El domingo 26 de agosto del 2018, se llevó a cabo la consulta popular anticorrupción en el país. En ella los colombianos a través de una papeleta de votación respondían a siete preguntas relacionadas con el salario y periodo de funcionarios públicos, la contratación con el Estado, la participación ciudadana y rendición de cuentas por parte de funcionarios públicos.

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La realización de la consulta fue aprobada por 84 votos a favor y 0 en contra el 5 de junio de 2018 en la plenaria del Senado de la República. Para que fueran aprobados los mandatos, era necesario obtener al menos 12.140.342 votos (33,3 % del censo electoral vigente) y que el  obtuviera más del 50% de los votos. Sin embargo, la abstención electoral durante la jornada, impidió que se alcanzara el umbral, y por tanto no fue aprobada.

Lo que demostró el enorme grado de corrupción del pueblo colombiano, solo los motiva ir a las urnas

La consulta popular fue el resultado de una campaña llamada «Consulta Popular Anticorrupción«, emprendida por la entonces senadora Claudia López Hernández, (exalcaldesa de Bogotá), la representante a la cámara Angélica Lozano (actual senadora) del partido Alianza Verde, y el activista Carlos Felipe Parra.

Una de sus protagonistas, la senadora Angélica Lozano, repetía hasta el cansancio la necesidad de que el país retomara el rumbo de la honestidad y la transparencia en la cosa pública.

Angélica Lozano

Sin embargo, no se sabe ni en qué momento, ni las razones por las que la actual Senadora, terminó convertida en una corrupta más, envuelta en actividades y prácticas que combatía de manera férrea.

Un primer cuestionamiento está relacionado con posible tráfico de influencias, uno de los bastiones anticorrupción que enarbola la actual senadora.

En un informe de investigación periodística del portal Cuestión Pública, publicado el 20 de julio del 2023, revela que la empresa Industrias Cruz Hermanos, donde han sido accionistas familiares de la senadora, ganó varias licitaciones para suministrar mobiliario a diferentes entidades del Estado.

Por ejemplo, en el 2020 se inauguraba la nueva sede y para la compra e instalación de los muebles la alcaldía Local de Tunjuelito, adscrita a la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá, suscribió un contrato por $1.505 millones con Industrias Cruz Hermanos.

Revela el portal que Cruz Hermanos fue constituida en 1977 por Ernesto y Darío Cruz Herrera. Desde entonces se dedicó a la fabricación y venta de muebles y accesorios de hogar. Con el paso de los años entraron nuevos accionistas, uno de ellos fue Ernesto Cruz Sánchez, quien en 2014 financió la campaña a la Cámara de Angélica Lozano.

Pero además la compañía también ha contado con la participación de, al menos, cinco familiares de la senadora, entre ellos sus tíos y primos quienes se desempeñaron como socios y miembros de la junta directiva de Industrias Cruz Hermanos.

Y en 2014 fueron quienes encabezaron la lista de aportantes de campaña.

Y si bien la empresa ya era contratista del Estado, desde que Lozano llegó ese año a la Cámara de Representantes hasta la fecha, ha recibido $19 mil millones en 114 contratos con entidades públicas. Al menos 52 de esos con alcaldías, la Fiscalía, el Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio de Salud y el de Educación.

En el caso de la licitación para el mobiliario de la nueva sede de la Alcaldía Local de Tunjuelito hubo en total 12 proponentes. Junto a Industrias Cruz Hermanos, también compitió, codo a codo, el Consorcio Inverkyros Mobiliario, controlado en un 50% por Óscar Julián Lozano Correa, hermano de la senadora. Solo uno podía ganar y en este caso Inverkyros fue uno de los perdedores. 

El asunto es que los fundadores de Kyros fueron por un lado, Ernesto Cruz Sánchez, accionista de Industrias Cruz Hermanos —su competencia en la licitación— y por el otro, Rosa Stella Correa Guzmán, tía de la senadora y también aportante de campaña de Lozano y de su pareja, la alcaldesa de Bogotá Claudia López.

Más familiares

Las conexiones entre ambas empresas no acaban ahí. José del Carmen Correa, otro tío y aportante de campaña de la senadora, fue representante legal suplente de Industrias Cruz Hermanos y miembro de su junta directiva, desde 2009 hasta 2011.

En junio de 2019, Kyros e Industrias Cruz Hermanos también compitieron a través de consorcios, una contra la otra, dentro de una subasta inversa para la compra del mobiliario de los distintos organismos del municipio de Cali, por $1.797 millones. En este caso, el ganador fue el Consorcio Inverkyros Herpol, conformado por la empresa de Óscar Lozano Correa e Inversiones Archivos y Servicios SAS.

La empresa del hermano de la senadora junto a otros consorcios ha conseguido hacerse a unos 52 contratos que suman más de $8 mil millones de pesos y que empezaron a ser adjudicados un año después de que ella tomara posesión de su curul. 

En su declaración juramentada de bienes y rentas de 2021, Angélica Lozano reportó el negocio de Óscar Lozano dentro de la lista de potenciales conflictos de interés así: “Mi hermano es representante legal de una empresa comercializadora de muebles”. Lo que la senadora no mencionó es que la empresa es contratista pública y que ya no sólo vende muebles, ahora también comercializa comidas y bebidas, señala el informe de Cuestión Pública.

Mientras Lozano estuvo en la Cámara de Representantes de Bogotá, entre 2014 y 2018, Kyros suscribió 22 contratos por $1.714 millones. El contrato de mayor valor fue firmado con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) de la capital. Otro, con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), para suministrar alimentos y bebidas lácteas para ser vendido en el almacén de expendio del complejo carcelario de Bogotá.

Con la llegada de Lozano al Senado, el monto de los contratos se multiplicó. Entre 2018 y 2022, Kyros firmó 30 contratos por $7.092 millones, más de cuatro veces el monto de los negocios públicos firmados en el anterior cuatrienio.

El chorro de contratos parece haberse cerrado en el nuevo periodo constitucional. Desde julio de 2022 a la fecha, este medio no halló ningún contrato firmado por entidades públicas con Kyros.

Sobre la contratación de su hermano, Angélica Lozano le dijo a Cuestión Pública, en 2018: “No hay ninguna ilegalidad. Él es una persona que vende muebles desde que estaba en la universidad. El grueso de él es el sector privado, que yo sepa, y participa en licitaciones, en convocatorias”.

El caso de la senadora Lozano podría presentar un riesgo de tráfico de influencias, que según el Código Penal “el servidor público que utilice indebidamente, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte de servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer incurrirá en prisión”.

Con este caso en particular, no ha pasado nada.

Llamado a indagatoria 

Ahora, apenas la semana pasada, la Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para que investigue a la senadora Angélica Lozano.

Se le investiga por presuntamente haber utilizado dineros del metro de Bogotá para financiar su campaña electoral del 2022 al Senado.

El hecho fue confirmado por  la revista Cambio, que aseguró que luego de que se conociera que la exalcaldesa Claudia López fue citada por el ente investigador para que diera su versión sobre los presuntos desvíos de dineros del metro la Fiscalía pidió a la Sala de Instrucción llevar a cabo la respectiva investigación.

Aunque Lozano explicó que los hechos tienen que ver con una mentira, se conocieron unas conversaciones que probarían los presuntos actos de corrupción entre ella y su pareja Claudia López.

Aparentemente se evidenciaron movimientos irregulares de dinero por $12.000 millones, los cuales, están asociados a ciudadanos de China y Colombia.

Las interceptaciones telefónicas legales que revelan diálogos comprometedores entre José Joaquín Silva Ardila, conocido como José Truchas, antiguo empleado del Ministerio de Transporte, y un empresario chino identificado como William o Dong.

Las conversaciones, que fueron publicadas por la revista Semana, dan una luz de cómo dichos fondos podrían haber sido distribuidos en dos grandes pagos y mencionan sobornos que exceden los $10.000 millones y otras de $6.000 millones presuntamente dirigidos a financiar campañas políticas.

Las interceptaciones, en las que aparecen en varias oportunidades los nombres de López y Lozano, fueron realizadas entre enero y marzo de 2022, poco antes de los comicios para el Congreso, insinuando que los recursos tuvieron como posible destino influir en el proceso electoral a favor de la entonces candidata Angélica Lozano.

Me contó que tuvieron que hacer un giro de $3.000 millones y mañana otro igual para esos políticos de los verdes de la alcaldesa, y me mostró los WhatsApp que le mandan a decir dónde consigne para la campaña de ahorita”, se escucha en una de las conversaciones de Silva Ardila.

La implicación de Claudia López y Angélica Lozano en estas negociaciones sugiere un presunto esquema de intercambio de favores y adjudicación de contratos, lo que ha llevado a la Fiscalía 135 Especializada de Yopal a investigar posibles delitos como cohecho, enriquecimiento ilícito e interés indebido en la asignación de contratos.

En twitter La senadora Lozano afirmó: “Este señor, este ciudadano mayor fue y reconoció que estaba haciendo una broma y que todo es mentira, lamentablemente es una mentira que hace mucho daño”.

Habrá que esperar en qué termina esta indagación, pero, de comprobarse que sí hubo hechos de corrupción en la campaña de Lozano, lo que quedará será un sabor más que agridulce no solo entre sus votantes, sino entre los más de 11 millones de colombianos que votaron la consulta anticorrupción, creyendo que quienes la promovieron e impulsaron, realmente querían acabar con este tremendo cáncer que carcome al país, que eran algo así como una quimioterapia y que realmente eran una camuflada metástasis.

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