Análisis forense de las finanzas departamentales 2024-2025: regalías que no llegan, niños que mueren de hambre y una dependencia del 71,8% de las transferencias nacionales
Nos encontramos en el departamento de La Guajira. Vamos a auscultar la gestión departamental de La Guajira, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, la administración del gobernador Jairo Alfonso Aguilar Deluque. Haremos un estudio de la administración realizada por este mandatario en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que todo departamento tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana.
LA DISECCIÓN COMIENZA
La Guajira es la península que Colombia mira de reojo: un territorio de 912.538 habitantes (proyecciones DANE 2024), limítrofe con Venezuela, que concentra las mayores reservas de carbón del país gracias al Cerrejón, pero que paradójicamente registra una pobreza multidimensional del 40,1% —casi cuatro veces el promedio nacional del 11,5%—, una mortalidad infantil por desnutrición hasta ocho veces superior a la media colombiana, y apenas la mitad de sus hogares con acceso a agua potable. Es el departamento de las paradojas más crudas: donde más regalías entran, donde más escándalos de corrupción se destapan, y donde más necesidad clama al cielo.
En este escenario llegó al poder Jairo Alfonso Aguilar Deluque el 1 de enero de 2024, un abogado riohachero de 41 años, formado en la Universidad Sergio Arboleda, con una trayectoria forjada en los pasillos del poder local: secretario de Gobierno de Riohacha, alcalde encargado de Manaure, Fonseca, Villanueva y Albania, y dos veces gobernador encargado durante las suspensiones de su antecesor Nemesio Raúl Roys. Fue elegido con 187.897 votos (57,82%) gracias a una coalición de cinco partidos liderada por el Partido de la U, bajo el eslogan «Orgullosamente Guajiro. Cumpliendo la Palabra».
Sin embargo, según la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), Aguilar Deluque es «el alfil principal» del senador Alfredo Deluque, quien lidera el clan «Nueva Fuerza Guajira» —la maquinaria política más poderosa del departamento—, reconfiguración del viejo clan «La Nueva Guajira» cuyo co-líder, el exgobernador Hernando Deluque Freyle (padre de Alfredo), fue condenado en octubre de 2024 a nueve años de cárcel por irregularidades en la contratación. Nueve meses después de que Aguilar asumiera la gobernación, su padrino político veía caer al patriarca del clan tras las rejas. La sombra de esa condena se proyecta sobre toda la administración departamental.
Dos años después, los datos hablan por sí solos. Y lo que dicen no es agradable.
EL PLAN DE DESARROLLO: «CUMPLIENDO LA PALABRA»
El Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027, denominado «Cumpliendo la Palabra», fue aprobado por la Asamblea Departamental y se estructura alrededor de ocho líneas estratégicas: Desarrollo y Justicia Social; Transformación Productiva; Transición Energética y Sostenibilidad Ambiental; Agua Potable y Saneamiento Básico; Educación y Capital Humano; Salud y Nutrición; Infraestructura y Conectividad; y Cultura, Deporte y Patrimonio. El plan promete inversiones sin precedentes en agua, educación, salud e infraestructura, con un enfoque declarado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y en el cierre de brechas para las comunidades wayuu.
Según la administración, en 2024 se ejecutaron 16 proyectos de inversión mayores por más de $210.000 millones, se logró un índice de ejecución de regalías del 77,4%, se invirtieron $320.000 millones en agua y saneamiento (15 proyectos completados beneficiando a 170.000 personas), más de $113.000 millones en educación, y se posicionó a La Guajira como líder nacional en «Obras por Impuestos» con más de $80.000 millones. En salud, la gobernación reporta 35.239 nuevos afiliados al sistema y 1.172 comunidades visitadas por brigadas médicas.
Pero la pregunta forense es ineludible: si tanto dinero entró, si tantas obras se ejecutaron, si tantas brigadas llegaron a las comunidades, ¿por qué La Guajira sigue siendo el departamento donde más niños mueren de hambre? ¿Por qué la pobreza multidimensional no cede? ¿Por qué la mitad de los hogares siguen sin agua potable? Veamos qué dicen los números.
ANÁLISIS FINANCIERO AÑO A AÑO
VIGENCIA 2024: LOS NÚMEROS QUE ENTRARON
La ejecución de ingresos del departamento de La Guajira para la vigencia del 2024, según el formulario B_EJECUCIÓN_DE_INGRESOS del CUIPO en CHIP (Consulta Ciudadana), arroja un total de $885.845 millones en ingresos no SGR. La estructura de estos ingresos revela una dependencia crítica de las transferencias nacionales:
| Fuente | Valor (M COP) | % del Total |
|---|---|---|
| Ingresos Corrientes | $776.670 | 87,7% |
| — Ingresos Tributarios | $180.034 | 20,3% |
| — Transferencias Corrientes (SGP) | $586.456 | 66,2% |
| — SGP Educación | $422.366 | 47,7% |
| — SGP Salud | $23.691 | 2,7% |
| — SGP Asignaciones Especiales (PAE) | $66.767 | 7,5% |
| — SGP Agua Potable | $16.447 | 1,9% |
| — Otros No Tributarios | $56.190 | 6,3% |
| Recursos de Capital | $109.175 | 12,3% |
| — Recursos del Balance | $97.771 | 11,0% |
| — Retiros FONPET | $10.968 | 1,2% |
| TOTAL INGRESOS (no SGR) | $885.845 | 100% |
Fuente primaria: Archivo CUIPO B_EJECUCIÓN_DE_INGRESOS — CHIP Consulta Ciudadana. Entidad: Departamento de La Guajira.
Figura 1. Composición de ingresos 2024 — Departamento de La Guajira (CUIPO/CHIP)
El análisis forense revela hallazgos preocupantes:
⚠ HALLAZGO 1: Dependencia crítica del SGP. El 71,8% de los ingresos del departamento provienen del Sistema General de Participaciones (SGP), es decir, de las transferencias que envía la Nación. Los ingresos tributarios propios (estampillas, impuesto al consumo de cervezas y licores) apenas representan el 20,3%, de los cuales las estampillas aportan $92.157 millones (Pro Desarrollo Fronterizo $56.265M y Pro Desarrollo Departamental $18.461M). La autonomía fiscal de La Guajira es prácticamente inexistente.
⚠ HALLAZGO 2: El SGP Educación absorbe el 47,7% del total de ingresos, lo que significa que casi la mitad de los recursos del departamento están atados por mandato constitucional a la educación. Esto deja un margen mínimo para inversión discrecional en otros sectores críticos como agua, salud e infraestructura.
VIGENCIA 2024: CÓMO SE GASTÓ
La ejecución del gasto del departamento en 2024, según el formulario D_EJECUCIÓN_DE_GASTOS del CUIPO, muestra un total de compromisos por $5,12 billones en la vigencia actual, con pagos efectivos por $4,71 billones (91,9% de ejecución). La distribución por sección presupuestal es la siguiente:
| Sección | Compromisos (M) | Pagos (M) | % Ejec. |
|---|---|---|---|
| Educación | $3.383.440 | $3.319.238 | 98,1% |
| Administración Central | $1.097.675 | $910.360 | 82,9% |
| Salud | $516.243 | $516.847 | 100,1% |
| Fondo de Pensiones | $168.575 | $165.977 | 98,5% |
| Asamblea Departamental | $31.393 | $28.934 | 92,2% |
| Contraloría | $20.300 | $18.642 | 91,8% |
| TOTAL | $5.128.029 | $4.712.623 | 91,9% |
Fuente: CUIPO D_EJECUCIÓN_DE_GASTOS — CHIP Consulta Ciudadana. Incluye vigencia actual.
Figura 2. Distribución del gasto 2024 por sección presupuestal
Adicionalmente, al cierre de 2024 el departamento reporta reservas por $88.613 millones y cuentas por pagar por $158.762 millones, lo que suma un pasivo pendiente de $247.375 millones —equivalente al 5,3% del presupuesto total ejecutado. Las cuentas por pagar representan obligaciones asumidas pero no pagadas, lo que puede indicar dificultades de flujo de caja o retrasos en la ejecución contractual.
⚠ HALLAZGO 3: El 64,5% del gasto se concentra en Educación ($3,3 billones), lo cual es constitucionalmente mandatorio. Pero la Administración Central —donde se ejecutan los proyectos de inversión departamental— apenas logró un 82,9% de ejecución, dejando sin gastar $187.315 millones en una región donde el agua, las vías y la salud son emergencias declaradas. Cada peso no ejecutado es una obra no realizada, una comunidad sin servicio, un niño sin atención.
VIGENCIA 2025: LA CAÍDA LIBRE
Los datos disponibles para 2025 (enero a septiembre, según CUIPO CHIP) muestran una imagen aún más preocupante. Los ingresos corrientes cayeron a $646.528 millones (una reducción del 16,7% respecto al mismo período de 2024), aunque los recursos de capital aumentaron a $185.491 millones —impulsados por retiros del FONPET por $71.865 millones, seis veces superiores a los de 2024. Pero lo verdaderamente alarmante es la ejecución del gasto:
| Sección | Pagos 2024 (M) | % Ejec. 2024 | Pagos 2025 (M) | % Ejec. 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Educación | $3.319.238 | 98,1% | $2.562.989 | 85,2% |
| Adm. Central | $910.360 | 82,9% | $554.262 | 49,3% |
| Salud | $516.847 | 100,1% | $190.261 | 69,2% |
| Fondo Pensiones | $165.977 | 98,5% | $121.048 | 99,7% |
| Asamblea | $28.934 | 92,2% | $44.791 | 98,9% |
| Contraloría | $18.642 | 91,8% | $12.761 | 98,1% |
Fuente: CUIPO D_EJECUCIÓN_DE_GASTOS — CHIP Consulta Ciudadana. 2025: datos a septiembre.
Figura 3. Comparativa de ejecución presupuestal por sector: 2024 vs 2025
�� HALLAZGO 4 (CRÍTICO): La Administración Central —el brazo ejecutor de la inversión departamental— colapsó del 82,9% de ejecución en 2024 a un miserable 49,3% en 2025. Esto significa que por cada 100 pesos presupuestados para inversión en la gobernación, solo 49 se gastaron efectivamente. En un departamento donde el 61,8% de la población vive en pobreza, donde los niños mueren de desnutrición y la mitad de los hogares no tienen agua, dejar de ejecutar la mitad del presupuesto de inversión no es negligencia: es un acto de omisión con consecuencias mortales.
Las reservas al cierre del período 2025 ascienden a $46.775 millones y las cuentas por pagar permanecen elevadas en $157.808 millones, lo que sugiere que la maquinaria contractual sigue generando obligaciones que no se traducen en pagos efectivos ni en obras entregadas.
DEPENDENCIA FISCAL: LA GUAJIRA NO PUEDE CAMINAR SOLA
Uno de los indicadores más reveladores de la salud financiera de un territorio es su grado de dependencia de las transferencias nacionales. En el caso de La Guajira, los datos son devastadores: en 2024, el SGP representó el 71,8% de los ingresos totales; en 2025, pese a la reducción absoluta de las transferencias, la proporción se mantiene en torno al 65,3%. Los ingresos tributarios propios apenas alcanzan el 20,3% (2024) y el 18,7% (2025), demostrando una incapacidad estructural para generar recursos autónomos.
Figura 4. Dependencia de transferencias nacionales vs recursos propios: 2024 vs 2025
La Ley 617 de 2000 establece límites al gasto de funcionamiento como porcentaje de los ingresos corrientes de libre destinación, y exige a las entidades territoriales esfuerzos fiscales para aumentar sus ingresos propios. Sin embargo, los ingresos tributarios de La Guajira se concentran en estampillas (que son pagadas por contribuyentes de toda Colombia, no solo guajiros), impuestos al consumo de cervezas y licores, y escasos recursos prediales. La capacidad real de generar renta propia es mínima, y los esfuerzos del departamento por diversificar sus fuentes de ingreso son prácticamente inexistentes en los dos primeros años de la administración Aguilar.
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS: ¿DÓNDE ESTÁ LA PLATA?
La Guajira es, por excelencia, el departamento de las regalías. La explotación del Cerrejón y otros recursos naturales deberían traducirse en prosperidad para sus habitantes. Los datos del SGR en CHIP revelan lo siguiente:
| Concepto | DIC 2024 (M) | ENE-SEP 2025 (M) | Variación |
|---|---|---|---|
| Asignación Inversión Regional | $153.734 | $83.566 | -45,7% |
| Asignaciones Directas (20%) | $30.124 | $11.986 | -60,2% |
| Asignación CTI | $8.322 | $2.441 | -70,7% |
| Excedentes Fonpet | $14.318 | $26.121 | +82,4% |
| TOTAL SGR | $206.498 | $124.115 | -39,9% |
Fuente: SGR CHIP — EJECUCIÓN DE INGRESOS. Entidad: Departamento de La Guajira.
Figura 5. Ingresos SGR 2024 vs 2025 y ejecución por sector
La ejecución del gasto SGR en 2024 alcanzó $1,58 billones con una ejecución del 76,3%. Pero el análisis por sector revela anomalías graves: Transporte ejecutó apenas el 9,4% de sus recursos; Gobierno Territorial solo el 37,0%; y Comercio/Industria un inadmisible 0%. En contraste, Vivienda logró el 100% y el rubro General el 86,9%. La concentración del gasto SGR en rubros genéricos («No Aplica» con el 86,9%) genera sospechas sobre la trazabilidad real de estos recursos: ¿a dónde fueron realmente los $1,37 billones clasificados sin sector específico?
�� HALLAZGO 5 (CRÍTICO): La ejecución SGR 2025 se desploma al 62,5% en los primeros nueve meses. El departamento recibió $124.115 millones en regalías y solo comprometió $1,31 billones (incluyendo arrastres de vigencias anteriores), con pagos efectivos de $817.631 millones. En un territorio donde el DNP ha denunciado la desaparición de $12 billones en regalías administradas por fondos mixtos, la baja ejecución no es solo ineficiencia: es un síntoma de un sistema que no funciona para la gente.
DEUDA PÚBLICA Y VIGENCIAS FUTURAS
Según el Informe de Viabilidad Fiscal (IVF) del Ministerio de Hacienda para 2024, la deuda pública del departamento de La Guajira estaba representada en un solo crédito activo. La deuda externa histórica (Contrato 542200102) fue totalmente liquidada en mayo de 2019 con una amortización final de $17.265 millones. Esta situación de baja deuda podría interpretarse como solidez fiscal, pero también puede reflejar una falta de capacidad para acceder al crédito y financiar inversiones de gran envergadura —como el acueducto regional que La Guajira necesita con urgencia.
Respecto a las vigencias futuras, los datos públicos en CHIP no se encuentran disponibles de manera abierta para la consulta ciudadana, lo que constituye una violación al principio de transparencia activa consagrado en la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia). La información sobre autorizaciones de vigencias futuras (OCT-DIC 2024 y 2025) requiere acceso mediante CHIP Web Entidad, restringido a funcionarios departamentales. Esta opacidad impide a la ciudadanía conocer los compromisos financieros que la administración Aguilar ha adquirido para años posteriores.
⚠ HALLAZGO 6: La falta de acceso público a los datos de vigencias futuras y renta pignorada constituye una barrera para el control ciudadano. En un departamento donde la Contraloría ya detectó $132.025 millones en hallazgos fiscales en proyectos de regalías (informe anterior a la administración Aguilar), y donde la Contraloría de Bogotá abrió proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial de $313.276 millones en el proyecto eólico Windpeshi, la opacidad no es accidental: es funcional a la impunidad.
CONTRATACIÓN PÚBLICA: EL MAPA DE LOS ESCÁNDALOS
La contratación pública de La Guajira durante 2024 y 2025 ha estado marcada por una cascada de escándalos que involucran tanto a la Gobernación como a los municipios del departamento. El análisis cruzado de SECOP I y II, las investigaciones de la Fiscalía y la Contraloría, y los reportajes de medios como Las2Orillas, Vorágine, El Colombiano y Caracol Radio, revelan un patrón sistemático de irregularidades:
Figura 6. Mapa cronológico de escándalos de corrupción en La Guajira 2024-2025
1. Carrotanques UNGRD ($46.800 millones): La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres desvió $46.800 millones en la compra de 80 carrotanques para La Guajira. Impoamericana Roger S.A.S. recibió $9.573 millones por 40 carrotanques con sobrecostos de $10.772 millones; la Corporación Mixta Yapurutú recibió $12.579 millones por otros 40. La Contraloría imputó responsabilidad fiscal por dolo. Olmedo López, exdirector de la UNGRD, se declaró culpable en mayo de 2026; Sneyder Pinilla fue condenado a 5 años y 8 meses; Luis Eduardo López Rosero («El Pastuso») devolvió $7.722 millones.
2. Jagüeyes ($74.984 millones): Contrato para el mantenimiento de 1.626 jagüeyes (reservorios de agua) vinculado a la senadora Martha Peralta (Pacto Histórico). La Corte Suprema abrió investigación formal. Mientras los contratistas cobraban, las comunidades wayuu seguían sin agua.
3. CAPS Fallidos ($82.000 millones): El Ministerio de Salud contrató con ENterritorio la construcción de 25 Centros de Atención Primaria en Salud por $82.000 millones. Se giraron $16.000 millones a fiducia sin resultados verificables. MinSalud sancionó a ENterritorio, no prorrogó el contrato y ordenó devolución de recursos.
4. Fondo Mixto Sierra Nevada (más de $200.000 millones): W Radio investigó en julio de 2025 cómo alcaldes del Partido Conservador en La Guajira canalizaron más de $200.000 millones a través del Fondo Mixto Sierra Nevada. Barrancas transfirió $96.000 millones, Albania $54.000 millones, Uribia $40.000 millones. El DNP había denunciado en agosto de 2024 la desaparición de $12 billones en regalías administradas por fondos mixtos.
5. Contratación directa masiva: Según las resoluciones de la Gobernación de La Guajira, la modalidad predominante de contratación es la contratación directa, incluyendo mínima cuantía (hasta $65,1 millones en 2025) y contratación con ESAL sin proceso competitivo. En Villanueva, 63 contratos por más de $2.200 millones fueron a solo 19 ESAL sin licitación alguna, documentados por Las2Orillas como parte de los «contrataderos» de La Guajira.
LOS 5 PROBLEMAS / CINCO INDICADORES DE GESTIÓN
Los cinco problemas que más preocupan a las comunidades de La Guajira, y que el gobernador Aguilar se comprometió a resolver, son: (1) acceso a agua potable y saneamiento básico; (2) salud pública y nutrición infantil; (3) educación y capital humano; (4) infraestructura vial y conectividad; y (5) transparencia y buen gobierno. A continuación se presentan los indicadores de gestión analizados periodísticamente, cada uno calificado de 0 a 10.
1. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (ODS 6)
La Guajira tiene una cobertura de agua potable que apenas alcanza el 50% de los hogares, una de las más bajas del país. El gobernador prometió «agua para todos los guajiros» y su administración reporta una inversión de $320.000 millones en agua y saneamiento en 2024, con 15 proyectos completados beneficiando a 170.000 personas. Sin embargo, el MinVivienda ha reportado que la cobertura real no ha mejorado significativamente: de los $397.199 millones asignados por la Nación para proyectos de agua, una parte importante sigue sin ejecutarse. La ejecución del SGR en el sector de agua potable muestra cifras ambiguas, y las comunidades wayuu denuncian que los carrotanques —solución temporal y costosa— siguen siendo la única fuente de abastecimiento para miles de familias.
Calificación 2024: 3,5/10. La inversión es significativa en cifras, pero los resultados tangibles son limitados. Los 15 proyectos beneficiaron a 170.000 personas de una población de 912.538, es decir, apenas el 18,6%.
Calificación 2025: 3,8/10. Se mantiene la tendencia de inversión sin impacto proporcional. El escándalo de los carrotanques y los jagüeyes sin mantenimiento efectivo agrava la situación.
Promedio: 3,65/10 — MEDIOCRE.
2. SALUD PÚBLICA Y NUTRICIÓN INFANTIL (ODS 2 y 3)
Este es el indicador más doloroso. La Guajira registra tasas de mortalidad infantil por desnutrición hasta ocho veces superiores al promedio nacional. En 2023 murieron 22 niños por desnutrición; en 2024, al menos 35 niños perdieron la vida —un aumento del 59%—, aunque la administración afirma una reducción del 40-45% en la tasa de mortalidad. La contradicción entre ambas cifras sugiere que la administración está midiendo tasas relativas mientras las muertes absolutas aumentan. En 2025, la administración reporta una reducción del 48-49% respecto a 2022, pero la Corte Constitucional mantiene vigentes las alertas sobre incumplimiento en seguridad alimentaria para niños wayuu.
La tasa de mortalidad materna es de 92,9 por cada 100.000 nacidos vivos —el doble del promedio nacional—. El 84% de la población está en el régimen subsidiado de salud, lo que evidencia una dependencia total del sistema. Las brigadas de salud (1.172 comunidades visitadas) son paliativos, no soluciones estructurales.
Calificación 2024: 3,0/10. 35 niños muertos de hambre en un departamento que recibe billones en regalías es inaceptable.
Calificación 2025: 3,5/10. La tendencia reportada de reducción es alentadora, pero insuficiente. Los CAPS fallidos ($82.000 millones sin resultados) son una bofetada a las comunidades.
Promedio: 3,25/10 — MEDIOCRE.
3. EDUCACIÓN Y CAPITAL HUMANO (ODS 4)
La educación en La Guajira recibe la mayor parte del presupuesto departamental ($3,3 billones en 2024, 98,1% de ejecución). La administración reporta una reducción del 10% en la deserción escolar, cobertura de matrícula para 24.302 estudiantes de educación superior ($45.000 millones), y 12,9 millones de raciones alimentarias del PAE. Sin embargo, los problemas persisten: la conectividad digital en zonas rurales es prácticamente nula, el transporte escolar enfrenta denuncias de irregularidades (veeduría «Lupa»), y la calidad educativa sigue siendo de las más bajas del país. La ejecución del SGR en educación apenas alcanza el 9,5% de los recursos asignados.
Calificación 2024: 4,5/10. La ejecución presupuestal es alta, pero los resultados en calidad y cobertura efectiva son limitados. Calificación 2025: 4,0/10. La caída en la ejecución del SGR educativo y las denuncias sobre transporte escolar deterioran la calificación. Promedio: 4,25/10 — REGULAR.
4. INFRAESTRUCTURA VIAL Y CONECTIVIDAD (ODS 9 y 11)
La infraestructura vial de La Guajira es una de las más precarias de Colombia. Las vías terciarias que conectan a las comunidades rurales están en estado crítico, y la Troncal del Caribe sufre bloqueos frecuentes. La ejecución del SGR en transporte en 2024 fue de apenas el 9,4% —el segundo peor desempeño entre todos los sectores—. La administración reporta inversiones en infraestructura, pero los datos del CUIPO muestran que la ejecución de la Administración Central —donde se financian las obras— cayó al 49,3% en 2025. El Cerrejón enfrenta bloqueos repetidos que amenazan la operación y los ingresos departamentales.
Calificación 2024: 3,0/10. La ejecución del 9,4% en transporte SGR es inaceptable. Las vías no mejoran.
Calificación 2025: 2,5/10. La caída al 49,3% en ejecución de Administración Central agrava el problema.
Promedio: 2,75/10 — MEDIOCRE.
5. TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO (ODS 16)
La transparencia es quizás el indicador más devastador de esta administración. Los datos de vigencias futuras y renta pignorada no están disponibles para consulta ciudadana. La Contraloría ha detectado hallazgos fiscales por $132.025 millones en proyectos de regalías. El proyecto eólico Windpeshi enfrenta una investigación por $313.276 millones de presunto detrimento patrimonial —el contrato sufrió 13 modificaciones y acumuló 169 hallazgos—. La contratación directa predomina sobre la licitación pública. Los «contrataderos» de ESAL sin competencia son una práctica documentada. Y la vinculación política del gobernador con el clan Deluque —cuyo patriarca fue condenado a 9 años de cárcel— genera interrogantes legítimos sobre la independencia de la gestión.
UNICEF reconoció a La Guajira como «Territorio Amigo de la Niñez», y la administración ostenta un 62,9% de aprobación según Guarumo/Toro Digital. Pero la aprobación popular no es sinónimo de buena gestión: en un territorio donde el clientelismo ha sido la regla durante décadas, la aprobación puede reflejar dependencia política antes que desempeño institucional.
Calificación 2024: 2,5/10. La opacidad en datos, los hallazgos fiscales y la vinculación con el clan Deluque son graves.
Calificación 2025: 2,0/10. La investigación Windpeshi ($313.276 millones), el colapso en ejecución de la Administración Central y la persistencia de los escándalos agravan la calificación.
Promedio: 2,25/10 — MEDIOCRE.
SCORECARD GLOBAL CONSOLIDADO
| Indicador | Meta PD | Score 2024 | Score 2025 | Promedio | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| Agua Potable y Saneamiento | 100% cobertura | 3,5 | 3,8 | 3,65 | MEDIOCRE |
| Salud Pública y Nutrición | Cero muertes | 3,0 | 3,5 | 3,25 | MEDIOCRE |
| Educación y Capital Humano | Reducir deserción | 4,5 | 4,0 | 4,25 | REGULAR |
| Infraestructura Vial | Conectividad total | 3,0 | 2,5 | 2,75 | MEDIOCRE |
| Transparencia y Buen Gobierno | Gestión transparente | 2,5 | 2,0 | 2,25 | MEDIOCRE |
| GLOBAL | — | 3,30 | 3,16 | 3,23 | MEDIOCRE |
Calificación: 0-1,9 Muy malo | 2,0-3,9 Mediocre | 4,0-5,9 Regular | 6,0-7,9 Aceptable | 8,0-10 Bueno
Figura 7. Scorecard de gestión: 5 indicadores principales (2024-2025)
La calificación global consolidada del gobernador Jairo Aguilar Deluque en sus dos primeros años de gobierno es de 3,23 sobre 10, lo que equivale a una gestión MEDIOCRE. La tendencia más preocupante es la caída del score entre 2024 (3,30) y 2025 (3,16), lo que indica que la gestión se deteriora con el tiempo en lugar de mejorar. Ninguno de los cinco indicadores alcanza el umbral de «Regular» en promedio —solo Educación se acerca con 4,25—, y tres de los cinco se clasifican como «Mediocres».
IMPACTO SOCIAL Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Figura 8. Cumplimiento ODS en La Guajira 2024-2025 (Escala 0-10)
| ODS | Indicador | Estado 2024 | Estado 2025 | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| ODS 1 | Pobreza | 61,8% | Sin mejora | Estancado |
| ODS 2 | Hambre Cero | 35 niños muertos | Reducción reportada | Ligera mejora |
| ODS 3 | Salud | Mortalidad materna 2x | CAPS fallidos | Deterioro |
| ODS 4 | Educación | 10% menos deserción | SGR 9,5% | Estancado |
| ODS 6 | Agua Potable | 50% cobertura | Sin cambio | Estancado |
| ODS 9 | Industria/Infraestructura | Transporte SGR 9,4% | Adm. Central 49,3% | Caída drástica |
| ODS 11 | Ciudades sostenibles | Bloqueos viales | Sin cambio | Estancado |
| ODS 16 | Paz y Justicia | $313.276M Windpeshi | Opacidad datos | Deterioro |
ANÁLISIS JURÍDICO: PREVARICATO POR OMISIÓN
Basado en: Ley 734/2002 (Código Disciplinario Único), Ley 599/2000 (Código Penal), Ley 80/1993 (Estatuto Contractual), Ley 1474/2011 (Estatuto Anticorrupción), Ley 617/2000 (Transparencia Fiscal) y Ley 1712/2014 (Ley de Transparencia).
El delito de prevaricato por omisión está tipificado en el artículo 414 del Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000), que establece: «El servidor público que conscientemente omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término». Los tres elementos constitutivos del tipo penal son: (i) la calidad de servidor público; (ii) la omisión de un acto propio de sus funciones; y (iii) la conducta consciente, es decir, con conocimiento de la obligación de actuar.
Omisión 1 — Ejecución presupuestal de la Administración Central
La caída del 82,9% al 49,3% en la ejecución de la Administración Central entre 2024 y 2025 no es un dato menor: significa que $456.413 millones presupuestados para inversión no se ejecutaron en nueve meses. Como gobernador, Aguilar Deluque tiene la obligación constitucional (Art. 366 de la Constitución) de dirigir la inversión pública hacia la satisfacción de las necesidades básicas insatisfechas. En un departamento donde el 61,8% de la población vive en pobreza, la omisión en la ejecución del presupuesto de inversión constituye un incumplimiento grave de sus funciones que afecta directamente los derechos fundamentales de la población, especialmente el derecho al agua, a la salud y a la vida.
Omisión 2 — Transparencia y acceso a la información
La Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública) obliga a las entidades públicas a publicar proactivamente información sobre su gestión, incluyendo presupuestos, contratos y ejecución de recursos. La ausencia de datos públicos sobre vigencias futuras y renta pignorada en CHIP para la consulta ciudadana constituye una omisión que vulnera el derecho fundamental de acceso a la información. Si bien la plataforma CHIP es administrada por la Contaduría General de la Nación, la Gobernación tiene la obligación de garantizar que sus datos estén disponibles para el público, de conformidad con el principio de transparencia activa consagrado en el artículo 5 de la Ley 1712.
Omisión 3 — Control de la contratación pública
La Gobernación de La Guajira, bajo la administración Aguilar, no ha implementado mecanismos efectivos para evitar la contratación directa masiva, el uso de ESAL como mecanismo de evasión de licitaciones, ni la concentración contractual en unos pocos contratistas. El Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) exige la selección objetiva y la transparencia en la contratación. La omisión en el control de estas prácticas, documentadas por medios de comunicación y organismos de control, constituye una falla en el ejercicio del poder disciplinario y de supervisión que le corresponde al gobernador como primera autoridad administrativa del departamento.
Omisión 4 — Protección de la niñez wayuu
La Corte Constitucional ha emitido múltiples autos de seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017, que ordenó al Estado colombiano garantizar la seguridad alimentaria y el acceso al agua de las comunidades wayuu de La Guajira. A pesar de estas órdenes judiciales, en 2024 murieron al menos 35 niños por desnutrición en el departamento. El gobernador, como autoridad territorial, tiene la obligación de implementar programas efectivos de seguridad alimentaria. La persistencia de muertes infantiles por desnutrición, combinada con la baja ejecución presupuestal en salud (69,2% en 2025) y la fallida construcción de CAPS, configura una omisión que afecta el derecho fundamental a la vida de los niños wayuu.
Conclusión jurídica: Las omisiones documentadas —baja ejecución presupuestal, opacidad en datos, falta de control contractual y persistencia de muertes infantiles— constituyen conductas que, si bien requieren un proceso penal para su verificación plena, configuran al menos indicios graves de prevaricato por omisión. El dolo eventual —el conocimiento de la obligación de actuar y la decisión consciente de no hacerlo— se deduce de la reiteración de las conductas omisivas durante los dos años de gobierno. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha establecido que el prevaricato por omisión no requiere la demostración de un ánimo corrupto, sino la prueba de la omisión consciente de un deber funcional con consecuencias jurídicas para terceros. En este caso, los terceros son los 912.538 habitantes de La Guajira, y las consecuencias van desde la falta de agua potable hasta la muerte de niños por desnutrición.
CRUCE DE FUENTES INDEPENDIENTES
| # | Fuente | Dato verificado |
|---|---|---|
| 1 | CHIP-CUIPO | Ingresos 2024: $885.845M; Ejecución Adm. Central 2025: 49,3% |
| 2 | SGR-CHIP | Total SGR 2024: $206.498M; Ejecución transporte: 9,4% |
| 3 | MinHacienda IVF | 1 crédito activo; Compromisos 2024: $796.172M (82%) |
| 4 | DANE | Pobreza 61,8%; Pobreza multidimensional 40,1% |
| 5 | Contraloría General | Hallazgos fiscales $132.025M; Windpeshi $313.276M |
| 6 | Fiscalía General | Condena Olmedo López; Carrotanques $46.800M |
| 7 | PARES / Las2Orillas | Aguilar = alfil de Alfredo Deluque; ESAL sin competencia |
| 8 | W Radio / Caracol | Fondo Mixto Sierra Nevada >$200.000M; CAPS fallidos |
| 9 | SECOP I y II | Contratación directa predominante; Cuantía mínima $65,1M |
| 10 | Corte Constitucional | Sentencia T-302/2017; Alertas seguridad alimentaria wayuu |
VEREDICTO FINAL
Jairo Alfonso Aguilar Deluque llegó a la Gobernación de La Guajira con la promesa de «Cumplir la Palabra». Dos años después, la palabra sigue sin cumplirse para la mayoría de los guajiros. Los datos del CHIP muestran un departamento que depende en un 71,8% de las transferencias nacionales, que no logra ejecutar ni la mitad del presupuesto de su Administración Central, y donde las regalías —el recurso que debería transformar la península— se diluyen entre fondos mixtos sin control, ESAL sin competencia y contratos con sobrecostos.
La gestión del gobernador Aguilar no puede deslindarse del ecosistema político que lo llevó al poder: el clan Nueva Fuerza Guajira, liderado por el senador Alfredo Deluque, cuyo padre fue condenado a nueve años de cárcel por corrupción. En La Guajira, donde 12 gobernadores han pasado por la Gobernación en 10 años y la mayoría han sido destituidos, la cuestión no es si hay corrupción, sino cuánto de ella afecta directamente a los niños que mueren de hambre, a las mujeres que no tienen dónde dar a luz, y a las comunidades wayuu que caminan kilómetros por un tarro de agua.
La calificación de 3,23/10 —MEDIOCRE— no es solo un número: es el retrato de una gestión que invierte sin impacto, que promete sin cumplir, y que gobierna con la opacidad como aliada. La tendencia a la baja entre 2024 y 2025 es la señal más alarmante: si la administración no mejora sino que empeora, los dos años restantes del período podrían convertir lo mediocre en desastre.
Los números no mienten. El dinero llegó. Las obras, en muchos casos, no. Y donde sí llegaron, los sobrecostos, las ESAL sin competencia y los contrataderos se encargaron de que cada peso rindiera menos de lo que debería. La corrupción no solo se denuncia, se disecciona. Y lo que la disección revela en La Guajira es un departamento que sangra mientras las cuentas no cuadran.
La pregunta no es si hubo irregularidades. Es si vamos a seguir permitiendo que, en el departamento que más regalías recibe, sigan muriendo niños de hambre. Cada peso no ejecutado es una oportunidad perdida. Cada silencio cómplice, una injusticia perpetuada. El sistema no se cambia solo. Pero tampoco puede cambiar sin nosotros.
METODOLOGÍA Y FUENTES
Esta investigación se realizó con base en los siguientes datos y fuentes oficiales: (1) Formularios CUIPO B_EJECUCIÓN_DE_INGRESOS y D_EJECUCIÓN_DE_GASTOS del CHIP Consulta Ciudadana para el Departamento de La Guajira, períodos DIC A DIC 2024 y ENE A SEP 2025; (2) Datos del Sistema General de Regalías (SGR) en CHIP; (3) Informe de Viabilidad Fiscal (IVF) del Ministerio de Hacienda 2024; (4) Datos del DANE sobre pobreza y proyecciones de población; (5) Informes de la Contraloría General de la República; (6) Procesos de la Fiscalía General de la Nación; (7) Datos de SECOP I y II consultados a través de colombiacompra.gov.co y datos.gov.co; (8) Investigaciones periodísticas de Las2Orillas, Vorágine, W Radio, Caracol Radio, El Colombiano, Infobae, El Tiempo y Corrupción al Día; (9) Informes de PARES (Fundación Paz y Reconciliación); (10) Sentencias y autos de la Corte Constitucional; (11) Plan de Desarrollo Departamental «Cumpliendo la Palabra» 2024-2027.
© Corrupción al Día · La verdad detrás de las noticias que nunca cuentan todo · Edición La Guajira 2026
