LADRONES
de cuello blanco?
En una auditoría financiera, la Contraloría General de la República determinó un hallazgo fiscal por $38.849 millones de pesos en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), por haber recibido un menor valor en un contrato de venta de cartera judicializada.
El hallazgo por $38.849 millones de pesos hace referencia al menor valor recibido por el FNA en un contrato de venta de cartera judicializada suscrito por esta entidad con la firma Disproyectos en noviembre de 2017.
El ente de control estableció que en el mencionado contrato se pactó un precio de venta sin tener en cuenta las normas internas establecidas en el Manual del Sistema de Administración del Riesgo de Crédito SARC V34, que establece los criterios a considerar en este tipo de operaciones.
El caso en la Fiscalía
No obstante la actuación de la Contraloría, este caso ya venía siendo investigado por la Fiscalía General de la República.
Los hechos ocurrieron en diciembre de 2017 y, las pesquisas de la Fiscalía permitieron detectar que los autores del hecho, fabricaron una cortina con apariencia de legalidad en la que incluso modificaron el manual Sarc (Sistema de Administración del Riesgo Crediticio), de tal manera que en la transacción no se notaran las irregularidades.
La Fiscalía 212 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, llevó en marzo de este año ante un juez e imputarle graves cargos al entonces vicepresidente financiero, Milton Bustos, y la vicepresidenta de Riesgos, Adriana Rojas. Ellos siguen trabajando en la entidad en otras labores.
Milton Bustos, quien fuera vicepresidente financiero del Fondo Nacional del Ahorro, ha sido imputado con graves cargos por las Fiscalía 212 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública.
Adriana Rojas, era vicepresidenta de riesgos del Fondo Nacional del Ahorro, también ha sido imputado con graves cargos por las Fiscalía 212 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública. Sigue trabajando en la entidad.
La Fiscalía les imputó cargos por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
La revista Semana reveló que, para los investigadores de la Fiscalía, este fraude estaba diseñado incluso desde que empezó a planearse la venta de la cartera morosa del Fondo Nacional del Ahorro.
La ganadora fue la firma Disproyectos, que apareció de un momento a otro cuando ni siquiera había sido invitada a participar en el proceso de selección. Con un agravante: según las indagaciones, no tenía un flujo de caja que le permitiera asumir las obligaciones contractuales, y su patrimonio resultaba irrisorio para encargarse de este negocio, no superaba los $1.000 millones de pesos, además de cero experiencias en cobro de cartera.
Lo que sí hizo la vicepresidenta, meses atrás de la millonaria transacción, fue hacerles una invitación cerrada a otras siete firmas, que obviamente no iban a resultar ganadoras del jugoso contrato, en el que a la luz de la ley deberían enfrentarse en franca lid para escoger a la que mejor representara los intereses del FNA.
Esa reunión fue de puro trámite, pues al parecer ya todo estaba listo para que Disproyectos apareciera como el mejor oferente.
Tal era la intención de entregar este contrato a dedo que incluso fue modificado el manual Sarc utilizado para estos casos solo con la finalidad de dar apariencia de legalidad. A juicio de la Fiscalía, la vicepresidenta de Riesgos, Adriana Rojas, aceptó una solicitud de no constituir la garantía exigida por el comité para el cumplimiento del contrato.
«También estaba en la obligación legal de presentar la oferta de Disproyectos al comité del Fondo para la compra de la cartera, pero no lo hizo, y ella misma terminó aprobando la oferta. Omitió de manera consciente el análisis de la capacidad de pago de la firma para determinar si podía cumplir. Tan clara fue la intención de asignarlo directamente que tampoco», dice la Fiscalía, puso a competir la oferta de Disproyectos con otras firmas.
“La doctora Adriana Rojas, en claro abuso de su poder y aprovechamiento de sus funciones y competencias, expidió el 15 de diciembre de 2017 y el día 23 de enero de 2018 el manual con el fin de incluir en ellos disposiciones que legalizarían la venta (...) en contexto se permite sostener la evidente confabulación entre Rojas y Bustos en la defraudación del patrimonio del Fondo Nacional del Ahorro”.
Asimismo, se consideraron muy graves las actuaciones del vicepresidente financiero, Milton Bustos, pues, para la Fiscalía, fue determinante, dado que tenía conocimiento claro de toda la operación, «la cual aceptó con beneplácito y jamás hizo oposición a su compañera la vicepresidente de Riesgos, para que impidiera el descalabro económico al que sometieron al Fondo Nacional del Ahorro en este crimen financiero».
Las actuaciones de estos dos vicepresidentes, dice la Fiscalía, llevaron a que «cuando se vendió la cartera hipotecaria el Fondo perdiera más de $60.000 millones de pesos por su ilegal actuar, realizado de manera consciente y con conocimiento que su conducta era contraria a derecho».
La actual presidenta del FNA, María Cristina Londoño, explicó en esa ocasión a Semana que estos hechos ocurrieron en 2017 durante la administración de Helmuth Barros.
«Desde que llegó la actual administración del FNA se evidenció que la venta se había realizado sin aprobación de la junta directiva, sobre créditos que no cumplían con los requisitos establecidos en los manuales, con una valoración y un sistema a plazos que tampoco se ajustaba a la normatividad interna, ni tenía en cuenta la pérdida del valor adquisitivo de la moneda. Además, sin agotar debidamente un proceso de selección objetiva», señalan desde el Fondo.
Volviendo a la investigación de la Contraloría, la cesión de derechos de cartera judicializada a un menor valor generó las siguientes situaciones:
- Un daño al patrimonio público por $38.849.387.793 pesos derivado de una diferencia entre el valor de la venta estipulada en la cláusula quinta del contrato de compraventa por $68.435.504,626 pesos, frente al valor determinado por el equipo auditor luego de aplicar los criterios establecidos en el Manual SARC V34, el cual asciende a 107.284.892.419 pesos.
- Desde el punto de vista de las garantías, el FNA cambió 2.087 créditos de cartera judicializada respaldado en hipotecas que habían sido evaluadas y consideradas satisfactorias, para cambiarlo por un activo (cuenta por cobrar) de $68.435.504.626 pesos concentrado en un (1) sólo deudor, que tenía al 30 de enero de 2017 un capital pagado de $3.844.735.080 pesos, y que respaldaba la obligación en un Fondo de Reserva constituido a través de un patrimonio autónomo, el cual a 31 de diciembre del 2021 está sin recursos para cubrir las cuotas en mora de la firma Disproyectos.
- Adicionalmente, el capital suscrito y pagado del comprador no respalda el negocio jurídico contenido en el contrato de compraventa dado que el precio de compra supera 17.79 veces el capital pagado de la sociedad.
Además, el organismo de control, termina ratificando lo dicho por la Fiscalía en el sentido de que el contrato de compraventa contraviene el artículo 1502 de Código Civil Colombiano, al haberse estipulado cláusulas que generaron un detrimento patrimonial de los recursos públicos del FNA.
De acuerdo con la normativa del FNA, el precio del contrato no era objeto de negociación por cuanto el manual SARC V34 definía la forma de calcular el precio de venta, el cual finalmente se circunscribía al saldo en libros o al saldo contable, dependiendo del avalúo comercial realizado.
Para la Contraloría, el hecho de consagrar una cláusula en el que se reconoce un valor inferior al que se encuentra como cartera vencida, configura un menoscabo a los recursos públicos.
Y añade: El Manual del Sistema de Administración del Riesgo de Crédito SARC V34 precisa que “Las garantías son un mecanismo de seguridad o forma de protección para el FNA ante la eventualidad de que el deudor incumpla con la(s) obligación(es) adquirida (s)…”.
Sobre lo denunciado por la Contraloría, desde el Fondo nacional del Ahorro se reiteró que «gracias a la demanda que interpuso ante un tribunal de arbitramento, fue declarada la nulidad absoluta del contrato, por lo que Disproyectos debe reintegrar la totalidad de la cartera que reposa en el patrimonio autónomo».
Así mismo el panel arbitral ordenó dar traslado del laudo a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación.
Coletilla: El Fondo Nacional de Ahorro es una institución bancaria colombiana creada, a través del Decreto Extraordinario 3118 de 1968, para administrar las cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales. A través de la Ley 432 de 1998 se transformó en una empresa Industrial y comercial del Estado, de carácter financiero del orden nacional, lo cual le permitió ampliar su mercado al sector privado.
Su propósito está directamente relacionado con los fines del Estado, especialmente sobre los derechos de todos los colombianos a tener una Vivienda digna.
