Mientras Carlos Maya «construía el futuro», se robaba el presente de 30.000 pereiranos con un esquema perfecto de apropiación de recursos públicos
La próxima vez que pases por la Avenida Los Colibríes en Pereira y veas esos 400 metros faltantes, ese pavimento que debería durar 10 años pero apenas resistirá 5, esos andenes adoquinados a medias y esa iluminación deficiente, recuerda esto: cada metro cuadrado de negligencia representa exactamente $3.179 pesos robados de tus impuestos. Porque mientras el exalcalde Carlos Alberto Maya López vendía el cuento de «construir la ciudad del futuro«, él y su red de cómplices construían el presente más rentable para sus bolsillos.
¿Cuánto cuesta comprar la conciencia de toda una administración municipal? Exactamente $10.814 millones de pesos. Ese es el monto del detrimento patrimonial que la Fiscalía logró demostrar en una investigación que destapó uno de los esquemas de corrupción más descarados que ha visto Risaralda en los últimos años.

La máquina perfecta de robar legalmente
Aquí no estamos hablando de ladrones de esquina que arrancan celulares en los semáforos. Esta es corrupción de cuello blanco, refinada, con firma de abogados y bendición notarial. El esquema funcionaba con la precisión de una maquinaria suiza diseñada para el despojo.
Primero, el proyecto. La Avenida Los Colibríes no era cualquier obra: era «el proyecto bandera» que beneficiaría a más de 30.000 pereiranos en la zona de mayor crecimiento de la ciudad. Con esa narrativa, ¿quién se iba a oponer? Maya tenía la coartada perfecta: el bien común.
El contrato inicial: $32.037 millones de pesos por 3.4 kilómetros de doble calzada. Pero claro, como en toda buena estafa, las adiciones llegaron «por necesidades técnicas imprevistas«. Otros $20.300 millones más. Total: $52.337 millones de pesos para una obra que terminó siendo un monumento a la mediocridad.
¿Los actores del reparto? Un elenco de lujo: Carlos Alberto Maya López (exalcalde y estrella principal), Milton Hurtado García (exsecretario de Infraestructura y cómplice técnico), Carlos Guillermo Suárez Escobar (representante legal de la empresa contratista y ejecutor), más los interventores José Alberto Rojas Prieto y Carlos Alberto Ballesteros Aristizábal (los que supuestamente debían vigilar y terminaron vigilando que nadie los descubriera).

El Manual de la Impunidad Administrativa
La belleza perversa de este esquema radica en su aparente legalidad. Cada documento falsificado tenía sello oficial. Cada requisito incumplido tenía una justificación técnica. Cada peso robado pasaba por el filtro de la burocracia.
Los delitos imputados leen como un manual de corrupción avanzada: falsedad ideológica en documento público, destrucción de documentos, peculado por apropiación, contratos sin cumplimiento de requisitos legales, obtención de documento público falso, abuso de autoridad, fraude procesal y prevaricato por acción. Es decir, todo lo que un funcionario corrupto puede hacer sin violar la ley… técnicamente.
Porque ese es el genio malvado del sistema: crear la ilusión de legalidad mientras se esquilma el erario. Maya no necesitaba pistola para robar; tenía algo mucho más efectivo: un cargo público y la complicidad de una red institucional.
Lo que se robaron vs. Lo que nos dejaron
Hagamos cuentas claras. Los $10.814 millones de pesos del detrimento patrimonial equivalen a:
- 54 colegios totalmente equipados para la ciudad
- 216 centros de salud rurales
- El salario anual de 1.200 profesores
- 14.418 becas universitarias completas
En cambio, lo que recibieron los pereiranos fue:
- 400 metros de obra faltante (sí, pagaron por algo que no existe)
- Pavimento con 7.5 centímetros de espesor en lugar de los 11 contratados
- Carriles con ancho incorrecto
- Redes de alcantarillado deficientes
- Andenes a medio terminar
- Ciclobandas fantasma
- Iluminación deficiente
Y como cereza del pastel: un «elefante blanco» que el propio alcalde sucesor, Mauricio Salazar, calificó públicamente como «un monumento a la corrupción«.
La arqueología de la descomposición institucional
Este caso no es una anécdota aislada; es la radiografía de cómo el poder corrompe desde adentro. La investigación reveló que las denuncias comenzaron en 2022, pero el sistema de contrapesos institucionales falló espectacularmente.
¿Dónde estaban los concejales cuando se aprobaron las adiciones presupuestales? Celebrando la «visión de futuro» del alcalde. ¿Dónde estaban los interventores cuando se ejecutaba la obra deficientemente? Ocupados en no ver lo que no debían ver. ¿Dónde estaba la ciudadanía? Confiando en que sus impuestos se usarían honestamente.
La corrupción no solo robó dinero; robó confianza. Cada peirarano que pasa por esa avenida incompleta no solo ve asfalto deficiente, ve la materialización de la traición institucional.
Embargados inmuebles y vehículos de judicializados
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías decretó el embargo de 10 bienes inmuebles y 15 automotores con valor comercial de $3.955 millones de pesos, dentro de la investigación por las presuntas irregularidades en la contratación de la Avenida Los Colibríes en Pereira (Risaralda).
Los bienes embargados cuentan su propia historia de opulencia construida sobre la miseria ajena: apartamentos en Bogotá, Armenia, Leticia y Pereira; parqueaderos estratégicamente ubicados; un predio rural en Anapoima; volquetas, vehículos blindados tipo tres, camperos y camionetas doble cabina.
Mientras los pereiranos lidiaban con huecos, trancones y obras inconclusas, Maya y su red acumulaban patrimonio. Los $3.955 millones de pesos en bienes embargados son apenas la punta del iceberg de lo que se puede rastrear.
¿Y la justicia? Llegó tarde, como siempre, pero llegó. Los embargos decretados por el juez de control de garantías buscan proteger el derecho de Pereira a una indemnización. Traducción: intentar recuperar algo de lo robado, aunque nunca se recuperará la confianza perdida.
La Lección que no queremos aprender
Este caso nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza de la corrupción contemporánea: ya no se roba a punta de pistola en carreteras solitarias. Ahora se roba con corbata, en oficinas con vista panorámica, usando el membrete oficial y la firma autorizada.
La corrupción moderna es sofisticada, sistémica y sistemática. No es el acto desesperado de un funcionario necesitado; es la estrategia calculada de una red que entiende perfectamente cómo manipular el sistema desde adentro.
Maya no era un alcalde que se corrompió; era un corrupto que llegó a ser alcalde. La diferencia es crucial, porque implica que el problema no es de individuos sino de sistemas que permiten que los corruptos lleguen al poder y lo ejerzan con impunidad.
El Futuro que nos robaron
Cada peso desviado en Los Colibríes no solo representó menos asfalto o menos iluminación. Representó menos oportunidades para una ciudad que crecía y necesitaba infraestructura de calidad. Representó menos credibilidad en las instituciones. Representó menos esperanza en que las cosas pueden funcionar bien.
La pregunta incómoda que deja este caso no es si hubo corrupción—eso ya lo estableció la Fiscalía—sino cuántos «Colibríes» más están sucediendo ahora mismo en otras ciudades, con otros alcaldes, otros contratistas y otros interventores que han perfeccionado el arte de robar legalmente.
La respuesta no está en esperar mejores funcionarios, sino en construir mejores sistemas de control, mejores mecanismos de transparencia y, sobre todo, una ciudadanía más vigilante que entienda que la corrupción no es un problema de otros, sino una amenaza directa a su calidad de vida.
Porque al final, Los Colibríes no es solo una avenida mal construida. Es el símbolo perfecto de lo que pasa cuando confundimos las promesas con los resultados, cuando preferimos creer en los discursos antes que verificar las obras, cuando permitimos que nos roben el futuro a cambio de la ilusión del progreso.
La próxima vez que un funcionario te prometa «construir la ciudad del futuro«, pregúntale primero si puede construir una obra presente sin robarse la mitad del presupuesto. Esa debería ser la lección mínima que nos deje este monumento a la corrupción que nunca pedimos pero que pagamos muy caro.



