La Corte Suprema lo llama a juicio: tráfico de influencias, concusión y peculado en el hospital de Ábrego. Un padrino político, contratos amañados y pacientes que pagaron el precio con su salud.
► La anatomía de un depredador público
Imagínese un hospital público en una región empobrecida del nororiente colombiano. Ambulancias que deben moverse, pacientes que deben ser atendidos, recursos escasos destinados a salvar vidas. Ahora imagínese a un hombre —electo por miles de votos, investido con la confianza del pueblo— enviando un mensaje al gerente de esa institución: «Necesito cien millones». Eso, según la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, es lo que hizo Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, representante a la Cámara por Norte de Santander.
No es una acusación periodística. Es la conclusión de uno de los tribunales más altos de Colombia, respaldada por años de investigación, contratos auditados, testimonios documentados y un detrimento patrimonial que la Contraloría General estimó en más de tres mil millones de pesos —recursos que debían financiar la salud de los habitantes de Ábrego y que, presuntamente, terminaron en los bolsillos de Carrillo y su red.
Este no es solo el caso de un congresista corrupto. Es la radiografía de cómo el poder político puede convertirse en un instrumento de depredación sistemática, cuando quien lo ejerce carece de escrúpulos y tiene un padrino dispuesto a abrir las puertas del Estado.
► El mecanismo invisible: de la investidura a la coima
Para entender la magnitud de lo que hizo Carrillo, hay que comprender el sistema que construyó. No actuó con torpeza ni por impulso: su esquema fue metódico, calculado, ejecutado con la precisión de quien conoce los engranajes del Estado desde adentro.
El primer paso fue garantizarse el control de la gerencia del hospital de Ábrego. Para ello, según el expediente judicial, utilizó su influencia sobre el entonces gobernador William Villamizar Laguado —su mentor político de décadas— para que fuera designada como directora una persona de su confianza. Un nombramiento que, en apariencia, era un acto administrativo ordinario. En la práctica, era instalar a un operador propio dentro de la caja fuerte.
Con esa palanca asegurada, el negocio fluyó. Entre 2013 y 2017, ocho contratos de suministro de combustible para las ambulancias del hospital y un contrato de obra civil (No. 053) pasaron por sus manos, no como legislador —que en eso poco trabajaba—, sino como cobrador. La tarifa: entre el 10% y el 20% del valor de cada contrato adjudicado.
Pero la codicia de Carrillo no conocía límites. Además de las comisiones por contratos, exigió al gerente del hospital una suma adicional: cien millones de pesos en efectivo, entregados en dos cuotas de cincuenta millones. Una extorsión directa, cara a cara, con la investidura como arma.
Para rematar, también habría intervenido en la planta de personal del hospital, modificando incluso el manual de funciones para asignar la subgerencia de la entidad a una cuñada de su esposa. El hospital público no era una institución de salud: era su feudo privado.
► El padrino y el Estado profundo de Norte de Santander
Carrillo no surgió de la nada. Es, en esencia, una creación política de William Villamizar Laguado, el hombre que ha gobernado Norte de Santander durante tres periodos y cuya influencia determina, en buena medida, quién llega al Congreso, quién gerencia los hospitales y quién maneja la contratación pública en la región.
Fue Villamizar quien lo nombró Secretario de Vías e Infraestructura en 2008, durante su primera gobernación. Fue Villamizar quien lo posicionó como representante a la Cámara en 2014 —cuando obtuvo 28.000 votos— y quien lo reeligió en 2018 con 66.000 votos. Y fue Villamizar, según el expediente, quien habría cedido a las presiones de Carrillo para nombrar a su gente en el hospital de Ábrego.
Esta no es una relación entre un padrino y un pupilo que salió mal. Es la descripción de cómo opera el Estado profundo en las regiones colombianas: redes de lealtad política que capturan instituciones, que cooptan la administración pública y que garantizan la impunidad mutua mientras los recursos de los más vulnerables desaparecen hacia bolsillos privados.
El cinismo alcanzó su punto más alto en 2023, cuando Carrillo —ya con investigaciones abiertas en la Corte Suprema— fue designado presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, el órgano encargado de investigar a los altos funcionarios del Estado. El acusado custodiando el proceso. La corrupción no solo se tolera en Colombia: a veces, se le pone a cargo de la vigilancia.
► Cuatro delitos, un juicio y el peso de la justicia
La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema determinó que existen méritos suficientes para juzgar a Carrillo por cuatro delitos:
• Tráfico de influencias: usar el poder político para obtener beneficios indebidos mediante presión sobre funcionarios.
• Concusión: exigir dinero o beneficios a quien depende del poder del funcionario, bajo amenaza implícita o explícita.
• Interés indebido en la celebración de contratos: intervenir ilegalmente en procesos contractuales para favorecer intereses propios o de terceros.
• Peculado por apropiación: apropiarse de recursos públicos para beneficio propio o de terceros.
Este no es su primer roce con la justicia. En mayo de 2023, la Corte ya lo había acusado de peculado por apropiación a favor de terceros agravado, relacionado con contratos que firmó como secretario de Infraestructura. Y en marzo de 2025, el mismo tribunal abrió investigación por irregularidades en contratos del Instituto Nacional de Vías (Invías), luego de una denuncia de la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, quien señaló la injerencia de congresistas en millonarios contratos de esa entidad.
El patrón es inequívoco: dondequiera que Carrillo ha tenido acceso a recursos públicos —como secretario, como congresista, como operador político— la corrupción ha aparecido.
► Los pacientes que nunca supieron que los robaban
Detrás de cada porcentaje cobrado por Carrillo, detrás de cada coima entregada en efectivo, hay una realidad humana que los expedientes judiciales no alcanzan a capturar completamente: los habitantes de Ábrego y de los municipios que dependían del hospital.
Un hospital público de una región empobrecida no tiene recursos sobrantes. Cada peso que se desvía hacia un bolsillo corrupto es un medicamento que no llega, una ambulancia que no tiene combustible, un médico que no recibe materiales. Los más de tres mil millones de pesos señalados por la Contraloría no son una cifra abstracta: son el costo humano del apetito de un solo hombre.
Eso es lo que hace especialmente repugnante el caso Carrillo: no robó a un sistema abstracto. Robó a enfermos.
► Por qué Carrillo es un síntoma, no una excepción
El caso Carrillo no puede leerse de manera aislada. Es parte de un patrón más amplio que los lectores de corrupcionaldia.com conocen bien: el funcionamiento del Estado profundo en Colombia, esas redes de intereses político-económicos que sobreviven a los cambios de gobierno, que capturan instituciones y que garantizan que los recursos del pueblo sirvan primero a quienes tienen el poder real.
Carrillo no es un lobo solitario. Es un nodo en una red: Villamizar como padrino regional, el Partido de la U como vehículo electoral, los contratistas como beneficiarios y el hospital como botín. Este es el modelo de corrupción estructural que se replica en decenas de regiones colombianas, con nombres distintos pero con la misma lógica implacable: el Estado al servicio del clan, no de la ciudadanía.
Y mientras este sistema opera, las reformas que podrían transformar la salud, la infraestructura y la educación se convierten en botines adicionales para quienes como Carrillo entienden el poder no como servicio, sino como oportunidad de enriquecimiento.
► La pregunta que Norte de Santander debe responder
Wilmer Carrillo Mendoza llegó al Congreso con 66.000 votos. Esos votos, en su mayoría, pertenecen a personas que viven en la misma región donde él saqueó un hospital. Personas que tal vez alguna vez necesitaron esa ambulancia sin combustible, ese medicamento que no llegó.
La Corte Suprema está haciendo su trabajo. El juicio avanzará una vez se resuelvan los recursos de la defensa. Pero la pregunta más urgente no es legal: es política y moral.
¿Cuántos Carrillo más siguen en el Congreso, en las gobernaciones, en los hospitales, haciendo exactamente lo mismo, sin que ninguna corte los haya alcanzado aún?
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© corrupcionaldia.com · Gala Marcela Peña · Periodismo investigativo · Febrero 2026
