La Fiscalía General de la Nación adelanta desde el 2014 una investigación que involucra a concesionarios, blindadoras, interemediario, funcionarios de nueve instituciones públicas y varios generales de la Policía Nacional, por un multimillonario carrusel de contratación para la compra, alquiler y mantenimiento de carros blindados. 

Según reveló el periodista Daniel Coronell, los indicios que tiene el ente acusador, la operación de corrupción la articula una empresa inicialmente llamada M&M Group y que ahora opera bajo en nombre 7M Group.

La unidad investigativa de El Tiempo ya había informado sobre irregularidades de 7MGroup en venta de tanquetas al ESMAD de la Policía. 

Ahora se revela que dos ejecutivos de esa firma presuntamente cuadran licitaciones de miles de millones de pesos entre proveedores privados y entidades oficiales para hacer acuerdos restrictivos de la competencia y sobornar con pagos en efectivo y en especie a los funcionarios. 

Los dos intermediarios se llaman Martín Ricardo Manjarrés Cabezas y Yonn Jairo García Rivera. 

De acuerdo con la investigación, que incluye seguimientos e interceptación de comunicaciones, estas personas obtienen información anticipada sobre licitaciones, arman pliegos y manejan unificadamente precios para eliminar cualquier competencia.

Pueden hacerlo porque presuntamente sobornan a los funcionarios encargados de los procesos con vehículos, dádivas de diverso tipo o dinero. 

Cornell señala que las entidades públicas mencionadas en la investigación y con funcionarios implicados son:

  • Fondo Rotatorio de la Policía Nacional 
  • La Dirección General de la Policía Nacional
  • La Unidad Nacional de Protección El Ministerio de Defensa Nacional 
  • El Senado de la República 
  • La Cámara de Representantes 
  • El Fondo de Vigilancia de Bogotá
  • El Instituto Nacional de Vías 
  • Y la propia Fiscalía General de la Nación  

En cuanto a las empresas que presuntamente han participado en las operaciones ilícitas están: Toyota-Redes: Distoyota SAS, Toyota de Colombia, los concesionarios: Autoyota, Toyonorte y Yokomotor; Sofasa Renault, Hyundai Car, Hyundai de Colombia S.A., Renault Truck Defense, Suzuki motos

Y las compañías blindadoras Blindex S.A., Blinsecurity Limitada, GMW Blindajes y Kobe Motors, una empresa especializada en adaptación vehicular, además de proveedora de repuestos y accesorios. 

La Fiscalía tiene comunicaciones interceptadas en donde se hacen los acuerdos ilegales y se unifican precios para ganar las licitaciones. 

También hay llamadas con funcionarios desde 2014 hasta nuestros días. Por ejemplo en la Policía Nacional hay conversaciones grabadas del coronel Silva, el coronel Peláez, el coronel Mesa, el coronel Palomino, el coronel Roa, la entonces teniente Yésica Godoy, el capitán Luis Espinosa, y los generales Yesid Vásquez, quien fue inspector de la Policía y el general Rodolfo Palomino, antiguo director de la Policía Nacional. 

Las pesquisas se han prolongado por años y entre los presuntos involucrados está el jefe de transportes de la Fiscalía General de la Nación John Henry Porras Quitián. También hay otros dos funcionarios del ente acusador: Luis Albeiro Lizarazo y Harold Rodríguez Castellanos, este último es un ingeniero mecánico que trabaja como profesional de gestión del Departamento de Transporte. 

Para ellos la Fiscalía solicitó audiencia de imputación por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Por ese mismo delito será imputada Marcela Montes Zuluaga que es la gerente de Kobe Motors y está casada con Ricardo Manjarrés otro de los involucrados. 

Es más larga la lista de delitos que la Fiscalía le atribuye a Manjarrés, a Yonn Jairo García Rivera, Felipe Adolfo Arbeláez Mejía de la blindadora Blindex, Daniel Eduardo Abello Uribe de Toyonorte y Luis Wilson González de GMW blindajes.

El ente investigador les atribuye haber incurrido en concierto para delinquir, tráfico de influencias, cohecho por dar un ofrecer, interés indebido en celebración de contratos y acuerdos restrictivos de la competencia. 

Estas dos listas con ocho imputados son apenas los primeras. Se espera que en las próximas semanas sean llamados a comparecer ante la justicia oficiales de la Policía, funcionarios y particulares. 

La fiscal que lleva el caso es Angélica Monsalve, la misma que llamó a juicio a tres poderosos miembros de la familia Ríos Velilla y que denunció que querían trasladarla para castigarla y quitarle el proceso. 

Vale recordar que en el 2020, el congresista Wilson Arias, denunció en su momento la compra que hiciera la rama Judicial y el Gobierno central de vehículos blindados por 34.000 millones de pesos (unos 8,4 millones de dólares), en medio de la crisis del coronavirus. 

Según Arias, el Gobierno invirtió 9.641 millones de pesos (unos 2,3 millones de dólares) en la compra de 23 camionetas blindadas para el esquema de seguridad de la Presidencia, y la Policía otros 12.600 millones de pesos (unos 3,1 millones de dólares) para adquirir 18 tanquetas. 

También alertó de que fueron destinados 812 millones de pesos (unos 200.000 dólares) para comprar tres camionetas para la comandancia del Ejército. 

Mientras que la Rama Judicial destinó más de 13.000 millones de pesos (unos 3,2 millones de dólares) a la adquisición de 51 vehículos blindados para magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 

En ese entonces La Policía respondió que había realizado un estudio técnico que fue presentado al Ministerio de Hacienda para solicitar recursos que “fueron asignados en octubre de 2019 con destinación específica para ejecución presupuestal de la vigencia 2020”. 

“En este mes de abril se efectuó la etapa precontractual, a través del acuerdo marco de precios de (la plataforma) Colombia Compra Eficiente, y se firmaron tres órdenes de compra por un valor de 9.641 millones de pesos, lo que permitió un ahorro cercano a los 190 millones de pesos”, añadió la institución. 

Según la Policía, “los procesos de compra de los vehículos blindados se encuentran perfeccionados y en firme, y una eventual terminación o suspensión de los mismos ocasionaría demandas en contra de la Nación”. 

En efecto, los procesos de compra de vehículos blindados, al igual que otros bienes y servicios, y que corresponden a gastos de instituciones del nivel central, tienen la obligación de tramitar su adquicisión a través de la plataforma de Colombia Compra Eficiente, por medio de los llamados Acuerdos Marco de Precios, que en este caso el de vehículos blindados se han realizado varios de ellos a lo largo de estos años.

Es decir que la puerta de acceso a muchas licitaciones convocadas por las entidades involucradas en este escándalo, es la entidad Colombia Compra Eficiente. 

Los detractores de los acuerdos marco consideran que con ellos la corrupción no se frena en gran porcentaje y que, en efecto, y lo ha dicho la misma Superintendencia de Industria y Comercio, se prestan para generar restricciones a la competencia y un elevado riesgo de colusión. 

De modo general y preliminar, puede definirse la colusión como la práctica que se caracteriza por la actividad de varios potenciales o actuales proveedores-oferentes de las instituciones del Estado, encaminada a acordar en secreto la conducta a seguir por todos, con el propósito de evitar la competencia entre sí y beneficiarse ilegítimamente de mejores condiciones de contratación con el Estado.  

Usualmente, la colusión es identificable por medio de determinadas manifestaciones e incluso puede preverse a partir de condiciones favorables específicas.  

En consecuencia, las investigaciones de la Fiscalía, bien podrían también centrarse en el papel que está cumpliendo la entidad Colombia Compra Eficiente para evitar este tipo de prácticas y hasta dónde estos acuerdos marco sí evitan prácticas corruptas. 

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