Jorge Vergara Carbó

@VergaraCarbo

En abril de 2020, advertimos sobre la desastrosa adjudicación que se avecinaba entre Air-e y Afinia con el gobierno nacional para asumir el mercado energético del Caribe colombiano. En una serie de cuatro artículos titulados “Peor es el remedio que la enfermedad“, anticipamos el caos que la empresa Air-e traería a los departamentos del Atlántico, Guajira y Magdalena, basándonos en los antecedentes turbios de Alberto Ríos Velilla, quien previamente había estado implicado en contratos de basura en Bogotá y en la adquisición irregular de la empresa de energía del Tolima junto a Alex Char y los primos Nule.

Advertencias ignoradas: El caso Air-e

Detallamos en esas publicaciones cómo Alberto Ríos no cumplía con los requisitos del pliego de condiciones ni poseía el músculo financiero necesario para asumir este mercado. Hoy, ocho años después de la intervención de Electricaribe, la historia se repite con Air-e, y la presión para intervenir la empresa nuevamente es evidente. Ríos Velilla y su abogado Jaime Lombana han lanzado estrategias para evadir responsabilidades, mientras presionan al gobierno para que asuma la deuda de la opción tarifaria y financie la empresa.

Un negocio previsto para fracasar

En 2020, expusimos cómo el sector eléctrico se encontraba en una crisis profunda, y afirmamos que la intervención de Electricaribe sería un error, sugiriendo que se debería esperar a que la empresa se declarara en quiebra. En lugar de ello, el gobierno decidió intervenir, lo que le dio pie a la empresa española para demandar a Colombia ante el CIADI, alegando una expropiación.

La historia se repite con Air-e

Ahora, el mismo escenario se presenta con Air-e, y nuevamente el gobierno parece inclinado a intervenir, en lugar de esperar su quiebra. Los errores cometidos hace ocho años están a punto de repetirse, favoreciendo a empresarios que buscan socializar sus pérdidas mientras se apropian de las ganancias.

Los privilegios de Aire: Regalos disfrazados de negocio

Air-e pagó por el mercado $285.000 millones, pero recibió beneficios que superan ampliamente esa cifra, incluyendo:

  1. El pago del pasivo pensional por $1.5 billones.
  2. La cartera de Electricaribe, valorada en $1.5 billones.
  3. La facturación de 20 días de septiembre de 2020, por $150.000 millones.
  4. Inversiones por $2.2 billones.
  5. Facturación de $3.8 billones entre 2021 y 2024, en sobreprecios por pérdidas de energía.
  6. $715.600 millones recaudados por opción tarifaria entre febrero y agosto de 2024.

Conclusión: Un remedio peor que la enfermedad

Hoy, tal como lo advertimos en 2020, Air-e está a punto de colapsar. Se repite la misma historia de corrupción y malas decisiones que llevaron a la quiebra de Electricaribe. El gobierno le ha regalado el mercado del Caribe a un consorcio sin músculo financiero ni experiencia técnica, y estamos condenados a ver cómo este ciclo de fracaso e intervención continúa.

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