Una denuncia archivada desde 2007 por anticipos inflados en la cárcel El Pesebre, en Antioquia, reaparece con el nombre de Norbert Vonblon Pomare, el hombre que el presidente señaló como dueño real de la contratación en la isla. La Procuraduría ya desempolva el expediente.
En diciembre de 2007, mientras en Puerto Triunfo, Antioquia, se levantaba la cárcel El Pesebre con $35.837 millones de pesos del Fonade, alguien decidió que un anticipo del 15 por ciento era poco. Lo subió a cifras cercanas al 40 por ciento. La diferencia, $734 millones de pesos, salió hacia una cuenta de ahorros. El titular de esa cuenta, según la denuncia que hoy revisa la Procuraduría, se llama Norbert Vonblon Pomare. Diecinueve años después, ese nombre es el del esposo de la representante a la Cámara por San Andrés, Elizabeth Jay-Pang Díaz, y el del empresario que el presidente Abelardo De La Espriella encaró frente a cámaras con una frase que la isla repite desde entonces: toda la isla sabe que su marido está detrás de la contratación de la Gobernación. Esta historia va más allá del titular. Une una cárcel en Antioquia, un hospital intervenido en San Andrés, un lote que multiplicó su precio por 68 y a un procesado del escándalo de Centros Poblados, el mismo caso en el que se esfumaron $70.000 millones de pesos del Ministerio TIC. No es una serie de coincidencias. Es una red, y las redes se mapean.
El contrato de la cárcel y el nombre que vuelve en Centros Poblados
El contrato lo firmó el Fonade el 28 de febrero de 2007 con el Consorcio CMS Cárceles, integrado por CM Construcciones y Mantenimiento Ltda. con el 44 por ciento, Pizano Pradilla Caro Restrepo Ltda. con el 25, Disico S.A. con el 25 y Sáenz Ruiz Cadena Ingenieros Civiles S.A. con el 6. Valor inicial: $35.837 millones de pesos. El representante legal suplente del consorcio y socio propietario de CM Construcciones era Jorge Alfonso Molina García-Mayorga. Guarde ese nombre, porque volverá a aparecer catorce años después con una garantía bancaria falsa en la mano.
Un anticipo es plata pública que el Estado entrega antes de que exista la obra. Por eso la ley exige pólizas: si el contratista no construye, la aseguradora devuelve. Un anticipo sin póliza no es un adelanto; es un regalo con membrete oficial. Según la denuncia que interpuso Nelson Ríos Villamizar, representante legal de Disico S.A., a finales de 2007 los demás socios notaron anomalías en los informes que Molina García presentaba como representante del consorcio. Ordenaron una auditoría contable externa. La auditoría encontró giros injustificados de anticipos a contratistas sin garantías ni pólizas. Entre esos contratistas aparecen dos empresas: Agregados NVP Ltda. y Josefs Concretes Ltda., ambas de Norbert Vonblon, proveedoras del material para concretos y morteros de la obra.
El truco contable de los 734 millones
Lo que hoy se pide verificar a los organismos de control es el truco contable. Para hacer uso de los anticipos del Fonade, en la contabilidad del consorcio se habrían radicado ofertas mercantiles de las empresas de Vonblon con montos diferentes a las originales. El anticipo pactado del 15 por ciento habría escalado a cifras cercanas al 40 por ciento. El total: $734 millones de pesos, girados a una cuenta de ahorros a nombre de Vonblon. Así lo relató a El Tiempo una fuente enterada del expediente.
La defensa de Vonblon en su momento fue la del tercero de buena fe: no sabía que Molina García retiraba el dinero. Hay un problema con esa inocencia. La misma fuente afirmó que ambos compartían cuentas bancarias. En cualquier manual de contratación estatal, un proveedor que comparte cuenta con el representante legal del consorcio que le gira los anticipos tiene un nombre técnico. En la versión de Vonblon se llama buena fe. La denuncia de Ríos Villamizar incluía falsedad, estafa, abuso de confianza calificado, concierto para delinquir y amenazas. El proceso llegó a imputación. Y ahí se quedó. Diecinueve años de silencio judicial sobre un expediente que nunca cerró porque nunca avanzó.
Del anticipo sin póliza a la garantía falsa de Centros Poblados
Jorge Molina García-Mayorga no es un contratista cualquiera. Es la misma persona que fue procesada por participar en la entrega de las garantías bancarias falsas que la Unión Temporal Centros Poblados presentó ante el Mintic para quedarse con el contrato de conectividad rural por $1,07 billones de pesos. Con esas garantías falsas, el Ministerio aprobó un anticipo de $70.000 millones de pesos. La plata terminó en carros, obras de arte, vuelos y préstamos personales, según la Fiscalía. Emilio Tapia, el cerebro del esquema, cumple condena de seis años y cuatro meses tras un preacuerdo. La Contraloría exige $87.027 millones de pesos por el detrimento. Los niños de las zonas rurales siguen sin internet. Ese es el eslabón con el que Vonblon compartía cuentas en 2007.
El proveedor de concreto, el lote y la congresista
Norbert Vonblon Pomare es, en palabras de su esposa ante Blu Radio, un empresario isleño que contribuye a la generación de empleo. Es dueño de Josef’s Concrete, la mayor fábrica de concreto de San Andrés, y de Agregados NVP SAS, creada en octubre de 2018 para comerciar materiales de obra. Es, según fuentes citadas por Semana, baluarte del gallardismo y financiador de la campaña de Nicolás Gallardo, cuya elección como gobernador fue anulada por doble militancia el 3 de abril de 2025. Fue la administración de Gallardo la que, el 30 de diciembre de 2024 a las 7:57 de la noche, firmó la compra de un lote de 4.129 metros cuadrados por $1.700 millones de pesos. Vonblon lo había adquirido en diciembre de 2017 a una de sus hermanas por $25 millones, a través de Efficient Buildings S.A.S., una sociedad creada doce días antes de la escritura. El destino declarado del predio: un alcantarillado pluvial para el distrito 4. Los 30.000 habitantes de esa zona siguen bajo el agua cada vez que llueve.
Elizabeth Jay-Pang Díaz, representante liberal por el archipiélago, negó la semana pasada que su esposo tenga contratos con la Gobernación. Los registros oficiales que revisó Semana muestran cuatro contrataciones entre 2018 y 2024 por $1.709 millones de pesos. Entre decir que no tiene contratos y que no tiene contratos vigentes hay una diferencia que un abogado aprecia y un votante no. La congresista además enfrenta una denuncia ante la Corte Suprema por el programa de vivienda Wi Home Wi Roots, en la que se pide establecer si su esposo gestionó contratos en coordinación con ella.
El presidente, la Procuraduría y un silencio sin explicación
El presidente De La Espriella la encaró en la base naval de la isla el domingo 18 de octubre, junto a la gobernadora Girley Ordóñez Bowie, por lo que calificó como un intento de torpedear la intervención del Hospital Departamental. Le mencionó los negocios de su marido y le mencionó a Coralina, la autoridad ambiental del archipiélago. Tres días después, la Procuraduría abrió dos indagaciones preliminares: una del 19 de octubre sobre el hospital y otra del 20 sobre la Gobernación y los negocios de Vonblon. Cristina Lombana, secretaria de Transparencia de la Presidencia, pidió a la Fiscalía trasladar a Bogotá varios procesos de corrupción que duermen en despachos de San Andrés. El de la cárcel de Puerto Triunfo se sumaría a la lista.
El Tiempo buscó al abogado de Vonblon desde el viernes. Dijo que salía de una consulta médica y que respondería. Al cierre de esta edición no lo había hecho. Tampoco respondió a través de la congresista. El silencio, en estos casos, no es prueba de nada. Pero tampoco es una explicación.
Un hospital entregado incompleto e intervenido hoy
La relación entre Molina García y Vonblon no nació en Antioquia. Según la fuente del expediente, venía desde la construcción del hospital Amor de Patria de San Andrés, levantado para reemplazar al liquidado Timothy Britton e inaugurado en diciembre de 2007 por el presidente Álvaro Uribe con una inversión superior a $33.000 millones de pesos. El constructor fue el Consorcio del Norte, con Molina García como representante legal. Un laudo arbitral del 9 de diciembre de 2013 declaró que las empresas del consorcio incumplieron parcialmente sus obligaciones por ítems no entregados y obras no ejecutadas, y las condenó a pagar 1.650 millones de pesos al Fonade. El consorcio alegó que el Fonade era el deficiente y que la entidad les debía plata por mayores cantidades de obra. El tribunal no les creyó.
Ese hospital es el mismo que el Gobierno De La Espriella ordenó intervenir hace una semana a través de la Superintendencia de Salud, con 30 medidas urgentes por grave deterioro financiero y asistencial. Los primeros hallazgos de la intervención, revelados por la periodista D’Arcy Quinn, incluyen equipos médicos nuevos almacenados sin uso mientras el hospital contrataba a empresas externas para prestar esos mismos servicios. El plan de choque del Gobierno habla de 4.900 pacientes con atenciones pendientes. La ministra de Salud lo describió con dos palabras: hospital desmantelado.
Lea bien la secuencia. En 2007 un consorcio entrega el hospital de San Andrés con obras sin ejecutar. El mismo año, en Antioquia, el mismo representante legal gira anticipos inflados a las empresas del proveedor de concreto de la isla. Diecinueve años después, el hospital está intervenido, el proveedor de concreto es el esposo de la congresista y la Gobernación le compró un lote por 68 veces su precio. Las piezas no están sueltas. Son el mismo rompecabezas visto desde tres ángulos.
Lo que costaron las cuentas en salarios mínimos
Hablemos de los 734 millones de 2007. En ese año el salario mínimo era de 433.700 pesos. Esa cifra equivalía a 1.692 salarios mínimos mensuales, o al sueldo de un año de 141 trabajadores. Traída a valores de hoy, son cerca de 420 salarios mínimos de 2026. En una cárcel, esa plata son dormitorios, cocinas, redes sanitarias que no se construyeron con anticipos sin póliza y que el Estado tuvo que pagar dos veces o dejar sin hacer. Y nadie fue condenado.
Hablemos del hospital. Los 1.650 millones que el laudo ordenó devolver al Fonade son obras que los isleños no recibieron en 2007. Hoy, con el hospital intervenido, el Gobierno nacional anuncia dos nuevos proyectos hospitalarios para la isla. Traducción: los habitantes de San Andrés van a pagar por segunda vez un hospital que ya pagaron una vez, y que un consorcio entregó incompleto.
Hablemos del lote. Los 1.700 millones de pesos salieron de la Secretaría de Infraestructura como el 24,29 por ciento de un contrato de 7.000 millones para alcantarillado pluvial. El alcantarillado no existe. Las inundaciones del distrito 4 sí. Con 1.675 millones de diferencia entre el precio de compra y el de venta se pagan, a precios de hoy, cerca de 960 salarios mínimos. En una isla donde el agua potable llega por carrotanque, esa cifra tiene cara.
Y hablemos de Centros Poblados, porque es el contexto que explica el resto. 70.000 millones de anticipo entregados contra garantías falsas. 7.000 centros digitales rurales que nunca se conectaron. Un condenado con preacuerdo. Una Contraloría cobrando 87.027 millones que nadie ha pagado. Y en la cadena de personas que hicieron posible ese fraude, un ingeniero que en 2007 compartía cuentas bancarias con el hoy esposo de una congresista. El escándalo más grande del gobierno Duque tiene una rama que llega hasta San Andrés.
Las cuatro piezas del sistema
La primera pieza del sistema es el Fonade. Durante dos décadas, el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo funcionó como gerente de obras públicas en todo el país con una característica útil para quien sabe aprovecharla: giraba anticipos millonarios a consorcios cuya contabilidad interna nadie auditaba desde afuera. Cuando los propios socios de CMS Cárceles pidieron una auditoría externa fue porque sospecharon de su representante legal, no porque el Fonade lo exigiera. El control llegó por conflicto entre privados, no por diligencia pública. Esa es la primera grieta: un Estado que entrega la plata y espera que los contratistas se vigilen entre sí.
La segunda pieza es la impunidad por desgaste. Un proceso que llega a imputación y no avanza en 19 años no se archiva por falta de pruebas. Se archiva por prescripción práctica: los testigos se mueren, los documentos se pierden, los fiscales rotan y el expediente queda como un fósil en un anaquel. La frase de la fuente ante El Tiempo lo resume: se tiene conocimiento de que el proceso llegó a una imputación, pero hasta esta fecha no ha habido ningún avance. Diecinueve años es tiempo suficiente para que un proveedor de concreto se convierta en el financiador de un gobernador, en el esposo de una congresista y en vendedor de lotes a la Gobernación. El sistema no lo persiguió; lo dejó crecer.
La tercera pieza es la justicia insular. La secretaria de Transparencia pidió trasladar los procesos de San Andrés a Bogotá por una razón que cualquier isleño entiende: en un territorio de 80.000 habitantes donde dos clanes, los Housni y los Gallardo, se reparten la Gobernación desde hace décadas, el fiscal y el investigado se cruzan en la misma playa. Cuando la Fiscalía habló de contratos por 120.000 millones de pesos y coimas por más de 11.000 millones en la administración anterior, estaba describiendo el clima, no un accidente.
La cuarta pieza es la más difícil de ver porque está en la cabeza de la gente. El presidente dijo que toda la isla sabe que el marido de la congresista está detrás de la contratación. Si toda la isla lo sabe y nadie lo denunció durante años, el problema no es de información. Es de normalización. La psicología de masas tiene un nombre para eso: la corrupción deja de percibirse como delito cuando se percibe como paisaje. En San Andrés, que el proveedor de concreto sea el esposo de la congresista y el financiador del gobernador no escandaliza porque siempre fue así. Y lo que siempre fue así se vuelve invisible. La categoría de tercero de buena fe funciona exactamente sobre esa ceguera colectiva: el que pone la cuenta nunca es el que saca la plata, y el que saca la plata nunca es el que firma. Entre los dos, el delito se diluye hasta parecer un malentendido contable.
La cuenta bancaria que decide la buena fe
Hay una pregunta filosófica debajo de todo esto. ¿Dónde termina el tercero de buena fe y empieza el cómplice? La respuesta no está en el Código Penal sino en la cuenta bancaria. Quien controla la cuenta controla la verdad. Por eso lo que hoy se pide no es una opinión sobre Vonblon sino un extracto: los movimientos de esa cuenta de ahorros entre 2007 y 2008. Si el dinero entró y salió hacia Molina García, la buena fe se cae. Si entró y se quedó, la buena fe es otra cosa. En ambos casos, los organismos de control tienen el documento que lo resuelve. Lo que no han tenido es la voluntad de pedirlo.
La próxima vez que escuche a un funcionario decir que su esposo es un empresario que genera empleo, pregunte a quién le vende el concreto, quién le compra los lotes y con quién comparte la cuenta. Esta red no se sostiene porque sea invisible; se sostiene porque la miramos y la llamamos normal. La Procuraduría abrió dos indagaciones. La Fiscalía tiene una imputación congelada desde 2008. La Corte Suprema tiene una denuncia. Y la ciudadanía de San Andrés tiene un hospital intervenido, un alcantarillado que no existe y una congresista que dice que su marido solo tiene un almacén. Las redes subterráneas no se desmontan con discursos presidenciales; se desmontan con extractos bancarios, laudos y sentencias. La pregunta no es si hubo corrupción. Es cuánto tiempo más vamos a permitir que una cuenta de ahorros de 2007 siga sin responder.
