de su deber funcional.

El ministerio público le reprochó al señor Prasca Muñoz el haber suscrito contratos durante los años 1999 y 2000 bajo el método de contratación directa sin realizar licitación o concurso público, superando la cuantía establecida para tal fin y violando el principio de transparencia de la contratación estatal.

La Procuraduría calificó la falta como grave a título de dolo, dado que “el servidor pese a tener pleno conocimiento de su deber, desconoció las reglas sobre la administración de los bienes ajenos de manera imprudente y negligente”.

MULTA DE 30 DÍAS DE SUELDO

Posteriormente el 14 de diciembre de 2005, la Procuraduría expidió otro boletín público en el que informaba que “por violar el principio de transparencia en contrataciones efectuadas durante el año 2000, sancionó con multa de 30 días de sueldo básico devengado para la época de los hechos al Rector del Instituto Tecnológico de Soledad, Carlos Javier Prasca Muñoz.”

El reporte señaló que “establece la investigación que el señor Prasca Muñoz suscribió dos contratos bajo el método de contratación directa sin realizar licitación o concurso público, superando la cuantía establecida para tal fin y violando el principio de transparencia al no dar oportunidad a otras personas a participar en el proceso de selección”.

Generalmente cuando se dan estos fallos, el funcionario que se considera libre de culpa apela la decisión. Sin embargo, en la decisión, que fue adoptada en fallo de primera instancia, se determinó así mismo, declarar la prescripción de la acción disciplinaria respecto de uno de los contratos, el 033 del 26 de octubre de 2000, dado que a la fecha, ya habían transcurrido los cinco años previstos para adelantar la investigación. Es decir, el señor Prasca no se defendió pero sí ndejó prescribir la sanción.

Ante la prescripción, la investigación se centró únicamente en el contrato 022 del 20 de diciembre de 2000, cuyo objeto era la “adquisición de bienes y equipos de transmisión, producción y enlace de radiodifusión” para utilizar en los distintos programas educativos que desarrollaba el Instituto.

El Ministerio Público había declarado la nulidad de lo actuado, a partir del fallo del 24 de junio de 2005, proferido por la Procuraduría Regional del Atlántico para que se repusiera la actuación, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa del señor Prasca Muñoz.

Dicha decisión de nulidad se fundamentó en la falta de competencia de la Procuradora Regional del Atlántico para proferir el fallo de primera instancia, considerando el nivel jerárquico del cargo que desempeña el señor Prasca Muñoz como “jefe supremo del establecimiento público”, por lo que éste debió ser adoptado por la Comisión Especial que integró el Procurador General de la Nación el 19 de junio de 2002 para investigar el caso.

De esta manera el proceso quedó en manos de la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal por ser el objeto de la investigación de tipo contractual.

Relata la información de la Procuraduría que la falta fue calificada como grave a título de culpa, ya que se advierte sólo una ausencia de diligencia y cuidado en el ejercicio de sus funciones, mas no una clara intención del servidor por obviar el trámite licitatorio. Contra esta decisión procedió el recurso de apelación.

 

EL CASO OGLIASTRI

Cuando se desempeñó como Secretario de Educación del gobierno de José Antonio Segebre en el Atlántico, el señor Carlos Prasca libró una gran batalla para demostrar que su antecesora Lilian Ogliastri Lewis, había incurrido en irregularidades al pagar un multimillonaria cifra por concepto de homologación de cargo y nivelación salarial de trabajadores y empleados de esa dependencia departamental.

El 29 de octubre de 2015, la Procuraduría reportó que, al parecer, en desarrollo del proceso de homologación de cargos y nivelación salarial de los trabajadores y empleados administrativos de esta Secretaría durante el periodo 2008 – 2011, Ogliastri habría realizado “pagos dobles a cinco de los beneficiarios de dicho proceso, en detrimento del patrimonio del Estado”.

Tras nueve meses de investigación, la PGN concluyó  “declarar no probado” el ilícito que se le atribuía a Lilian Ogliastri, por lo tanto, decidió “abstenerse de imponer sanción disciplinaria por estos hechos”. La exfuncionaria destacó que, por tratarse de una investigación de oficio de la PGN, con base en una declaración a medios de comunicación por parte de Prasca, el proceso “no será discutido ni alegado por nadie”.

Para la defensa de Ogliastri, el señor Carlos Prasca hizo esas declaraciones sin haber tenido pruebas. “Fue muy ligero”, comentó la exfuncionaria. Ogliastri Lewis no descartó en ese momento emprender acciones legales en contra de Prasca “por inducir en error a la función pública”.

Por fuera de grabación y en más de una reunión informal, se le escuchó decir al señor Prasca Muñoz que el primer gobierno de Eduardo Verano no había ahorrado esfuerzos en patrocinar situaciones irregulares en la Secretaría de Educación pero a pesar de esa supuesta convicción hoy suplica el apoyo del ex constituyente del 91 para ser designado nuevo Rector de la Universidad del Atlántico.

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