En el año 2016 a la Alcaldía de Santa Marta se le ocurrió la “brillante idea” de crear una Unidad Defensora del Espacio Público, con el objeto de recuperar y ejercer control sobre los invasores del espacio público, especialmente por parte de vendedores ambulantes de todo tipo de productos.
Inicialmente esta Unidad hacía parte del Sistema Estratégico de Transporte Público, Setp, que en el 2015 bajo la dirección de Virna Jhonson, emprendió un trabajo conjunto de carácter predial, vial y de recuperación del espacio público para poder mejorar la movilidad de la ciudad.
Unidad Defensora del Espacio Público
Al año siguiente, el alcalde Rafael Martínez decidió crear dentro de la Secretaría de Gobierno la Unidad Defensora del Espacio Público (Udep), cuyo objetivo principal era «seguir recuperando las zonas de uso de los ciudadanos, invadidas por particulares y privados
».
Se trataba, según declaró ante los medios de comunicación, de un grupo interdisciplinario que se “encargará desde la autoridad del Distrito a recuperar el espacio público ocupado irregular e ilegalmente por informales y formales. Vamos a asignar unos recursos y nos articularemos con la Policía para que la recuperación de las zonas. En esto necesitaremos el compromiso de los formales (comerciantes y empresarios) para que nos ayuden visibilizando cuando alguien se ubique en un espacio recuperado o evitando colocarse ellos mismos en estas áreas
”, dijo en ese entonces, abril del 2016.
Con bombos y platillos Martínez anunció tal decisión y sostenía que la Udep, como se le conoce desde entonces, estaría integrada por “funcionarios de la Alcaldía Distrital de Santa Marta, de la secretaría de Planeación, del Dadma, Unidad de Tránsito y Transporte, y del Espa, bajo la coordinación de la secretaría de Gobierno Distrital
”. Y que contaría con el acompañamiento especial de la Policía Metropolitana de la ciudad y su especialidad Ambiental y Ecológica, así como profesionales de espacio público e inspectores.

Espacio público en caos
Sin embargo, pasados 8 años, el espacio público en la capital del Magdalena sigue al garete, invadido y sin soluciones a la vista; lo que evidencia, además que la creación de tan cacareada Unidad solo fue una excusa para poder tercerizar tareas que le corresponden legalmente a las entidades distritales de velar por el mantenimiento y cuidado del espacio público.
Tercerización que le ha costado al Distrito varios miles de millones de pesos sin que se haya solucionado el tema. Por lo tanto, se puede inferir, sin duda, que es una de las ventanas siniestras por donde se sustrae el dinero público del distrito de Santa Marta. Es un “muñeco” montado para robarse los recursos de los samarios.
El asunto es que al año siguiente de la supuesta creación de la Unidad, la Alcaldía de Santa Marta contrató durante las administraciones de Fuerza Ciudadana, es decir las de Martínez y de Jhonson, prácticamente a dedo, a la Corporación Gestión y Desarrollo, para apoyar las tareas de la Udep, que además hasta tiene asignado un director, no obstante que dentro del organigrama de la Secretaría de Gobierno, no aparece la famosa Udep, es decir, parece una entidad fantasma, pues ni siquiera se le menciona en los documentos oficiales de contratación.
Valga aclarar que el primero en contratar a Gestión y Desarrollo fue el entonces alcalde Carlos Caicedo, en agosto del 2015. Para esa época a la Corporación, con el NIT 830049060-5, le fue adjudicado un contrato por valor $250 millones de pesos, durante 4 meses con el objeto de «Prestar servicios de apoyo a la gestión de la Secretaría de Gobierno Distrital para el fortalecimiento administrativo y operativo en la recuperación y defesa del espacio público y control urbano de Santa Marta
».
Posteriormente en septiembre del 2019, siendo alcalde Rafael Martínez, contrató a la misma Corporación, también de manera directa, con el mismo objeto de recuperar el espacio público. Esta vez la contratación fue por 110 días y tuvo un costo de $875 millones de pesos.
Luego el 15 de diciembre del 2020 se le entrega a dedo otro contrato por $570 millones de pesos, que terminó el 31 de diciembre.

En marzo del 2021, estando de alcaldesa Virna Jhonson, se le adjudicó nuevamente de manera directa a la misma corporación, otro contrato con el mismo objeto por la suma de $2.600 millones de pesos. En enero del 2022 se reporta en el Secop un nuevo contrato con el mismo propósito pero por $3.100 millones de pesos. Y ya en marzo del 2023, la alcaldía de Virna Jhonson volvió a suscribir contrato con Gestión y Desarrollo por $4.500 millones de pesos.
Pero, lo peor es que todas estas mismas tareas y estrategias de recuperación del espacio público continuaron también siendo gestionadas y desarrollados desde las oficinas del Sistema de Transporte Público.
Tanto, que cientos de contratos con órdenes de prestación de servicios, entre personal calificado y menos cualificado fueron legalizados a través del SETP, y todos tenían como objeto el apoyo a la gestión de recuperación del espacio público en Santa Marta
, y donde el Distrito también ha invertido millonarias sumas de dinero.
Es decir que durante las administraciones de Fuerza Ciudadana los recursos supuestamente invertidos para recuperar el espacio público de Santa Marta, y plantear alternativas de trabajo para los vendedores ambulantes invasores, han sido millonarios, y nada consecuentes con los pírricos resultados en esta materia.
Nuevos actores, nuevo contrato, la misma historia
Los detractores del movimiento de Carlos Caicedo, y que consiguieron en las pasadas elecciones llegar a la Alcaldía de Santa Marta, ahora repiten el modelo que tanto criticaron y hace apenas unos meses, con la misma excusa de emprender acciones para recuperar el espacio público el alcalde Carlos Pinedo entregó de manera directa el mismo contrato, pero a otro contratista.
En esta ocasión la favorecida fue la Fundación Autogestionaria para el Desarrollo Integral de las Comunidades Afrodescendientes (Funadinca), a la que se le adjudicó a dedo el contrato con el objeto de “Apoyar a la gestión en actividades estratégicas de recuperación y mejoramiento del espacio público en el Distrito de Santa Marta
”.
Fue firmado en abril de este año, por $4.104 millones de pesos, por un plazo de 8 meses para su ejecución entre el alcalde Carlos Pinedo Cuello y William Cadena Campo, quien funge como su presidente.
Llama la atención que en su página web Funadinca sostiene que su misión es “propende cerrar las brechas de desigualdades existentes, en las comunidades afro descendientes, logrando su dignidad como personas, promoviendo el respeto, aceptación y derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Gestionando y desarrollando proyectos y estrategias que permitan generar un impacto positivo en esta comunidad. Impulsando, apoyando y difundiendo todas las actividades de desarrollo humano, social, cultural, laboral, familiar para las comunidades Afro descendientes
”.
Es decir, que poca o ninguna experiencia podría acreditar tal organización sobre temas de ocupación y recuperación de espacios públicos o la implementación de estrategias a mediano y largo plazo para solucionar dicha problemática.

Adicionalmente, como para no quedarse atrás, al igual que hizo en su m momento el exalcalde Martínez, Pinedo Cuello lanzó hace poco el programa Vigías del Espacio Público y Control Urbano (Vepcu) que se encargará de vigilar e impartir el orden en diferentes puntos de la ciudad. Estará a cargo de la Secretaría de Gobierno.
Lo único real en toda esta historia es que los samarios siguen padeciendo la falta hasta de andenes para transitar por la ocupación que hacen de manera ilegal muchísimas construcciones.
Transeúntes y turistas enfrentan cada día el desorden que se vive en muchas zonas de la ciudad, incluido el emblemático sector de El Rodadero, por la invasión descontrolada de vendedores ambulantes de todo tipo.
Y los comerciantes informales a su vez, denuncian atropellos por parte de las autoridades a la hora de los operativos, como el robo de sus mercancías o incluso, el supuesto pago que hacen a terceros para poder ocupar el espacio común.
Y mientras los mandatarios samarios, los de antes y el de ahora, siguen ofreciendo supuestas soluciones salvadoras, que a la postre solo sirven para enriquecer los bolsillos de algunos.