La Contraloría certificó lo que la comunidad ya sabía: la obra se ejecutó al cien por ciento en el papel y al cero por ciento en la llave
Nos encontramos en el corregimiento de Doña María, municipio de Fundación, Magdalena, donde un acueducto le costó al país 4.719.514.179 pesos sin entregar jamás una gota de agua potable a quienes lo pagaron con sus regalías. La Contraloría General de la República, tras visita fiscal, inspección técnica y un análisis jurídico, financiero y documental, confirmó lo que la comunidad denunciaba desde hace dos años: la obra fue construida, el contratista cobró prácticamente la totalidad de los recursos y la infraestructura fue recibida oficialmente a satisfacción. El sistema, sin embargo, no presta ningún servicio y carece de las condiciones mínimas para hacerlo. El contrato LP-006-2022 reporta un avance financiero del 99,85 por ciento y un avance físico cercano al 100 por ciento. Traducido a la vida real, ese cien por ciento equivale a cero litros de agua potable para las familias de Doña María, que siguen acarreando baldes desde jagüeyes y pozos improvisados mientras su acueducto figura, en los registros del Estado, como un éxito.
Más allá del titular y la cifra redonda, este expediente desnuda algo peor que un contrato mal ejecutado. Desnuda el mecanismo por el cual el papeleo administrativo puede declarar terminada una obra que, en los hechos, nunca llegó a existir.
La pregunta no es retórica: ¿cómo se construye un acueducto que no es un acueducto? La respuesta, según el propio informe de la Contraloría, es casi de manual. Se firma el contrato. Se contrata una interventoría para vigilar la ejecución. Se desembolsan los recursos por etapas. Se recibe la obra a satisfacción. Y solo entonces, cuando el dinero de las regalías ya salió de las cuentas públicas y no hay vuelta atrás, aparecen los detalles que debieron resolverse antes de poner el primer tubo: la fuente hídrica no tiene caudal suficiente para abastecer el sistema, hay fallas energéticas, varios componentes nunca entraron en operación. El proyecto avanzó sin licencia de construcción, sin permisos de captación de aguas, sin permisos de vertimientos, sin los registros exigidos para prestar el servicio y sin las autorizaciones ambientales y sanitarias que la ley exige antes de mover una pala. La fuente de abastecimiento, además, presenta un Índice de Riesgo de la Calidad del Agua cercano al 89 por ciento, catalogado como alto riesgo sanitario. Los técnicos la describen como inviable sanitariamente. Inviable. Y aun así, construida, certificada y pagada.
Este mecanismo no nació en Doña María ni se quedó allí. La Contraloría General del Magdalena documentó en abril de este año un patrón casi idéntico en Zona Bananera: el Consorcio Acueducto Zona Bananera recibió pagos por “ítems no previstos” mientras la obra permanecía suspendida y sin soportes técnicos, en un contrato que pasó de $5.366 millones a $6.365 millones de pesos sin que la interventoría externa frenara los desembolsos. La propia Contraloría había advertido, ya en 2020, que solo en el departamento del Magdalena existían cinco casos emblemáticos de acueductos fallidos con daños patrimoniales acumulados por más de $41.000 millones de pesos, entre ellos uno en Pivijay que funcionó apenas dos meses antes de quedar inservible. Un caso aislado es un error. Cinco, diez, los que sigan apareciendo, son un método.
Los nombres de este expediente tienen apellido y los apellidos tienen contrato. El ordenador del gasto fue Carlos Sierra Sánchez, alcalde de Fundación entre 2020 y 2023, quien suscribió el contrato y avaló el recibo de la obra a satisfacción; hoy es investigado por la Procuraduría Regional del Magdalena por presunto detrimento patrimonial. El contratista fue la Asociación Regional de Municipios del Caribe, ARCA, que ejecutó la obra por 4.420.216.955 pesos y cobró el 99,85 por ciento del contrato por una infraestructura que la propia Contraloría describe como inoperante. La interventoría, contratada precisamente para vigilar que la obra se hiciera bien, recayó en el Consorcio Inter Doña María, pagado con 299.297.323 pesos para certificar una obra que terminó certificando sin verificar si funcionaba. Las pólizas de Seguros del Estado S.A. y Seguros Mundial S.A. siguen vigentes, pero nadie en la administración municipal ha iniciado las gestiones para hacerlas efectivas, pese a que la infraestructura no presta ningún servicio. Cada uno de estos actores cumplió su papel en el expediente. Ninguno cumplió su papel en la realidad.
Mientras los documentos certificaban un servicio inexistente, los habitantes de Doña María seguían haciendo exactamente lo que hacían antes de que llegara el contrato: caminar hasta un jagüey, llenar un balde, cargarlo de vuelta. Solo como referencia de magnitud, 4.719.514.179 pesos equivalen a más de 3.630 salarios mínimos legales mensuales vigentes de 2024. Esa cifra no construyó un metro de tubería que funcione. Construyó un expediente. Cada peso de regalías invertido en Doña María era, en teoría, un peso que una familia no tendría que sacar de su propio bolsillo para comprarle agua a un vendedor informal o para arriesgar la salud de sus hijos tomando de una fuente que la propia Contraloría califica de alto riesgo sanitario. El costo de oportunidad aquí no es una cifra en un informe. Es una infancia que se enferma por agua contaminada mientras el computador de la alcaldía dice que el problema ya se resolvió.
El economista James Buchanan insistía en que las reglas del juego pesan más que las buenas intenciones de quienes lo juegan. Cuando las reglas permiten certificar una obra por su avance físico y financiero sin verificar nunca si el agua sale de la llave, el sistema no falla por accidente. Falla porque fue diseñado para poder fallar sin que nadie pague por ello a tiempo. El jurista Alejandro Nieto, que dedicó buena parte de su obra a diagnosticar el desgobierno de lo público, lo explicaba desde otro ángulo: la corrupción no es la excepción de un Estado que funciona bien, es la lógica natural de un Estado capturado por quienes deberían servirlo. Doña María encaja en los dos diagnósticos a la vez. Y hay un tercer ingrediente, más psicológico que jurídico: el sesgo del statu quo que explica por qué, cuando la Contraloría del Magdalena tuvo la oportunidad de investigar a fondo, encontró en una resolución técnica sobre llamados “elefantes blancos” una salida cómoda para no hacerlo y trasladar el expediente a la Procuraduría. Mantener las cosas como están, incluso cuando las cosas están mal, siempre parece menos riesgoso que moverlas. Esa comodidad institucional tiene nombre, y en Doña María tiene además un costo de 4.719.514.179 pesos.
La pregunta que deja este expediente no es si hubo corrupción. Los permisos ausentes, la fuente “inviable sanitariamente” y el dinero ya pagado respondieron eso por sí solos. La pregunta es cuántos corregimientos más en Colombia tienen, en este mismo momento, un acueducto certificado al cien por ciento en una pantalla de la alcaldía y al cero por ciento en la vida real. Mientras el país siga midiendo el éxito de sus obras públicas por lo que dice el papel y no por lo que sale del grifo, seguirá pagando millones por sed. corrupcionaldia.com seguirá revisando ese papel, llave por llave, hasta que alguien tenga que responder por el agua que nunca llegó.
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