En un país donde la corrupción parece ser el hilo conductor de las decisiones públicas, Air-E, la empresa encargada de suministrar energía al Caribe colombiano, está al borde de la liquidación. A solo cuatro años de haber reemplazado a Electricaribe, los escándalos financieros, contratos amañados y el deterioro del servicio revelan una historia repetitiva de cómo los recursos públicos terminan siendo devorados por la ineficiencia y el abuso de privados.
Una herencia de privilegios y desastres
Cuando el gobierno de Iván Duque adjudicó el servicio de energía a Air-E en 2020, lo hizo otorgando beneficios que superaban ampliamente los $285.000 millones pagados por la empresa. Estos incluían la asunción del pasivo pensional de Electricaribe, valorado en $1.5 billones, y una cartera equivalente a esa misma suma. A pesar de iniciar con esta generosa ventaja, Air-E logró posicionarse como una muestra viva de incompetencia al reportar constantes pérdidas y denuncias por irregularidades.

Contratos amañados y autocompra de energía
La gestión de Air-E incluye contratos de compra de energía a precios inflados realizados con empresas propias. Durante el primer semestre de 2024, compró energía a $743.96/kWh, mientras el precio promedio del mercado era de $295.10/kWh. Este esquema le generó ganancias internas cercanas a los $240.000 millones en solo seis meses. Esta práctica, calificada por expertos como “amañada y opaca”, ejemplifica el abuso de su posición dominante.
Mala gestión y deterioro financiero
Air-E no solo ha incumplido con el plan de inversiones aprobado por la CREG, sino que también enfrenta demandas por más de $69.300 millones y deudas acumuladas que ascienden a $1.9 billones. Además, su incapacidad para gestionar recursos ha generado una reducción del 50% en la cobertura de contratos y un incremento exponencial en la exposición a bolsa, lo que agrava su ya precaria situación.
El impacto en los usuarios: Un abuso tarifario sin precedentes
Los usuarios del Caribe colombiano han sido las principales víctimas de esta debacle. Air-E implementó cobros diferidos por la opción tarifaria aprobada durante la pandemia, pero en lugar de distribuir los pagos en varios años, los cargó en un solo año, aumentando la tarifa en $265.50 por kWh, frente a los $80 por kWh aplicados por otras empresas como Afinia. Este abuso tarifario no solo incrementó la indignación de los usuarios, sino que también reflejó el desinterés por garantizar un servicio asequible y de calidad.
Un modelo repetitivo de corrupción
La historia de Air-E es un calco de casos como Medimás en el sector salud: empresarios sin capacidad financiera ni técnica adquieren contratos millonarios, aprovechan recursos públicos y, al fracasar, piden rescates estatales. Mientras tanto, los ciudadanos quedan atrapados en un servicio deficiente y tarifas abusivas.
Conclusión: Liquidar o rescatar, ¿a qué costo?
El gobierno de Gustavo Petro ahora enfrenta el dilema de liquidar a Air-E o intentar un rescate financiero. Con una deuda acumulada, demandas legales y usuarios insatisfechos, la pregunta no es solo qué camino tomar, sino cómo evitar que esta historia se repita en el futuro. El Caribe colombiano merece mucho más que ser un campo de prueba para empresarios ineptos y políticos complacientes.