Dieciocho prórrogas y una adición presupuestal lleva ya el contrato de obra para la construcción del alcantarillado del Carmen de Bolívar (Bolívar), que arrancó en el 2018 y aún no entra en funcionamiento.
O sea que han pasado dos alcaldes y no han sido capaces de terminar esta obra. Algo grave está pasando, de lo cual deben hacerse cargo los entes de control y sancionar los posibles actos de corrupción o negligencia.
Sin embargo, para el próximo 15 de marzo la Procuraduría General de la Nación ha convocado a una nueva audiencia en esa población, para hacer seguimiento a los compromisos que se ha hecho el contratista Consorcio Virgen del Carmen así como la interventoría.
Es decir que, los órganos de control, que de control cada vez tienen menos, y por lo visto más preocupados por que salgan bien librados los responsables de este “elefante blanco”, que por la comunidad afectada, siguen convocando este tipo de “encuentros”, en vez de actuar de una vez por todas y exigir tanto a contratista, como interventoría, así como a los funcionarios públicos encargados del tema, en este caso de la Gobernación de Bolívar y de la Empresa mixta Aguas de Bolívar SA ESP, para que cumplan con lo pactado, y sancionarlos por los ya conocidos atrasos.
Antes de continuar con la historia de este entuerto, toca advertir que al intentar consultar en la plataforma del Secop, el largo y tortuoso proceso de esta licitación pública, que ha costado al erario la suma de casi $80 mil millones de pesos, no fue posible hacerlo. Ni en el Secop I, ni en el II, se puede acceder a la información que se supone debe ser de rápida y transparente consulta.
Existen allí publicados en el Secop I, información de tres procesos similares, que al intentar abrir, demoran varios minutos para al final, no llevar a ninguna página.
Pasados cinco años desde que arrancaron los trabajos, los habitantes del Carmen siguen quejándose no solo por la no culminación de las obras, sino de las aguas servidas que corren por algunas de sus calles y los olores putrefactos que invaden la población.
El inicio
Este proyecto se gestó en el 2017, cuando con recursos de la Nación, Aguas de Bolívar adjudicó el contrato AB-OC 008 en diciembre de 2017 al Consorcio Virgen del Carmen, uno de los ocho oferentes que recibió este proceso por $56.506 millones.
La obra pretendía beneficiar a cerca de 13.000 usuarios de ese municipio.
El contrato fue suscrito entre Miguel Torres Scaff, como gerente para la época de Aguas de Bolívar, y Guillermo Quintero Márquez, representante legal del consorcio. Torres Scaff es sobrino del exsenador condenado por parapolítica Vicente Blel Saad y primo del actual gobernador Vicente Blel Scaff, heredero político de Blel Saad (su padre).
Miguel Eduardo Torres Scaff es hijo del exconcejal y presidente de la Asociación de Ganaderos de Bolívar, el ingeniero Miguel Torres Badín. Además es sobrino del exsenador condenado por parapolítica Vicente Blel Saad y primo del actual gobernador Vicente Blel Scaff.
Miguel Eduardo Torres Scaff
Exgerente de Aguas de Bolívar
Gobernador de Bolívar de la época en que se firmó el contrato. Relacionado con escándalos de corrupción en asocio con el exsenador Vicente Blel Saad. https://www.elespectador.com/judicial/investigacion-al-gobernador-dumek-turbay-y-otros-coletazos-de-los-audios-de-cartagena-article-882935/
Dumek Turbay
Exgobernador de Bolívar
Actual gobernador del Bolívar, hijo del exsenador condenado por parapolítica Vicente Blel Saad, y primo de Miguel Torres Scaff.
Vicente Blel Scaff
Gobernador de Bolívar
Los líos de Vicente Blel Saad: de la “parapolítica” a los audios de la corrupción en Cartagena. https://www.elespectador.com/judicial/los-lios-de-vicente-blel-saad-de-la-parapolitica-a-los-audios-de-la-corrupcion-en-cartagena-article-882958/
Vicente Blel Saad
Exsenador
Las obras del alcantarillado comenzaron el 3 de enero de 2018, y con el gobernador Dumek Turbay como protagonista. Pero ya en el 2019 comenzó a tener líos.
Se suponía que el sistema de alcantarillado debía ser entregado en junio de 2019.
Pero eso no ocurrió. En cambio, Aguas de Bolívar autorizó una adición presupuestal el 2 de agosto de 2019, por más de 19 mil millones de pesos, con lo que el contrato ya va en casi 81 mil millones de pesos.
Las primeras denuncias
Un mes después, W Radio reveló unos audios en los que se escucha a Vicente Blel Saad reconocer que ese contrato había tenido problemas de ejecución porque el contratista seleccionado por la Gobernación tenía poca experiencia construyendo alcantarillados.
A Blel Saad también se le escucha hablar de una repartición de porcentajes por ese y otros negocios firmados durante el gobierno de Dumek Turbay.
Las prórrogas
Hasta diciembre de 2019, cuando Dumek Turbay salió de la Gobernación, el contrato sumaba ya tres prórrogas. Las otras 15 las ha autorizado el gobierno de Vicente Blel, desde el 4 de mayo de 2020.
Durante el primer año de ejecución, el contratista argumentó problemas por la topografía del proyecto, que le representaron obras nuevas, y dificultades en la instalación de redes en los cruces de dos arroyos (Alférez y El Cañito), de la carretera Troncal de Occidente y del emisario final que va paralelo a la vía Carmen de Bolívar – Zambrano.
También argumentó retrasos por permisos ambientales, tramitados ante Cardique y la Agencia Nacional de Infraestructura.
En una de otras prórrogas justo durante la pandemia, aprobada el 13 de octubre de 2021 por la Gobernación, el contratista argumentó que las demoras del último año y medio se debían a la pandemia por Covid-19, la escasez de materiales, el paro nacional y el alza de precios.
El año pasado le fueron concedidas dos prórrogas más, la última para noviembre. Y llegó el 2023, cinco años después del arranque de los trabajos y el Carmen sigue sin ver el famoso alcantarillado entregado.
Así como no se sabe cuándo contarán los carmelos con este servicio, tampoco se ha vuelto a tener noticias sobre la investigación que por este mismo tema le abriera la Fiscalía General de la Nación al senador liberal de Bolívar Lidio García.
Los enredos de Lidio García
Resulta que tras las grabaciones dadas a conocer por W Radio en aquel 2019, y las denuncias hechas por el actual alcalde de Cartagena Willian Dau, que para la época de los hechos se desempeñaba como veedor ciudadano, la Fiscalía abrió una indagación preliminar sobre este contrato.
Meses después, la Fiscalía sostuvo tener sólidos indicios de que, hace cinco años, el liberal García, quien fue cabeza de la lista al Senado de su colectividad el año pasado, financió su campaña al Congreso con parte de los $56.506 millones iniciales destinados por la Gobernación de Bolívar para la construcción del alcantarillado en el municipio montemariano, siendo su Dumek Turbay gobernador en ese entonces.
Dau denunció en aquel momento que de ese contrato salieron $3.000 millones para la campaña liberal, mientras que el documento judicial firmado por el fiscal de la Dirección Especializada de Lavado de Activos —y citado por Revista Cambio— detalla que se usaron, al menos, $3.500 millones para la aspiración de Lidio García al Senado.
Según la Fiscalía, esos cheques fueron cobrados por tres personas que obtuvieron contratos de prestación de servicios en la Gobernación de Bolívar, quienes tan pronto recibían la plata por esos contratos debían transferirla a Vanessa Rojas Olmos, esposa de Luis ‘Tuto’ Majana Pupo, cuñado de Dumek Turbay y poder a la sombra durante su gobernación.
Rojas Olmos es la representante legal de Luxury Service Carzone SAS, una serviteca ubicada en el barrio Manga de Cartagena que tuvo como accionistas iniciales a Olmos y a Liliana Majana, esposa del exgobernador Turbay.
Los cheques, según publicó Revista Cambio, los cobraron así:
María del Carmen Gómez Díaz (descrita por Dau como administradora de Luxury Service y quien en los registros de Cámara de Comercio figuraba en 2017 como secretaria de esa serviteca), reclamó cinco por $2.269 millones.
Eduardo Guardó Montero, ex escolta de ‘Tuto’ Majana, cobró uno por $675 millones.
Wilmer Martínez Cárdenas, exrepresentante legal de Luxury Service, cobró otro cheque por $530 millones.
En su denuncia, Dau aseguró que los cheques fueron cobrados por ventanilla en dos sucursales de Bancolombia, una ubicada en Bocagrande y otra en La Matuna. Esas “astronómicas cifras”, se lee del documento redactado por el entonces veedor, las cargaban utilizando morrales.
En la Corte Suprema
El presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Marco Antonio Rueda, recibió dicha petición el pasado 22 de febrero, firmada por Juan David Huepe, fiscal de la Dirección Especializada Contra el Lavado de Activos, informó la Revista Cambio.
Y de ahí en adelante, no se ha vuelto a tener noticias sobre si la Corte abrió o no investigación.
Tampoco se tiene información sobre otro proceso que sí le abrió el alto tribunal a García, en julio del año pasado por presuntas irregularidades en el nombramiento de Nubia Fontalvo Hernández como contralora distrital en febrero de 2016.
Por dicha elección, que reveló un contubernio entre el Distrito y algunos concejales para afianzar su poder contractual en la ciudad con el control fiscal a su favor, son procesados Fontalvo Hernández, el exalcalde Manuel Vicente Duque, su primo su primo José Julián Vásquez y diez concejales.
Pero también toca recordar que en mayo del año pasado la Corte Suprema de Justicia archivó por parapolítica se le seguía desde hacía diez años.
El archivo del caso causó malestar entre algunos magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte. El proceso que se encontraba en el despacho de la magistrada Cristina Lombana fue archivado debido a que «ya no habían más pruebas y elementos probatorios que esclarecieran la responsabilidad de García».
En resumen, mientras a los involucrados en todo tipo de actos de corrupción, -desde el contratista que flagrantemente ha incumplido, pasando por la Gobernación, la empresa Aguas de Bolívar y por el mismo senador Lidio García-, los órganos de control, vigilancia y justicia, los dejan pasar de agache, permitiéndoles infringir la Ley 80 de Contratación, y demorando procesos investigativos y sancionatorios, los habitantes del Carmen de Bolívar, a esos que siguen utilizando de excusa para justificar contratos de obras, con la promesa de mejorar sus condiciones de vida, siguen esperando algún día contar con un servicio de recolección y disposición de aguas residuales.
