Por: Adlai Stevenson Samper

 

Tras la publicación de tres reportajes investigativos sobre la trayectoria del Consorcio General de la Costa al que le “adjudicaron” el segmento Caribe Sol de la extinta –pero todavía haciendo daño, Electricaribe— y sus socios Enerpereira y Latin American Corporation, nos entrevistaron emisoras de Pereira y recibimos varias comunicaciones exponiendo como fueron los negocios del empresario Alberto Ríos Velilla para tomar el control de Enerpereira y las consecuentes protestas, derechos de petición, columnas, reportajes que suscitó en esa ciudad tal control.

Es preciso referirse cómo funciona Enerpereira en la actualidad, para en un ejercicio de proyección vislumbrar los que nos espera a los usuarios de Atlántico, Magdalena y Guajira con las operaciones del segmento Caribe Sol que debe entrar en operaciones a mediados de septiembre de este año.

El 25 de abril el portal ABC Política recoge una denuncia del columnista Carlos Crosthwaite quien “En octubre del 2015 el componente de Comercialización (C) subió entre septiembre y octubre de un valor de $20.01 a $50.86, equivalente a $30.85 por kW, por cambio en la regulación de la CREG, ello le permitió a Enepereira tener ingresos adicionales de $1250 millones por mes, ¡o sea $15 000 millones por año!, negocio redondo a costa del bolsillo de las familias pereiranas”.

Refiriéndose en concreto a los costos de este año dice “La cancelación de los costos de energía de los meses de marzo y abril de los estratos 1, 2 y 3, por parte de la Alcaldía de Pereira, y que se anunció, será con cargo a las utilidades del municipio en esta empresa, será un negocio redondo, pues se aumenta el costo del servicio para las residencias de estratos 4, 5 y 6, comercio e industria, elevando las utilidades y, por ende, las contribuciones, o sea empobreciendo más a la clase media. El municipio y los ciudadanos asumen la carga, mientras el señor Ríos Velilla engorda la chequera”.

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Señala el portal ABC Política a su vez el alza de tarifas de este año en Enerpereira: “Al parecer, hay un alto costo de los servicios de energía, esto se debe a la capitalización de dicho servicio, las personas denuncian que entre el mes de enero del 2009 al 2020 la tarifa de energía, aumentó el 147%, mientras que en la compra de energía fue de 175%, cuando en este mismo periodo la inflación acumulada fue del 40.3%”.https://www.abcpolitica.com/el—negociazo—que—estaria—haciendo—esposo—de—darcy—quinn—aprovechando—la—pandemia/ Coinciden estas altas tarifas con la expansión empresarial de esta empresa de energía pereirana hacia el mercado de la región Caribe en donde le entregaron, en calidad de socia, el segmento Caribe Sol.

Un derecho de petición respondido a medias

Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro presentó un derecho de petición a la Alcaldía de Pereira el 27 de abril de 2020 para que se “publique el informe y las actas de la junta directiva donde conste la intervención y posición del municipio en la negociación de Caribesol”.

La causa del envió de este derecho de petición a la alcaldía del municipio de Pereira se fundamenta que el 51% de las acciones de Energía de Pereira son propiedad del municipio, pero la posición dominante fue negociada, así que quien realmente controla la Junta Directiva de esa empresa es Alberto Ríos Velilla. La Alcaldía, que conoce perfectamente esta situación, se lava las manos con la respuesta a la petición y a su vez la reenvía a través de su Secretaría a la Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP, adjuntándole el oficio denominado CARTA ALCALDE ELECTRICARIBE.

Lo que solicita el peticionario consiste en que le entreguen:

  1. Actas de la Junta Directiva en donde se indiquen la intervención y posición del municipio en la negociación indicando si el control y manejo que tienen los socios minoritarios le permiten asumir este tipo de negociaciones sin el voto afirmativo del municipio de Pereira con el 51% de control accionario.
  2. Indicar como fue el ingreso de Latin American Corporation –el otro socio de la empresa que manejará el segmento Caribe Sol, también propiedad de Alberto Ríos Velilla, que tiene el 49% de acciones de Enerpereira.
  3. Señalar los mecanismos de control que tendría el municipio en esta empresa del segmento Caribe Sol.
  4. Las razones del alto costo de energía que se consume en Pereira.

Señalan también como parte informativa el peticionario que la Corporación Vigía Pereira ONG, que ejerce control y vigilancia publicó una serie de columnas de opinión en El Diario en el sentido que “cualquiera sea la porción que debe asumir la empresa de Energía de Pereira en la inversión, es esta una aventura financiera y técnica de una temeridad incalculable, al igual que los desembolsos de Enepereira en la distribución eléctrica en Cartago, Valle, “en donde la empresa debió hacer un primer pago de $47.000 millones en los próximos 20 años para atender unos 45.000 suscriptores, el mes anterior y deberá invertir $84.000 millones en los siguientes 20 años, para atender 45.000 suscriptores adicionales”.

Las respuestas

Según EnerPereira, es cierto que la empresa es socia en el segmento Caribe Sol pero aclara que los $285.000 millones de cierre del proceso –esto sería, extraoficialmente, pues en ello hay reserva de confidencialidad— la suma que tendría que pagar el Consorcio General de la Costa, donde Enerpereira es socio, por la adjudicación de la operación.

Pero aclara que esa cantidad ($285.000 millones) lo efectúa el Consorcio y como Enerpereira participa con un 25%, el desembolso real sería para septiembre 2020 –cuando llave en mano inicia la operación del segmento Caribe Sol— de $71.000 millones de pesos. Si nos atenemos a esos datos oficiales, Ríos Velilla es el dueño de Consorcio General de la Costa, pues tiene 12% del negocio en la parte de Enerpereira y 75% en Latin American Corporation para un gran total de 87%.

La negativa de entrega de información usando la cláusula de reserva de confidencialidad

La citada reserva legal es un debate sucedido en múltiples ocasiones y que plantea un vacío legal en el sentido que empresas de capital mixto (estatal, privado) pueden ser auscultadas por un organismo de control en uso de sus atribuciones constitucionales.

Un antecedente con Enepereira sucedió cuando fue convocado un Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá iniciando sesiones el 1 de marzo de 2011 y culminando en laudo arbitral del 30 de octubre de 2012. El pleito de fondo era el traspaso de acciones del llamado grupo Nule (MNV y Gas Kapital) con las sociedades Quantek Master Fund por $57.710 millones y ACC Colombia International Cayman por $27.450 millones que a su vez Heritage Investments Global había adquirido mediante cesión de los mismos. Una especie de triangulación “secreta”. La presencia de Enerpereira en la trama jurídica acaece por ser estar vinculada accionariamente a Enertolima a través de Kapital Energy, del grupo Nule (67%) y Vergel y Castellanos (33%).

Cuando el Tribunal de Arbitramento solicitó los estados financieros de estas electrificadoras (p. 28 dl laudo): “Las exhibiciones de documentos solicitadas y decretadas a cargo de la Empresa de Energía de Pereira y de la Compañía Energética del Tolima, no se practicaron ante la oposición de las mencionadas empresas a proceder con las exhibiciones decretadas por este tribunal”, aduciendo su carácter “privado”. Al final, de manera oficiosa, las dos empresas enviaron sus respectivos estados financieros para la revisión y evaluación pertinente.

En diversas resoluciones y conceptos de la Contraloría General de la Nación se ha planteado que entidad que tenga recursos, inversiones o participación accionaria del estado, es susceptible, en esa porción, de ser auditada y auscultada. Sin embargo, Enepereira indica que “las actas de la Junta Directiva son un documento privado en razón que las actas de los órganos sociales gozan de reserva legal al manifestarse como actos de administración privada de Energía de Pereira, no asimilables al ejercicio de la función pública, por lo tanto, es deber de los administradores salvaguardar la reserva de esta información, reserva que entre otras cosas, es un derecho de la sociedad y no de los socios como tal”.

En suma, pueden auscultar al municipio de Pereira, dueño del 51% de Enerpereira, pero no a sus acciones en la citada empresa, tesis absurda que muestra una alteración de los conceptos de derecho privado y público, subordinando el último al primero cuando es exactamente todo lo contrario.

Estas cláusulas de reserva legal en negociaciones con el estado y sus entes territoriales son fuente de corrupción pues sus documentos y actas “salen” de la esfera de fiscalización a través de los derechos de petición y los propósitos de las veedurías. En la adjudicación del segmento Caribe Sol y Caribe Mar, tanto las empresas ganadoras como la Superintendencia de Servicios Públicos se negaron, tajantemente, a entregar cifras del costo de la operación aduciendo una cláusula de reserva legal.

Semejante oscuridad legal en una empresa de energía con tantos indicios de anormalidad y corrupción como la extinta Electricaribe.

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