Pese a las decenas de audios que lo incriminan, las investigaciones judiciales abiertas en su contra y las denuncias por compra masiva de votos, ‘El Gato Volador’ regresa a la arena electoral avalado por el establecimiento político del Caribe colombiano
Lo primero que hizo el excongresista Laureano Acuña, conocido como ‘El Gato Volador‘, para volver a aspirar al Congreso de la República fue cambiar de partido político. Pese a que toda su vida política la desarrolló como militante del Partido Conservador, ahora aspira a la Cámara de Representantes por el Partido de La U, y el lanzamiento de su campaña fue de la mano del senador José David Name, otro curtido político y cacique electoral en la región.
Pero en los corrillos electorales se comenta que se trata solo de una estrategia calculada. Acuña no mantiene ninguna disputa con los conservadores del Atlántico. Según las cuentas, el Partido Conservador hoy está llamado a elegir una sola curul en Cámara, y a él los números no le dan para competir con el grupo político de Efraín ‘Fincho’ Cepeda, que quiere subir a Armando Zabaraín al Senado y llevar al concejal Juan Camilo Fuentes a la Cámara de Representantes. En cambio, con La U, Acuña podría llegar a 50.000 votos y tener más posibilidades de resultar elegido.
Acuña dejó de estar en el radar nacional en 2022, cuando se acabó su tercer periodo en el Congreso y se quemó en su intención de repetir en el Senado. Pero esa vez sacó 60.166 votos, una cifra significativamente alta, aunque no le alcanzó para una curul.
Las siete vidas del Gato Volador
Laureano Augusto Acuña se ganó el mote de ‘El Gato Volador‘ por una combinación de circunstancias en el año 2000, época en la que era concejal de Barranquilla: el color de sus ojos, sus movidas ambiciosas en la política y una canción de champeta que estaba de moda. El apodo no le habría podido quedar mejor. Una y otra vez, el excongresista ha caído de pie en las investigaciones que se le adelantan por compra de votos, manteniendo intacto su poder en el Atlántico para influir en las elecciones.
En poder de la justicia hay decenas de audios que dan cuenta del rol de Acuña en la operación de compra de votos en el Atlántico, principalmente en las pasadas elecciones legislativas. Las grabaciones revelan que su estrategia preferida era echar mano de su influencia en los alcaldes de algunos municipios del Atlántico, que él mismo ayudó a elegir, para conseguir otros votos con destino a sus aliados en el Congreso de la República.
Los audios que desnudan la compra masiva de votos
En febrero de 2022, el abogado Miguel Ángel del Río, defensor de la prófuga Aída Merlano, reveló audios explosivos que pusieron contra las cuerdas al entonces senador y presidente de la Comisión de Ética del Senado. En una de las conversaciones de noviembre de 2021, grabada durante una sesión del Congreso, Acuña habló con Edison Massa, entonces candidato a la Cámara de Representantes, sobre la cantidad de votos que se tendrían que comprar para mantener su escaño en el Senado.
«Yo al final le puedo decir al alcalde: vota por mí, mi hermano, y vota por una cámara aquí pa que te ganes un billetico y con esa plata los ponemos a votar«, dice Acuña en uno de los audios revelados. La conversación continúa con escalofriantes detalles sobre la mecánica de la compra de votos: «Mínimo tenemos que comprar 70.000 votos. De ahí nos vamos empujados. Yo no quiero hacer una campaña loca. Vamos a coger y vamos a zonificar 250.000 o 200.000 para después no apenas van 140.000«.
El excongresista barranquillero advertía que el Atlántico es «más costoso que cualquier departamento» para hacer campaña al Senado y le decía a Massa que era «el momento de ponernos a sacar cuentas«. «Tienen que dar de su cuenta su bocado, a revisar qué es lo que tenemos que movilizar en el Atlántico, pa' poder cuadrar 70.000 votos«, se escucha claramente en la grabación.
«Les vamos a pagar para eso y de ahí, jueputa, no nos podemos bajar, porque usted sabe que se jode e«, continúa Acuña, quien para entonces presidía nada menos que la Comisión de Ética del Senado, una ironía que no pasó desapercibida en los medios de comunicación y la opinión pública.
En otro momento revelador, se escucha a Acuña explicar la metodología de zonificación del fraude electoral: «Si nosotros vamos a hacer una campaña, donde vamos a coger municipio por municipio, vamos a decir Luruaco vamos a poner 800 votos. Que vamos a poner que fulano y que fulana vamos a sentarlo ven acá, ¿ustedes nos pueden recoger 800 votos? Sí nosotros podemos recoger los 800 votos. Les vamos a pagar para eso«.
«Una conversación coloquial propia del Caribe»
Tras la polémica que generó la grabación, el senador barranquillero recurrió a una defensa que se volvería tristemente célebre. Acuña dijo que no habló de comprar votos, sino que se trató de «una conversación coloquial» propia del Caribe. Calificó las acusaciones como «graves y tendenciosas» y anunció acciones legales contra el abogado Miguel Ángel del Río por presunta injuria y calumnia.
Según su versión, el diálogo realmente trataba sobre lo costoso que son los debates políticos en el Atlántico, «y que para alcanzar un escaño se necesitan mínimo 70.000 votos«. La explicación no convenció a nadie, especialmente cuando en otro audio revelado posteriormente, Acuña admite abiertamente la normalización de estas prácticas: «A nosotros nos han puesto ese rótulo de esa actividad ilícita. Tú sabes que eso es de todo el mundo«, se le escucha decir al congresista.
El clan político que nunca perdona
Según la investigación del portal Cuestión Pública, Laureano Acuña administra su propio clan político a través de su exesposa Merly Miranda, uno de sus primos y dos de sus hermanos, quienes han ocupado cargos de elección popular en el Atlántico desde 2008.
Su hermano, Máximo Gregorio, fue contratista de la Alcaldía del ahijado político de Acuña, Rumenigge Monsalve Álvarez, en Malambo en 2020. María Elena Iglesias, la esposa de su primo Juan José Vergara y aportante de $12 millones de pesos a la campaña de Acuña en 2010, fue subsecretaria administrativa y financiera de la Secretaría de Educación Departamental en 2016, 2018 y 2019, durante la gobernación de Eduardo Verano de la Rosa.
El trabajo conjunto entre la estructura de Acuña y la casa Char tiene antecedentes en elecciones anteriores, especialmente en municipios claves como Soledad, la segunda ciudad más poblada del Atlántico, y Malambo. En Soledad, uno de los botines políticos más apetecidos en todo el Caribe colombiano, los votos de la estructura de Acuña han sido indispensables tanto para sus campañas a la Cámara y al Senado, así como para la elección de Joao Herrera como alcalde en 2015.
Los negocios turbios con el grupo Char y Odebrecht
Acuña Díaz y su compañera financiaron sus campañas entre 2014 y 2019 por $1.070 millones de pesos con Banco Serfinanza, del grupo Char. Sin embargo, Acuña no se declaró impedido para elegir a Arturo Char como presidente del Senado en 2020, un evidente conflicto de intereses que pasó sin consecuencias.
La investigación de Cuestión Pública revela que dos aportantes de Acuña en su campaña de 2010 estuvieron relacionados con Valorcon, empresa que conformó el consorcio Navelena junto a Odebrecht de Colombia. Este consorcio suscribió 10 contratos por $210.197 millones de pesos. Navelena fue adjudicataria de un contrato por $1.3 billones de pesos para volver navegable el río Magdalena, un megaproyecto que fue cuestionado por corrupción y cuya etapa de preconstrucción fue terminada de forma anticipada por incumplimiento de las obligaciones financieras.
El 22 de octubre de 2019, cinco días antes de las elecciones regionales, Acuña Díaz hipotecó sus inmuebles por mil millones de pesos. La fecha no es casual y levanta sospechas sobre el origen de los recursos utilizados en esas campañas.
Las investigaciones que nunca terminan
En cuanto a las investigaciones que se le siguen por compra de votos y constreñimiento al elector, la Corte Suprema de Justicia, en 2019, abrió un expediente a su nombre, al de Alejandro Char y al de Julio Gerlein por presunto fraude al elector en relación con las declaraciones y la fuga del país de la exsenadora Aída Merlano.
Merlano sostuvo, en carta dirigida a Bernardo «El Cura» Hoyos, que Acuña, junto con Fuad Char y Roberto Gerlein, son los más grandes compradores de votos del Atlántico. Esta afirmación está respaldada por testimonios de testigos que participaron directamente en la estructura de compra de votos.
En la sentencia de 195 páginas dictada por la Corte Suprema en primera instancia a Merlano por hacer parte de una organización ilegal para asegurar su elección en 2018, denominada ‘Casa Blanca’, Acuña es mencionado por Evelyn Carolina Díaz Díaz, quien fue, en palabras de la Fiscalía, «administradora del comando político en el que se desarrolló la estrategia de compra de votos«.
En marzo de 2022, la Corte Suprema reveló que tenía en su poder más de tres horas de grabación de las comunicaciones telefónicas de Laureano Acuña y el expresidente del Congreso, Arturo Char, donde hablaban de compra de votos. El abogado Miguel Ángel del Río aseguró que la investigación se relaciona con las declaraciones de Aída Merlano sobre la compra de votos en 2018, pero también habría pruebas sobre la compra de votos en las elecciones legislativas de 2022.
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra Acuña tras los audios revelados, señalando que «las afirmaciones y/o presuntas conductas plasmadas en las citadas publicaciones deberán ser objeto de verificación y corroboración fáctica y probatoria, en el ejercicio del control disciplinario". Sin embargo, hasta la fecha, ninguna de estas investigaciones ha resultado en condenas o sanciones efectivas.
Ofertas de cemento, cerramientos y billetitos
En enero de 2022, a la línea Wasapea de EL HERALDO llegó una denuncia sobre un caso de presunta compra de votos en el municipio de Soledad que involucraba al senador barranquillero. Se trataba de un acta que circulaba en grupos de WhatsApp desde finales de diciembre de 2021, que daba cuenta de una reunión del consejo administrativo de un conjunto residencial en Soledad.
Según el documento, un supuesto asesor del congresista habría pedido votos a cambio de construir un cerramiento para los residentes. En el acta, emitida por el Consejo de Administración del conjunto residencial Parques de Bolívar, se lee que el 29 de diciembre de 2021 se reunieron los consejeros con Eduardo Pedraza, presentado como «abogado penalista, especialista en ciencias políticas y asesor actual del senador Laureano Acuña Díaz«.
«El doctor Acuña quiere hacer un aporte significativo y útil para el conjunto, es decir, colaborar o complementar a los recursos que quizá ustedes tienen como por ejemplo el cerramiento«, habría dicho Pedroza según el acta. Y añadió: «Pero para ello se hace necesario que ustedes como comunidad le apoyen al senador con 2.720 votos en la próxima jornada electoral programada para el mes de marzo, es decir, en un conjunto tan grande como este, con mínimo 4 votos por apartamento se puede lograr y dependiendo del apoyo que le den ustedes así podrá él apoyar sus propuestas«.
Aunque el equipo de prensa de Acuña negó que Pedraza hiciera parte de su equipo de asesores, el caso ilustra el modus operandi de compra de votos que se ha documentado sistemáticamente en sus campañas.
La corrupción como sistema de gobierno en el Atlántico
El caso de Laureano Acuña no es un episodio aislado. Es la manifestación más visible de un sistema de corrupción estructural que ha capturado el Estado en el departamento del Atlántico. Como lo documenta el caso de compra de votos en el Atlántico, se trata de una red denominada ‘La Casa Blanca‘, en la que participan múltiples políticos, mandatarios y congresistas: Alejandro Char, Arturo Char, Fuad Char, Roberto Gerlein, Julio Gerlein, Laureano Acuña y José David Name.
David Char, sobrino de Fuad Char, reconoció en septiembre de 2019 su participación en la compra de votos y la alianza con grupos paramilitares. Esta confesión, lejos de desmantelar el sistema, apenas produjo un escándalo mediático pasajero sin consecuencias reales para los implicados.
La debilidad institucional en Colombia, y particularmente en el Atlántico, ha permitido que estos fenómenos de corrupción no solo persistan sino que se profundicen. Las contralorías, personerías, procuradurías y fiscalía existen formalmente pero no cumplen el rol de vigilancia y control para el que fueron creadas. Han sido cooptadas por las mismas estructuras de poder que deberían fiscalizar.
Una sociedad que aplaude al corrupto merece sus cadenas
«Una sociedad que aplaude al corrupto merece sus cadenas«, dice el adagio. La corrupción no nace sola: necesita silencios cómplices, miradas indiferentes y multitudes que aplaudan aunque sepan la verdad. Cuando una sociedad admira al que roba, al que engaña, al que abusa del poder, no solo normaliza el delito, lo convierte en aspiración. El pueblo deja de ser víctima para convertirse en cómplice.
La libertad no se pierde en un día, se entrega poco a poco. Cuando el pueblo deja de pensar, de exigir, de indignarse, está eligiendo sus propias cadenas, aunque las disfrace de progreso, de nacionalismo o del conformismo del «todos hacen lo mismo«.
El caso Acuña plantea una pregunta incómoda: ¿Quiere la gente realmente justicia o solo que no la molesten? La respuesta se verá en las urnas, cuando los mismos electores que conocen los audios, las investigaciones y las pruebas, decidan si le dan nuevamente su voto a quien les ha confesado, en voz propia, que considera la compra de votos algo normal «de todo el mundo«.
El regreso sin vergüenza
Ante las críticas por su participación en política a pesar de los cuestionamientos en su contra, Laureano Acuña se ha defendido con un argumento que raya en el cinismo: «Soy colombiano y tengo derechos al igual que todo nacido en esta tierra. Puedo participar y hacer lo que me llena, la política es mi pasión, conversar con las comunidades es lo mío y compartir con la gente es y será siempre mi mayor felicidad«.
No menciona en su defensa las decenas de audios que lo incriminan. No habla de los tres años de investigaciones de la Corte Suprema. Omite las denuncias de la Procuraduría. Calla sobre los testimonios que lo señalan como operador de la compra masiva de votos. Su «pasión por la política» se traduce, según las evidencias documentadas, en una pasión por manipular la voluntad popular mediante el dinero.
El establecimiento político del Caribe colombiano lo recibe con los brazos abiertos. José David Name, también investigado por diversos casos de corrupción, lo acompaña en su lanzamiento. Eduardo Verano de la Rosa, exgobernador del Atlántico, cuenta con su estructura electoral. Los mismos alcaldes que, según los audios, reciben «billetitos» por poner a votar a sus habitantes, están listos para activar nuevamente la maquinaria.
La pregunta que queda
El caso de Laureano Acuña es un test de estrés para la democracia colombiana. ¿Puede un político con múltiples investigaciones por compra masiva de votos, con audios que lo incriminan directamente, con testimonios de testigos que describen su rol en una red de corrupción electoral, simplemente cambiar de partido y volver como si nada hubiera pasado?
La respuesta no la darán los jueces, que llevan años investigando sin resultados. No la darán los órganos de control, cooptados por las mismas estructuras que deberían vigilar. La respuesta la dará la ciudadanía del Atlántico el día de las elecciones.
Si Acuña regresa al Congreso, no será a pesar de las denuncias de corrupción. Será gracias a un sistema que premia la impunidad, que normaliza el fraude electoral y que ha convertido la compra de votos en «una conversación coloquial propia del Caribe«.
El Gato Volador está listo para su octava vida. La pregunta es: ¿está la sociedad civil del Atlántico lista para decir basta?
Nota: Este artículo se basa en investigaciones periodísticas publicadas por Cambio Colombia, El País, El Espectador, El Tiempo, El Heraldo, Semana, El Colombiano, Cuestión Pública y otros medios de comunicación colombianos, así como en documentos oficiales de la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación.
