Si la justicia colombiana, en particular la Fiscalía General de la Nación, hubiera cumplido con sus funciones como ente acusador, tal vez la cuestionada negociación en la que los socios de Medimás adquirieron a la extinta EPS Cafesalud, no se hubiera llevado a cabo, o al menos se habría evitado que un denunciado estafador hubiera vuelto a hacer de las suyas con esta frustrada negociación que terminó costándole millones de pesos al presupuesto de la salud, y la desatención de miles de colombianos que fueron afiliados a dicha EPS.

Eso es lo que ha ocurrido con Jaime Alberto Rincón Prado, quien desde el año 2008, está denunciado por robo y estafa y su proceso ha pasado por al menos 12 fiscales, que nada han resuelto. La denuncia ha sido archivada y luego desarchivada e incluso varios de esos fiscales anunciaron por escrito que imputarían pero jamás lo hicieron.

Todo un experto en la materia.

En cambio, por años se ha presentado como un próspero y sagas emprendedor que ha logrado sacar provecho de recursos del Estado, a través de contratos en áreas de salud, educación y hasta en el sector energético.

El nombre de Rincón Prado empezó a sonar hace más de 15 años como accionista de la empresa de televisión por suscripción llamada Cablecentro. Y de allí surge el caso de estafa.

La denuncia la puso el empresario caleño José Luis Malvehy en noviembre de 2008. La primera audiencia fue notificada para octubre de 2014, casi seis años después de la denuncia. La segunda, para julio de 2016: ocho años después. La tercera se anunció para marzo de este año, y el pasado jueves 31 de agosto del 2017 fue la cuarta.

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El lío entre Malvehy y Rincón Prado comenzó en agosto de 2005. Malvehy representaba a la sociedad S3 Wireless Colombia, que para ese momento era uno de los pocos proveedores de tecnología que empezaban a trabajar redes inalámbricas en el país. La compañía, sin embargo, necesitaba urgentemente una inyección de capital para adquirir nueva tecnología, cubrir deudas y pagar nómina. Por eso salió a buscar un socio. En el camino dio con Servisatélite, cuyo representante legal era Jaime Alberto Rincón Prado. Servisatélite era la accionista mayoritaria de Cablecentro, empresa de operadores por cable.

El resultado de ese negocio, asegura Malvehy, fue lo contrario al esperado: S3 Wireless quebró a raíz de las gestiones de Rincón Prado. «La intención del señor Rincón era aprender el negocio, especialmente el manejo de redes inalámbricas sobre tecnologías pre-Wimax, y aprovechar las licencias que tenía la empresa para utilizarlas en servicios convergentes privados. S3 Wireless era precursora de esta tecnología en el país, por ello, la sociedad Servisatélite extrajo este know how, que era el intangible más valioso de la empresa», señaló en su momento José Luis Malvehy.

Después, agregó, Cablecentro obtuvo seis licencias de Wimax a nivel regional. Sólo pudo ejecutar una por razón de equipos y montajes de red, pero el punto, indicó Malvehy, es que esas licencias las obtuvo Cablecentro «gracias a la tecnología de S3 Wireless».

La estafa se configuró según el denunciante en el momento en que se firmó el contrato en  noviembre de 2005 donde Servisatélite se quedaba con el 50% de las acciones de S3 Wireless a cambio de pagar US$2 millones, «los cuales debían ser invertidos en su totalidad en la compañía», lo cual nunca ocurrió. Malvehy, afirmó en la Fiscalía, que hubo mala fe de parte de Rincón, y que sus actos llevaron a la quiebra a S3 Wireless.

En otras palabras, lo que el representante de S3 Wireless sostiene es que Rincón Prado hizo calculadamente un negocio con el propósito, no de ser socio, sino de hundir a una empresa que podría representarle competencia eventualmente. Con una adición: Rincón Prado, sostiene Malvehy, además de que no pagó por las acciones que había adquirido, «creó unas deudas» que ataron aún más de manos a S3 Wireless. Así las cosas, Rincón Prado le habría dado a esa compañía unos US$400.000, pero no como abono por las acciones que había adquirido, sino como préstamo.

Préstamo que luego sí le devolvió un hombre llamado Daniel López González, que trabajaba en S3 Wirelesss, con un total de 16 pagarés a favor de Cablecentro. El hallazgo de los pagarés fue una sorpresa para Malvehy, quien no entendía por qué, si Servisatélite iba a darles recursos y a ser su socio, pasó a cobrarles una deuda que apretaba aún más las estrechas finanzas de S3 Wireless, razón por la cual justamente la empresa buscaba un aliado.

Y es en este momento cuando el tema es puesto en conocimiento a la Embajada de Estados Unidos, pues algunos de los socios de S3 Wireless son de ese país. A ellos, la Embajada les confirmó que se había puesto en contacto con la Fiscalía a propósito del caso. Eso ocurrió en marzo del 2017, justo antes de la tercera imputación contra Rincón Prado anunciada por la Fiscalía, la cual finalmente no se llevó a cabo.

El Fondo Filigrana

Con parte del anterior dinero, Rincón estableció el Grupo de Inversión Filigrana, con el que incursionó en diversos negocios, entre los que se cuenta la sociedad Termocol, que en el año 2012 incumplió con el suministro de energía termoeléctrica, a pesar de haberse comprometido por cuenta de usufructuar millonarios recursos del “cargo por confiabilidad” que pagan los ciudadanos en sus facturas de luz. Incumplimiento manipulado por cuenta del juez 50 Civil Municipal de Bogotá, Regino Antonio Mendoza M., según investigación de la Procuraduría.

Rincón aparece como rector de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN), desde el 2008, tras haber firmado un convenio con esa entidad.

La cuestionada CUN

En el 2015, la CUN fue cuestionada tras haber sido seleccionada para calificar  a funcionarios elegibles para puestos estratégicos en el Estado en medio de circunstancias adversas. Por ejemplo, en Cúcuta, en diciembre de 2015, se criticó que la CUN fuera la que calificara a los candidatos a la Personería, a pesar de que Rincón era socio de Víctor Carrillo, aspirante a la Alcaldía de esa ciudad. La transparencia del proceso y los propósitos que podían estar ocultos fueron puestos en tela de juicio.

En Cúcuta se criticó la idoneidad de la CUN para hacer esta labor a pesar de no tener programas acreditados de alta calidad. Algo similar pasó en el departamento de Córdoba, también en diciembre de 2015, cuando el proceso de la elección de contralor regional cayó en el radar de la Secretaría de Transparencia de la República. La Asamblea de ese departamento eligió a la CUN para que seleccionara a los candidatos a contralor, es decir, a la cabeza del organismo que controla —entre otras entidades— los gastos de la Gobernación, a pesar de que la CUN, a la vez, había recibido más de $56.000 millones con dineros de regalías de la Gobernación al firmar dos convenios de ciencia y tecnología.

Jaime Alberto Rincón y la Vice Fiscal Martha Mancera, caricature AI Pixar style by Greg Rutkowski.

Irrumpe en el sector salud

Dos años después el “sagaz” emprendedor, como se autodenomina Jaime Alberto Rincón reapareció en la escena pública. Esta vez fue uno de los socios que compró a Cafesalud y que conformaron a la EPS Medimás.

Su participación en esta cuestionada, corrupta y fracasada negociación se dio a través de la empresa Prestnewco SAS, creada en junio del 2017, con un capital suscrito y pagado de $1.060 millones de pesos. Y que entró como socia para manejar en ese momento una EPS que administraba miles de millones de pesos del sector salud en Colombia.

Prestnewco apareció como integrante del consorcio Prestasalud que se quedó con la EPS Cafesalud tras ofrecer $1,6 billones de pesos por su compra, en una negociación que a pesar de las advertencias y de las medidas cautelares para que dicha venta no se diera, finalmente se cristalizó en septiembre del 2017, es decir apenas 3 meses después la creación de Prestnewco SAS. Y un año después, es decir en el 2018, solo quedaron como dueños de Medimás, Prestnewco SAS y Prestmed SAS, a través de negociaciones y movimientos accionarios de los cuales no se tiene mayor claridad, como la mayoría de “jugarretas” financieras de Jaime Rincón.

Al final, como era de esperarse, la EPS Medimás fracasó, al terminar siendo intervenida por todas las Super. La Superintendencia Nacional de Salud ordenó su liquidación en marzo del 2022, tras reiteradas quejas de los afiliados y comprobarse que nunca se capitalizó la entidad y que sus deudas llegaron a ser de más de $2 billones de pesos.

Y nuevamente el “exitoso” emprendedor Jaime Rincón, que ha incursionado en cuanto sector productivo se le ha ocurrido, se salía con la suya porque los recursos públicos de la salud, quedaron embolatados.

Retomando el 2024, vuelve a saltar a la palestra su nombre, al recordar que a pesar de que la denuncia contra él fue entablada desde el 2008, ha rodado por las manos de al menos 12 fiscales. Entre ellas, la vicefiscal Martha Mancera, la misma que aspira quedarse al frente de la Fiscalía.

El caso provocó el envío de varias comunicaciones de la embajada de Estados Unidos en Colombia a la Fiscalía General de la Nación.

Tres de esas cartas, reclamando por el lento y tortuoso proceso fueron despachadas por la Embajada de Estados Unidos al entonces fiscal Néstor Humberto Martínez en los años 2017 y 2018. La más reciente, en 2020, fue enviada a la actual vicefiscal Mancera.

Para ese entonces, la consejera económica de la Embajada de Estados Unidos, Jackeline Ward, envió una carta a la vicefiscal en la que le pide explicaciones sobre estas denuncias.

«Seguimos respetuosamente interesados en recibir una actualización de la situación del caso y esperamos una resolución justa y expedita. Queremos señalar que el manejo de las controversias en materia de inversión pueden enviar una señal sobre la calidad del clima de inversión en Colombia», señala la misiva.

«La embajada se ha pronunciado no en una oportunidad, sino en cuatro, una en el 2017; dos en el 2018; y una en el 2020, el 30 de marzo, en una carta dirigida a la doctora Martha Janeth Mancera», manifestó el empresario colombiano José Luis Malvehy.

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En los últimos 10 años, Jaime Alberto Rincon Prado ha incumplido cuatro citaciones del máximo ente acusador, que le imputaría los delitos de estafa agravada, fraude procesal y falsedad en documento.

Con todo y este prontuario de dudosas actuacionesJaime Alberto Rincón Prado ha publicado el libro “Gestionando Felicidad. Historia de un emprendedor social hecho a pulso”, en la que cuenta su historia.

Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, se pronunció ayer en El Reporte Coronell sobre el caso.

«Este caso está relacionado con otro de impunidad, debido al rol de la Fiscalía en las investigaciones en este caso contra Jaime Alberto Rincón Prado, pero que como se mencionó desde el 2008 estaba denunciado por delitos de estafa agravada, concurso homogéneo con fraude procesal y falsedad de documentos públicos y privados al haber traspasado, al parecer, de manera fraudulenta de la empresa S3 Wireless», detalló.

«Es una clara dilatación del proceso, con cambios repentinos, pero que se dieron curiosamente cuando los fiscales del caso pedían audiencias de imputación, la misma que incluso delegados de la Defensoría y Procuraduría pedían por considerar que existían pruebas suficientes para procesar a Rincón», dijo Idárraga.

La “astucia” de Rincón para hacer negocios, tiene en consecuencia más pinta de una persona acostumbrada a actos perversos, tramposos y torcidos, en los que ha contado con el silencio cómplice de funcionarios probablemente, igual de corruptos.

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